Ciudad de México, a 4 de octubre de 2019.- La Red #RompeElMiedo documentó 8 agresiones durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre. De estas, 2 fueron contra periodistas, 4 contra personas defensoras y 2 contra colectivos de defensa de derechos humanos. Destaca que en 2 casos, policías sin uniforme ni identificación oficiales, “vestidos de civil”, agredieron a defensores de derechos humanos por realizar su labor.
Erick Salinas, camarógrafo del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), fue víctima de un ataque a bienes materiales por parte de personas sin identificar, quienes rociaron con spray el lente de su cámara, imposibilitando la cobertura de la movilización. De la misma manera, 2 integrantes de la organización de la sociedad civil El Día Después –se reservan sus nombres por seguridad–,fueron agredidos de la misma forma y a una de ellas le fue robado su teléfono celular.
El reportero independiente Pablo Pérez fue agredido por una mujer que trató de quemarlo, al rociarle aerosol en la cara y después intentar prender fuego con un encendedor sin conseguirlo, cuando cubría el encapsulamiento de manifestantes en la calle 5 de mayo. Mientras que el fotorreportero Eric Lugo, de El Economista, fue agredido por sujetos que rociaron su cámara con pintura mientras tomaba imágenes de un grupo de personas que intentaban romper los vidrios de una puerta en la misma calle.
Por su parte, integrantes del colectivo de derechos humanos Brigada de Paz Marabunta fueron víctimas de agresiones físicas en 2 ocasiones. La primera, mientras se encontraban en la plancha del Zócalo, mediando una discusión entre un grupo de manifestantes y particulares ajenos a la marcha. Los defensores recibieron empujones y golpes.
La segunda agresión fue registrada en las inmediaciones de la calle 5 de mayo, cuando la policía antimotines bloqueó el libre paso, encapsulando a decenas de personas, entre manifestantes, personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Mientras esto ocurría, Carla Ríos, de Brigada de Paz Marabunta, documentaba con su celular la posible detención arbitraria de un manifestante. Inmediatamente, un grupo de policías vestidos de civil la empujaron y cayó al piso, después la patearon en distintas partes del cuerpo. En ese momento compañeras y compañeros del colectivo intervinieron para auxiliarla, resultando en ataques físicos en contra de más de 8 personas por parte de los funcionarios.
Además, un policía vestido civil despojó de su celular a Ríos, para evitar que documentara los hechos. Por la presión mediática que suscitó, otro elemento sin uniforme ni identificación oficiales devolvió el teléfono minutos más tarde; sin embargo, esto no exime a las autoridades de iniciar las investigaciones necesarias para dar con el responsable y asegurar la no repetición de estas prácticas.
Algunos de los golpes recibidos les causaron lesiones significativas, por lo que integrantes de Brigada de Paz Marabunta necesitarán diversos estudios, incluyendo radiografías para aquellos quienes recibieron golpes en el cráneo y costillas. Por ello, la Red #RompeElMiedo exige a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México tomen las medidas necesarias para garantizar la atención integral de las víctimas.
Además, las agresiones en contra de Brigada de Paz Marabunta constataron la falta de identificación de las y los agentes que participaron en el operativo. A lo largo de la protesta no era posible distinguir a qué corporación pertenecían los elementos desplegados, muchos menos identificar sus nombres o matrículas, incluyendo a aquellos agentes de seguridad iban como civiles. Lo anterior resulta problemático pues imposibilita la rendición de cuentas y contribuye a la impunidad. .
En una sociedad democrática, las autoridades deben proteger a quienes se manifiestan, así como a quienes acompañan y dan cobertura a las protestas sociales. Las entidades encargadas de la seguridad pública y el uso de la fuerza deben garantizar el libre ejercicio de del derecho a la protesta y a la información, en lugar de obstaculizarlo. Las malas prácticas policiales demostradas el 2 de octubre, son el resultado de una falta de aplicación del Protocolo de Actuación Policial de la Ciudad de México, así como la ausencia profesionalización de la policía para garantizar seguridad en el marco de las protestas.
Así, a pesar de la disminución de agresiones en contexto de protesta, en relación con años anteriores, aún persisten actuaciones policiales represivas y no apegadas a estándares internacionales de derechos humanos. La violencia ejercida por los representantes del Estado son violaciones a los derechos humanos y bajo ningún supuesto pueden ser permitidas, toleradas y permanecer impunes
Por lo anterior, la Red #RompeElMiedo exige:
- Al gobierno federal, de la Ciudad de México y estatales asegurar que todos los elementos de seguridad que sean desplegados durante operativos en protestas estén plenamente identificadxs mediante la portación de insignias y etiquetas visibles y legibles, así como los uniformes oficiales. Además, las y los elementos de seguridad deben identificarse siempre que cualquier persona, periodista o persona defensora de derechos humanos así lo solicite.
- También debe asegurar que los elementos de seguridad se abstengan de llevar a cabo detenciones arbitrarias en contra de manifestantes. El “encapsulamiento”, es una práctica policial violenta y represiva que debe ser anulada.
- A la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investigar las agresiones en contra de periodistas y defensores/as de derechos humanos, antes señaladas.
- También exige a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México iniciar una investigación, a través de la contraloría interna, para determinar la responsabilidad de sus elementos en las mismas. Incluyendo no solo a los agentes de seguridad que perpetraron las agresiones, sino también a la cadena de mando.
- A la Comisiones de Derechos Humanos Nacional (CNDH) y del Distrito Federal (CDHDF), investigar y emitir recomendaciones en el ámbito de su competencia relacionadas con las violaciones a Derechos Humanos aquí emitidas.
Así, a pesar de la disminución de agresiones en contexto de protesta, en relación con años anteriores, aún persisten actuaciones policiales represivas y no apegadas a estándares internacionales de derechos humanos. La violencia ejercida por los representantes del Estado son violaciones a los derechos humanos y bajo ningún supuesto pueden ser permitidas, toleradas y permanecer impunes
Por lo anterior, la Red #RompeElMiedo exige:
- Al gobierno federal, de la Ciudad de México y estatales asegurar que todos los elementos de seguridad que sean desplegados durante operativos en protestas estén plenamente identificadxs mediante la portación de insignias y etiquetas visibles y legibles, así como los uniformes oficiales. Además, las y los elementos de seguridad deben identificarse siempre que cualquier persona, periodista o persona defensora de derechos humanos así lo solicite.
- También debe asegurar que los elementos de seguridad se abstengan de llevar a cabo detenciones arbitrarias en contra de manifestantes. El “encapsulamiento”, es una práctica policial violenta y represiva que debe ser anulada.
- A la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investigar las agresiones en contra de periodistas y defensores/as de derechos humanos, antes señaladas.
- También exige a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México iniciar una investigación, a través de la contraloría interna, para determinar la responsabilidad de sus elementos en las mismas. Incluyendo no solo a los agentes de seguridad que perpetraron las agresiones, sino también a la cadena de mando.
- A la Comisiones de Derechos Humanos Nacional (CNDH) y del Distrito Federal (CDHDF), investigar y emitir recomendaciones en el ámbito de su competencia relacionadas con las violaciones a Derechos Humanos aquí emitidas.
Nota para prensa
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