Comunidades indígenas enfrentan el regreso a clases a distancia sin acceso a televisión ni internet

Manu Ureste/Animal Político

“Acá muchas familias no tienen televisión para que los niños sigan las clases a diario. Y las que tienen, muy pocas pueden pagar el servicio de cable, y menos el internet”, dice una mujer indígena tének de 30 años, y madre de tres menores.

Foto: Manu Ureste/Animal Político

María, una mujer indígena de 30 años de la etnia tének, explica que no tiene agua entubada en su casa del ejido Francisco Villa en San Luis Potosí, ni drenaje, ni servicio de gas en su cocina de leña. Tampoco tiene electricidad, ni refrigerador, ni televisión, y el servicio de internet es aun cosa del futuro en su rancho, donde la mayoría de las viviendas son construcciones de madera y techo de palma.

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“Acá, el problema es que muchas familias no tienen televisión para que los niños sigan las clases a diario. Y las que tienen, muy pocas pueden pagar el servicio de cable, y menos el internet”, explica ahora Jazmín Flores, también indígena tének de 30 años, y madre de tres menores.

Esta situación, de hecho, ya ha generado conflictos en la comunidad durante la aplicación de la primera fase del programa ‘Aprende en casa’ de la SEP, en la que las clases se transmitieron por televisión por cable, a pesar de que solo el 46% de los hogares en México tienen acceso a este servicio de pago, según datos del INEGI.

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Aislados y sin internet: jóvenes padecen exclusión escolar durante la epidemia

Ruth Barrios Fuentes y Gandhi Ramos/Animal Político

Sin conectividad y en aislamiento, jóvenes de la metrópoli y pequeños poblados que estudian el bachillerato y la universidad viven la discriminación por ser excluidos del sistema educativo.

Foto: Gandhi Ramos/Animal Político

El confinamiento no se vive igual desde la pobreza. Más de 32 millones de mexicanos no tienen internet en casa. Por si no fuera suficiente, el plan de instalación de fibra óptica en el territorio está prácticamente detenido. Sin conectividad y en aislamiento, jóvenes de la metrópoli y pequeños poblados que estudian el bachillerato y la universidad viven la discriminación por ser excluidos del sistema educativo. 

En Ciudad de México, adolescentes emprenden la misión de conectarse a la red gratuita para continuar las clases en línea, suplicando que no se sature. Mientras que en Tecoanapa, Guerrero, los estudiantes ya están casi con un pie afuera de la escuela; tienen dos alternativas: la mayoría volverá al campo, actividad cada vez más insostenible, o se enrolará al Ejército en medio de una sangrienta lucha contra el narcotráfico. 

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Respuesta comunitaria a la pandemia, la gentrificación y al racismo en la Ciudad de México

Gloria Muñoz Ramírez/Desinformémonos

Foto tomada de Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos.  Hace más de 30 años llegaron cientos de ñäñho, también conocidos como otomíes, a la Ciudad de México. Desde entonces luchan por su reconocimiento como residentes de esta ciudad, luchan también por su derecho al trabajo, a la salud, la educación y una vivienda digna. El temblor del 2017 los sacó a la calle, y ahí los agarró la pandemia Covid-19, por lo que ahora no sólo enfrentan los desafíos cotidianos de vivir en un campamento en la calle (frente a lo que fue su vivienda), sino también la falta de recursos por no poder salir a vender las artesanías que son la base de su sustento.

Las familias otomíes viven en comunidad y en comunidad resuelven sus problemáticas. A partir de las medidas sanitarias que les impiden salir a las calles, optaron por darle vida al trueque, costumbre indígena en la que se intercambian productos sin dinero de por medio, y anunciaron que cambiarían despensas por muñecas Lele, hechas por ellas con telas y listones multicolores. También venden café, miel, bolsas, monederos y otras artesanías que elaboran en colectivo.

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La pandemia saca a flote la desigualdad en acceso a la educación

Rosalía Vergara/Proceso

Derecho a la educación
Imagen tomada de Twitter @aprezq

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la emergencia sanitaria por covid19, 35.9 millones de niñas, niños y adolescentes de educación básica y media superior en todo el país, fueron enviados a sus casas, a confinarse, sin que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tuviera un plan de atención especial.

Aunque dicha secretaría echó a andar el programa Aprende en casa, elaborado entre el 17 y 23 de marzo, éste solo podrá ser accesible para 14 millones 360 mil alumnos que tienen acceso a internet y a la televisión abierta, lo que significa que alrededor de 21.5 millones podrían no tener acceso a la educación escolar a distancia ya que carecen de condiciones y estructura tecnológica para recibirla.

Tal es el caso de las comunidades de El Rincón y Tlajota, así como en Miacatlán, en la Colonia Sonora en Tetelala, en Lorenzo Vázquez, en Tlaquiltenango y Amacuzac, en el estado de Morelos, en las cuales no llega la señal de internet, sólo de televisión y radio.

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Afecta a normales la asfixia burocrática y presupuestal

Redacción / La Jornada

Foto: Víctor Camacho

Las escuelas normales en México enfrentan no sólo un abandono pedagógico, sino marcos jurídicos y normativos obsoletos; asfixia burocrática y presupuestal, así como estructuras autoritarias y de control político, afirmaron profesores y estudiantes de docencia de Baja California, Chiapas, Veracruz, Zacatecas, Ciudad de México y Michoacán.

Durante los trabajos del XXIII Foro Nacional de Educación Primaria Rural El normalismo mexicano ante las transformaciones actuales del país: oportunidades y aspiraciones, convocado por la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetio, Michoacán, se acusó la imposición de un currículum tecnocrático y carente de sentido humanista; la aplicación de una política laboral arbitraria e inequitativa; el empobrecimiento dela vida académica y la carencia de verdaderos programas de apoyo para los estudiantes.

En un análisis de los desafíos que enfrenta el normalismo ante las actuales transformaciones del país –principalmente para las instituciones que laboran en entornos rurales–, demandaron al gobierno federal que se declare a estas casas de estudio como estratégicas para el desarrollo de la educación y de los procesos de transformación.

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Más de un millón de menores de edad no pueden ir a la escuela por pobreza: Coneval

Redacción / Animal Político

Al iniciar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador el panorama de la educación es poco alentador: las deficiencias en los servicios educativos que van desde deficiente infraestructura hasta falta de mobiliario, agua o internet, repercuten en el nivel de aprendizaje y contribuye a “reproducir o profundizar las desigualdades de origen”en el país.

Así lo concluye el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2018, publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) este lunes 3 de diciembre.

Además, aunque la educación sea un derecho establecido en la Constitución y el Estado otorgue el servicio de manera gratuita, más de un millón de menores de edad no asisten a la escuela porque viven por debajo de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), lo que representa 13.2% de niños y jóvenes en edad escolar. La mayor tasa se encuentra entre jóvenes de 15 a 17 años con 35.2%  y le sigue los niños de entre tres y cinco años, con una tasa de 22.5%.

Respecto a la accesibilidad económica, se identificaron mayores barreras en el nivel medio superior, pues en el ciclo escolar 2016-2017, 12.8% de los alumnos en este nivel, abandonó sus estudios.

Entre las principales razones de deserción escolar en medio superior reportadas en 2012 se encuentran: falta de dinero (36.4%); le disgustaba estudiar (7.8%); consideraba más importante trabajar que estudiar (7.2%); problemas para entender a los maestros (7.1%); se embarazó, embarazó a alguien o tuvo un hijo (4.7%); y se casó (3.4%).

El estudio concluye que si bien el artículo Tercero Constitucional establece que toda persona tiene derecho a la educación, la evidencia presentada muestra que el acceso, permanencia, trayectoria y aprovechamiento “están fuertemente ligados a las barreras de acceso” debido a su condición económica, indígena, situación de discapacidad, embarazo o maternidad o lugar de residencia.}

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Niños indígenas terminan la primaria bilingüe sin aprender a hablar español

Redacción/Animal Político

Imagen: Animal Político

A sus 8 años, Daniel llegó a tercero de primaria sin saber leer ni escribir. Los primeros dos grados los tomó en una escuela de Huachinango, Puebla, comunidad indígena donde vivía y donde todos hablan náhuatl menos los profesores. Les dan clases en español a alumnos que sólo hablan su lengua materna.

De 25 niños inscritos en el grupo de Daniel, solo cuatro aprendieron a leer y escribir. “El maestro no hablaba nada de náhuatl, era de otro pueblo, entonces no nos entendía. Nosotros le entendíamos poco a él”, dice el niño. Aún así, sin entender lo que el maestro decía, todos fueron promovidos al segundo grado, y luego al tercero.

Pero Daniel ya no continuó en esa escuela. En 2017 tuvo que irse a vivir con su tía a Ciudad de México, tras el fallecimiento de sus padres. El tercer año lo cursó en la escuela República de Colombia, en la colonia Capultitlán de la delegación Gustavo A. Madero. Su maestra se dio cuenta que no entendía muy bien español. Tuvo que empezar con él casi de cero en la lecto-escritura. Ahora que el niño cursa cuarto grado a sus 9 años, apenas está haciendo oraciones sencillas. No es un caso aislado.

En el ciclo escolar 2017-2018, 41 mil 795 alumnos hablantes de alguna lengua indígena llegaron a sexto grado de primaria sin saber bien español, condición indispensable para aprender y poder continuar sus estudios. Esto representa el 32.5 % de los 128 mil 361 alumnos inscritos en ese grado (sexto) en las 10 mil 233escuelas primarias del subsistema de educación indígena del país, de acuerdo con  información de la SEP proporcionada por Transparencia.

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Sistema educativo impide que jóvenes indígenas o con discapacidad terminen la secundaria

Foto: Facebook CDImex

Por Redacción Animal Político/Notimex

El Conapred plantea el desarrollo de un modelo educativo inclusivo que combata la negación de acceso a la educación por la apariencia física, discapacidad y la falta de espacios accesibles en los centros educativos.

De los 28 mil jóvenes de entre 20 y 24 años hablantes de una lengua indígena, casi ninguno ha logrado concluir la educación secundaria, de acuerdo con un estudio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

A través de un comunicado, el Conapred detalló que con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una de cada seis personas afrodescendientes es analfabeta; ello, se traduce en 15.7%, es decir, casi el triple de la tasa nacional que es de 5.5 por ciento.

Estas cifras evidencian, según el Conapred, la necesidad de que la educación en el país sea inclusiva, situación “que garantizaría que tanto las personas como los grupos históricamente discriminados accedan a los espacios educativos”, exponen en el comunicado.

La Conapred plantea que la educación inclusiva impulsa el desarrollo de contenidos académicos específicos para estos grupos, tomando en cuenta que las pruebas y evaluaciones son de manera general en idioma español, lo que repercute en forma negativa para los infantes y jóvenes que solo hablan lengua indígena.

Abundaron que la exclusión no solo se limita a la negación de acceso a la educación por la apariencia física, sino que también ocurre cuando las personas con alguna discapacidad de movilidad se enfrentan a la falta de espacios accesibles en los centros educativos; o bien, cuando quienes tiene ceguera no pueden estudiar ante la carencia de materiales en sistema Braille.

También existen casos en que falta la traducción en Lengua de señas mexicana para quienes viven con discapacidad auditiva, dificulta su desarrollo educativo. Por otro lado, las personas transgénero ven violentado su derecho a la educación ante la negativa de matricularse en una escuela por carecer de documentos que reconozcan su identidad de género.

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