Por Eliza Cruz Rueda/desInformémonos
Las comunidades mayas, tsotsiles, tzeltales y choles presentaron una demanda de juicio de amparo contra su construcción ya que el Estado mexicano violó el proceso de consulta previa al no respetar el Convenio 169 de la OIT y los estándares internacionales. Los pueblos indígenas piden respeto a su autonomía y libre determinación, y también reclaman por su integridad física, moral y psicológica.
El llamado Tren Maya es un proyecto de reordenamiento territorial que incluye la puesta o renovación de vías de tren que atraviesan los estados de Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, donde existen pueblos indígenas que forman parte de la familia etnolingüística maya.
La consulta previa es una obligación del Estado de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las recomendaciones de los Relatores Especiales para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En los últimos tres sexenios, incluyendo el actual de Andrés Manuel López Obrador, los presidentes mexicanos han sido señalados por incumplimiento de esas obligaciones internacionales.
El Estado tiene el deber de establecer las condiciones para cumplir con los estándares internacionales y garantizar que los proyectos de minería, petróleo u obra pública sean comprendidos por los pueblos afectados. De manera libre, sin dolo, mala fe, error o ignorancia, los indígenas deben poder tomar la mejor decisión sobre las medidas del Gobierno que pudieran poner en riesgo sus derechos fundamentales: la libre determinación como expresión de su autonomía, integridad de sus tierras y territorios, y la preservación de su hábitat.
