Aunque liberar a las personas con discapacidad presas por delitos no graves es una medida bien intencionada, hay que asegurarse que tengan familia, dónde vivir, de qué mantenerse y, en algunos casos, si tienen acceso a los psicofármacos que tomaban.
El lunes 20, el Senado aprobó una Ley de Amnistía que contempla otorgar el perdón a personas privadas de su libertad, sólo por delitos no graves o sin violencia, en prisiones federales. Uno de los grupos beneficiados son personas con discapacidad (pcd).
Pero, ¿qué podría implicar para personas con discapacidad, sobre todo psicosocial? De eso hablamos con Berenice Pérez Ramírez, quien el año pasado publicó en la UNAM un estudio llamado “Personas con discapacidad y privadas de su libertad en la Ciudad de México. Un estadístico de siete centros penitenciarios”.
