FGR no encuentra al testigo protegido que acusó a militares detenidos por caso Ayotzinapa, denuncian abogados

Foto: Doryan Alvarez/Cencos

 

Alfredo Maza/Animal Político

La defensa de los ocho militares detenidos por el caso Ayotzinapa dio a conocer que las nuevas órdenes de aprehensión son por el delito de delincuencia organizada.

Alejandro Robledo y César González, abogados de los ocho militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no encuentra a uno de los dos testigos protegidos que utilizó para acusarlos por el delito de delincuencia organizada y así conseguir una nueva orden de aprehensión en su contra. 

“Hoy nos llegaron con dos fantásticas justificaciones: uno está enfermo y no puede ir y el otro no es localizable. La Fiscalía dice ‘el testigo no es localizable en el domicilio que le proporcionó’. Oye, ¿pues no es tu testigo, fiscal? Entonces me estás diciendo que perdiste al testigo protegido. ¿Te mintió en torno a su domicilio y ahora no lo encuentras?”, dijo César Omar González Hernández, uno de los defensores de los militares.

Los abogados aseguraron que la investigación es un “cochinero” y que lo único que hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es alejar a las víctimas de la justicia y la verdad.

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Crece disputa territorial de delincuencia organizada y se recrudece violencia en Guerrero: Tlachinollan

Erika Lozano/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. La crisis de derechos humanos y en particular la violencia de género, se profundizó con la emergencia sanitaria por Covid-19 en el estado de Guerrero. Los ayuntamientos cerraron sus puertas, los Ministerios Públicos también, y nadie atendió a las víctimas, denunció Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

La violencia se incrementó y las mujeres no tenían con quién acudir a pedir auxilio. La pandemia provocó el confinamiento de las instituciones y dejó que los grupos criminales actuaran de manera impune, “fue un escenario adverso para las víctimas y una señal de mayor impunidad para los perpetradores”, explicó Barrera en entrevista telefónica con Desinformémonos, y añadió que la violencia no sólo se vivió al interior de los hogares, pues los grupos delincuenciales entraron en mayor disputa de los territorios y de rutas.

Algunas comunidades se defendieron ante la violencia, como el caso de Chilapa, en la montaña baja de Guerrero, donde hace algunas semanas diversos medios de comunicación publicaron imágenes de niños armados. Barrera señaló que esto se da en respuesta a la ausencia de las instituciones y la presencia del crimen organizado en contubernio con cuerpos de seguridad, además de la inacción de la Guardia Nacional (GN).

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Detienen al “Capitán Crespo”, militar clave en el caso Ayotzinapa

El capitán José Martínez Crespo, acusado de delincuencia organizada, homicidio y desaparición forzada, es el primer detenido en la prisión militar por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Foto: Octavio Gómez/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El capitán José Martínez Crespo, conocido como “Capitán Crespo”, uno de los principales implicados en el caso Ayoztinapa, fue ingresado a la prisión del Campo Militar 1-A.
    
Apro pudo confirmar que el militar detenido está acusado de delincuencia organizada, homicidio y desaparición forzada, por lo que la Policía Judicial Federal Militar cumplimentó esta semana una orden de aprehensión.
    
El oficial ingresó anoche a prisión, aunque hasta ahora la información sobre su caso no se ha comunicado de manera oficial.

Mencionado en diferentes testimonios, el “Capitán Crespo” fue supuestamente identificado por Sidronio Casarrubias, el presunto líder criminal de la región donde desaparecieron los 43 normalistas.

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Javier Duarte acepta extradición a México; niega haber cometido algún delito

Por Redacción/Proceso

En su tercera audiencia, en Guatemala, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte decidió allanarse al proceso de extradición solicitado por el gobierno de México.

En Guatemala existen dos solicitudes de extradición contra Javier Duarte, una del gobierno mexicano, en la que la Procuraduría General de la República (PGR) lo acusa por los delitos federales de delincuencia organizada, y lavado de dinero; y otra del gobierno de Veracruz, en el que la Fiscalía estatal lo señala por delincuencia organizada, tráfico de influencias, desvío de recursos, peculado y abuso de autoridad.

“No cometí ningún delito y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de mi país”, dijo Duarte en la audiencia de hoy tras escuchar los cargos y pruebas que el gobierno de Enrique Peña Nieto envió como parte de su solicitud de extradición.

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