Texto: Lydiette Carrión, Fotos: Archivo / Ximena Natera y Duilio Rodríguez /Pie de Página
Los pueblos originarios en los municipios de Tecámac, Zumpango y Nextlalpan están contra el proyecto Santa Lucía. Pero se desmarcan de las acciones legales que encabezan grupos de empresarios, quienes lo hacen bajo la lógica empresarial. Desde las comunidades, advierten, les mueve el derecho humano al agua.
Foto: Pie de Página
Los pueblos originarios afectados por la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía preparan una defensa legal de carácter internacional en contra del proyecto. Reclaman la defensa al agua y el derecho de los pueblos originarios de ser escuchados. Advierten que la cuenca hídrica del Valle de México no soporta un megaproyecto más.
La estrategia legal está bajo la guía legal del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
José Antonio Lara Duque, director del Centro Zeferino Ladrillero, explica en entrevista:
“Ya interpusimos la primera batería de amparos. El proceso de construcción de amparos comunitarios [a diferencia de otros recursos impulsados desde la ciudadanía o de particulares] lleva mucho más tiempo, porque se tiene que consultar. Por eso se han interpuesto apenas los primeros amparos. Pero de una batería mucho mayor que habrá según se toman las decisiones”.
“Lo que nosotros planteamos desde las comunidades es el tema de protección del derecho al agua y de los pueblos originarios. Esos son dos pies sobre los que se levanta la resistencia de los pueblos”.
Añade: “abiertamente y claramente hay una diferencia [de nosotros] con los colectivos que han impulsado amparos desde la lógica empresarial”, que buscan, explica, regresar el proyecto a Texcoco. “Nosotros, apoyamos y celebramos en su momento que se cancelara el proyecto en Texcoco”.
Este 5 de febrero, defensores se dieron cita para conjuntar esfuerzos ante continuación de megaproyectos en el gobierno de AMLO. Foto: Paola Ramos / Cencos
Oaxaca.- Defensores del territorio de 14 estados aseguraron que, pese al cambio de administración federal, ahora encabezada por Andrés Manuel López Obrador, la lógica de imposición de megaproyectos por sobre los derechos de los pueblos continúa en el país, por lo que no sólo seguirán luchando en defensa de los que ya buscaban establecerse, sino también por los de la llamada “Cuarta Transformación” como el Tren Maya y el Tren Transístmico.
Así señalaron los más de 300 defensores este 5 de febrero durante el Encuentro en Defensa del Territorio, los Bienes Comunes y los Derechos de los pueblos en México, en Santa María Atzompa, Oaxaca.
“El gobierno actual no está resolviendo las necesidades del pueblo y de las organizaciones sociales y, por el contrario, está generando megaproyectos que representan el despojo y una estrategia de depredación del territorio”, señalaron. “Por lo mismo, tenemos que seguir movilizándonos y articulándolos en un proyecto que realmente represente nuestras necesidades”.
Sobre estos proyectos, para los cuales se ha anunciado una inversión público-privada de hasta 150 mil millones de pesos, en el caso del Tren Maya; y de mil 100 millones de pesos para el Tren Transístmico; advirtieron que diversos pueblos y comunidades serán afectadas además de que el daño ambiental se agudizará al “abrir la puerta para su extractivismo y depredación”.
Defensores de estados como Durango, Sonora, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí y Ciudad de México plantearon la necesidad de articular a los diversos frentes de lucha en el país, que tienen por común resistir ante la imposición de proyectos inmobiliarios, turísticos, de transporte o de minería en sus territorios, violando sus derechos a la tierra, a la vida, a un medio ambiente sano, a la consulta, entre otros.
Plantearon que, aunque el nuevo gobierno presenta una visión de nación en la que les “hace creer que quiere lo mismo” que los pueblos, se trata de la continuación de proyectos neoliberales, por lo que hicieron un llamado a continuar con el freno a la entrada de empresas nacionales y trasnacionales a través del fortalecimiento de gobiernos autónomos, el rescate de saberes ancestrales, fomento y conservación de semillas criollas y producción orgánica, desarrollo de sistemas de autoconsumo, el rescate de bienes comunales, el fortalecimiento de la gestión de vivienda social y la conservación de los recursos naturales.
El encuentro contó con la participación de 49 organizaciones y agrupaciones en resistencia, así como con el acompañamiento de figuras como el pintor y activista Francisco Toledo y el investigador y editorialista Iván Restrepo.
El 15 de junio de 2007 Dominga González Martínez fue detenida por decenas de policías, acusada de homicidio junto con otros cinco integrantes de la comunidad indígena de San Pedro Tlanixco, ubicada en el Estado de México. Una década después, el 27 de noviembre de 2017, recibió su sentencia: la pena máxima, 50 años de prisión.
Ese día Dominga caminó a su celda en el penal de Santiaguito, municipio de Almoloya, decidió recostarse y dormir. De pronto abrió los ojos –eran las cuatro de la mañana– y pensó: “50 años de prisión, quieren que me muera aquí”. Entonces, sentó su cuerpo de casi sesenta años de edad y pensó que únicamente tenía dos opciones: derrotarse o salir adelante. Lo que ahora se repetía era un rotundo “no me quiero morir en la cárcel”, y por eso sigue luchando para salir.
Junto con otros cinco indígenas nahuas– Pedro Sánchez Berriozábal, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Marco Antonio Pérez González y Rómulo Arias Mireles– Dominga es considerada presa política, ya que fue encarcelada como consecuencia de su defensa por el agua en San Pedro Tlanixco.
Desde hace casi 40 años esta comunidad indígena mantiene un conflicto por el uso del agua con floricultores de la región; con el argumento de que la flor necesita agua de calidad y no “contaminada por indígenas”, este sector empresarial pretendió despojar a la comunidad del río que atraviesa las tierras de Tlanixco, el cual ancestral e históricamente ha sido utilizado para el consumo humano.
La criminalización contra este movimiento en defensa del agua alcanzó su punto máximo cuando sus seis líderes más visibles fueron acusados de homicidio y encarcelados, luego de que en abril de 2003 doce personas entraran a Tlanixco de forma inesperada y una serie de eventos culminara en la muerte del empresario floricultor Alejandro Isaak Basso.
Desde el momento de su detención –pasando por los más de 10 años en prisión preventiva, y la recepción de la sentencia– la y los defensores, acompañados de sus familias, luchan por su libertad.
La ONU-DH señala que, en primer lugar, no se respetó la presunción de inocencia, ya que la carga de la prueba recayó en la y los acusados, quienes fueron responsabilizados de demostrar que no cometieron los delitos que se les imputan. La ONU-DH argumenta que, según el marco del derecho internacional de los derechos humanos, es el ente acusador quien debe probar que ocurrieron los hechos, así como la responsabilidad del acusado; y que además se debe garantizar que no se presuma la culpabilidad, a menos que la acusación se haya demostrado fuera de toda duda razonable.
En segundo lugar, la ONU-DH sostiene que el pilar de la sentencia está basado en testimonios; sin embargo, refiere que “ninguno de los testigos de cargo habría estado presente en el momento de la muerte del señor Isaak Basso, como admiten sus primeras declaraciones, en las que incluso mencionan que se enteraron de la muerte del señor Isaak Basso tiempo después, cuando ya no estaban en Tlanixco”.
Según el mismo organismo, la credibilidad de los testimonios también se ve socavada por incluir señalamientos contra personas que no podían estar en el lugar de los hechos: Benito Álvarez fue señalado como una de las tres personas que sujetó de los brazos a Isaak Bazo, pero él demostró que en ese momento se encontraba dando clases en Toluca; se aseguró que Venancio Zetina estuvo presente, pero el falleció mucho antes de los hechos; finalmente, se dijo que Faustino Trujillo pateó al occiso, “algo inverosímil, ya que se trata de una persona con discapacidad que se movía en silla de ruedas”.
La ONU-DH también externó su preocupación ya que a todos los acusados se les atribuye “igual grado de responsabilidad… sin que se expliquen los motivos por los cuales se les aplicó a todos la pena máxima de 50 años” y por la duración de la prisión preventiva, ya que estuvieron más de 10 años encarcelados y sin sentencia.
Marco Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y abogado de cinco los presos, hizo hincapié en que el Estado mexicano tardó más de un año y medio para encontrar un traductor que acompañara la defensa de la y los indígenas nahuas acusados. También sostiene que la sentencia es racista: el juez no reconoce a los acusados como indígenas, “insinúa en su redacción que no lo son del todo porque estudiaron (fueron a la primaria y secundaria), salvo Dominga”, comenta Lara Duque.
El 7 de diciembre, en el “Foro por la defensa del agua y por lxs seis de Tlanixco”, familiares de la y los presos políticos explicaron cómo fueron detenidos los defensores: “No iban judiciales a la casa exacta, sacaban a la gente alrededor de donde vivimos; no sabían a quién iban a traer, era una cacería de brujas”, narra Tomasa Pérez, hermana de Marco Antonio.
Foto: Marcela Méndez
“Fue una represión a nuestros familiares, para que como pueblo no nos organicemos, porque al gobierno le conviene tenernos con miedo”, complementa.
A Dominga, cuenta su hija, se la llevaron 100 judiciales: “rodearon la casa de mis abuelitos… mi mamá tenía dos días de que la operaron”.
Ellas: madres, hermanas, hijas, coinciden en que todos estos años han sido un infierno, pues la cárcel ha sido también para todos los miembros de la familia: para los hijos que han crecido sin padres, para las madres que se convirtieron en el único sustento de la familia; también reiteraron que seguirán luchando y exigieron a las autoridades y en particular al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la libertad de Dominga, Pedro, Lorenzo, Teófilo, Marco Antonio y Rómulo.
Pide la ONU-DH reparar las violaciones al debido proceso
Foto Mvt/tomada de La Jornada
Dominga González, presa política de Tanixco, Estado de México, lleva 11 años en el Cereso de Santiaguito, municipio de Almoloya, y aún no ha sido sentenciada. Es acusada de homicidio junto con otros cinco dirigentes de su pueblo que lucharon contra el despojo de sus manantiales en las faldas del Nevado de Toluca.
Su caso, junto con el de Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González, se encuentra finalmente en etapa de apelación ante el tribunal de alzada, con 10 años de atraso.
Según el pronunciamiento del representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Jan Jarab, este procedimiento judicial constituye una oportunidad única para que el Poder Judicial repare las violaciones al derecho al debido proceso cometidas en contra de los procesados y de otros tres presos por la misma causa –Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles–, quienes fueron sentenciados a 50 años de cárcel.
Esta sentencia es calificada por el abogado defensor José Antonio Lara Duque como un castigo bárbaro e injusto, con un fuerte sesgo racista y la clara intención de castigar la lucha contra el despojo de un pueblo náhuatl.
