Pasaron 12 años en prisión siendo inocentes: así ha sido la vuelta a casa de defensores del agua en Edomex

Redacción/Animal Político

“Cuando te meten así a prisión, siendo inocente, la familia también lo padece mucho. No solo yo viví la cárcel, mis familiares la vivieron mucho más que yo”, relata uno de los defensores del agua que estuvo preso.

Imagen: captura de video ONUDHMexico

Dominga González, Lorenzo Sánchez y Marco Antonio Pérez están aprendiendo a usar el celular. Por ahora no tienen uno. Ese objeto que no era parte de la vida cuando ellos entraron en prisión les es todavía ajeno, propio de otros, de los que se quedaron libres.

Muchas personas de su alrededor también les son extrañas: vecinos con años demás a quienes no reconocen; sobrinos y nietos nuevos en la familia, a quienes apenas están conociendo. Sus propios hijos les son extraños, no los han visto crecer.

Cuando se regresa a casa después de 12 años de estar preso en Almoloya de Juárezcada despertar es raro. A todo hay que volver a adaptarse. “Muchas mañanas abro los ojos y me quedo pensando dónde estoy. Si solo soñé que estoy de nuevo en casa o es cierto que ya estoy aquí”, dice Lorenzo Sánchez.

A los tres los detuvieron en 2007. Estuvieron huyendo durante tres años, después de que, en 2003, los acusaron del asesinato de un empresario floricultor del municipio vecino al suyo. Los tres estaban dando la batalla porque no le quitaran a su pueblo, San Pedro Tlanixco, en Tenango Del Valle, Estado de México, el derecho de usar el agua del río Texcaltenco.

Para la comunidad de Tlanixco ese río era suyo. Habían crecido alrededor de él y usaban su agua para las actividades cotidianas; hasta 1989 cuando el gobierno mexicano la concesionó a los floricultores de Villa Guerrero, el municipio líder en todo el país en cultivo y exportación de flores.

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Dominga González, 11 años encarcelada sin sentencia

Redacción/La Jornada

Pide la ONU-DH reparar las violaciones al debido proceso

Foto Mvt/tomada de La Jornada

Dominga González, presa política de Tanixco, Estado de México, lleva 11 años en el Cereso de Santiaguito, municipio de Almoloya, y aún no ha sido sentenciada. Es acusada de homicidio junto con otros cinco dirigentes de su pueblo que lucharon contra el despojo de sus manantiales en las faldas del Nevado de Toluca.

Su caso, junto con el de Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González, se encuentra finalmente en etapa de apelación ante el tribunal de alzada, con 10 años de atraso.

Según el pronunciamiento del representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Jan Jarab, este procedimiento judicial constituye una oportunidad única para que el Poder Judicial repare las violaciones al derecho al debido proceso cometidas en contra de los procesados y de otros tres presos por la misma causa –Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles–, quienes fueron sentenciados a 50 años de cárcel.

Esta sentencia es calificada por el abogado defensor José Antonio Lara Duque como un castigo bárbaro e injusto, con un fuerte sesgo racista y la clara intención de castigar la lucha contra el despojo de un pueblo náhuatl.

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