Samir Flores, defensor de la tierra y el territorio y periodista comunitario, asesinado el 20 de febrero de 2019. Imagen: Twitter @PrefieroLaVida
Ciudad de México | Desinformémonos. Este 20 de enero, defensores, familiares y amigos del defensor nahua Samir Flores Soberanes pintarán murales en la comunidad de Amilcingo, Morelos, para exigir justicia a 23 meses de su asesinato, informó el integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla y Tlaxcala, Jorge Velázquez.
Velázquez denunció que a casi dos años del asesinato de Samir Flores, quien luchó contra la imposición del Proyecto Integral Morelos (PIM), “no hay ningún avance por parte de la Fiscalía del Estado”, por lo que desde el FPDTA convocarán a las organizaciones y colectivos campesinos, estudiantiles e indígenas para exigir justicia.
“Para el 20 de enero estamos convocando a realizar acciones dislocadas desde sus espacios y nosotros como comunidad de Amilcingo haremos pintas y murales en los que se plasmen las ideas de exigir justicia para nuestro compañero Samir Flores”, explicó Velázquez.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los últimos meses los ciudadanos hemos presenciado un fuerte debate por los recortes presupuestales en distintas áreas gubernamentales, que han sido justificados con distintos argumentos, en algunos casos aceptables y en muchos otros no. Estas medidas alcanzaron a las dependencias gubernamentales encargadas de instrumentar las políticas de cuidado y protección de la naturaleza de nuestro país como la Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, instituciones que han trabajado durante décadas en el cuidado y conservación de la naturaleza; estos recortes se sumaron a las medidas regresivas que en los últimos años distintos gobiernos han implementado. Sin embargo, la regresividad en las políticas ambientales, como se verá a continuación, es un problema histórico.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, en distintos diarios de circulación nacional se podían leer las críticas de los ciudadanos al gobierno federal por su falta de atención y acción para frenar la desforestación que experimentaba nuestro territorio. Los cuestionamientos advertían las repercusiones que la pérdida de cubierta forestal tenía para la salud pública, el clima, la hidrología, el desarrollo agrícola e industrial de nuestro país. La presión ejercida desde distintas tribunas logró que el gobierno de Porfirio Díaz incluyera, en la Ley de enajenación y ocupación de terrenos baldíos de 1894, el reglamento para la explotación de los bosques y terrenos baldíos nacionales y permisos de caza y pesca. Ésta fue la primera normatividad nacional que tuvo como objetivo la conservación de los recursos naturales de nuestro país.
Entre los países que registraron el mayor número de asesinatos se encuentran Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.
Imagen: Cencos
La crisis climática que vive el mundo es igual de intensa que la violencia que enfrentan las personas y comunidades que defienden los territorios naturales, los bosques, los ríos, el agua, las selvas, la flora y la fauna. Un solo número lo muestra: 212 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados durante 2019.
Poco más de la mitad de esos homicidios se registraron en tan solo dos países: Colombia y Filipinas, como se resalta en el más reciente informe de la organización internacional Global Witness, titulado “Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”.
En Campeche, al sur de México, en el Ejido Nuevo Becal todo está conectado. Nada ni nadie está aislado. Si hay jaguar, hay pecarí. Si hay milpa, la comunidad tiene qué comer. Si hay árboles, el zopilote rey puede anidar. Si hay árboles es porque hay bosque. Y si mantienen saludable el bosque es porque se realiza un manejo forestal comunitario.
A principios de mayo de este año, el Ejido Nuevo Becal obtuvo el primer certificado comunitario en México, por “Demostración del Impacto sobre Servicios Ecosistémicos”, otorgado por el Forest Stewardship Council (FSC). Esta certificación reconoce el trabajo que ha realizado esta comunidad, asentada en la Selva Maya, por conservar la biodiversidad en las 51 135 hectáreas que son de propiedad común.
Este 27 de noviembre de 2019, se cumplen 10 años del asesinato de Mariano Abarca Roblero, ambientalista que defendió los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza en su municipio natal de Chicomuselo, Chiapas, México, al denunciar los efectos socio ambientales causados por la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, minera involucrada en su asesinato. Desde entonces, su familia y diversas organizaciones han llevado un largo proceso para exigir justicia y castigo a los culpables ante el gobierno mexicano y canadiense por la corrupción probada de la empresa, las acciones y omisiones de la Embajada de Canadá que pudieron haber contribuido al asesinato de Mariano, así como el señalamiento de los actos de impunidad contra el gobierno mexicano, además llevar en curso otras demandas ante los Tribunales de Canadá y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A pesar del asesinato de Mariano Abarca, en todo el país, y en particular en el estado de Chiapas, muchas y muchos otros defensores continúan luchando y manifestándose por la defensa de la Tierra y el Territorio, por la Vida y por la Madre Tierra contra las políticas, políticos y megaproyectos, quienes al pretender los bienes naturales amenazan de facto la cultura e identidad de los pueblos indígenas, campesinos, así como también la vida de la población urbana.
En este contexto los Convocantes conmemoramos en el marco del Décimo Aniversario luctuoso de Mariano Abarca al Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas 2019 “Mariano Abarca”, con el propósito de agradecer, reconocer y visibilizar otras luchas colectivas y organizadas de quienes, con el espíritu sembrado por Mariano en los corazones de las resistencias, no cesan en su ímpetu por defender la vida, el medio ambiente y los derechos colectivos que son, a fin de cuentas, en beneficio de la Humanidad.
El “Premio Mariano Abarca” 2019 será para la organización indígena del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), quienes tienen presencia en 11 municipios del estado de Chiapas.Dicho Reconocimiento será entregado el día 27 de Noviembre del año en curso en el Auditorio de Bellas Artes del Centro Histórico de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, en compañía de representantes de organizaciones y redes nacionales e internacionales convocantes, así como de la familia Abarca.
El “Premio Mariano Abarca” también será una importante ocasión para compartir experiencias de otras luchas colectivas en defensa de la Tierra y el Territorio, por lo tanto, el mismo día llevaremos a cabo el Foro de la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano Abarca”, con la participación de procesos de resistencias de la zona Norte, Costa y Altos del Estado de Chiapas, también conoceremos parte de la experiencia de lucha realizada en la Montaña y Costa Chica del Estado de Guerrero, así como nos acompañarán panelistas y especialistas quienes compartirán un análisis de la situación de la violencia contra las defensoras y defensores ambientales con el fin de enriquecer la Agenda de intercambio colectivo.
CONVOCAMOS Y RECONOCEMOS:
ALIANZA POR LA JUSTICIA MINERA (MIA), CANADÁ AMIGOS DE LA TIERRA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ATALC) AMNISTÍA INTERNACIONAL COMITÉ DE ACCIÓN PARA LA JUSTICIA MINERA (MIAC), CANADÁ COMITÉ POR LOS DERECHOS HUMANOS DE AMÉRICA LATINA, CANADÁ (CDHAL) CONCEJO REGIONAL DE AUTORIDADES AGRARIAS EN DEFENSA DEL TERRITORIO (CRAADT), MÉXICO CONSEJO DE CANADIENSES CONSEJO CÍVICO DE ORGANIZACIONES POPULARES E INDÍGENAS DE HONDURAS (COPINH) DERECHOS EN ACCIÓN, CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS ENTREPUEBLOS, CATALUÑA FONDO DE JUSTICIA SOCIAL POR LA ALIANZA DEL SERVICIO PUBLICO DE CANADÁ FONDO HUMANITARIO DE STEELWORKERS, CANADÁ FRONTERAS COMUNES, CANADÁ FUNDACIÓN AMBIENTALISTA MARIANO ABARCA (FAMA), MÉXICO FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO (DPLF), ESTADOS UNIDOS GRUPO DE MONITOREO INTERNACIONAL DE LAS LIBERTADES CIVILES (ICLMG), CANADÁ INSTITUTO MEXICANO DE DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA (IMDHD) INTER PARES, CANADÁ KAIROS: INICIATIVAS ECUMÉNICAS CANADIENSES POR LA JUSTICIA MINING-WATCH, CANADÁ MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO (M4) OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES EN AMÉRICA LATINA – PAZ CON DIGNIDAD (OMAL), PAÍS VASCO OTROS MUNDOS CHIAPAS, MÉXICO PROYECTO SOBRE LA ECONOMÍA GLOBAL, INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS (IPS), ESTADOS UNIDOS. RED DE SOLIDARIDAD CONTRA LA MINERÍA INJUSTA (MISN), CANADÁ RED DE ACCIÓN EN PLAGUICIDAS Y SUS ALTERNATIVAS PARA AMÉRICA LATINA (RAP-AL) RED DE ACCIÓN SOBRE PLAGUICIDAS Y SUS ALTERNATIVAS EN MÉXICO (RAPAM). RED EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE GUATEMALA (NISGUA), ESTADOS UNIDOS RED LATINOAMERICANA CONTRA LOS MONOCULTIVOS DE ARBOLES (RECOMA) RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA) SERVICIO MUNDIAL JUDÍO ESTADOUNIDENSE (AJWS) UNIDOS POR LA JUSTICIA MINERA, CANADÁ
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San Cristóbal de las Casas; Chiapas, México
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Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
Integrantes de la plataforma Salvemos el Humedal Los Cárcamos acusan que el gobierno municipal de León, Guanajuato –presidido por Héctor R. López Santillana–, ha negado de forma sistemática que ecosistema del Parque Los Cárcamos es un humedal, ante lo cual ha otorgado una autorización en materia de impacto ambiental, invadiendo con ello la competencia de la federación.
Denuncian que las empresas México Retail Properties (presidida por Jerónimo Gerard Rivero) y Grupo Impulza (propiedad de Omar Quesada Ascencio y Oscar Weber Muzquiz) construyen el proyecto inmobiliario City Center a un costado del humedal sin contar con autorización de la Semarnat, provocando graves afectaciones al ecosistema; denuncian que buscan apropiarse del humedal, un bien público.
Participan: Integrantes de la Plataforma Salvemos el Humedal Los Cárcamos
Convoca: Plataforma Salvemos el Humedal Los Cárcamos
La cita: Miércoles 11 de Septiembre de 2019 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse conFrancisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
Global Witness registró el año pasado en el mundo 164 asesinatos de defensores del medio ambiente; la ONG señala que el origen de los ataques está en la “imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades”.
Filipinas (30 defensores muertos en 2018), Colombia (24), India (23), Brasil (20), Guatemala (16) y México (14) encabezan el ranking de países en los que denunciar actividades como la minería, los proyectos hidroeléctricos o la explotación forestal puede resultar más peligroso.
El informe analiza datos de 2018, que en México coincide con la última etapa de mandato de Enrique Peña Nieto y el primer mes de Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno.
Ciudad de México | Desinformémonos. El Colectivo de Comunidades Mayas de lo Chenes exigió a los tres niveles de gobierno detener las fumigaciones aéreas “realizadas de manera ilegal” en el municipio de Hopelchén, Campeche, por representar una amenaza a la salud y al medio ambiente por los químicos que utilizan y porque “es imposible controlar que esas fumigaciones no afecten a los terrenos colindantes”.
“Sabemos que son ilegales debido a que, si hubiesen tenido permisos previos de las autoridades competentes, éstas nos lo hubiesen informado desde un principio en virtud de nuestro derecho a tener información de cualquier decisión o actividad de autoridades o particulares que afecten a nuestro territorio y formas de vida como pueblos indígenas”, informó en rueda de prensa el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes.
Entre las principales consecuencias de la fumigación aérea se encuentra la muerte masiva de abejas, lo cual no sólo afecta al medio ambiente, sino también a la actividad económica de los pobladores. “Sabemos que desde el 2013 hasta finales del 2018 se habían muerto más de mil 500 a mil 700 colmenas por estas actividades, muchas de ellas vinculadas al cultivo de soya”, señaló Jorge Pech Martin, integrante del Colectivo.
Son las dos de la tarde de un día de abril. Bajo esta palapa enclavada en la selva maya el calor baña, pero no sofoca. El lugar es Ich-ek, una comunidad de cerca de mil habitantes localizada en Hopelchén, Campeche, donde un grupo de apicultoras indígenas, enfundadas en shorts, playeras sin manga y sandalias, ha trabajado por horas y se prepara para el descanso.
Esta mañana las mujeres llegaron con la misión de dar marcha atrás a un experimento que no funcionó: intentaban dejar a las abejas que crían en las cajitas rectangulares de madera donde las compran, pero la temperatura echó abajo el plan. Las cajas no resistieron el calor, lo que significó el traslado de todas las abejas a nidos naturales. Las meliponas, una especie de abejas milenaria, no tienen aguijón, lo que no supone un riesgo para quienes las crían; en cambio, son más delicadas que cualquier otra especie de abejas: hay que manipularlas con sumo cuidado y llevarlas a su nuevo hogar con delicadeza, más cuando se sabe que son una especie en peligro de extinción.
Para tener éxito hay que mover, completa, toda la estructura. Doña Avia, doña Leidy, doña Soco y el resto de sus compañeras mueven todo el nido, incluidas las crías, un poquito de miel y un poquito de polen. Este trabajo de extremo cuidado, sumado al bochornoso calor de la península, resulta simplemente agotador.
Foto: Viridiana Ramírez
Foto: Viridiana Ramírez
Foto: Viridiana Ramírez
Foto: Viridiana Ramírez
Hoy, cuando platican lo que hacen, las apicultoras hablan con sus más de veinte años de experiencia.
Doña Avia Huchín, de 66 años, viste una delgada blusa rosa con flores del mismo color. A través de sus lentes se asoman unos ojos que brillan todavía más cuando recuerda cómo empezó la historia de Koolel Kab, una organización fundada e integrada por mujeres indígenas que durante años han defendido su derecho a trabajar en lo que han elegido, que se han dedicado a criar y proteger a las abejas meliponas y que, con ello, han creado una red de empoderamiento y de defensa de la identidad, el territorio y el medio ambiente.
Empezó con un sueño
Era de noche y Avia Juchín no podía dormir. Se preguntaba si existiría en su mundo –un mundo dominado por hombres– la posibilidad de trabajar en algo que no fuera el hogar, el cuidado de los puercos o el de las gallinas.
Desde su habitación era algo que parecía imposible: a principios de los noventa, en esta región las mujeres no podían alzar la voz y no salían, pero un día llegó a la comunidad una ingeniera a la que Avia le preguntó si sería posible dedicarse a otra cosa, y ella le dijo que sí… entonces Avia se atrevió a soñar.
Recordó que cuando era niña, a los ocho o diez o doce años, conoció a una familia que trabajaba con abejas meliponas. Su mente no se detuvo y una noche fue incapaz de dormir pensando en cómo formar una organización, en dónde conseguir las abejas y con quién trabajar. “Como mis compañeras habían trabajado conmigo en un molino y tortillería, pensé en ellas”, recuerda Avia. Invitó a Himelda, a Carmela y a otras mujeres: juntas viajaron a Yucatán en busca de las abejas. Regresaron con un hobón cada una y luego de cinco años el grupo que formaron se convirtió en la organización que Avia soñó una noche, a poco más de mil 200 kilómetros de la Ciudad de México.
Desde entonces y hasta el día de hoy Koolel Kab ha sido un proyecto de mujeres. En la actualidad son seis las integrantes de esta sociedad que produce miel sostenible. Son ellas mismas, explica María del Socorro Pech, quienes se encargan de todo el proceso de producción y comercialización.
“Cuando nosotras cosechamos miel, la llevamos al centro de trabajo; ahí es donde le damos el manejo, la filtramos o envasamos, hacemos los subproductos y los comercializamos; así es como funciona nuestra sociedad: la miel que salga es de todas”, cuenta Soco, mientras las meliponas vuelan y zumban a su alrededor.
María del Socorro Pech | Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
Las mujeres de Koolel Kay aprovechan todo lo que las meliponas producen. Además de envasar la miel, trabajan con la cera: la lavan, la derriten y hacen con ella cremas que ayudan a combatir la resequedad de labios y manos, que sirven para curar heridas y piquetes de moscos. “Es una abeja que nos da miel medicinal, que nos sirve para la infección de la garganta, para la tos, para las cataratas y los ojos infectados”, completa Avia.
La importancia que esta especie tiene para los indígenas mayas radica no sólo en el aprovechamiento de su producción o en sus propiedades curativas; tiene valor, sobre todo, porque forma parte de su identidad. Esta abeja, originaria de la península, era criada por sus abuelos. Hoy está en peligro de extinción.
Por eso Koolel Kab tiene la misión fundamental de proteger y rescatar a esta delicada especie.“La apicultura aquí, en Campeche, en Hopelchén –y creo que a nivel nacional– está un poco mal: imagínese la melipona, que es más delicada; estas abejas no tienen aguijón, no son agresivas, no pican… entonces no se defienden tanto de los depredadores como del clima”, explica Socorro.
Desde hace cerca de tres décadas, la llegada a Hopelchén de comunidades menonitas ha provocado la deforestación de miles de hectáreas, debido a las nuevas formas de cultivo que introdujeron, que incluyen la industrialización y el uso de agroquímicos. Esto ha tenido un impacto negativo en la apicultura, una de las principales formas de subsistencia para las comunidades indígenas de la región, ya que se han perdido plantas necesarias para esta actividad por la quema de bosques, y las abejas mueren por el uso de plaguicidas.
Por eso las mujeres de Koolel Kab también se han convertido en defensoras de la tierra y del medio ambiente. En 2014 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) otorgó a esta y a otra organización de nombre Muuch Kambal el Premio Ecuatorial, que reconoce iniciativas de comunidades locales y pueblos indígenas que buscan soluciones de desarrollo sostenible al servicio de personas y de la naturaleza.
En 2012, Koolel Kab y Muuch Kambal, junto con otras organizaciones de la región, emprendieron una acción judicial para detener la plantación de soya genéticamente modificada, que había sido aprobada por autoridades mexicanas y que, entre otras afectaciones, contaminaban la miel que los mayas producían. Las comunidades se organizaron para frenar esta decisión que beneficiaba a Monsanto y lograron detener la siembra de soya transgénica.
De acuerdo con el PNUD, ambas organizaciones han movilizado a las comunidades mayas para “hacer frente a los desafíos sociales, ambientales y económicos”, según se lee en el estudio de caso de la Iniciativa Ecuatorial. El programa también hace énfasis en el liderazgo y en el empoderamiento de las mujeres, en la resistencia social y jurídica contra las medidas que las afectan, y en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Las damas de la miel saben que su labor es fundamental en la región, saben también que no pueden dejar de luchar por sus derechos, porque si lo hacen sus tradiciones y su identidad “se van a quedar como historia”. Están convencidas de que deben seguir, aun cuando no es bien visto que las mujeres sean parte de estos movimientos, porque han abrazado, además, la misión de educar en igualdad a hombres y mujeres.
Hoy extienden su legado a través de sus hijas y nietas. Enseñan sus actividades y transmiten lo que han aprendido a las que vienen: nueras, cuñadas y todo aquel que quiera apoyar.
“Los que quieran aprender y sumarse tienen que capacitarse; justo en este momento una de las que está apoyando es mi hija, otra es nuera de una de las socias y una es hija también de las socias fundadoras; así es como vamos renovando también a los integrantes, porque es necesario”, cuenta Soco.
Mientras, desde esta palapa, Avia sigue soñando: espera que algún día su nieta, de apenas diez años, quiera seguir sus pasos y llegue a trabajar con las compañeras que un día, hace más de veinte años, la ayudaron a construir Koolel Kab.
Gómez Palacio, Dgo. El primer Encuentro por la Vida y el Territorio en el ejido Pueblo Nuevo El Siete, municipio de Gómez Palacio, Durango, en rechazo al proyecto estadunidense Chemours Company, que ya realiza trabajos para instalar una planta química para producir 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año en una superficie de 11.7 hectáreas, se llevó a cabo con la presencia de ambientalistas de Coahuila y Durango, así como el obispo de Saltillo y defensor de los derechos humanos Raúl Vera López.
La reunión se realizó el sábado 28, día en que miles de devotos celebran a San Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles y desesperadas. En ella se expuso que el pasado 5 de junio las autoridades de Guanajuato notificaron a la compañía que no había sido aprobada su instalación en los municipios de Salamanca y San Luis de la Paz, después de que la sociedad civil emprendiera acciones de defensa legal.
Sin embargo 19 días después, el 24 de junio, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, acompañado por la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, se presentó en Pueblo Nuevo El Siete, que tiene una población de 443 habitantes y 142 viviendas, para informar que se instalaría la planta de cianuro, químico tóxico utilizado en la minería.
De esta forma, el primer mandatario panista que gobierna la entidad anunció que la planta se establecerá en 25 hectáreas de Gómez Palacio, a un kilómetro del ejido, y estimó que las obras concluirían en 16 meses.
Cuestionada sobre los riesgos ambientales y de salud pública que implica el manejo del cianuro, y la oposición al proyecto en Guanajuato, la alcaldesa Leticia Herrera dijo en su momento que el proyecto no fue rechazado y que su administración lo pidió para los gomezpalatinos.
Sentenció que las voces opositoras deberán demostrar los daños que pudiera causar la compañía o dejar de ser un obstáculo para el desarrollo y la generación de empleos bien pagados que el municipio merece.
La movilización
La alerta que el proyecto ha generado entre integrantes de asociaciones civiles y ambientalistas intensificó la movilización en la Comarca Lagunera, zona que comparten Durango y Coahuila.
Luego de la instalación de la mesa del primer Encuentro por la Vida y el Territorio, Francisco Javier Ortiz, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, inició el ciclo de exposiciones. Planteó que se deberá solicitar apoyo a organizaciones de derechos humanos y ambientalistas de alcance nacional para defender la salud de la población y del entorno.