Ciudad de México | Desinformémonos. Luis Urbano Domínguez Mendoza, miembro de la tribu yaqui y defensor del agua, fue asesinado a tiros el pasado 9 de mayo cuando salía de un banco en el centro de Ciudad Obregón.
“Luis se preocupó siempre por el bienestar de su amada Tribu Yaqui y nunca dudó en defenderla”, comentó en una publicación de Facebook Sergi Pedro Ros, amigo del luchador difunto. Agregó que Domínguez Mendoza había relatado “con total claridad los problemas por el despojo de las aguas del río yaqui y sus tierras” durante su aparición en Laberinto Yoéme, documental dirigido por Pedro Ros que trata de la defensa ancestral del pueblo yaqui por el territorio y el agua de su río.
Luis Urbano, originario del pueblo Cócorit, participó en 2015 en la Caravana Nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida, en cuya bienvenida en el Deportivo Xochimilco de la Ciudad de México aseguró que durante el recorrido pudo ver “que nos siguen pisoteando, maltratando; miles estamos a punto de caer en la marginación, y la pobreza se agudizará por las reformas estructurales”.
Texto: Lydiette Carrión, Fotos: Archivo / Ximena Natera y Duilio Rodríguez /Pie de Página
Los pueblos originarios en los municipios de Tecámac, Zumpango y Nextlalpan están contra el proyecto Santa Lucía. Pero se desmarcan de las acciones legales que encabezan grupos de empresarios, quienes lo hacen bajo la lógica empresarial. Desde las comunidades, advierten, les mueve el derecho humano al agua.
Foto: Pie de Página
Los pueblos originarios afectados por la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía preparan una defensa legal de carácter internacional en contra del proyecto. Reclaman la defensa al agua y el derecho de los pueblos originarios de ser escuchados. Advierten que la cuenca hídrica del Valle de México no soporta un megaproyecto más.
La estrategia legal está bajo la guía legal del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
José Antonio Lara Duque, director del Centro Zeferino Ladrillero, explica en entrevista:
“Ya interpusimos la primera batería de amparos. El proceso de construcción de amparos comunitarios [a diferencia de otros recursos impulsados desde la ciudadanía o de particulares] lleva mucho más tiempo, porque se tiene que consultar. Por eso se han interpuesto apenas los primeros amparos. Pero de una batería mucho mayor que habrá según se toman las decisiones”.
“Lo que nosotros planteamos desde las comunidades es el tema de protección del derecho al agua y de los pueblos originarios. Esos son dos pies sobre los que se levanta la resistencia de los pueblos”.
Añade: “abiertamente y claramente hay una diferencia [de nosotros] con los colectivos que han impulsado amparos desde la lógica empresarial”, que buscan, explica, regresar el proyecto a Texcoco. “Nosotros, apoyamos y celebramos en su momento que se cancelara el proyecto en Texcoco”.
Dominga González, Marco Antonio Pérez y Lorenzo Sánchez, indígenas nahuas de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, recuperaron este domingo su libertad, después de 11 años y medio de permanecer presos, acusados de un crimen que no cometieron.
A las 15 horas, Maximiliano Vázquez, juez primero penal de primera instancia del distrito judicial de Toluca, decretó el sobreseimiento de la causa penal 32/2003, tras el desistimiento de la acción penal que promovió el Ministerio Público (MP) la noche del sábado anterior, y firmó el auto de libertad, con lo que se iniciaron los trámites para la excarcelación de los pobladores.
Los habitantes de Tlanixco fueron imputados por la muerte del empresario español Alejandro Issak Basso, en abril de 2003. Dominga, Marco Antonio y Lorenzo fueron arrestados en 2006; dos años después los sentenciaron a 50 años de prisión por homicidio.
Su abogado apeló de la condena y en segunda instancia un magistrado de alzada la anuló y ordenó la reposición del proceso desde su inicio, al comprobarse una serie de violaciones al debido proceso.
Distintas organizaciones se reunieron en Tlanixco, Estado de México, para discutir sobre la importancia de articular las luchas por el agua y la tierra. Foto: Facebook: Desinformémonos
Asistentes al Encuentro en defensa del agua, el territorio y la vida, realizado este fin de semana en San Pedro Tlanixco, Estado de México, emitieron un llamado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a liberar a presos encarcelados por defender algún derecho.
“Emplazamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que para el mes de diciembre libere a todos los presos políticos, así como la liberación de los cargos, y que a partir de esa fecha no exista ningún preso por defender su territorio, su agua, ni sus derechos sociales y laborales”, dijeron en un pronunciamiento durante la clausura del encuentro.
“Para los presos políticos no hay amnistía que valga, pues a los compañeros no hay nada qué perdonarles, porque luchan por el agua, por la tierra y por eso los encierran. ¡Libertad a todos los presos por luchar!”.
El evento fue convocado por el colectivo Rebelión, el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Mexicali Resiste y Pueblos Unidos Contra la Construcción del Nuevo Aeropuerto, con el fin de compartir experiencias de lucha y definir estrategias de resistencia ante el nuevo panorama político en el país.
Los asistentes llamaron a organizaciones nacionales e internacionales a articular luchas. Foto: Facebook Desinformémonos
Al respecto, aseguraron que los casos de feminicidios, desapariciones, detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos no son casos aislados, sino crímenes de Estado, por lo que llamaron a agrupaciones sociales a hermanar sus luchas.
“Si bien es cierto que cada una de las resistencias tiene su propia tradición, ideología y un eje político que les marca, consideramos que es nuestra tarea encontrar nuestros puntos en común. Las particularidades de cada movimiento no son de ninguna manera una imposibilidad para generar espacios de unidad en contra de la derecha”, señalaron.
Insistieron con la necesidad de comunicar de forma masiva sus ejes de resistencia y cerrar las brechas entre los frentes de lucha campesinos y urbanos, así como brechas generacionales.
Pese a la cercanía del fin del actual sexenio, encabezado por el priista Enrique Peña Nieto, insistieron con que se trata de un gobierno que se ha caracterizado por criminalizar a defensores y cerrar los ojos ante la exigencia de justicia.
Adelantaron que se prevé realizar un segundo encuentro, mismo que se definirá a principios de septiembre con miras a conformar una coordinadora nacional de resistencia.
“Se necesita un cambio revolucionario, un cambio profundo en nuestro país”, señalaron.
La Asamblea general de los pueblos, barrios, colonias y pedregales de Coyoacán exigió a las autoridades de la Ciudad de México la clausura inmediata de un proyecto inmobiliario que, aseguran, se construye de forma ilegal sobre un acuífero somero.
La obra, ubicada en la avenida Aztecas 215, en el Pueblo de los Reyes, Coyoacán, es propiedad de Inmobiliaria Sazmsacj S.A. de C.V. y Promociones quiero vivienda mexicana, S.A.P.I. de C.V.; en conjunto su nombre comercial es Quiero Casa.
En conferencia de prensa el 30 de agosto los vecinos de Coyoacán denunciaron que la inmobiliaria tira al drenaje cerca de 864 mil litros por día de agua que proviene del acuífero somero sin que hasta el momento se haya castigado a los responsables. También aseguraron que en febrero de 2015 el proyecto de construcción previsto originalmente se modificó debido al descubrimiento del acuífero como resultado de las excavaciones profundas y que las empresas no sus permisos en materia de construcción, impacto urbano e impacto ambiental.
La asamblea informó que han denunciado públicamente esta situación desde hace un año y medio, y que la respuesta de las autoridades ha sido prácticamente nula, por lo que durante la conferencia de prensa también denunciaron omisiones del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría del Medio Ambiente, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y la Dirección general de obras y desarrollo urbano de la delegación Coyoacán.
Juan Pérez, miembro de la Asamblea general, recordó que durante la madrugada del 5 de diciembre de 2016 cerca de 500 granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México desalojaron un plantón vecinal que mantenían desde hacía siete meses en protesta por la construcción del proyecto y por el derrame de agua.
“Los vecinos nos encontramos contra un monstruo empresarial de la construcción, pero también contra instituciones que se supone que estaban para nuestro beneficio”, aseguró.
De acuerdo con los vecinos, luego de que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial constatara el derrame de agua, ordenó la construcción del llamado “proyecto cantera” (que consiste en un cinturón aislante cuyo objetivo es evitar la filtración del agua), cuya construcción al día de hoy se calcula en 70 por ciento pero no ha funcionado.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero denunció que los integrantes de la Asamblea General han sido agredidos como consecuencia de la defensa del territorio que realizan.
De acuerdo con el Centro, las agresiones van desde amenazas de golpizas hasta intentos de atropellos y provienen tanto de autoridades –como fue el caso del desalojo del plantón en 2016– como de la empresa. “Es una situación que nos preocupa porque la criminalización y persecución de personas que defienden derechos humanos de forma legítima es una constante para inhibir la lucha social”, aseguraron.
El jueves 31 de agosto los vecinos iniciaron un plantón con duración indefinida. Además de la clausura inmediata de la obra, exigen que las autoridades hagan un estudio hidrogeológico del acuífero somero ya que según un estudio del Instituto de Geología de la UNAM sigue una ruta por las delegaciones Tlalpan, Coyoacán e Iztapalapa; la instalación de una mesa de trabajo con autoridades y especialistas para tratar irregularidades y daños por la obra.
Finalmente, piden a las autoridades resguardar la integridad física y psicológica de los defensores involucrados en este movimiento.
La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA) exigió a los organismos nacionales en Oaxaca que respeten el protocolo de derecho de consulta a 16 comunidades zapotecas a través de presentarse este 29 de marzo a la reunión para dar seguimiento a la propuesta indígena sobre levantar el decreto de veda, el cual les prohíbe el acceso al agua para el uso agrícola si no cuentan con la autorización emitida por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
De acuerdo con las comunidades zapotecas, el título de concesión sólo les permite “medianamente” beneficiarse de los programas federales y estatales destinados al campo, lo que violenta “todos los derechos del campesino, en especial el derecho al agua, a la tierra y el territorio”, denunció la COPUDA.
Por ello, durante más de diez años las comunidades han mantenido su organización en la Coordinadora para revitalizar el acuífero mediante prácticas comunitarias y a la par llevar un proceso de consulta indígena. El día 8 de abril de 2013 el tribunal superior de justicia fiscal y administrativa ordenó a la CONAGUA realizar una consulta indígena a los pueblos y comunidades zapotecas de los distritos de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez, misma que da respuesta a una demanda interpuesta por las comunidades que conforman la COPUDA, explicó.
Cuatro años después, el pasado 8 de febrero, inició la etapa consultiva con las 16 comunidades y se entregó una propuesta de uso y cuidado comunitario del agua Xinizaa (Nuestra Agua). Luego de esto, “CONAGUA recibió la propuesta y quedó formalmente en dar una respuesta el día 29 de marzo del 2017”.
