En Chiapas se criminaliza a quienes defienden el medio ambiente

Frayba /Desinformémonos

La defensa del bosque, el agua y la vida se contrapone a los intereses económicos de la empresa Bienes Raíces La Moraleja, responsable de la construcción del Fraccionamiento La Moraleja, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Por lo cual el sistema de procuración de justicia dictamina y mantiene vigentes órdenes de aprehensión que criminalizan y judicializan a quienes integran el movimiento socioambiental de la Colonia Maya. En riesgo la libertad de 2 defensoras, 4 defensores, así como la integridad y seguridad de vecinas y vecinos que mantienen la resistencia no violenta ecológica en la apuestan por el Lekil Kuxlejal (Vida Digna) de los pueblos.

El 07 de septiembre de 2012 autoridades municipales autorizaron el cambio de uso de suelo de una zona contemplada como conservación ecológica, en el sur de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. El permiso autorizó la construcción del Fraccionamiento La Moraleja, obra de la empresa Bienes Raíces La Moraleja, propiedad del señor Juan Óscar Liévano Narváez. El proyecto contemplaba edificar 200 casas en un terreno de bosque de encino, en una superficie total de 5 hectáreas.

Para la construcción del fraccionamiento, la empresa Bienes Raíces La Moraleja destruyó árboles y removió la tierra, lo cual ocasionó daños que pusieron en peligro de inundación a calles, casas y escuelas de la Colonia Maya. El 30 y 31 de agosto de 2015, se colapsaron dos bardas que colindaban con una escuela primaria y un kinder, lo que significó un riesgo a la vida de niñas y niños. El 05 de junio de 2016, se derrumbó un fragmento de barda de más de 30 metros que afectó a 20 familias.

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Logra comunidad chontal ampararse contra concesión minera

Redacción / Desinformémonos

Foto: Desinformémonos

La comunidad indígena chontal de Santa María Zapotitlán, promueve un amparo contra una concesión minera en su territorio por violentar sus derechos. Tequio Jurídico A.C. dió a conocer que el Juzgado Cuarto de Distrito le otorga suspensión de la concesión: El 18 de diciembre del año 2018, la comunidad indígena de Santa María Zapotitlán, Ecatepec, Yautepec, Oaxaca, integrante de la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio (APCHDT) promovió un juicio de amparo en contra del título de concesión minera número 238447, otorgada por la Dirección General de Minas de la Secretaria de Economía a la Minera Zalamera S.A de C.V.

En la tramitación del juicio de amparo, el Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en el estado de Oaxaca, dio entrada a la demanda bajo el número 1208/2018 y concedió la “SUSPENSIÓN DE PLANO, a efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se lleven a cabo actos que puedan privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios al núcleo de población comunal quejoso”.

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Indígenas rechazan concesiones mineras en territorio yaqui

Foto tomada de Desinfomémonos

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Los indígenas de la tribu yaqui rechazaron la imposición de proyectos mineros en su territorio como respuesta a los “rumores” sobre la entrega de 17 concesiones por parte del gobierno federal a empresarios en Sonora, sin haber consultado previamente a los pueblos afectados.

“De esas autorizaciones ninguna autoridad (tradicional) tiene conocimiento, mucho menos el pueblo. Creemos que la ampliación de la carretera, la apropiación de nuestra agua y la generación de más energía eléctrica que le urge al gobierno del estado, con la planta de ciclo combinado que acaban de abrir, son indicios de que vienen por la explotación minera”, explicó Mario Luna Romero, secretario del pueblo de Vícam.

Luna Romero advirtió que esta podría ser “la lucha que sigue”, pues continúan las violaciones a los usos y costumbre de la tribu y la autorización de las concesiones mineras representa un delito.

El vocero de los yaqui, Tomás Rojo Valencia, señaló que las intenciones de difundir los “rumores” de las concesiones a las mineras son de dividir a las comunidades y así facilitar la imposición de los proyectos.

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