Ana Cristina Ruelas/Sin Embargo
“En resumen, la sostenibilidad del trabajo de la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil en México depende de fuentes de financiamiento extranjeras”.
Desde hace varios años el movimiento de organizaciones de la sociedad en defensa de los derechos humanos ha adquirido fuerza y relevancia en nuestro país. El desamparo en el que nos dejaron las autoridades estatales para la garantía de derechos civiles y políticos, pero también económicos, sociales y culturales hizo que grupos organizados fueran avanzando pasito a pasito en su reconocimiento y exigencia.
Históricamente a nivel regional y también en México, las organizaciones de base que muchas veces trabajaron en conjunto con los distintas iglesias, respondieron ante la falta de respuesta del Estado y fueron referentes en distintos movimientos sociales que miraban para el desarrollo de los pueblos. Con el tiempo fueron surgiendo otras organizaciones, apartadas de los religiosos y políticos.
El movimiento organizado de derechos humanos se convirtió en muchos casos en un acompañante de las más grandes luchas por la justicia y la verdad, por la dignidad y la libertad, pero también por la defensa de la tierra y el territorio de las comunidades sujetas a la explotación, a la corrupción y la impunidad que deriva de los grandes proyectos estatales que sólo brindan beneficios para los de arriba, y terminan rompiendo los tejidos y lazos comunitarios de los de abajo.
