Urgen a autoridades de Jalisco tomar acciones concretas para garantizar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos

Espacio OSC

Ciudad de México / Guadalajara, 01 de junio de 2022

Los días 30 y 31 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el séptimo diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco, del Congreso local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este diálogo se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos y Baja California con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, ahora en el contexto específico de Jalisco. 

Durante la discusión, las personas defensoras y periodistas resaltaron que Jalisco es el estado del país con mayor número de personas desaparecidas, feminicidios y violencia contra las mujeres, en las que se destaca la impunidad y falta de sanción de estos delitos sobre las y los responsables. A su vez, hicieron mención que dentro de los riesgos que están expuestas por su labor de defensa de derechos humanos y del ejercicio de libertad de expresión, se encuentran, ataques a la vida e integridad, discursos de odio y campañas de desprestigio, agresiones físicas y digitales, despojo de tierras, amenazas, y falta de transparencia. Estos fueron algunos de los obstáculos y riesgos diferenciados a nivel estatal señalados que enfrentan mujeres periodistas, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, atención y protección de la población migrante, de defensa del agua, el territorio y el medio ambiente y personas defensoras de la diversidad sexual. 

Muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a la labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarias o funcionarios públicos de manera directa e indirecta, así como en colusión con el crimen organizado. Esto ha generado una falta de confianza sobre las instituciones de gobierno estatales, que se evidenció durante el diálogo por las y los participantes, al hacer énfasis en que su seguridad y protección no pueden quedar en manos de las instancias locales de gobierno, quienes son las principales agresoras/es de personas defensoras y periodistas y no investigan ni sancionan a las y los responsables. Ante eso, las y los participantes lamentaron la falta de permanencia durante todo el diálogo de funcionarias/os públicos que tienen deber de protección, como fue el caso del Secretario General de Gobierno de Jalisco, la Subsecretaria de Derechos Humanos y el Fiscal General del Estado de Jalisco.

Asimismo, demandaron mayor transparencia y difusión sobre el catálogo de medidas reciente aprobado por la Secretaría de Gobernación Federal durante el mes de mayo, así como el funcionamiento de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco, emitida en 2016, la cual fue emitida sin consulta de las personas defensoras y periodistas, y pese a contar con una Consejo Ciudadano, así como atribuciones específicas de instancias estatales, persiste la opacidad en cuanto su implementación, informes sobre el funcionamiento del mecanismo estatal y sobre las acciones de coordinación entre esta y la Federación.

De igual forma, manifestaron la necesidad de realizar más acciones de seguimiento y respaldo político a la labor de personas defensoras y periodistas a nivel estatal, así como de contar con perfiles idóneos de las y los servidores que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos a nivel estatal, con procedimientos claros, instituciones obligadas, recursos humanos y financieros suficientes.

Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mencionó que publicarán el catálogo de medidas establecidas en el reciente anexo técnico firmado con vigencia a diciembre del presente año, y de abrir un espacio de análisis de evaluación del catalogo medidas y su implementación junto con personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Las personas asistentes hicieron énfasis en la necesidad de reconocer la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, e hicieron un llamado a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos. Por tanto, destacaron las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, la urgencia de fortalecer al Mecanismo Federal e implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión en Jalisco. Además llamaron a seguir fortaleciendo a nivel interno las redes entre personas defensoras y periodistas a nivel estatal, en especial de quienes realizan su labor en zonas de mayor riesgo en el estado de Jalisco, mismas que son fundamentales para la construcción de una ruta y agenda más amplia entre organizaciones y movimientos sociales que defienden derechos humanos.

Para medios:

@EspacioOsc

contacto@espacio.osc.mx

 

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por:

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).    

Otras organizaciones, colectivos y personas firmantes:     

Colectivo Defendamos El Cerro de la Reina, Tonalá. Jalisco, Colectivo Foco Tonal, Santa Cruz de las Huertas, Tonalá. Jalisco,  Colectivo Unido por Jardines de La Paz y Colonias Aledañas, A.C, Conciencia y Acción México AC, Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, Por Nuestros Niños A.C, Colectica Feminista Abuelas Brujas y Sabias, Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD), Colectivo Unido por Jardines de la Paz y colonias aledañas, A. C,, Tsikini Asociación Civil, Belinda Aceves Becerra, Gabriela Karina Cervantes Fuentes, Josefina Ramírez Gómez, Héctor Rodolfo Flores González, Maria Antonieta Flores Astorga, Leticia López Salinas, Sergio Gilberto Morales Hernández, ​Defensor SocioAmbiental & DDHH/ Periodista Independiente,  Patricia Alvarado.

 

Ver comunicado

Fueron asesinadas 18 personas defensoras del medio ambiente en 2020: CEMDA

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Defender el medio ambiente, la tierra y el territorio en México sigue siendo una actividad peligrosa y de alto riesgo. Durante el 2020, 18 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas, reveló el informe “¡Míranos!” publicado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

En la región de América Latina, considerada por la organización la más peligrosa para la defensa de los derechos humanos, la pandemia de Covid-19 agudizó los problemas de violencia y empobrecimiento existentes. Los niveles de violencia alcanzados durante 2019 se vieron superados en el 2020, señalaron, además, el Estado mexicano no ha garantizado derechos como la salud, la integridad y la vida de la población.

“Estas violaciones a derechos están ocasionando una violencia integral a nuestra forma de vida”, advirtió Lady Pech, agricultora de Hopelchén e integrante del Colectivo agrícola de los Chenes, galardonada en 2020 con el Premio Goldman por su trabajo contra los transgénicos en la región.

Durante la presentación del informe, Paola Pacheco, integrante de Servicios y Asesoría Para la Paz (Serapaz), señaló que éste “no sólo se queda en la descripción de los hechos, también da un panorama preocupante donde se aportan elementos para la política pública integral, con perspectiva de derechos humanos”. Aseguró que existe una “necesidad de crear mecanismos de protección que no recaigan en una sola institución”.

Ver nota completa

FGR exonera a Cienfuegos… pero pide 5 años de prisión para la activista Kenia Hernández

La FGR solicitó cinco años de prisión para la activista Kenia Hernández, acusada de ataques a las vías de comunicación por protestar en una caseta.

Imagen: Twitter @CDHZL

TOLUCA, Edomex (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Federal, adscrito al Centro de Justicia de Guerrero con residencia en Acapulco, una pena de cinco años con cinco meses de prisión para la activista Kenia Hernández, acusada de ataques a las vías de comunicación, por protestar en una caseta.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) lamentó que la posición asumida por la dependencia en el caso de la defensora amuzga contrasta con la absolución del general Salvador Cienfuegos, señalado por presuntos nexos con el crimen organizado y enriquecimiento ilícito, lo que desde su punto de vista es una clara muestra de criminalización a la lucha por los derechos humanos.

Ver nota completa

Carta del grupo parlamentario alemán Alianza 90/Los Verdes al Senado de la República por eliminación de fideicomisos

Miembros del grupo parlamentario alemán Alianza 90/Los Verdes llaman al Senado de la República a priorizar la protección de víctimas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos y solicitan la permanencia de los fideicomisos que protegen a más de 1.300 personas.
A continuación se presenta la carta dirigida al Senado de la República:

Libertad de expresión y defensa de derechos humanos en la ‘nueva normalidad’

Cencos

Imagen: Cencos

Una de las consecuencias más evidentes de la pandemia es que los problemas sociales que ya existían se han profundizado. Esto es, al parecer, un diagnóstico en el que coinciden varias personas. El epicentro de la pandemia ahora se sitúa en América, donde países como Estados Unidos presenta una tasa de desempleo no imaginadas a inicios de año. El impacto en las diferentes áreas de la vida social y económica apenas comienza a mostrar su magnitud.

Los efectos de la pandemia marcarán a toda una generación, pues durante un tiempo indeterminado será necesario aprender a convivir con el virus en lo que ya algunos llaman la ‘nueva normalidad’. El aislamiento en casa representa un lujo para una sociedad tan desigual como la mexicana: cumplir a cabalidad con las medidas para salvaguardar la salud es algo que pocas personas se pueden permitir. Se ha vuelto trágica la dicotomía entre cuidarse y salir a buscar el sustento diario.

Hablar del regreso a una ‘nueva normalidad’ lleva implícita la idea de que nuestra vida era ‘normal’. Sin embargo, ¿es realmente deseable volver al anterior orden de cosas? Además, ¿qué significa regresar a ese estado? Si la historia de la humanidad demuestra que los momentos de irrupción son propicios para generar transformaciones, ¿qué es lo que debe cambiar para establecer una ‘nueva normalidad’, una ‘normalidad diferente’? Que esa normalidad tenga una perspectiva social, que reconozca y proteja la defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos, temas fundamentales para el establecimiento de una verdadera sociedad democrática.

Antes de la pandemia, el panorama no era nada alentador. Hacia finales de abril, Reporteros Sin Fronteras dio a conocer la clasificación de libertad de prensa en el mundo y México aparece allí como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente. Con respecto a la defensa de derechos humanos el escenario tampoco era muy diferente y lo más preocupante es que ha empeorado en las últimas semanas, pues esta labor no fue incluida dentro de las actividades esenciales del país. La Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) publicó recientemente un comunicado conjunto en el que diversas organizaciones de la sociedad civil denuncian el recrudecimiento de los ataques contra personas defensoras de derechos humanos en el contexto del aislamiento.

A pesar de estas adversidades, las personas defensoras y periodistas siguen activas. Por ejemplo, la Organización Casa de las Muñecas Tiresias, liderada por su fundadora Kenya Cuevas, expuso en la segunda mesa de diálogo organizada por Cencos los retos que enfrentan actualmente  la comunidad LGBTTTIQ+, las poblaciones en situación de calle y las personas usuarias de drogas. Señaló que es lamentable la ausencia de ayudas y pronunciamientos de autoridades oficiales. Cuevas y su organización levantaron la Casa Hogar Paola Buenrostro de forma inmediata para apoyar a mujeres trans que ejercen el trabajo sexual y que, de un día a otro, se quedaron sin hogar y sin trabajo por el cierre de hoteles y pensiones, producto de la contingencia.

Jade Ramírez, integrante de Periodistas de a Pie y fundadora del sitio Perimetral, recordó en la mesa que la desigualdad, reflejada en la falta de acceso a servicios de salud o agua potable en algunas comunidades, es un tema que los y las reporteras han venido documentando desde hace ya bastante tiempo. Para ella, el trabajo periodístico requiere hoy, especialmente, de una rigurosa y cuidadosa verificación de la información oficial, que por demás en ocasiones es de difícil acceso. El gremio ha tenido que reinventarse ante la pandemia y sumar, a la ya difícil situación de seguridad, el autocuidado debido al peligro que supone cubrir y salir a reportear en medio de una pandemia.

Dos ejemplos puntuales que demuestran por qué es importante apostarle a la construcción de un escenario social diferente, que privilegie la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos. En esta tarea las personas defensoras y periodistas juegan un rol fundamental, pues además de promover una sociedad más justa e informada, son los nodos para la creación y fortalecimiento de la participación ciudadana, así como de redes de apoyo y de diálogo para esa nueva realidad.