Ixtlixóchitl López/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Historiadores acusaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de falta de voluntad política para cumplir con la promesa de hacer públicos los archivos de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dedicados al espionaje político y relacionados con violaciones graves a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
El investigador Anuar Ortega Galindo aseguró que, pese al anuncio del titular del Ejecutivo del 27 de febrero pasado, ningún nuevo archivo fue agregado a las filas del Archivo General de la Nación (AGN) y la hipersaturación de solicitudes de información sólo logró evidenciar la poca capacidad de respuesta que tiene el organismo.
Además, de las casi 3 mil versiones públicas que concentraba el AGN, sólo quedaron alrededor de 200 ante la necesidad de actualizar las versiones existentes y agregar la información sensible que hubiera podido ser reservada.
Incluso, detalló, el decreto “hizo creer a los incautos que se había liberado información de los servicios de espionaje” y los medios de comunicación publicaron información ya conocida como novedosa, tal es el caso del expediente del escritor colombiano Gabriel García Márquez.
