Urgen a autoridades de Jalisco tomar acciones concretas para garantizar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos

Espacio OSC

Ciudad de México / Guadalajara, 01 de junio de 2022

Los días 30 y 31 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el séptimo diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco, del Congreso local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este diálogo se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos y Baja California con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, ahora en el contexto específico de Jalisco. 

Durante la discusión, las personas defensoras y periodistas resaltaron que Jalisco es el estado del país con mayor número de personas desaparecidas, feminicidios y violencia contra las mujeres, en las que se destaca la impunidad y falta de sanción de estos delitos sobre las y los responsables. A su vez, hicieron mención que dentro de los riesgos que están expuestas por su labor de defensa de derechos humanos y del ejercicio de libertad de expresión, se encuentran, ataques a la vida e integridad, discursos de odio y campañas de desprestigio, agresiones físicas y digitales, despojo de tierras, amenazas, y falta de transparencia. Estos fueron algunos de los obstáculos y riesgos diferenciados a nivel estatal señalados que enfrentan mujeres periodistas, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, atención y protección de la población migrante, de defensa del agua, el territorio y el medio ambiente y personas defensoras de la diversidad sexual. 

Muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a la labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarias o funcionarios públicos de manera directa e indirecta, así como en colusión con el crimen organizado. Esto ha generado una falta de confianza sobre las instituciones de gobierno estatales, que se evidenció durante el diálogo por las y los participantes, al hacer énfasis en que su seguridad y protección no pueden quedar en manos de las instancias locales de gobierno, quienes son las principales agresoras/es de personas defensoras y periodistas y no investigan ni sancionan a las y los responsables. Ante eso, las y los participantes lamentaron la falta de permanencia durante todo el diálogo de funcionarias/os públicos que tienen deber de protección, como fue el caso del Secretario General de Gobierno de Jalisco, la Subsecretaria de Derechos Humanos y el Fiscal General del Estado de Jalisco.

Asimismo, demandaron mayor transparencia y difusión sobre el catálogo de medidas reciente aprobado por la Secretaría de Gobernación Federal durante el mes de mayo, así como el funcionamiento de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco, emitida en 2016, la cual fue emitida sin consulta de las personas defensoras y periodistas, y pese a contar con una Consejo Ciudadano, así como atribuciones específicas de instancias estatales, persiste la opacidad en cuanto su implementación, informes sobre el funcionamiento del mecanismo estatal y sobre las acciones de coordinación entre esta y la Federación.

De igual forma, manifestaron la necesidad de realizar más acciones de seguimiento y respaldo político a la labor de personas defensoras y periodistas a nivel estatal, así como de contar con perfiles idóneos de las y los servidores que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos a nivel estatal, con procedimientos claros, instituciones obligadas, recursos humanos y financieros suficientes.

Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mencionó que publicarán el catálogo de medidas establecidas en el reciente anexo técnico firmado con vigencia a diciembre del presente año, y de abrir un espacio de análisis de evaluación del catalogo medidas y su implementación junto con personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Las personas asistentes hicieron énfasis en la necesidad de reconocer la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, e hicieron un llamado a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos. Por tanto, destacaron las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, la urgencia de fortalecer al Mecanismo Federal e implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión en Jalisco. Además llamaron a seguir fortaleciendo a nivel interno las redes entre personas defensoras y periodistas a nivel estatal, en especial de quienes realizan su labor en zonas de mayor riesgo en el estado de Jalisco, mismas que son fundamentales para la construcción de una ruta y agenda más amplia entre organizaciones y movimientos sociales que defienden derechos humanos.

Para medios:

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Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por:

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).    

Otras organizaciones, colectivos y personas firmantes:     

Colectivo Defendamos El Cerro de la Reina, Tonalá. Jalisco, Colectivo Foco Tonal, Santa Cruz de las Huertas, Tonalá. Jalisco,  Colectivo Unido por Jardines de La Paz y Colonias Aledañas, A.C, Conciencia y Acción México AC, Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, Por Nuestros Niños A.C, Colectica Feminista Abuelas Brujas y Sabias, Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD), Colectivo Unido por Jardines de la Paz y colonias aledañas, A. C,, Tsikini Asociación Civil, Belinda Aceves Becerra, Gabriela Karina Cervantes Fuentes, Josefina Ramírez Gómez, Héctor Rodolfo Flores González, Maria Antonieta Flores Astorga, Leticia López Salinas, Sergio Gilberto Morales Hernández, ​Defensor SocioAmbiental & DDHH/ Periodista Independiente,  Patricia Alvarado.

 

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Neil Arias, de Tlachinollan: “En la Montaña de Guerrero las mujeres son nada”

“En la Montaña las mujeres son desaparecidas, violentadas sexualmente y asesinadas… y no pasa nada”, lamenta la abogada del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. “Un comando puede entrar a la casa o al trabajo de una mujer, raptarla, asesinarla y no hay castigo”, expone.

La violencia feminicida en la región de la Montaña de Guerrero se recrudece año con año sin que ninguna autoridad pueda intervenir, denuncia Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. En entrevista, la defensora desnuda la situación de las mujeres en el estado, que se agrava por su marginación y la presencia del crimen organizado, que las toma como botín de guerra. “Un comando puede entrar a la casa o al trabajo de una mujer, raptarla, asesinarla y no hay castigo”, expone.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Guerrero se conmocionó el sábado 10 con la divulgación de una alerta en redes sociales para localizar a Alma “M”, una pobladora de Huamuxtitlán, región de la Montaña, que en la víspera fue secuestrada de su domicilio por hombres armados que la subieron a un automóvil negro. 

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Menos del 1% de los casos por tortura y desaparición contra el Ejército llegó a un juez entre 2015 y 2019

Alberto Pradilla/Animal Político

Portación ilegal de armas, homicidio y crimen organizado son los principales delitos por los que elementos del Ejército fueron vinculados a proceso desde 2010.

Foto: Juan Carlos Cruz

El general de brigada Manuel Moreno Aviña fue condenado a 52 años de cárcel el 28 de abril de 2016 en Chihuahua. Los delitos por los que lo sentenciaron: “Homicidio calificado, violación a las leyes de inhumación en su modalidad de destrucción de cadáver y tortura”. Según la sentencia, el militar ordenó la captura de José Heriberto Juárez el 25 de julio de 2008, acusado de la muerte de un soldado. Durante horas, el hombre fue torturado hasta que falleció y militares bajo las órdenes de Moreno Aviña ocultaron el cuerpo enterrándolo en una finca. 

El general siempre aseguró ser un “chivo expiatorio”. Sin embargo, él estaba al frente del Ejército en Chihuahua, donde operaba un escuadrón que sería rebautizado como “el pelotón de la muerte”. Lo significativo del caso es que se trata de una de las pocas ocasiones en las que un militar mexicano ha sido sentenciado por el delito de tortura.

Según datos obtenidos por Animal Político en solicitud de transparencia, solo ocho expedientes por tortura contra militares fueron judicializados en la última década. En ellos, únicamente cinco militares recibieron alguna condena. La de Manuel Moreno Aviña fue la mayor sentencia y, sobre todo, contra un militar de alto grado. Pero se trata de una excepción. La mayor parte de denuncias que se presentan contra integrantes del Ejército por delitos violatorios a los Derechos Humanos como tortura o desaparición forzosa nunca llegan hasta el juez. 

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Piden a México empezar a castigar a los responsables de desapariciones forzadas

Foto: Mario Marlo

Redacción/ Somos el medio

EL ESTADO MEXICANO ES RESPONSABLE DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS QUE CUENTAN CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES ESTATALES SUPUESTAMENTE VINCULADAS A GRUPOS DE CRIMEN ORGANIZADO, SEGÚN EXPERTOS DE LA ONU EN DERECHOS HUMANOS.

El Comité de Derechos Humanos, integrado por un grupo de 18 expertos internacionales, emitió un dictamen en el que asegura que “México debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias de una desaparición forzada en Veracruz en 2010”.

El dictamen se produjo después de recibir una denuncia de familiares de un desaparecido.

La víctima conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica, en el estado de Veracruz, en octubre de 2010, cuando dos patrullas de policía lo detuvieron y le obligaron a subir a punta de pistola a una de ellas. Su compañera, que presenció los hechos, no pudo encontrarlo después en ninguna comisaría.

Ella y los familiares de la víctima presentaron varias denuncias y se logró identificar a tres policías entre los responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue descartada por sus superiores.

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Alertan de feminicidios por crimen organizado

Redacción / El Economista

El Triángulo de Guanajuato se convirtió en el 2018 en la región con mayor número de feminicidios en el país, 298 asesinatos. La mayoría estuvieron relacionados con el crimen organizado, según María Salguero.

La activista explicó a El Economista que el Corredor Industrial de Guanajuato, en el que se encuentran ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha superado las cifras de feminicidios en el país, incluso con mayores registros que el Estado de México.

Explicó que las causas principales de feminicidios perpetrados en el Estado de México corresponden a violencia familiar, mientras que en Guanajuato se deben principalmente a la disputa del territorio entre cárteles.

Salguero indicó que el incremento de feminicidios en la entidad fue a partir de que el cártel Santa Rosa de Lima declaró abiertamente la guerra al cártel Jalisco Nueva Generación por el control del territorio.

“(La disputa) por la perforación de los ductos no es el total (de robo de hidrocarburos). Hay más, como el robo dentro de las pipas, el robo en altamar, pero (el huachicol) sí es el más violento y empezó a ser un área de oportunidad para los cárteles porque la inversión es mínima.

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El año más violento: los homicidios dolosos aumentaron 23% de 2016 a 2017

Por Redacción/Animal Político

El incremento más dramático se registra en Nayarit, donde la tasa de homicidios pasó de 3.13 casos en 2016 a 20.10 en 2017, que es un incremento del 542%.

Ya con los datos de carpetas de investigación en diciembre, se confirma que 2017 fue el año más violento en cuanto a homicidios dolosos, en las últimas dos décadas.

En total se registraron 25 mil 339 carpetas por este delito, que equivalen a una tasa de 20.51 homicidios por cada 100 mil habitantes, la mayor de la que se tenga registro oficial.

El balance actualizado dado a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) muestra que en diciembre pasado las procuradurías y fiscalías del país registraron dos mil 219 casos de homicidio doloso, casi 400 asesinatos más que los que se habían reportado en ese mismo mes pero de 2016.

Si se comparan las 25 mil 339 carpetas por homicidio doloso con los 20 mil 547 casos de 2016, significa que tan solo de un año a otro los asesinatos se dispararon 23% (casi cinco mil homicidios más de un año a otro).

Hasta antes de 2017 el año más violento registrado oficialmente en México había sido el 2011, en el clímax de la denominada “guerra contra el narcotráfico” en el país. Aquel 2011 dejó una tasa de 19.37 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. La de 2017 es de 20.51 asesinatos, es decir, casi 6% mayor.

 

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El periodista Carlos Domínguez recibió al menos 21 puñaladas, informa la Fiscalía de Tamaulipas

Por Redacción/Sin embargo

El Fiscal detalló que Domínguez estaba circulando por Nuevo Laredo y al llegar a un semáforo se le acercaron varias personas.  Aunque todavía se desconoce el número exacto de atacantes, se consideró que se trata de una ejecución, pues el periodista iba junto a otras cuatro personas, que salieron completamente ilesas.

México, 15 ene (EFE).- Carlos Domínguez, el periodista de 77 años asesinado este fin de semana en Nuevo Laredo, Tamaulipas, recibió 21 puñaladas cuando se encontraba dentro su vehículo, informó hoy el Fiscal del estado, Irving Barrios.

Después de los estudios de necropsia, los servicios periciales señalan que Domínguez “perdió la vida por arma punzocortante, con 21 puñaladas”, indicó Barrios a Radio Fórmula. 

Según la primera versión de los hechos, el comunicador había sido asesinado a tiros, pero este lunes informó que los sicarios no utilizaron armas de fuego y no hay evidencias de ello en el coche.

El hombre tenía 77 años, trabajaba de manera independiente y escribía una columna sobre temas políticos. Anteriormente se había desempeñado en el periódico El Diario de Nuevo Laredo.

 El Fiscal detalló que Domínguez estaba circulando el sábado en la tarde por esta fronteriza ciudad con Estados Unidos y al llegar a un semáforo se le acercaron varias personas a un vehículo.

Aunque todavía se desconoce el número exacto de atacantes, el Fiscal consideró que se trata de una ejecución, pues el periodista iba junto a otras cuatro personas, que salieron completamente ilesas.

“El crimen iba dirigido a él, había acompañantes y a ellos no los tocaron”, dijo Barrios, quien señaló que ya se está investigando el móvil y las circunstancias del crimen, para determinar si su muerte se relaciona con su labor periodística.

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Liberan a Mireles pero seguirá proceso en su contra

Por redacción/Aristegui Noticias

Tras pagar una fianza de 30 mil pesos y con la condición de no salir de Michoacán ni del país, el doctor José Manuel Mireles podrá salir de prisión y seguir su proceso en libertad, gracias a una resolución emitida por un juez federal.

“El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán con sede en Uruapan informa, en la causa penal 137/2014, que determinó procedente la revisión y sustitución de la prisión preventiva del inculpado, un hombre que realizaba funciones de autodefensa en la entidad, a fin de que siga su proceso en libertad, al reunir los requisitos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, precisó el Consejo de la Judicatura en un comunicado.

“El inculpado deberá cumplir con las siguientes medidas cautelares: presentarse periódicamente a firmar ante dicho Juzgado; exhibir una garantía económica por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), no salir de la entidad ni del país; así como tampoco acercarse o comunicarse con determinadas personas”, abundó.

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