Alejandro Encinas confirmó que entre los estudiantes estaba Julio César López Patolzin, un soldado infiltrado que tenía como misión informar sobre los normalistas. El Ejército no actuó para intentar rescatarlo y frenar el crimen contra los jóvenes.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmó que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fue un crimen de Estado donde participaron autoridades federales, estatales y locales. Al exponer el más reciente informe sobre el caso, reveló que había un soldado infiltrado entre los estudiantes, por lo que el Ejército pudo haber actuado y evitado su desaparición.
“Se acredita plenamente la intervención y la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecuacuilco y con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”, informó Encinas este jueves en conferencia de prensa, para presentar conclusiones de los trabajos que ha realizado la Comisión de la Verdad formada para esclarecer lo sucedido hace casi ocho años.
De acuerdo con el informe, el soldado Julio César López Patolzin tenía la encomienda de infiltrarse en la Normal Rural de Ayotzinapa para informar sobre las movilizaciones de los estudiantes.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, localizada en Ayotzinapa, Guerrero, marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez con la misma exigencia de hace 62 meses: el esclarecimiento del caso y castigo a los responsables de ese trágico suceso.
Durante el recorrido, el vocero del movimiento, Felipe de la Cruz, dio a conocer que en los últimos días el gobierno federal ha realizado búsquedas en distintos municipios del estado de Guerrero, como Tepecoacuilco, Cocula, Huitzuco, Iguala y Taxco, sin resultados positivos.
De manera paralela, dijo, las autoridades exploran otras líneas de investigación, como la de los datos que se encuentran en los teléfonos celulares de los estudiantes.
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 16 de marzo de 2017.
“Un crimen de Estado no es algo que se tenga que manejar. Habrá que esperar a las investigaciones”, Jimmy Morales, Presidente de Guatemala. Bajo esta premisa el funcionario ha dejado en claro su posición respecto de las 40 niñas fallecidas el ocho de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Para ser sincero, era de esperarse esta postura mediocre, pues el irónicamente llamado “hogar seguro” es dependiente de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, en otras palabras, el desarrollo de este centro está ligado casi directamente con su cargo. Y aun cuando ya fue destituido el titular de la secretaría, Carlos Rodas, el presidente debería ser vinculado en los procesos judiciales.
Una pieza clave en las investigaciones deberá ser por qué cuando en enero de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado información sobre las condiciones del centro y sobre las denuncias de trata, las autoridades nunca respondieron.
Este silencio representa una clara omisión por parte de las autoridades, pues de alguna forma la CIDH ya había puesto en el radar las condiciones que podrían estarse suscitando en este centro, mismas que lejos de atenderse fueron ignoradas.
Es necesario precisar que el término crimen de Estado, no se encuentra establecido en ningún tratado internacional, por lo que no existe un precepto que se tome como base para determinar si un hecho es o no un crimen cometido por el Estado, sin embargo, en este caso es evidente que quien corren a cargo del cuidado de las menores es una institución estatal, por lo que hay un vínculo claro sobre la responsabilidad.
Realizando un análisis sobre las funciones que realiza el centro, encontré que el objetivo es muy amplio y conjuga a menores que están sumergidos en problemáticas muy distintas, de acuerdo con la página web de la secretaria antes mencionada, la finalidad es dar “atención personas de entre cero y 18 años víctimas de violencia física, psicológica y sexual, con discapacidad leve, abandono, niñez en situación de calle, con problemática adictiva, víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial, laboral o económica y adopciones irregulares”.
Nota: La Noticia En Guatemala
Bajo la premisa anterior, el solo hecho de estar internado en el “hogar seguro” podría significar una violación a los derechos fundamentales, ya que es casi imposible que las menores accedieran a atención especializada, por lo que su estancia se reduciría en una especie prisión.
En este sentido, la CIDH en su informe el derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas ha manifestado que “debido a las precarias condiciones en las que se encuentran la mayoría de instalaciones, en términos sanitarios, higiénicos, de seguridad y hacinamiento, que no son compatibles con el objetivo de protección y cuidado”.
Como sociedad es indispensable seguir de cerca estos hechos y solidarízanos, no porque se susciten en otro país debemos de dejar de exigir justicia y sanción a los culpables, el derecho de niñas y niños trasciende fronteras, no debe vivir una tragedia más.
