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Por Marcela Méndez

El Comité por la liberación de los presos políticos del estado de Guerrero informó la mañana de este miércoles que continúa con la lucha para liberar a policías comunitarios que fueron encarcelados injustamente, entre los que se encuentran Gonzalo Molina Gonzalez y Samuel Ramírez Gálvez, detenidos en 2013.

En conferencia de prensa, integrantes del comité comunicaron que los dos policías comunitarios se encuentran actualmente en el penal de Chilpancingo, Guerrero.

Recordaron que Samuel Ramírez, indígena na savi, fue detenido el 6 de octubre de 2013 mientras ejercía sus labores de policía comunitario. Tenía 17 años cuando fue acusado de portación de arma de fuego y luego sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión.

Gonzalo Molina fue detenido un mes después, el 6 de noviembre de 2013, acusado de secuestro y otros delitos. “Aunque él ha demostrado su inocencia y que los delitos que le imputan son falsos, sigue preso”, aseguraron.

Además de Samuel y Gonzalo, señaló el Comité, hay otros tres miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, de la Policía Comunitaria (CRAC-PC), que se encuentran presos, y más de 70 órdenes de aprehensión contra sus integrantes.

Durante la conferencia de prensa, Gonzalo Molina, Samuel Ramírez y Arturo Campos (quien se encuentra en el penal de Ayutla de los Libres, Guerrero) se enlazaron vía telefónica desde sus respectivos penales para hablar sobre su encarcelamiento.

“Vamos a demostrar con pruebas que soy inocente. Sé que no he cometido ningún delito”, expresó Arturo Campos, a quien se le imputa el delito de secuestro.

También hubo un enlace con Beatriz Gálvez, madre de Samuel, quien explicó que para quienes están presos su situación representa una lucha por su comunidad. “El gobierno siente que teniéndolos dentro los está afectando; los afectados somos los familiares. Ellos (los presos) tienen la idea e que están luchando por su comunidad, cayeron ahí por estar brindando un servicio a la comunidad”, dijo.

Durante la rueda de prensa también informaron del caso de Ángel García, quien fue detenido junto con Arturo Campos y otros compañeros, acusados de secuestro. El Comité explicó que pudieron salir bajo fianza porque la acusación cambió de secuestro a privación ilegal de la libertad. Sin embargo, él y sus otros compañeros siguen procesados por ese delito y tienen que presentarse mensualmente en Tlapa de Comonfort, lo que les perjudica económicamente. “Genera muchos gastos y nos siguen considerando delincuentes, aunque hayamos demostrado con pruebas que no lo somos”, dijo Ángel García.

El abogado José Enrique González –quien asumió la defensa de Samuel Ramírez y Gonzalo Molina– afirmó que los policías comunitarios que están presos “son rehenes del Estado: los tienen presos porque quieren paralizar a las comunidades para que no sigan funcionando las policías comunitarias”. Los presos políticos, dijo, son una forma para inhibir la lucha social.

Además, pidió el apoyo de la sociedad para lograr la libertad de los presos, ya que en muchas ocasiones la vía jurídica no es suficiente.

El Comité resaltó que la CRAC-PC es una institución de los pueblos indígenas cuyo modelo de justicia es efectivo y exitoso, y que surgió como una posibilidad para que pueblos y comunidades tomaran la justicia en sus manos. Además, aseguró que está avalada por la Ley 701 de Reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero; por el artículo 2º de la Constitución Mexicana y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).