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El Estado mexicano tardó 21 años en reconocer que le falló a la defensora de derechos humanos Digna Ochoa al no poder “garantizar su seguridad e integridad personal” ni su derecho a la justicia “por las fallas en la investigación de su caso”.
En aquel momento, 2001, recién asumida la Presidencia por Vicente Fox y el gobierno del entonces Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador, las autoridades investigadoras determinaron que la abogada veracruzana no fue asesinada, sino que había muerto por un “suicidio simulado”, resolución que los gobiernos capitalinos posteriores ratificaron en tres ocasiones.
Ayer por la mañana, en Los Pinos, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dio cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) que, en el punto relativo a la reparación del daño, ordena al Estado presentar una disculpa pública a la familia de la defensora, ultimada con un balazo en la cabeza en su despacho el 19 de octubre de 2001.
Jesús Ochoa, hermano mayor de una vasta familia (seis hermanos, cinco hermanas y media docena de sobrinos presentes en primera fila), aceptó las disculpas públicas del gobierno y expresó lo que para todos los Ochoa y Plácido de Misantla representó este acto: “Significa que lo que dijimos hace 21 años y sostuvimos, a pesar de las burlas y las humillaciones de las que fuimos objeto, era cierto. Teníamos razón. A nuestra hermana la asesinaron”.
