Julián Cortés Flores, uno de los líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en San Luis Acatlán, Guerrero, fue asesinado la tarde de este viernes por un comando armado.
De acuerdo con los reportes oficiales, alrededor de las 15:20 horas Cortés se retiró de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán en su automóvil, y cuando transitaba por la calle Emiliano Zapata, a unos 200 metros de la Casa de Justicia, fue atacado.
En el automóvil iban otros dos compañeros de Cortés, quienes salieron ilesos del ataque con armas de fuego.
El Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan calificó el asesinato como una “acción cobarde y temeraria contra las autoridades de la CRAC-PC” y aseguró que es un atentado contra el sistema de seguridad y justicia comunitaria de los pueblos de la Costa-Montaña.
Gonzalo Molina González, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en el municipio de Tixtla, salió libre la mañana de este jueves tras permanecer encarcelado más de cinco años en el penal de Chilpancingo acusado de privación de la libertad, robo y terrorismo en noviembre de 2013.
El juzgado mixto de primera instancia con sede en Tixtla dictó libertad absoluta para Molina González; dicho juzgado notificó a su homólogo de Chilpancingo para que el promotor de la CRAC-PC abandonara el penal.
Fueron 10 causas penales en mi contra, y demostré que soy inocente, que no hay delito que perseguir, que la CRAC está dentro del marco legal y vamos a seguir funcionando porque así lo prevé la ley 701.
En cinco y años tres meses, estuvo en la cárcel de Miahuitlán, Oaxaca; en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, y finalmente en el Centro de Readaptación Social de Chilpancingo.
El Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPPEG) realizó un llamado al gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a concederles una audiencia para exigir la liberación de 19 presos políticos detenidos por oponerse a la construcción de la Presa La Parota.
Desde 2003, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsa este proyecto hidroeléctrico, que pretende usar aguas de los ríos Papagayo y Omitrán para generar energía, afectando a pobladores de distintas comunidades de los municipios de Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos y Tecoanapa; además de un grave daño ambiental.
Al mismo tiempo, miembros de diversos ejidos y comunidades se organizaron para evitar la construcción del megaproyecto, lo que, denuncian, ha traído persecusión a los miembros del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) y la la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).
“El estado y sus políticas neoliberales y aplastadoras de la vida y la libertad han emprendido una carnicería en contra de estos defensores”, sostuvieron.
En conferencia de prensa, señalaron que como resultado de un ataque de elementos de seguridad el pasado 7 de enero se han registrado diversos asesinatos de miembros, para quienes exigen justicia; así como el encarcelamiento de 19 miembros de estas organizaciones.
“Le pedimos públicamente a Andrés Manuel López Obrador que nos dé esta audiencia, que escuche a las familias de los presos políticos, a las viudas de nuestros compañeros (…) y que tienen que ser liberados prontamente. En el caso del gobierno del estado, por ser el principal provocador de toda la tragedia que ha sucedido con nuestro compañero (…) exigimos contundentemente la liberación pronta”, sostuvo en conferencia de prensa Kenia Hernández, miembro de la CRAC-PC.
Las organizaciones adelantaron que, de no ver liberados a sus presos a principios de febrero, realizarán manifestaciones dirigidas a los gobiernos federal y estatal para atender sus casos.
