Piden clausura definitiva de tiradero clandestino en bosque de Huixquilucan

CENTRUS y la Licenciatura en Sustentabilidad Ambiental de la IBERO hacen un llamado a las autoridades correspondientes para llevar a cabo la clausura definitiva del tiradero clandestino localizado en el Paraje El Durazno, San Jacinto (Cortesía vecinos Cuajimalpa).

IBERO/ Desinformémonos

El Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS) y la Licenciatura en Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Iberoamericana hacen un llamado a las autoridades correspondientes para llevar a cabo la clausura definitiva del tiradero clandestino localizado en el Paraje El Durazno, San Jacinto, entre los límites de la alcaldía de Cuajimalpa, gobernada por Adrián Ruvalcaba, y del municipio de Huixquilucan, Estado de México, cuyo presidente municipal es Enrique Vargas del Villar.

De acuerdo con las facultades que confiere el artículo 189 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el 11 de marzo del 2019 vecinos de la alcaldía de Cuajimalpa, comprometidos con la prevención y combate de la contaminación y el deterioro ambiental, llevaron a cabo la denuncia correspondiente por la tira clandestina de basura y el ecocidio realizado en el predio señalado con turno OP/1617/2019; por lo que la autoridad competente procedió conforme a derecho con fundamento en la fracción IV del artículo 2.241 del Código para la Biodiversidad del Estado de México y determinó las responsabilidades correspondientes para después clausurar dicho terreno colocando sellos de suspensión de actividades como medida de seguridad.

Sin embargo, pese a que el pasado 17 de mayo el gobierno de Huixquilucan llevó a cabo la reposición de los sellos, se ha detectado que el tiradero de materiales de excavación y de construcción continúa operando, particularmente, durante la noche, con el consecuente impacto ambiental. Esta situación demuestra una auténtica ausencia de civilidad y absoluta falta de respeto hacia las resoluciones judiciales violentando el derecho a un medio ambiente sano y, en consecuencia, a la salud de la sociedad y la conservación de valiosas áreas arboladas.

Dichas irregularidades demeritan los lineamientos que forman el criterio de eficiencia ambiental que la Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable, del municipio de Huixquilucan, toma en consideración para emitir las licencias pertinentes para uso de suelo, así como las resoluciones de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huixquilucan para evitar la degradación ambiental.

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ONGS: 36 fábricas de cemento ya lanzan tóxicos dañinos y ahora, termoincineradora en la CdMx

Foto: Sin Embargo

Por Redacción/Sin Embargo

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).– Organizaciones civiles apuntalaron que en México hay 36 fábricas de cemento, que liberan tóxicos dañinos para la salud y el medio ambiente. Un historial de daños que no ha sido tomado en cuenta a la hora de aprobar la termoincineradora en la Ciudad de México, acusaron.

La obra de 500 millones de dólares que estará ubicada en Bordo Poniente procesará 4 mil 500 toneladas de residuos diarios por los siguientes 30 años.

“Por más que digan que va utilizar más altas tecnologías, pues va implicar emisiones a gases, y peligros para la salud para las comunidades aledañas”, indicó Carlos Samayoa Coordinador de la campaña contra Tóxicos de Greenpeace México.

La condición de contaminación en la Ciudad de México se verá agravada con la puesta en marcha de esta incineradora, adjudicada a la empresa Veolia.

Por lo que la organización internacional, que ha publicado recientemente un informe sobre la temática, ve como “inviable” e “inaceptable” el proyecto respaldado por el Gobierno de Miguel Ángel Mancera, indicó Samayoa.

La obra generó discordia entre los integrantes de la Asamblea Legislativa, sin embargo, la ciudadanía ha quedado echa a un lado dentro de esta discusión, apuntaló Greenpeace.

“Hay una falta de transparencia importante que está limitando la participación ciudadano. Y preocupa más que en el poder legislativo, quienes son los encargados de sufragar este proyecto con nuestros impuestos, ellos no tengan la información completa”, dijo Carlos Samayoa.
Magdalena Doloso, de la organización Alianza Global por Alternativas a la Incineradora (GAIA), expuso que el modelo de desarrollo actual ha contribuido a la implementación de estas incineradoras.

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Promesas incumplidas y pozos envenenados: así viven los habitantes del contaminado Río Sonora

Por Redacción/Animal Político

Pese a que el gobierno estatal aseguró que ya no había contaminación en el río Sonora, tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y otros metales pesados, en 2014,—todo proveniente de la mina de Buenavista del Cobre de Grupo México en Cananea—, un juez determinó que en la zona al menos los pozos de agua de Sinoquipe y La Labor tienen altos niveles tóxicos, superiores a los permitidos para el consumo humano, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Estos acuíferos son utilizados para abastecer a siete municipios sonorenses —Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures—, que bordean el río que la empresa que encabeza Germán Larrea contaminó. Incluso, son utilizados para bebederos escolares sin ningún tratamiento de purificación previo, por eso, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), que agrupan a ciudadanos afectados por el derrame en la mina, demandaron a tres instituciones de salud —ISSSTESON, IMSS y Secretaría de Salud— por la falta de atención médica.

El 6 de agosto de 2014, el río Sonora y sus afluentes recibieron una mezcla de químicos de alto impacto en la salud, como el arsénico y el manganeso, por una negligencia empresarial, que fue calificada por autoridades federales como “el desastre ecológico más grande de México”.

“El desastre ecológico” no solo dejó daños ambientales y de salud: se tienen contabilizadas 381 personas afectadas, el 1.5 por ciento de la población de la ribera del río, y una serie de promesas incumplidas de la empresa y gobierno.

Las promesas del Gobierno de Sonora y Grupo México

“A los días del derrame nos dijeron que iba a construirse 36 plantas potabilizadoras para limpiar el agua de metales pesados, después nos dijeron que no, que serían 28, y en abril de 2017 la gobernadora (Claudia Pavlovich Arellano) anunció que sólo serán 9. Una que está en Bacanuchi, el pueblo más cercano a la mina ya está medio construida, pero ni nueve ni 36 ni nada”, dijo Mario Alberto Salcido Romo, integrante de los Comités Cuenca del Río Sonora.

“No tenemos ninguna certeza de que el agua esté limpia, al contrario, hoy tenemos una sentencia que reconoce que hay contaminación en la zona”, advirtió el líder comunitario.

En un informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, que fue dado a conocer a finales de junio pasado, se detalló que la empresa justificó la ausencia de las plantas potabilizadoras argumentando que las autoridades municipales “no tenían capacidad” para operarlas, por lo que sería “irresponsable” su construcción.

Leer también: Un juez ordena vigilar e impedir que empresas sigan contaminando el Río Alto Atoyac

“A principio se habló de 19 enfermos, para 2015 ya eran 280, en 2016 nos dijeron que el número había subido a 361. El último dato que tenemos es que son 381, pero creemos que son muchos más”, detalló Francisco Ramón Mirada, integrante de los comités denunciantes.

Pero, según advierte un reporte realizado por la organización Proyect Poder “los metales pesados son bioacumulables, por lo que las afectaciones a la salud por consumirlos mediante el agua pueden tardar meses, o años, en aparecer. A partir del derrame, las enfermedades del estómago y de la piel se han vuelto frecuentes entre los habitantes de la región.”

Los ciudadanos no confían en la cifra oficial, que dice que solo 22 mil habitantes habitantes de la ribera del río Sonora están afectados directamente por el derrame. El CCRS estima que la cifra solo es representativa de los 250 mil pobladores de los siete municipios que bordean el río, y que “fueron afectados indirectamente”.

Los integrantes del comité también señalaron que la atención que reciben a través de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental se ofrece en una casa adaptada, porque la clínica que se iba a construir como parte de los compromisos que asumió Grupo México está inconclusa.

El reporte de Proyect Poder también advirtió que “contar con un espacio para la vigilancia epidemiológica en la región hasta el año 2029, era una de las medidas de reparación a las que se comprometieron tanto la empresa como las autoridades”.

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5 poblados de Veracruz afectados gravemente por contaminación de mercurio: estudio


Por Redacción/Animal Político

Los poblados están en el corredor Coatzacoalcos-Minatitlán donde opera la planta de cloro-álcali de la empresa CYDSA y el complejo petroquímico Pajaritos, de Pemex, que usan mercurio en sus procesos industriales.

Debido a las afectaciones que el mercurio genera en el sistema nervioso fetal y en general a la salud de las personas que están expuestas a este metal de uso industrial, al menos cinco municipios de Veracruz enfrentan una pérdida de productividad económica, que oscila entre 92 y 283 millones de pesos al año, concluyó un estudio internacional, patrocinado por la red global de agrupaciones y organismos ambientalistas IPEN.

El estudio —realizado a partir de muestras levantadas en 2013 entre habitantes de Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Nanchital de Lázaro Cárdenas e Ixhuatlán del Sureste— revela que en 91% de las muestras analizadas, los niveles de mercurio superaron el estándar internacional de 0.58 partes por millón, límite a partir del cual se presentan daños en el organismo.
Tal como informó el Centro de Análisis y Acción en Tóxicos y sus Alternativas (CAATA), organismo ambientalista mexicano que hizo el levantamiento de muestras, “la exposición al mercurio daña el sistema nervioso, los riñones y el sistema cardiovascular”, además de que afecta particularmente a “los sistemas de órganos en desarrollo, como el sistema nervioso fetal”, un problema que, al afectar a comunidades enteras, provoca impactos directos en la productividad general de dichas poblaciones.

El Laboratorio de Mercurio del Instituto de Investigación en Biodiversidad (de Portland, EU), determinó que 91% de las muestras levantadas en Veracruz no sólo superaban el estándar, sino que algunos puntos, como Ixhuatlán del Sureste, se detectaron casos de hasta 4.38 partes por millón, lo que representa 655% más del máximo aceptable.

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