Tecámac, Méx. El Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua (FPODA) de Tecámac y Zumpango firmó la petición que presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares y se suspenda la construcción del nuevo aeropuerto “Felipe Ángeles” que se planea en la Base Aérea de Santa Lucía.
José Antonio Lara presidente del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero explicó que su petición ante la CIDH se basa en las violaciones en el derecho de los pueblos originarios a ser consultados y la crisis hídrica que existe en esta región y las posibles consecuencias con la edificación de la terminal aérea.
“Se le pide a la CIDH ordene las medidas cautelares de suspender la construcción del aeropuerto hasta en tanto el Estado Mexicano no garantice estos dos derechos.
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que el “Proyecto del Tren Maya” debe orientarse a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, y llamó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, promover su agenda gubernamental de manera integral con los compromisos en materia de derechos humanos suscritos por México, en especial por lo que se refiere en este caso a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
En un comunicado, el organismo público señaló que un proyecto de esa naturaleza “debe considerar la consulta a los pueblos y comunidades indígenas sobre los asuntos que potencialmente les afecten, tal y como lo contempla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual México es parte”, además de considerar aspectos de desarrollo sustentable, que permitan el uso y aprovechamiento de recursos naturales por las generaciones actuales y futuras, equilibrando el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.
Por lo anterior, la CNDH llamó a quienes impulsan dicho proyecto a dar a conocer ampliamente su contenido para propiciar un debate público y la participación libre e informada de las partes interesadas, pues “una sociedad que no está bien informada no es libre de participar en la toma de decisiones que puedan afectar sus derechos fundamentales”.
El documento, subrayó la CNDH, debe detallar de manera clara y sencilla los alcances y pormenores del proyecto, así como señalar con precisión las implicaciones que se puedan derivar en materia de derechos humanos para los pueblos y comunidades indígenas involucrados.
Integrantes de 43 comunidades mayas se manifestaron en Mérida; exigieron a todos los gobiernos que dejen de tomar decisiones que les afectan sin consultarles.
Foto: Carlos Escoffié, tomada de Animal Político
Delegados e integrantes de 43 comunidades mayas de la Península de Yucatán se manifestaron este lunes en las calles de Mérida en contra del despojo del que han sido objeto sus territorios, a causa de proyectos de desarrollo.
Unas 300 personas provenientes de comunidades como Kimbilá, Chablekal, Chocholá, Santa Gertrudis Copó, Kanxoc y Homún salieron de los cuatro cabos de la ciudad rumbo a la Plaza Grande, en el centro, para pedir “a todos los gobiernos” que dejen de tomar decisiones que les afectan sin consultarles, y para notificarles cómo quieren vivir.
Sus demandas han sido consignadas en un documento elaborado entre todas las comunidades y dado a conocer en su representación por la organización no gubernamental Equipo Indignación, en el que hacen 13 notificaciones urgentes y recomendaciones de medidas cautelares tras considerar que los gobiernos han fallado en proteger el derecho a la libre determinación de las comunidades mayas, a pesar de que este derecho está amparado en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 7 Bis de la Constitución de Yucatán y los tratados internacionales y declaraciones que en materia de derechos de los pueblos indígenas ha firmado y ratificado el Estado mexicano.
“No queremos retroceder 600 años atrás, sabemos usar la tecnología, la ciencia, el arte; todo eso también es un derecho. Por eso sabemos y conocemos que ese derecho a la vida futura como pueblo es un derecho posible. Óiganlo muy bien, nos vamos a regresar a nuestros pueblos, para seguir juntando vientos. Hoy volvemos a exigir nuestro derecho a la libre determinación, porque bien sabemos que el pueblo maya es sujeto de derecho y que la única ley posible, sea una ley que reconozca que tenemos el derecho de hacer nuestras leyes. Ki’u’uy a u’uye’ex”, expresan en el documento.
El viento dominante en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en el suroeste de México, es lo que en las últimas dos décadas ha atraído la mirada e inversión de empresas extranjeras dedicadas a la producción de energía con recursos renovables, pero también ha propiciado que las comunidades de esta región del país emprendan una lucha jurídica en defensa de sus tierras.
El Istmo de Tehuantepec se ha convertido en los últimos 20 años en la principal generadora de energía eólica en México, a la par que las comunidades de la zona luchan por mejores condiciones de vida para sus pobladores.
Foto: Jorge Ulloa
Los pobladores aseguran que no están en contra de este tipo de proyectos, pero sí de que se instalen sin que se garantice el derecho que tienen a una consulta previa, libre e informada, y el derecho a determinar el tipo de desarrollo que quieren; además de que no se tomen en cuenta consideraciones para proteger el medio ambiente.
Los megaproyectos eólicos han llegado a la región con la promesa de progreso, pero para los habitantes –quienes no cuentan con servicios básicos de educación y salud– éste no llega.
En la comunidad de San Dionisio del Mar, que en 2010 tenía una población total de 5 mil 098 habitantes, de los cuales 2 mil 559 estaban en pobreza extrema, el pueblo se organizó para luchar contra la instalación de un parque eólico de la empresa Mareña Renovables. El megaproyecto consistía en más de 100 aerogeneradores, que serían instalados en la laguna de Santa Teresa, afectando el principal medio de subsistencia de la región: la pesca.
“El mar es nuestra madre, es nuestro banco, porque de ella dependemos, porque de acá comemos. No es posible que venga un extranjero e instale sus aerogeneradores, contaminando nuestro mar, contaminando nuestra madre, y nos dejan sin trabajo, sin alimento”, explicó en este documental Aquilino Altamirano, habitante de San Dionisio del Mar.
Foto: Jorge Ulloa
En 2012 los pobladores obtuvieron un amparo que revocó la instalación de este megaproyecto, y a seis años continúan en resistencia. Durante este tiempo, los huaves han defendido no sólo su fuente de trabajo y alimentación, sino también su cultura; la adquisición de territorios para estos megaproyectos destruye también el conocimiento de la medicina prehispánica, que durante siglos han practicado sus antepasados.
Los pobladores de este municipio también denuncian que este proyecto se instalaría no sólo sin su consentimiento, sino con prácticas corruptas y falta de transparencia; las comunidades que defienden la tierra y el territorio ante los proyectos eólicos aseguran que no sólo son las empresas las que violan sus derechos, también los gobiernos municipales, estatal y federal.
En el Istmo de Tehuantepec otras comunidades indígenas se han organizado en contra de la instalación de megaproyectos, defienden su derecho a la tierra, territorio y bienes naturales; al consentimiento libre, previo e informado, a la consulta libre, previa e informada, a la libre determinación y a un medio ambiente sano; pero en su lucha se han enfrentado a ataques e intimidaciones.
Las y los defensores comunitarios son en México una de las poblaciones más vulnerables; en esta región, a pesar de haber detenido el proyecto, continúan organizados y en oposición a las eólicas, ya que consideran que persiste el riesgo de ser despojados de su tierra, y luchan no sólo por protegerla en el presente, sino por las generaciones que vienen.
La puesta en marcha del Proyecto Integral Morelos (PIM) del gobierno federal, que incluye la construcción y operación de una central termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto, vulneró los derechos humanos de habitantes de Morelos, Puebla y Tlaxcala, particularmente de las comunidades indígenas, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo emitió una recomendación al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán; al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Francisco Hernández Martínez, y al director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Roberto Serrano Altamirano.
El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez encontró que este proyecto violentó los derechos a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades originarias, así como a la información sobre la construcción y operación del complejo.
El PIM originó inconformidad de diversas comunidades de los 27 municipios que recorre en Morelos, Puebla y Tlaxcala por las posibles repercusiones al medio ambiente, la cercanía con el volcán Popocatépetl y no cumplir el derecho a la consulta previa a pueblos indígenas, lo que quedó consignado en diversas quejas presentadas ante la CNDH.
Tras su investigación, este organismo acreditó que no se cumplieron los parámetros nacionales e internacionales del derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a estas comunidades, toda vez que la Semarnat difundió el proyecto en Internet y la CFE no realizó sondeo alguno, lo que resultó inaccesible e insuficiente para dar cuenta del proyecto y sus implicaciones a las localidades impactadas, que tienen niveles de marginación de altos a muy altos.
“A nuestros ancestros les tocó cuidar la tierra y ahora nosotros somos los responsables”, dicen habitantes de la comunidad indígena de Loma Bacúm, Sonora, una de las ocho [Cócorit, Tórim, Vícam, Pótam, Huibiris, Rahum y Belén], que se han levantado en contra la construcción del gasoducto de la empresa Gasoducto Aguaprieta, filial de Infraestructura Energética Nova (Ienova), por tierras yaquis.
El pueblo yaqui se opone a esa construcción por el riesgo de una explosión del metano que afectaría a unos 15 mil habitantes. Pero, además, por la falta de una consulta previa, libre e informada, un derecho internacional de comunidades indígenas establecido en el Convenio 169 de la Organización de las Naciones Unidas.
Martín Valencia, Secretario de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum, afirma la Ley interna es su prioridad: resguardar el territorio de la comunidad yaqui y no ceder un solo grano de arena: por sus antepasados y por sus hijos. “¿De qué nos sirve la vida si no nos queda la tierra”?, se pregunta. “En nombre del desarrollo, que no ha llegado, el Gobierno estatal y la empresa nos han despojado de forma engañosa”, afirma.
Loma de Bácum, Sonora (SinEmbargo).– La empresa Gasoducto Aguaprieta, filial de Infraestructura Energética Nova (IEnova), construye un gasoducto al noreste de México en un territorio comunal desértico. Hasta hace tres años, y antes de la Conquista, sólo era sagrado para la comunidad indígena yaqui, compuesta por ocho pueblos ubicados al sur de la entidad de Sonora: Cócorit, Tórim, Vícam, Pótam, Huibiris, Rahum, Belén y Bácum. Ahora, sobre ese suelo caliente resguardado por sus ancestros, se planea un proyecto energético desde la frontera con Estados Unidos a Sinaloa para proveer de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sin embargo, los habitantes de Loma de Bácum –por donde pasarían 16 de los 90 kilómetros dentro del territorio yaqui– se han opuesto por el riesgo de una explosión del metano que afectaría a unos 15 mil habitantes, así como por la falta de una consulta previa, libre e informada, un derecho internacional de comunidades indígenas establecido en el Convenio 169 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sus usos y costumbres, entre ellos resguardar su territorio aun con la vida y solicitar autorización entre ellos para llegar a un consenso en cualquier decisión, choca con la visión empresarial y eso, al intentar comprar su aprobación, ha destruido su tejido social.
Existe una profunda asimetría entre la protección que confiere el marco jurídico y la realidad imperante en los pueblos y comunidades indígenas mexicanos que sufren problemas que afectan sus derechos al territorio, a la consulta previa, a la identidad cultural y la libre determinación.
Así lo planteó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al participar en las sesiones del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se realizó en Ginebra, Suiza.
Norma Inés León, cuarta visitadora general de este organismo, acudió a esta sesión internacional en representación del ombudsman Luis Raúl González Pérez, subrayó que tal desigualdad se agudiza con la falta de salvaguardas efectivas en el acceso a la justicia, la criminalización a líderes y defensores indígenas y, en ocasiones, el desplazamiento forzado, provocado por contextos de violencia existentes en algunas zonas del país.
“La CNDH ha trabajado por la protección del derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud de las personas indígenas, por lo cual ha instado a distintos servidores públicos para que adopten medidas que favorezcan el acceso a este derecho con enfoque intercultural y perspectiva de género”, aseguró.
Ante este panorama, puso en relieve la Recomendación General 27 “sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana”, emitida por la CNDH en 2016, por medio de la cual se instó a diversas autoridades federales y estatales para que emitan una ley específica sobre consulta previa.
