La justicia en México, el otro daño colateral de la pandemia

Imagen: informe “El acceso a la justicia en México durante la pandemia de covid-19”.

 

Juan Omar Fierro/Proceso

La protección de los derechos humanos por la vía judicial se vio dramáticamente disminuida en la primera etapa de la crisis sanitaria en México a causa de la discrecionalidad de los jueces para definir lo que consideraron un caso urgente, tras los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal para reducir la actividad de los juzgados y disminuir los contagios, revela el informe El acceso a la justicia en México durante la pandemia de covid-19.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En México los grupos vulnerables, como migrantes, personas en situación de pobreza y población en situación de calle han sufrido retrocesos en su derecho a la salud, a la integridad personal y a la posibilidad de acudir a una autoridad para que puedan defender sus derechos, señala el informe “El acceso a la justicia en México durante la pandemia de covid-19”.

Elaborado por nueve organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, el reporte advierte que gran parte de estos retrocesos se debieron a la discrecionalidad de los jueces para definir lo que consideraron un caso urgente tras los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para reducir la actividad de los juzgados y de esa manera disminuir los contagios en la primera etapa de la crisis sanitaria en México.

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Familiares de los 43 urgen a la SCJN y al CJF defender su autonomía y dar luz verde a Comisión de la Verdad

Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos emplazaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a defender su autonomía e independencia frente al gobierno de Enrique Peña Nieto en su pretensión de revertir la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Décimo Noveno Circuito, que ordena la creación de la “Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia”.

Foto: Viridiana Ramírez/Cencos

En vísperas de que se cumplan 47 meses de la desaparición de los estudiantes, padres, madres y alumnos de la Normal Rural “Isidro Burgos” acudieron al CJF para exigir una audiencia, luego de no obtener respuesta a la solicitud que entregaron el pasado 25 de julio.

En el contexto de la jornada “Ni perdón ni olvido”, los familiares realizaron una protesta frente a las oficinas del CJF, aprovechando la presencia del presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, quien de manera extraordinaria conversó con ellos por aproximadamente 30 minutos.

Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los 43, recordó que en julio pasado entregaron al CJF un documento en el que fijaban su posición frente a la embestida del gobierno de Peña Nieto para revertir la sentencia garantista diseñada por el magistrado Mauricio Fernández de la Mora.

De acuerdo con un reportaje publicado en la edición de Proceso que circula esta semana (con el título: El gobierno en pleno se ampara contra una Comisión de la Verdad), contra esa resolución histórica se han interpuesto alrededor de cien recursos judiciales presentados por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF).

También participaron las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Salud, Hacienda y Gobernación, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Cámara de Diputados.

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