«Ellos venían a desaparecernos»: otomís tras intento de desalojo de la Casa de los Pueblos

Fotos: Gerardo Magallón

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El intento de desalojo a los otomís que desde hace tres años mantienen tomado el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), hoy Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, «es la política del Estado hacia los pueblos originarios», denunció el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).

A media noche de este domingo, alrededor de 2 mil granaderos llegaron a la Casa de los Pueblos para intentar desalojar a la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, que por años ha exigido que las autoridades garanticen su derecho a una vivienda digna y la expropiación de tres inmuebles para su habitación.

Los otomís, que mantenían bloqueada la avenida Cuauhtémoc en demanda de la construcción del predio Zacatecas 74 y la expropiación de Romita 18, fueron golpeados y reprimidos por los granaderos, que dejaron al menos ocho heridos de gravedad. La comunidad se organizó para repeler a la policía capitalina y logró expulsarlos de la zona, pero ésta sólo se alejó «a una distancia de aproximadamente 200 metros».

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CNI-CIG exige a SCJN declarar inconstitucional a Ley Minera

Redacción/Desinformémonos

Foto: Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declare inconstitucional la Ley Minera por violar los derechos de los pueblos indígenas y representar una amenaza para el medio ambiente y el territorio de las comunidades.

La Ley Minera «nació de la traición a los Acuerdos de San Andrés y de la violación a nuestros derechos fundamentales, sin importarle que se destruya el medio ambiente, que se devasten culturas y que se agote la esperanza de la vida», señalaron los pueblos y organizaciones que integran y acompañan al CNI-CIG.

De igual forma, exigieron al gobierno federal que cancele las concesiones mineras que amenazan los municipios nahuas de Cuetzalan del Progreso, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac, en Puebla, así como aquellas otorgadas en todo el territorio nacional.

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