Ciudad de México | Desinformémonos. Cinco habitantes de Paso de la Reyna fueron asesinados en menos de cinco meses, dos de ellos, Fidel Heras Cruz y Jaime Jiménez Ruiz, eran defensores del Río Verde. Ante estos hechos, comunidades, autoridades agrarias y organizaciones sociales de Oaxaca exigieron seguridad para la comunidad.
Los habitantes de Paso de la Reyna aseguraron en un comunicado que no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, por lo que en asamblea determinaron instalar un campamento a la entrada del pueblo como medida de seguridad. Organizaciones y pueblos de Oaxaca responsabilizaron al gobierno estatal y federal de la violencia en la región.
Los dos defensores asesinados formaban parte del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) y del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), quienes se oponían a megaproyectos en la región. Durante marzo fueron asesinados Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes, tres integrantes indígenas chatinos de la comunidad.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifiesta su preocupación por el riesgo a la vida en el que se encuentra la población, perteneciente al pueblo tsotsil, de comunidades ubicadas en la franja fronteriza de Aldama-Chenalhó, Chiapas, México.
El día 27 de julio de 2019, aproximadamente a las 13:00 Hrs., comenzaron a escucharse disparos hacia las comunidades de Tabak, Coco’, San Pedro Cotzilnam, Baletik y Xuxchen del municipio de Aldama. Según testimonios la agresión provenía desde la comunidad de Santa Martha, Chenalhó.
En el ataque armado, Filiberto Pérez Pérez originario de Tabak, de 23 años de edad, fue herido de bala mientras se encontraba haciendo diligencias para un velorio familiar y falleció a las 16:00 horas.
El día 19 de julio, este Centro de Derechos Humanos informó al presidente de la República mexicana Andrés Manuel López Obrador de la persistencia de la situación de violencia en la región, con el objetivo de prevenir actos de imposible reparación: «El 17 de julio del presente año se escucharon disparos con armas de fuego, en el lugar conocido como Aktik Il (dos) ubicado en Aldama dentro de las tierras que ocupan las 60 Hectáreas en disputa, estos disparos provenían de personas armadas que están situadas en el municipio de Chenalhó».
Este 5 de febrero, defensores se dieron cita para conjuntar esfuerzos ante continuación de megaproyectos en el gobierno de AMLO. Foto: Paola Ramos / Cencos
Oaxaca.- Defensores del territorio de 14 estados aseguraron que, pese al cambio de administración federal, ahora encabezada por Andrés Manuel López Obrador, la lógica de imposición de megaproyectos por sobre los derechos de los pueblos continúa en el país, por lo que no sólo seguirán luchando en defensa de los que ya buscaban establecerse, sino también por los de la llamada “Cuarta Transformación” como el Tren Maya y el Tren Transístmico.
Así señalaron los más de 300 defensores este 5 de febrero durante el Encuentro en Defensa del Territorio, los Bienes Comunes y los Derechos de los pueblos en México, en Santa María Atzompa, Oaxaca.
“El gobierno actual no está resolviendo las necesidades del pueblo y de las organizaciones sociales y, por el contrario, está generando megaproyectos que representan el despojo y una estrategia de depredación del territorio”, señalaron. “Por lo mismo, tenemos que seguir movilizándonos y articulándolos en un proyecto que realmente represente nuestras necesidades”.
Sobre estos proyectos, para los cuales se ha anunciado una inversión público-privada de hasta 150 mil millones de pesos, en el caso del Tren Maya; y de mil 100 millones de pesos para el Tren Transístmico; advirtieron que diversos pueblos y comunidades serán afectadas además de que el daño ambiental se agudizará al “abrir la puerta para su extractivismo y depredación”.
Defensores de estados como Durango, Sonora, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí y Ciudad de México plantearon la necesidad de articular a los diversos frentes de lucha en el país, que tienen por común resistir ante la imposición de proyectos inmobiliarios, turísticos, de transporte o de minería en sus territorios, violando sus derechos a la tierra, a la vida, a un medio ambiente sano, a la consulta, entre otros.
Plantearon que, aunque el nuevo gobierno presenta una visión de nación en la que les “hace creer que quiere lo mismo” que los pueblos, se trata de la continuación de proyectos neoliberales, por lo que hicieron un llamado a continuar con el freno a la entrada de empresas nacionales y trasnacionales a través del fortalecimiento de gobiernos autónomos, el rescate de saberes ancestrales, fomento y conservación de semillas criollas y producción orgánica, desarrollo de sistemas de autoconsumo, el rescate de bienes comunales, el fortalecimiento de la gestión de vivienda social y la conservación de los recursos naturales.
El encuentro contó con la participación de 49 organizaciones y agrupaciones en resistencia, así como con el acompañamiento de figuras como el pintor y activista Francisco Toledo y el investigador y editorialista Iván Restrepo.
Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- Las concesiones mineras –con apoyo del Gobierno– amenazan el manejo forestal sostenible de los bosques y selvas en México y la situación genera problemas ambientales y sociales en las comunidades, revela un análisis realizado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) con apoyo de Cartocrítica.
“Hoy en día, desde nuestra lectura, hay un favoritismo muy claro hacia el desarrollo de la industria minera y no se le da valor al trabajo que desarrollan las comunidades”, criticó Sergio Madrid Zubirán, director del CCMSS, en entrevista para SinEmbargo.
La investigación “Territorios forestales comunitarios amenazados por la minería en México” señala que en el país existen 64.5 millones de hectáreas de bosques y selvas, de las cuales el 22.56 por ciento está concesionado a proyectos mineros, tanto de empresas nacionales como internacionales.
El análisis aclara que el hecho de que exista una concesión no quiere decir que haya un proyecto en marcha, pero “el acto de autoridad de otorgar una concesión sobre un territorio es en sí mismo un elemento que atenta contra los derechos de los legítimos propietarios de la tierra y genera una enorme incertidumbre”.
El informe en el que participaron los investigadores del CCMSS Sergio Madrid Zubirán, Marcela Ximena Ortiz Aranda y Ariadna Ortega, con información de Cartocrítica, revela que en el país hay 895 proyectos mineros de los cuales el 44 por ciento se encuentran en áreas cubiertas por vegetación forestal, es decir, los aproximadamente 390 que están dentro de los bosques ya se encuentran en fase de exploración, desarrollo o explotación, explicó Ortiz.
Los bosques son los más afectados, ya que representan el 58 por ciento de la superficie forestal concesionada y los estados en los que se refleja el mayor daño son Jalisco, Chihuahua, Durango, Sonora, y Sinaloa, que en conjunto suman 8.4 millones de hectáreas.
Madrid Zubirán destacó que las comunidades y ejidos juegan un papel de suma importancia en la conservación y la protección de los bosques y los recursos naturales en México.
En diversas ocasiones, la organización civil ha destacado la importancia del manejo forestal comunitario, ya que actualmente, el 70 por ciento de los bosques mexicanos se encuentra precisamente bajo el resguardo de los pueblos. El informe sostiene que el país cuenta con 11 mil 843 núcleos agrarios forestales, pero 4 mil 997 de ellos tienen alguna fracción de su territorio bajo concesión.
Madrid Zubirán indicó que en la mayoría de los sitios boscosos la gente vive en alto nivel de marginación, con pocos servicios y nula atención gubernamental, por lo que además de brindar protección a los ecosistemas, realizan actividades forestales como modo de subsistencia.
