Organizaciones del FLEPS condenamos agresiones policiales contra la Comunidad Otomí y una periodista

ARTICLE 19 MX-CA/Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social (FLEPS) 

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2023.- Organizaciones pertenecientes al Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social (FLEPS) condenamos los actos de represión a la manifestación pacífica y de abuso de la fuerza en contra de integrantes de la comunidad indígena Otomí, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el pasado 15 de Octubre, en la colonia Xoco, Coyoacán, CDMX. 

La comunidad Otomí mantenía el cierre de la avenida México-Coyoacán desde el pasado 11 de octubre, frente a la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores”, antes, las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en exigencia del derecho a una vivienda digna.

Desalojo con abuso de la fuerza

Entre la medianoche del 15 y las primeras horas de la madrugada del 16 de octubre, el gobierno de la Ciudad de México implementó un operativo policiaco de alrededor de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a bordo de 50 vehículos. Si bien, la SSC indicó que el repliegue policial fue exclusivamente para “liberar la vialidad”, representantes de la comunidad hicieron público que las fuerzas de seguridad intentaron ingresar y desalojarlos de la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores”.

Según la información documentada tanto presencialmente por organizaciones integrantes del FLEPS así como por fuentes públicas, esta intervención dejó a 7 personas lesionadas, entre ellas una menor de edad quien fue golpeada por 8 elementos de la policía. Aunque integrantes de la comunidad recibieron atención médica de urgencia por médicos solidarios, no se tiene documentado que se haya brindado apoyo médico a las y los manifestantes heridos por parte de las instituciones correspondientes. 

Asimismo, entre las 2:00 am y 3:00 am del 16 de octubre las organizaciones de derechos humanos y periodistas presentes documentaron la llegada de un grupo de sujetos desconocidos que además de amenazar a las y los integrantes de la comunidad presente, efectuaron 3 detonaciones de arma de fuego.

Agresión a periodista

Una de las periodistas presentes, cuyo nombre se reserva por seguridad, fue víctima de lesiones físicas en su rodilla y su brazo por una decena de elementos de la SSC. Según el testimonio de la periodista en entrevista con organizaciones integrantes del FLEPS: “Me rodearon, me jalaron, me tiraron al piso. Yo uso casco en coberturas de protesta, y aún así sentí que hubo golpes a mi cabeza mientras les escuchaba decir ´agárrala, ya la tenemos´.” 

La periodista tuvo que gritar que era prensa en múltiples ocasiones para ser escuchada por los elementos de la policía, y aunque redujo los golpes le intentaron arrebatar su cámara y su celular; finalmente lograron remover el lente a su cámara. Según el relato de la periodista, tuvo que llegar uno de los integrantes de la comunidad, quien también fue golpeado al momento de apoyarla, para rescatarla de los golpes. 

Llamado del FLEPS a las autoridades

Es motivo de alarma para las organizaciones integrantes del FLEPS que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México hayan omitido la aplicación del Acuerdo para la Actuación Policial en la Prevención de Violencias y Actos que Transgreden el Ejercicio de Derechos Durante la Atención a Manifestaciones y Reuniones de la Ciudad de México, particularmente violentando los principios sobre intervención y uso de la fuerza. 

La comunidad Otomí mantiene una exigencia desde hace tres años, para acceder a su derecho a la vivienda como pueblo originario y por el derecho a habitar en la ciudad de una manera digna, integral y con enfoque intercultural. En este sentido, el derecho a la protesta, así como los derechos de reunión y a la libertad de expresión, son vehículos de exigencia para comunidades que han sido históricamente vulneradas e ignoradas en sus peticiones por las autoridades, por lo que es obligación de éstas el respetar sus derechos.

En vista de lo anterior, las organizaciones integrantes del FLEPS: 

  • Exigimos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, iniciar una investigación diligente y expedita sobre los hechos ocurridos.
  • Urgimos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México abrir una queja de oficio sobre las violaciones a los derechos humanos de la comunidad Otomí y de las personas periodistas presentes.
  • Llamamos a las autoridades de la Ciudad de México a utilizar los protocolos y normativas aplicables sobre desalojos, uso de la fuerza y ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones en operativos de seguridad futuros.
  • Finalmente, hacemos un llamado enérgico a abrir los canales de diálogo para atender las exigencias y a respetar el derecho a la protesta, libertad de expresión y de reunión y organización.

 

Frente por la Libertad de Expresión y la protesta Social (FLEPS): ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.

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«Ellos venían a desaparecernos»: otomís tras intento de desalojo de la Casa de los Pueblos

Fotos: Gerardo Magallón

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El intento de desalojo a los otomís que desde hace tres años mantienen tomado el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), hoy Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, «es la política del Estado hacia los pueblos originarios», denunció el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).

A media noche de este domingo, alrededor de 2 mil granaderos llegaron a la Casa de los Pueblos para intentar desalojar a la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, que por años ha exigido que las autoridades garanticen su derecho a una vivienda digna y la expropiación de tres inmuebles para su habitación.

Los otomís, que mantenían bloqueada la avenida Cuauhtémoc en demanda de la construcción del predio Zacatecas 74 y la expropiación de Romita 18, fueron golpeados y reprimidos por los granaderos, que dejaron al menos ocho heridos de gravedad. La comunidad se organizó para repeler a la policía capitalina y logró expulsarlos de la zona, pero ésta sólo se alejó «a una distancia de aproximadamente 200 metros».

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Toma del INPI es un llamado para exigir respeto a los derechos indígenas, aseguran organizaciones

Redacción/Desinformémonos

Foto: Twitter @Usagii_ko

Ciudad de México | Desinformémonos. La toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que mantiene la comunidad otomí residente en la Ciudad de México desde el pasado 12 de octubre es “un llamado a despertar las conciencias de lxs ciudadanxs y los pueblos para exigir el respeto de sus derechos humanos, por un lado, así como el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, por el otro”, aseguraron organizaciones y colectivos indígenas, académicos y activistas.

“En su ceguera los gobiernos no se han dado cuenta de que la toma de las instalaciones que ustedes han hecho va mucho más allá de su justa demanda de vivienda digna en los lugares de donde han sido desalojados”, indicaron las organizaciones y defensores en una carta de solidaridad a la comunidad otomí.

En la misiva, los firmantes expusieron diversas agresiones contra los pueblos indígenas en todo el país que respaldan la toma de INPI, como las agresiones armadas por parte de grupos paramilitares en las comunidades autónomas zapatistas, el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas de Chiapas por la violencia, la imposición de megaproyectos en los territorios comunitarios y la división de los pueblos a través de la entrega de recursos públicos por parte del gobierno.

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