Millones de personas en nuestro país se ven obligadas a trabajar en condiciones desfavorables tan solo por su condición de género, racial o de identidad.
Imagen tomada de Uniandes
En México, hay grupos que sufren discriminación y condiciones de desigualdad no solo en el contexto social, sino también en el laboral.
Las mujeres, las personas con discapacidad; las y los indígenas; los integrantes de la comunidad LGBTI, y los adultos mayores suelen tener salarios inferiores a los del resto de la población tan solo por su género, condición física, racial o de identidad.
En el estudio Los peores salarios para los más discriminados, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) plantea que las barreras que enfrentan los grupos antes mencionados para obtener un empleo digno, no tienen que ver con sus capacidades laborales sino con criterios de las empresas que discriminan ciertas cualidades.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Trabajadoras sexuales increparon al primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez, y le exigieron garantizar su derecho al trabajo digno, al acceso a la justicia y al matrimonio igualitario.
El primer visitador estaba por concluir la presentación del informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Travestis, Transgénero, Transexuales e Intersexuales (LGBTTTI), cuando el grupo de mujeres lo cuestionó sobre su derecho al trabajo sexual.
Mónica Mendoza, de la organización Mujer Libertad, aclaró que no se refería a la trata ni a la prostitución, sino a la elección premeditada de ser trabajadora sexual, y acusó a la CNDH de minimizar el trabajo realizado por las organizaciones, violentando con ello sus derechos humanos.
Miguel Ángel Medina Lara, Promotor de Jóvenes, fue localizado asesinado en Acayucan, Veracruz. Foto: Facebook.
Redacción / Sin Embargo
El asesinato de Miguel Ángel Lara Medina es considerado un crimen de odio por integrantes de la comunidad LGBTTTI+. Los activistas de el Estado de Veracruz están luchando para que se incluya en el Código Penal Estatal dicho crimen.
Veracruz, 11 de agosto (PlumasLibres/EFE/SinEmbargo). – Miguel Ángel Medina Lara, promotor de los derechos de la comunidad LGBTTTI+, fue hallado sin vida en el panteón “Gregorio Vidal Alor” del municipio Acayucan, Veracruz. Lo asesinaron.
Su cuerpo tenía signos de tortura. El joven, de acuerdo con la información disponible, fue golpeado y apedreado hasta la muerte. Además las autoridades investigan si fue víctima de violencia sexual.
Jazziel Hernández, también defensora de derechos humanos en el estado de Veracruz, condenó el asesinato de Medina Lara y afirmó que el joven es otra víctima de los crímenes de odio que siguen incrementando en la entidad.
“Mike amaba la naturaleza y las bellas artes tenia una sensibilidad poco común a la hora de apreciar las cosas mas simples de la vida como caminar en un día soleado en la naturaleza, apreciar los colores de las flores e incluso llorar al ser espectador en una obra de teatro romántica, Mike tenia una visión de la vida poco común para los chicos de ciudades o municipios de este país, quería viajar por el mundo y le encantaba socializar aunque en ocasiones pudiera parecer un ermitaño al querer estar solo: pero algo era muy característico de él y era su orgullo por ser gay, siempre portando con dignidad su orientación sexual sin prejuicio alguno, siempre dando su postura referente a la importancia de visibilizar y ser tu mismo”, lamentó Jazziel Hernández.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalinas han obstaculizado el acceso a la justicia en el caso de Paola Sánchez Romero, la mujer transexual asesinada el 30 de septiembre de 2016, denunció el abogado defensor Luis Alberto Muñoz.
A un año del crimen, cuyo principal sospechoso es el guardia de seguridad Arturo Delgadillo, no existen avances sobre el caso y las autoridades responsables le han negado protección a Kenya Cytlally Cuevas, la principal testigo, señaló.
Además, la organización Equis: Justicia para las Mujeres, que encabeza la defensa legal de Paola, denunció que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no ha hecho un pronunciamiento al respecto.
En conferencia de prensa, Luis Alberto Muñoz, abogado de Equis, explicó las complicaciones del caso y exigió justicia para Paola y protección policiaca para Kenya.
Destacó que el 2 de octubre de 2016, el juez Gilberto Cervantes Andrade dejó en libertad a Arturo Delgadillo, supuestamente por no tener información concluyente sobre la hora en que ocurrió el asesinato de Paola, pese a conocer la declaración de Kenya y dos elementos de la SSP, quienes encontraron a Delgadillo, pistola en mano (una Pietro Beretta, calibre 9 mm), dentro del auto en el que quitó la vida a la víctima.
Ante la presión social y las movilizaciones que desencadenó la decisión del juez, el caso pasó a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual, y la Unidad de Investigación 20-1 giró una nueva orden de aprehensión contra el presunto asesino.
Un año después de dictada la nueva orden de detención, la Policía Ministerial se ha negado a ejecutarla. En respuesta, la defensa de Paola interpuso el amparo 863/2017 en el Juzgado Décimo Segundo en Materia de Amparo Penal de la CDMX, justo el día en que se conmemoró el primer aniversario luctuoso.
Pero esa no es la única falta en que ha incurrido la Policía Ministerial, adscrita a la PGJ que dirige Edmundo Garrido Osorio, pues también negó las medidas cautelares de protección –consistentes en escoltas personales– a Kenya Cytlally, ordenadas por el juez de Control Cristian Mota desde el 28 de octubre de 2016.
El argumento es que no se puede proporcionar seguridad a una servidora sexual, pese al riesgo que corre la ahora defensora de los derechos de la comunidad LGBTTTI por haber denunciado el caso y porque, además, Arturo Delgadillo está en libertad.
