Comunicado – Centro Nacional de Comunicación Social AC

21 julio, 2023

Comunicado: La denuncia del juicio político contra Ministrxs de la Corte revela fragilidad democrática en MéxicoComunicado Denuncia Juicio Político

Imagen: Twitter @CMDPDH

Eva Avilés/Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)

Ciudad de México, a 20 de julio de 2023. El día de ayer, un grupo de diputados federales presentaron una denuncia de juicio político contra ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta denuncia es un ejemplo más de las intenciones del gobierno por desdeñar el principio de división de poderes y consolidar el consecuente retroceso democrático en el país.

Lo anterior se inserta en un contexto en el que el Presidente de la República ataca, constantemente, a quienes cataloga como sus opositores utilizando el espacio público de conferencias conocido como “La Mañanera”, mismo en el que se estigmatiza a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Desde esa tribuna, Andres Manuel López Obrador ha arremetido contra la Ministra Presidenta de la SCJN, y denostado las voces de quienes le cuestionan su proyecto político.

El ataque sucedido ayer hacia el poder judicial refleja un proceso de desgaste democrático en el país que va de la mano de decisiones arbitrarias relacionadas con la militarización y el militarismo, una de las mayores preocupaciones para la democracia en México. Las Fuerzas Armadas han señalado públicamente que tienen “una lista de jueces” que se oponen a sus intereses, además participan en tareas que tradicionalmente han estado reservadas a los civiles y cuentan con un mayor poder económico y político.

El bloque del partido en el poder y la Presidencia de la República han embestido a otros organismos constitucionales autónomos: ha obstaculizado la labor del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esto ha sido así puesto que el Senado ha incumplido deliberadamente con su obligación de designar a las y los comisionados del INAI, pese a ser algo necesario para su correcta operación. Cabe mencionar que esta denuncia de juicio político ocurre una semana después de que la SCJN desechó un proyecto de la Ministra Ortiz Ahlf, que refiere a la controversia constitucional interpuesta por el INAI por la omisión de nombramiento de comisionados, en el que la Ministra señaló que no existía tal omisión. Una mayoría de ocho ministras y ministros votaron en contra y señalaron la omisión del Senado en hacer los nombramientos respectivos.

Asimismo, el gobierno ha proferido un sin número de ataques contra el Instituto Nacional Electoral (INE). Las arremetidas del presidente contra el INE han sido constantes desde que tomó posesión del cargo; sin embargo, se incrementaron notablemente a partir de 2022, cuando, a los ya constantes ataques personales hacia 2 entonces consejeros del INE -entre ellos el consejero presidente-, se sumó una estrategia jurídica para debilitarlo y reformar de forma drástica el sistema electoral mexicano.

Las políticas de simulación gubernamental no deben distraernos de la realidad: la existencia misma de nuestra democracia está en riesgo. En ese sentido, condenamos la denuncia de juicio político contra las y los ministros de la SCJN, y hacemos un llamado a que se respete su independencia judicial.

Contacto de prensa: Eva Avilés, comunicacion1@cmdpdh.org

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19 julio, 2023

Comunicado: Organizaciones, medios de comunicación y periodistas rechazan discurso estigmatizante de Gobernador de San Luis Potosí

Imagen: Twitter @article19mex

ARTICLE 19

Ciudad de México, a 19 de julio de 2023.- ARTICLE 19, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), Educación y Ciudadanía, A.C. y la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí, así como periodistas abajo firmantes rechazamos los discursos estigmatizantes emitidos por Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, a través de los cuales se acusa a la prensa de “atacar” a su administración y refiere que a él “le gusta ver sangre”.

El pasado 29 de junio, el gobernador criticó la cobertura y difusión de la muerte de un trabajador en la construcción de la Arena Potosí, una obra gestionada por su administración. En un evento público, el gobernador expuso:

Hay a quienes les interesa más el que se murió en una obra, imagínense, qué méndigos son, mientras que el pueblo que se friegue, pero son poquitos ya, porque hasta eso, los medios serios, pues son serios, pero hay uno que otro portalito que, como no se les paga, y antes les pagaban, la maldita herencia, pues hoy están chingue y chingue. ¿apoco no? […] pero no le vamos a quitar una beca a una familia, un apoyo en efectivo a un adulto mayor o a una madre soltera por pagarle a esos cabrones. Mejor que sigan chingando. ¿Están de acuerdo? Entonces si no, ¿con qué nos divertimos? Necesitamos diversión. Lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, ver arder el mundo.

Preocupa de sobremanera que en un país donde se agrede a la prensa en promedio cada trece horas según los registros de ARTICLE 19, las autoridades en vez de cumplir con sus obligaciones de prevención y protección a la prensa generen discursos que les estigmatizan y aumentan los riesgos de sufrir más violencia.

Esta no es la primera vez que el gobernador emite este tipo de discursos. En una entrevista del 7 de junio, al ser cuestionado por la falta de transparencia de varios contratos sobre obras públicas del gobierno del estado, Gallardo respondió que no los publicaban porque hay que darles carnita [a los medios de comunicación] y añadió:

[…] yo prefiero que los medios nos ataquen porque no les hemos enseñado quien hizo ese asfalto, o porque nos tardamos 20 días más en hacer esa calle, porque los puentes de la Rioverde no hemos acabado … prefiero que nos ataquen por eso y no como anteriores que no se hacía nada [SIC]

Según dos testimonios entrevistados por ARTICLE 19, cuyos nombres se reservan según su petición, existe un patrón de intolerancia por parte del funcionario de responder a preguntas críticas en donde evita responder a la pregunta y estigmatiza al mensajero. Uno de los entrevistados indicó: El gobernador interrumpe las preguntas, desestima los temas que queremos tratar, y en últimas fechas ha comenzado a acrecentar su discurso contra nosotros, que somos prensa conservadora; intenta decir quién es “prensa real” y quién no.

Las organizaciones, medios y periodistas abajo firmantes urgimos al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a recordar que el cuestionamiento de las acciones de alguna administración no constituyen ataques, sino parte del ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información ejercido por las y los periodistas de la entidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que, como parte de sus obligaciones al ser funcionario público, requiere no sólo que se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia, sino también que reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno.

De la misma forma, en cuanto a sus negativas a hacer públicos aquellos contratos de su administración, le recordamos que la transparencia y el acceso a la información pública no está a consideración de quienes gobiernan, sino que es un derecho de la prensa y la ciudadanía, protegido tanto en la normativa Mexicana a través de la Constitución, la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, así como en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del estado de San Luis Potosí.

En vista de lo anterior, las organizaciones y periodistas firmantes exigimos al Gobernador de San Luis Potosí:

Abstenerse de emitir aquellos discursos los cuales estigmatizan a la prensa y pueden colocarle en un riesgo mayor en un contexto ya violento a nivel nacional,
Genere una política pública integral de prevención y protección a la prensa con el objetivo de resguardar el derecho a la libertad de expresión
Cumpla con sus obligaciones de transparencia enmarcadas en la normativa nacional y estatal.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

ARTICLE 19 – Oficina para México y Centroamérica

Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC)

Educación y Ciudadanía, A.C.

Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí

FIRMAS A TÍTULO PERSONAL:

Abelardo Medellín Pérez

Adriana Ochoa, Pulso diario de San Luis

Alejandro Jorge Rubín de Celis Monteverde.

Alexandro Roque, escritor y periodista

Arturo Galván Salinas, S.L.P. México

Carlos Alejandro Rubio Moreno, Astrolabio Diario Digital, SLP.

Fernando Pérez Rojas San Luis Potosí

Guillermina Ávila

Jesús Ramírez Jurado / Emisor MX

Jesús Rogelio Córdova Nava, San Luis Potosí

Laura Viadas

Margarita López

María Isabel Medrano Vázquez, La Alcantarilla

María José Puente Zavala | San Luis Potosí

María Ruiz, periodista, San Luis Potosí

Raquel Báez Tobías S.L.P. S.L.P.

Raquel Pérez Mendoza

Rebeca Hernández Guevara

Rubén Pacheco, San Luis Potosí

Ruth Salazar

San Luis Potosí Ana

Víctor Martínez Huayek

Nota para prensa

Para más información, favor de escribir a comunicacion@article19.org

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

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1 septiembre, 2022

Comunicado: Asesinan a buscadora Rosario Lilián Rodríguez en Sinaloa

Imagen tomada de Twitter @RedTDT

Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT)

Culiacán, Sinaloa a 31 de agosto del 2022

Justicia para Rosario Lilián Rodríguez y presentación con vida de su hijo Fernando Abixahi Ramírez Rodríguez

No habíamos tenido en Sinaloa un asesinato de una rastreadora, una buscadora, una madre que sin planearlo ni pensarlo se unió a una agrupación de madres y familiares de personas desaparecidas en Elota, Sinaloa, desde el lamentable y aún doloroso caso de la compañera Sandra Luz. Quien siguiendo las pistas de posibles hallazgos para dar con el paradero de su hijo fue ultimada a balazos en la colonia Mazatlán en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

No habíamos tenido en Sinaloa desde hace 8 años un caso que nos azotara en seco a la realidad, aún no es seguro buscar y rastrear a las personas desaparecidas. Irónico que haya sido justamente en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 30 de agosto, cuando fue desaparecida para ser encontrada asesinada la compañera Rosario Lilián Rodríguez, quien buscaba desde el 2019 a su hijo Fernando Abixahi Ramírez Rodríguez. Buscaba, rastreaba, como las valientes madres y familiares que se embarcan en la lucha por encontrarles, por la verdad y la justicia.

Las organizaciones y personas abajo firmantes, exigimos al Gobierno del Estado de Sinaloa, a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa:

Se realicen todas las diligencias necesarias para esclarecer el crimen cometido contra la compañera y su hijo.
Porque ninguna madre debe ser ultimada por la búsqueda de sus hijas e hijos, al contrario, el Estado está obligado a garantizarles la seguridad para continuar con las búsquedas en tanto los miles de casos de personas desaparecidas se siguen acumulando.
Realicen urgentemente las gestiones que correspondan para la prevención de las desapariciones forzadas y proporcione la protección debida a las madres y familiares que emprenden el viacrucis de las búsquedas.

Pedimos a la opinión pública solidarizarse con los grupos de madres y familiares con personas desaparecidas a apoyar en sus causas y hoy en la exigencia de justicia para la compañera Rosario Lilián Rodríguez, quien buscaba desde el 2019 a su hijo Fernando Abixahi Ramírez Rodríguez. Nuestro más sentido pésame y abrazo solidario a la familia de la compañera Rosario y a las compañeras de Corazones sin justicia de Elota, no están solas, su voz es nuestra voz.

Por lo anterior, se está convocando a una manifestación urgente este miércoles 31 de agosto a las 4:00 pm en la jardinera de Catedral en la ciudad de Culiacán, Sinaloa donde están los rostros de personas desaparecidas.

¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha! ¡Hija, escucha, tu madre está en la lucha!

¡¿Por qué los buscamos?! ¡Porque los amamos!

Porque la búsqueda de la verdad y de la justicia no debe de ser a costa de nuestras vidas

Firman:

Sabuesos Guerreras, A.C.

Feministas Alteradas Sinaloenses

Taller de Gráfica Popular Juan Panadero

Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, A.C.

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24 septiembre, 2019

Comunicado de prensa: Comunidades totonacas luchan contra Proyecto Hidroléctrico Puebla 1

Consejo Tiyat Tlali y Fundar

Puebla, 24 de septiembre.- Esta mañana, integrantes del Consejo Tiyat Tlali y Fundar, así como de las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán, pertenecientes a los municipios de Ahuacatlán y de San Felipe Tepatlán, en la Sierra Norte de Puebla, dieron a conocer las irregularidades denunciadas contra el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.

La beneficiaria del Proyecto es la empresa Deselec 1, perteneciente al grupo Comexhidro, a quien le fue autorizado el aprovechamiento de 350 millones de m³ anuales de aguas superficiales, lo que representa 11 mil litros por segundo, del Río Ajajalpan. De acuerdo con el permiso otorgado por la CRE, la energía a generarse deberá destinarse exclusivamente a la satisfacción de las necesidades de autoabastecimiento de los socios de Deselec 1, entre ellos Nueva Wal-Mart de México, Waldo’s Dólar Mart de México, Operadora Vips y Suburbia.

El Proyecto está conformado por las presas de Ahuacoya y Zoquiapa. La presa Ahuacoya tendrá una cortina de 45 metros de altura, con una capacidad total de generación de 60MW. Por sus características de gran hidroeléctrica, tendrá impactos en el medio ambiente, como la remoción de vegetación forestal, desvío del río, compactación de suelo, disminución en la calidad del agua, erosión río abajo, destrucción y reducción del hábitat de especies y de los ecosistemas ribereños, aislamiento de las poblaciones de peces por efecto barrera, entre otros.

Por ello, el 4 de abril de 2016 las comunidades una demanda de amparo en contra de diversas autoridades del Estado Mexicano – entre ellas la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) – por haber otorgado un cúmulo de permisos que dan origen al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.

En el juicio de amparo se reclama a las autoridades haber violado las obligaciones que le impone el marco internacional de derechos humanos, por no haber realizado de manera previa, libre e informada, un proceso de consulta y consentimiento indígena; haber violado el derecho a la tierra y al territorio, a la libre determinación, al medio ambiente sano, al agua, y no haber realizado un estudio de los posibles impactos sociales que el proyecto podría ocasionar. Además, se demanda la inconvencionalidad de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), porque la Manifestación de Impacto Ambiental y su Resolutivo no cumplen con la obligación del Estado y estándares internacionales en materia de estudios de impacto tratándose de proyectos de inversión en pueblos indígenas, derivados del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que, las comunidades piden la cancelación de los permisos.

Asimismo, a lo largo de estos tres años de juicio, han sido denunciadas varias irregularidades en el caso. Asimismo, personas integrantes de la comunidad y de las organizaciones que acompañan el caso han sufrido actos de criminalización y hostigamiento.

Finalmente, el pasado11 de julio de 2019, se llevó a cabo la Audiencia Constitucional del Juicio. Las comunidades esperan que la sentencia sea para reconocer la vulneración de sus derechos, así como para ordenar la restitución de éstos mediante la puntual cancelación de los permisos que dan lugar al Proyecto. No sólo porque es un asunto que les afecta directamente, sino porque su caso refleja un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos indígenas en un contexto donde pretenden implementarse grandes proyectos de inversión en beneficio de las grandes empresas.

“El río es nuestro patrimonio, parte de nuestra identidad; cuidamos la vida y a las futuras generaciones”

Conoce el caso completo

13 agosto, 2019

Comunicado: La protesta social es un derecho, jamás un provocación

Martes 13 de agosto de 2019

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) urge al gobierno de la ciudad abstenerse de actos y declaraciones que criminalicen la protesta.
El reto principal es atender las causas de la misma: la violencia feminicida que enfrentan día a día las mujeres.

El día de ayer, 12 de agosto de 2019, mujeres de diversos colectivos y organizaciones se manifestaron frente a la PGJ-CDMX en un acto de indignación y exigencia de justicia por el caso de una joven de 17 años violada por elementos de la policía de la CDMX y por la violencia sexual y feminicida, así como la impunidad que enfrentan día a día por parte del estado. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México se refirió en declaraciones a la protesta realizada por colectivas de mujeres frente a la PGJ CDMX como una “provocación”, señalando que se abrirían carpetas de investigación.

En ese sentido es necesario recordar que como se estableció en la Constitución de la Ciudad de México, las autoridades tienen estrictamente prohibido realizar actos que den pauta a la criminalización del ejercicio de la protesta, es decir, que intenten amedrentar o inhiban el ejercicio de este derecho, esencial para la participación ciudadana a través del espacio público.

Recordamos a las instancias encargadas de coordinar labores de seguridad que actualmente está vigente el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones o Reuniones, expedido en marzo de 2017, mismo que es de observancia obligatoria, protege el derecho a la protesta y debe aplicarse en contextos de manifestaciones públicas.

Por tal motivo, resulta preocupante que la jefa de gobierno y la titular de la PGJCdmx declaren ante medios de comunicación y redes sociales que se iniciarán investigaciones penales para determinar responsabilidades hacia manifestantes por la supuesta comisión de delitos durante una manifestación, calificados como “provocaciones”, lo cual interpretamos como un claro acto de intolerancia de la autoridad. De continuarse con los procesos penales, estaríamos frente a la configuración del uso faccioso y selectivo del derecho penal, es decir, de actos de criminalización en contra del libre ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión. Siendo así, los daños mínimos hacia un edificio gubernamental en el contexto de manifestaciones deberían considerarse fuera del rango de persecución, en tanto son un reflejo de una problemática social que debe atenderse de raíz, no dentro del ámbito penal hacia quienes expresan su descontento contra las acciones y omisiones gubernamentales en asuntos de interés público, como lo es la violencia de género.

Es necesario escuchar la voz de las mujeres que participaron en la protesta de ayer sobre la necesidad de realizar trabajos urgentes y efectivos por parte del gobierno de la Ciudad de México, para erradicar la violencia contra las mujeres. Frente a la legítima exigencia de justicia, el gobierno, lejos de hacer uso del derecho penal como primera herramienta frente a la protesta, debe buscar soluciones y atender las causas que la originan.

El FLEPS llama al gobierno de la ciudad, particularmente a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad, a cumplir su responsabilidad de abstenerse de pronunciarse o iniciar cualquier acto que polarice, deslegitime, inhiba o criminalice la protesta social. Seguiremos reivindicando la importancia de contar con un gobierno e instituciones que reconozcan la importancia de la protesta social; la diversidad de expresiones en las calles es un indicador del nivel democrático de la ciudad.

Como organizaciones del FLEPS, también nos solidarizamos con las mujeres, defensoras y organizaciones feministas que, ejerciendo su derecho a la protesta, luchan por visibilizar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas de esta ciudad, exigiendo al estado el pleno respeto y garantía de todos sus derechos humanos.

Atentamente,

Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social