La CNDH constató anomalías en la investigación del asesinato del líder wixárika Margarito Díaz

Ixtlixóchitl López/Proceso

Foto tomada de Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por omisiones e irregularidades en la investigación del homicidio de Margarito Díaz, promotor y defensor indígena de derechos humanos y encargado de proteger el sitio sagrado de Wirikuta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación –la número  32 / 2019– al gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría García, y al fiscal general de la entidad, Petronilo Díaz Ponce Medrano, para que procedan a reparar el daño y deslinden responsabilidades.

El organismo explicó que atrajo el caso al tratarse de un asunto que trascendió el interés de la región e incidió en la opinión pública del país, debido a su gravedad y naturaleza, mismas por las que en su momento solicitó medidas cautelares en favor de los familiares del líder wixárika y de la propia comunidad, que fueron supervisadas por la institución.

Derivado de la investigación, la CNDH constató que el agente del ministerio sólo realizó diligencias básicas al integrar la carpeta de investigación y dejó fuera las líneas relacionadas con las actividades y características del promotor indígena y defensor de derechos humanos, para la cual debió incluirse un protocolo especializado.

De igual forma, señaló, no se tomó en cuenta el contexto sociocultural del dirigente en la indagatoria de su asesinato, ocurrido en septiembre de 2018, misma en la que se debió incluir la situación desfavorable de él y sus familiares.

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Suman ocho reporteros asesinados en 2019: CNDH

Emir Olivares Alonso/La Jornada

Foto: CNDH

Ciudad de México. Con el homicidio de Norma Sarabia, corresponsal del periódico Tabasco Hoy en Huimanguillo, ya son ocho los reporteros asesinados en lo que va de 2019, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al tiempo que condenó el crimen contra la comunicadora cometido anoche afuera de su propio domicilio.

Demandó a las autoridades que este asesinato no quede en la impunidad y subrayó que con este crimen suman 149 los periodistas asesinados de 2000 a la fecha (16 eran mujeres).

“Estas cifras que demuestran la crítica situación que nuestro país enfrenta en materia de libertad de expresión, y la urgente necesidad de brindar condiciones óptimas para que periodistas y medios de comunicación puedan realizar sus labores con seguridad”, subrayó el organismo nacional.

Detalló que personal adscrito al organismo se traslada a Huimanguillo para ofrecer la atención y asesoría correspondiente a los familiares de la víctima, y se reunirá con autoridades de Tabasco con el fin de conocer el avance de las investigaciones y allegarse de la información correspondiente.

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CNDH: cancelar programa de estancias infantiles vulnera derechos

Emir Olivares/La Jornada

Manifestación a favor de las estancias infantiles frente a Palacio Nacional, en la plancha del Zócalo. Foto: Pablo Ramos / Archivo La Jornada

Ciudad de México. Con la cancelación del programa de estancias infantiles, el gobierno federal vulnera las garantías fundamentales de las niñas y niños beneficiarios del mismo y de sus padres, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Subrayó que este programa ha demostrado resultados positivos para el desarrollo integral de los menores, dando como resultado una garantía institucional para la realización de sus derechos; además que ha beneficiado a los padres y madres de los menores, en particular a ellas, pues gracias a éste incrementaron en 18 por ciento la probabilidad de encontrar empleo.

El organismo nacional emitió la Recomendación 29/2019 referente a la cancelación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a las Madres Trabajadoras”, decretada por la administración de Andrés Manuel López Obrador y la reducción presupuestal en 50 por ciento para el programa de estancias infantiles, además que en lugar de que se asignen directamente los recursos a las estancias, se les entregarán a los padres de familia para que ellos elijan si enviar a sus hijos a esos espacios o tengan otra forma de cuidado. Se trata de la primera recomendación de la CNDH por acciones implementadas durante la actual administración federal.

Luego de sus investigaciones, la CNDH acreditó que la Secretaría de Bienestar “no fundó ni motivó, con base en los derechos de las niñas y los niños y su interés superior, la decisión de la modalidad de transferencias monetarias directas a las madres y padres beneficiarios del programa de Apoyo al Bienestar, sin explicar de qué manera ese cambio contribuirá a una mejor protección de los derechos de la población menor de edad”.

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La CNDH emite medidas cautelares para que la SS garantice medicamentos a personas con VIH

Gloria Leticia Díaz/Proceso

Una ambulancia ofrece pruebas de VIH | Foto: Jesús Cruz/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para que  la Secretaría de Salud garantice la distribución de tratamientos antirretrovirales para la atención de personas con VIH en establecimientos públicos, “ante la posibilidad de desabasto de estos medicamentos por retrasos en los procesos de adquisiciones y probable agotamiento de los inventarios existentes”.

Las medidas cautelares solicitadas al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, se emitieron ante denuncias de usuarios de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS)  y los Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAI´s) así como organizaciones de la sociedad civil sobre “la falta de entrega de medicamentos, preocupación que es retomada por la CNDH por sus posibles repercusiones, sobre todo, tomando en consideración que en este Organismo Nacional no se ha recibido respuesta a la adopción de las medidas cautelares aludidas”, señaló el organismo en un comunicado.

Las quejas por el desabasto han surgido a pesar de que la Secretaría de Salud informó sobre próximas adquisiciones y compras de antirretrovirales y de que el Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida (CENSIDA) aseguró en un comunicado que estaba garantizada la atención a las personas infectadas con VIH.

La CNDH explicó que “la falta de entrega oportuna de medicamentos, no sólo provocaría detrimento en la salud de las personas con VIH, sino también que el virus desarrolle resistencias a los mismos, lo que además implicaría mayores erogaciones al surgir la necesidad de suministrar tratamientos más costosos a quienes pudieran resultar con afectaciones por el desabasto”.

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Desaparecer al Conadis romperá pactos internacionales, dice el ombudsman

Redacción / La Jornada

La desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), como plantearon funcionarios a organizaciones civiles, generaría una afectación directa a los derechos de quienes viven con algún tipo de invalidez, quienes históricamente han sido víctimas de discriminación y estigmatización por parte de la sociedad, lo que les impide el acceso al ejercicio pleno de sus garantías fundamentales en condiciones de igualdad con el resto de la población, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Subrayó que el Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con lo que adquirió el compromiso a escala internacional de proteger, promover y asegurar el disfrute y ejercicio ciudadano de este sector para lograr su plena inclusión en la sociedad.

Por ello, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez dirigió un oficio al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas Rodríguez, con copia a la titular de la SG, Olga Sánchez Cordero, con siete consideraciones en relación al reciente anuncio de la posible desaparición del Conadis.

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CNDH emite recomendación por detenciones arbitrarias en Aguascalientes

Redacción / Notimex / El Sol de México

Foto: La Jornada

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 17VG/2019 a autoridades de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, por violaciones graves a las garantías fundamentales.

El organismo detalló que tras analizar las pruebas del expediente de queja, la CNDH acreditó que personal de dicha dependencia incurrió en detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles e inhumanos contra personas detenidas.

Se trata de por lo menos nueve detenciones arbitrarias, así como daños a la integridad personal por tortura en 14 casos, afectación a la seguridad e integridad en dos, así como daños en integridad sexual por tortura y violencia sexual en tres, además de violación al derecho de acceso a la justicia en 19.

Detalló que de los 186 casos que la CNDH investigó, en diversas ocasiones la Policía Ministerial detuvo arbitrariamente a las víctimas y pretendió justificar su arresto.

En la mayoría de los casos las personas detenidas eran trasladadas a las instalaciones de la entonces Procuraduría de Justicia estatal, a un espacio con características de gimnasio, donde eran atadas de manos y pies, y sometidas a tortura y vejaciones.

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Sufren desplazados olvido en Chiapas

Redacción / Agencia Reforma / El Zócalo

Foto: Facebook Frayba Derechos Humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que los tres niveles de gobierno incurrieron en omisiones para prevenir los actos de violencia que derivaron en el desplazamiento forzado de aproximadamente 5 mil 266 personas originarias de distintas comunidades de los Municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en Chiapas.

El organismo concluyó que debido a que las autoridades no les garantizaron ayuda inmediata, el desplazamiento forzado obligó a las víctimas a refugiarse en 11 campamentos en los que se vulneraron sus derechos humanos, como el acceso a los servicios de salud, a la asistencia humanitaria y a la seguridad personal.

El desplazamiento forzado se enmarca en los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2017, cuando varias personas ingresaron al Municipio de Chalchihuitán con armas de fuego, dispararon contra la población y ocasionaron la muerte de una persona.

Tras estos hechos y en medio de un conflicto interno por la propiedad de las tierras, miles de habitantes de las comunidades de Canalumtic, Pom, Ch´enmut, Bololchojón, Bejeltón, Tulantic, Cruztón, Cruz Cacanam y Tzomoltón dejaron sus hogares y buscaron refugio en otras zonas.

De acuerdo con la Recomendación 87/2018 de la CNDH, los desplazados se refugiaron en condiciones precarias.

Por ejemplo, el campamento “Bejelton II”, ubicado al interior de la montaña y a 30 minutos de la cabecera municipal de Chalchihuitán, albergaba a 159 personas que dormían en el suelo bajo una carpa de 10 por 10 metros hecha con palos de manera y plástico negro, y dado que carecían de agua potable, baños o letrinas, realizaban sus necesidades fisiológicas en los alrededores.

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Guardia Nacional no garantiza revertir ilegalidad, impunidad y corrupción: CNDH

Redacción/Aristegui Noticias

Luis Raúl González Pérez dijo ante diputados que la propuesta del Ejecutivo es “parcial e incompleta”.

Foto: Twitter @CNDH

“Entregar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter militar, no garantiza en modo alguno que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que México enfrenta”, afirmó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Durante su intervención en la reunión con los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en la que se discute la creación de la Guardia Nacional, González Pérez aseguró que la propuesta del Ejecutivo es una “respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad”.

“No podemos empezar a depositar la garantía directa de los derechos, dentro de nuestro sistema constitucional, en órganos o estructuras militares (…) la primacía de las instancias civiles sobre las militares no podemos verla como un mero postulado teórico”, dijo el ómbudsman nacional.

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CNDH: necesario, indagar a quiénes pertenecen restos hallados en Cocula

Redacción / La Jornada

Foto: Roberto García Ortiz/La Jornada

Frente a las severas críticas que ha recibido la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso Ayotzinapa, en particular de los padres de los normalistas, las organizaciones que los acompañan e investigadores que han trabajado en el asunto, el organismo nacional emitió ayer una serie de consideraciones, entre las que rechazó que su investigación avale la llamada verdad histórica.

Pero a la vez, subrayó, se debe investigar a quiénes pertenecen los más de 63 mil fragmentos óseos recuperados tanto en el basurero de Cocula, Guerrero, como en el río San Juan, y que están bajo resguardo de la Procuraduría General de la República, a fin de determinar si se trata o no de algunos de los estudiantes desaparecidos de manera forzada desde hace más de cuatro años.

“Para la CNDH, la verdad en el caso Iguala es una y no admite adjetivos que condicionen o determinen su contenido, el cual debe estar sustentado en la evidencia objetiva y verificada de hechos, no así en opiniones o pareceres, ni sujeta a coyunturas o intereses políticos ni de ninguna otra índole. Este organismo nacional no avala la denominada teoría de la ‘verdad histórica’, pero también sostiene que las críticas y cuestionamientos que se hubiesen hecho en contra de esa u otras teorías no pueden implicar que las posteriores investigaciones partan de un sesgo inicial o premisa de descartar cualquier elemento que tuviera relación o estuviera vinculado con las mismas, si encuentran sustento en la adminiculación de pruebas y elementos objetivos de convicción”.

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Recibe condecoración militar responsable del Caso Tlatlaya

Redacción  / La Jornada

La matanza de Tlatlaya, en 2014, donde 22 personas fueron ejecutadas por militares es un caso paradigmático de violaciones a Derechos Humanos. Foto: Especial

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), otorgó 103 condecoraciones a la “Distinción Militar”, “Merito Técnico” y “Mención Honorífica” a integrantes del Ejercito y Fuerza Aérea en reconocimiento de su desempeño profesional, vocación y dedicación.

Entre los galardonados se encuentran el general José Luis Sánchez León, quien era comandante de la 22 zona militar, con sede en Toluca, cuando ocurrió el enfrentamiento de fuerzas castrenses con civiles en Tlatlaya, en junio del 2014.

Fue responsable del controvertido operativo de Tlatlaya, en el estado de México, en donde un grupo de militares privó de la vida a 22 personas, de las cuales, por lo menos entre 12 y 15, habrían sido ejecutadas extrajudicialmente, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Las ceremonia presidida por el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional se llevó a cabo en las instalaciones del Estadio de Futbol “Sedena” en la ciudad de México.

A un día de que concluya el actual sexenio, Cienfuegos Zepeda se acercó a los militares para felicitarlos, en especial a los que recibieron los reconocimientos de quién dijo sentirse orgulloso por haber servido al país y a la Sedena como un soldado más.

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