CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Marina informó que 257 de sus elementos que desarrollaban operaciones en Nuevo Laredo –entre ellos tres capitanes y 24 oficiales– fueron concentrados en la Ciudad de México y están a disposición de las autoridades administrativas, ministeriales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en tanto se determina su responsabilidad en relación con las denuncias de diversas desapariciones ocurridas en esa ciudad de Tamaulipas en el presente año.
Protesta de familiares de desaparecidos en el cuartel de Semar. Foto Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
En un comunicado, la dependencia federal detalló las acciones que ha llevado a cabo para colaborar en las investigaciones y ratificó que, “en éste y en todos los casos en que personal naval sea probable responsable de violaciones a derechos humanos, actuará con estricto apego a la ley, procediendo con rigor y contundencia, y queda atenta de la resolución que se emita”.
En el número 2166 del 6 de mayo pasado, Proceso publicó el reportaje titulado “Tamaulipas: tres meses de terror bajo el yugo de la Marina” que documentó severos casos de violaciones a derechos humanos en Nuevo Laredo, que incluyen detenciones arbitrarias, al menos 28 desapariciones forzadas y nueve ejecuciones extrajudiciales. Desde entonces ha dado seguimiento al tema.
En su comunicado de hoy, la Marina informó que desde el 11 y 26 de mayo aceptó las medidas cautelares de protección dictadas por la CNDH tras iniciar diferentes expedientes de queja relacionados con las denuncias, e instruyó a su “cabal cumplimiento”.
GUADALAJARA, Jal. (apro) Ante la discrepancia por la cantidad de cuerpos sin identificar que están resguardados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos (CEDHJ) y (CNDH), revisarán cada uno de los expedientes, refirió el ombudsman jalisciense, Alfonso Hernández Barrón.
Foto tomada de Proceso
“Se requiere actualizar y clarificar la información del número total de personas fallecidas y no identificadas, de éstas, el número de personas identificadas, el lugar exacto donde se encuentran cada una de estas personas del total, no solamente en las unidades móviles, tener a la vista para para su revisión los expedientes de identificación integrados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cotejar cada expediente con cada cuerpo de las personas fallecidas y no identificadas”, explicó.
Ayer, el fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro informó que había 444 cadáveres sin identificar bajo resguardo de la Fiscalía General, de los cuales sólo tenían 60 completo su registro, el cual contempla perfil genético, dactilar, fotográfico, dental y el levantamiento de cadáver.
No obstante, el extitular del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal aseveró que todos contaban con su registro, su declaración fue avalada por colectivos de desaparecidos.
“Nos llamó la atención la discrepancia en las cifras y está obligando a un replanteamiento de la estrategia inicial con la que nosotros iniciamos nuestra actuación”, refirió Hernández Barrón, sin dar más detalles.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que el Ejército Mexicano y la policía estatal de Puebla incurrieron en violaciones graves, con acciones como la siembra de pruebas en los cadáveres de dos inocentes, y el atropellamiento de dos civiles.
A un año y cuatro meses del enfrentamiento entre huachicoleros y fuerzas de seguridad en el poblado de Palmarito, que dejó seis civiles y cuatro militares muertos, además de decenas de personas lesionadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que el Ejército Mexicano y la policía estatal de Puebla incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales durante este operativo, entre las que destacan la ejecución extrajudicial de dos personas, la siembra de pruebas en los cadáveres de dos inocentes para justificar sus asesinatos, la aprehensión de personas contra las que se formularon falsas acusaciones, y el atropellamiento de dos civiles, uno de ellos menor de edad.
De hecho, las irregularidades cometidas por ambas fuerzas de seguridad durante y después del enfrentamiento llegaron a grado tal que la CNDH halló pruebas de que se sembraron evidencias no sólo en inocentes, sino también en los cuerpos de presuntos huachicoleros que fueron abatidos.
Las imágenes de cámaras de seguridad recabadas durante la investigación de Derechos Humanos confirmaron que, ese 3 de mayo de 2017, vigilantes del cuerpo de seguridad interno de Pemex reportaron un punto de extracción clandestina de hidrocarburos en Palmarito, por lo que un grupo de 16 militares se dirigió a la zona, en donde sostuvieron un enfrentamiento con los integrantes de una camioneta pick up que les cerró el paso.
En ese lugar cayó muerto el primer civil. Según los peritajes realizados, a esta persona le dispararon por la espalda.
Según la reconstrucción de hechos realizada, luego de este enfrentamiento, la patrulla militar emprendió la retirada, dividida en dos grupos, ambos perseguidos por civiles armados.
El defensor del medio ambiente se oponía a la construcción de la presa “La Maroma”, en San Luis Potosí.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lamentó el asesinato de Margarito Díaz González, defensor del medio ambiente y de los sitios sagrados de la comunidad wixárika, quien fue asesinado el sábado 8 de septiembre.
La CNDH llamó a las autoridades a que consideren como línea de investigación la oposición de Díaz González hacia la construcción de la presa “La Maroma” y otras obras integradas a ella en los municipios de Real de Catorce, Villa de Guadalupe y Matehuala, en San Luis Potosí.
La Comisión solicitó la implementación de medidas cautelares para los familiares del activista, con el fin de garantizar su vida e integridad personal. También dispuso el traslado de su personal al lugar de los hechos, para brindar apoyo jurídico a la familia de Díaz González.
El organismo nacional recordó en un comunicado que la construcción de la presa “La Maroma”, que abastecerá de agua a los estados de Durango, Jalisco y Guanajuato, afectará Wirikuta, pueblo sagrado de la comunidad Wixárika, de acuerdo con lo denunciado por el activista asesinado.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Ante la detención y después liberación de dos personas vinculadas a las agresiones a estudiantes en Ciudad Universitaria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandará toda la información sobre el expediente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).
A través de un comunicado, la Comisión pidió a las autoridades federales y de la Ciudad de México actuar de manera oportuna, con debida diligencia, apego a la ley y respeto a los derechos humanos para evitar la impunidad.
“Ningún hecho de violencia debe quedar en impunidad, por lo que (la CNDH) dará puntual seguimiento a la actuación de las autoridades locales y federales en este caso, para que las víctimas puedan ejercer sus derechos de acceso a la justicia y reparación integral del daño, así como que reciban garantías de no repetición”, estableció la Comisión.
Recordó que la página institucional de la Procuraduría capitalina reportó: “Tras las indagatorias efectuadas por la Fiscalía de Investigación en agencias de Atención Especializada para determinar la situación jurídica de los hombres de 27 y 33 años, éstos fueron puestos en libertad para continuar con las investigaciones del caso”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 29/2018, a la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República, por el caso de 32 marinos que torturaron a 17 personas, además señala a 17 agentes del Ministerio Público federal fueron omisos en el acceso a la justicia de las víctimas.
Foto: facebook.com/SEMARMX/
Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).-La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó la detención arbitraria, retención ilegal y tortura de 17 personas, a menos de elementos de la Secretaría de Marina(Semar). Los hechos ocurrieron en los estados de Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.
La CNDH emitió una recomendación a la Semar, y a la Procuraduría General de la República (PGR), por las violaciones graves a los Derechos Humanos de las víctimas. La recomendación 29/2018 emitida por el organismo señala a 32 elementos de la Semar y a 17 agentes del Ministerio Público que habrían sido omisos en las investigaciones de los delitos.
La CNDH indica que la actuación de las autoridades del Ministerio Público constituye una violación del derecho al acceso a la justicia. 17 agentes dilataron u omitieron el inicio de las investigaciones penal correspondientes por el probable delito de tortura.
De acuerdo con los datos de la recomendación, la CNDH recibió entre 2013 y 2017 las quejas de las víctimas y sus familiares, además de información derivada de visitas formuladas por autoridades ministeriales y jurisdiccionales.
Con dichas visitas, se procedió a la integración de 12 expedientes, incluidos en la recomendación, donde se acreditó que después de su detención, las víctimas fueron trasladadas a instalaciones de la Semar, donde fueron agredidas y permanecieron bajo custodia de “elementos aprehensores”.
La recomendación se dirige principalmente a la Semar porque: “los hechos se encuentran relacionados con una práctica constante en la que los elementos navales realizan detenciones de personas alegando supuestos casos de flagrancia o denuncias anónimas que derivan en actos violatorios de derechos humanos”, señala el documento.
La CNDH indica que la actuación de los marinos transgredió los derechos a la libertad, integridad y seguridad jurídica y personal de las 17 víctimas, 4 de las cuales son mujeres y 13 son varones.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exigió a los gobiernos federal así como de Jalisco y Nayarit, garantizar la restitución de tierras al pueblo wixárika, reconocidas por tribunales, diligencia suspendida ante actos de violencia de quienes poseen de manera ilegal los terrenos.
En un comunicado signado también por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco(CEDHJ), ambos organismos recordaron que la restitución de tierras ha sido obstaculizada pese a que en octubre del año pasado se concluyeron dos procesos para la restitución de tierras en San Sebastián Teponahuaxtlán y Kuruxi Manawe, en la localidad de Hujimic, en el municipio de Yesca, Nayarit.
Resaltaron que durante los últimos meses los intentos de restitución, “han sido impedidos de manera violenta y sin que las autoridades responsables de la seguridad pública hayan otorgado las garantías para salvaguardar la integridad y seguridad de las personas, y con ello dar cauce a la legalidad y al orden social”.
Los organismos públicos puntualizaron que “el uso de la violencia para obstaculizar la ley es alarmante, si se considera que dicha resolución forma parte del derecho de los pueblos originarios y comunidades indígenas a preservar sus tierras y a hacer efectivas las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra”, estipulado en el artículo segundo constitucional.
El panorama es aún más tenso, si se considera que en una reciente asamblea, del 28 y 29 de abril, las comunidades wixaritari afectadas “hicieron pública su inconformidad y manifestaron como postura la de impedir el desarrollo del proceso electoral e incluso recurrir a toma de escuelas si no recibían la atención a sus demandas”.
Las comisiones de derechos humanos destacaron que la advertencia de los pueblos originarios responde también a la amenaza de que sus terrenos sean anexados a Nayarit, sin que se haya consultado a la población wixárika.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por una resolución del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) estarán obligadas a reabrir expedientes de queja por tortura, violaciones al debido proceso y a la libertad de expresión, que fueron cerrados por ambos organismos autónomos.
La resolución del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del amparo en revisión, R.A 319/2017, dio la razón al periodista Ramón Alfonso Sallard López, quien interpuso un recurso contra la negativa de las comisiones nacional y local de derechos humanos de investigar presuntas violaciones a derechos humanos cometidos en su contra en 2011, y de las que acusó al exjefe de gobierno Marcelo Ebrard, a quien fuera su procurador, Miguel Ángel Mancera, y al entonces secretario de Gobierno, Héctor Serrano.
En conferencia de prensa, en compañía de su abogado, Oscar Valdés Ramírez, y el coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Javier Enríquez Sam, Sallard López recordó que el origen de su queja contra los funcionarios públicos tiene que ver con la “fabricación del delito de fraude” en su contra, por lo que fue detenido y encarcelado durante seis meses, en el Reclusorio Norte, tiempo en el que sostuvo fue víctima de tortura e intento de homicidio.
Sallard fue liberado en enero de 2012 y absuelto de los delitos que se le imputaban.
El periodista acusó a la entonces presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, de haber protegido a las autoridades capitalinas, al negarse a investigar los hechos denunciados, en tanto que en la CNDH argumentaron que su queja en contra del organismo local fue presentada a destiempo.
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a autoridades federales y de Coahuila por violaciones graves a derechos humanos que se dieron durante los días 18 a 20 de marzo de 2011 en el municipio de Allende, de esa entidad, cuando miembros del cártel Los Zetasirrumpieron en dicho territorio, privaron de la libertad al menos a 300 personas, a quienes al parecer ejecutaron, destruyeron 40 residencias y siete ranchos.
El organismo nacional determinó que para concretar esta llamada “masacre de Allende” los criminales habían contado con el apoyo de policías del municipio, además de que hay sospecha por diversos testimonios que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habrían presenciado los hechos sin hacer nada al respecto, por lo que en la recomendación se pide a la Procuraduría General de la República (PGR) indagar a fondo estos señalamientos.
La CNDH rememoró que fue gracias a diversas publicaciones periodísticas, difundidas entre enero, febrero y mayo de 2014, cuando este evento trascendió a escala nacional. Además que a partir de 2016, también gracias a los medios de comunicación, se dio cuenta del control que Los Zetas tuvieron del Centro Penitenciario Varonil en Piedras Negras, entre 2009 y 2012, también en Coahuila.
Diversos testigos protegidos por el gobierno de Estados Unidos, entre ellos algunos ex miembros de Los Zetas, han dado cuenta ante tribunales de aquel país de lo sucedido en Allende en aquel marzo de 2011. Hablan de una supuesta venganza de los entonces líderes del cárte, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, El Z40 y El Z42, quienes habrían sido delatados por miembros de la banda cuyas familias vivíano esta ciudad.
La CNDH encontró que en informes emitidos por el Colegio de México, la Universidad de Texas y la Federación Internacional de Derechos Humanos, aparecen diversas imputaciones, en actas de procesos judiciales estadunidenses, formuladas por testigos protegidos del gobierno de ese país, en contra de servidores públicos federales, de Coahuila y de los municipios de Allende y Piedras Negras, respecto de sus vínculos con miembros de Los Zetas, “situación que, deberá ser valorada e investigada por las instancias de procuración de justicia respectivas, en razón de sus competencias”, determinó el organismo.
Las 300 personas privadas de la libertad y muchos de ellos desaparecidos desde entonces, fueron llevados según los reportes, al rancho Los Garza, donde de acuerdo a testimonios habrían llegado soldados del Ejército mexicano.
“De las constancias que la CNDH se allegó, obran dos declaraciones que mencionan que servidores públicos de la Sedena, presenciaron los hechos ocurridos del 18 al 20 de marzo de 2011, sin embargo, no se contó con mayores elementos que pudieran acreditar el dicho de los testigos; además se advirtieron imprecisiones en los informes relativos a la fecha y hora en la que elementos del Ejército mexicano se constituyeron en el rancho Los Garza. En consecuencia, este organismo nacional estima que la Procuraduría General de la República, deberá iniciar una investigación al respecto, y en caso de advertirse la comisión de algún delito, ejercer la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables.
