CIDH califica de “alarmante” el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán

Foto: @FiscaliaJal

“Refleja la degradación de la violencia por parte del crimen organizado a un nivel contrario a la dignidad humana”, advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como “alarmante” la existencia de espacios de entrenamiento y desaparición de personas como el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco,  “durante tiempo prolongado sin intervención de las autoridades”.

Tras reconocer al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco por localizar restos humanos en el rancho Izaguirre, espacio que se encontraba bajo resguardo estatal desde septiembre de 2024, en un comunicado la CIDH consideró que “tanto las denuncias sobre reclutamiento forzado, entrenamiento, trabajo forzado y desaparición de personas -entre otros crímenes- como el tipo de objetos encontrados reflejan la degradación de la violencia por parte del crimen organizado a un nivel contrario a la dignidad humana”.

Agregó que “es alarmante que lugares de esta naturaleza hayan podido operar por períodos de tiempo prolongados sin intervención de autoridades”. 

A 22 días del hallazgo, la CIDH llamó al Estado mexicano “investigar con debida diligencia estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación”. 

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Comunicado: CIDH y ONU Derechos Humanos llaman a los Estados a garantizar el acceso a la justicia de personas defensoras víctimas de violaciones

Imagen: Twitter @ONUDHmexico

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)/Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos)

Bogotá / Ciudad de Guatemala / Ciudad de México / Ciudad de Panamá / La Paz / Lima/ Tegucigalpa / Santiago de Chile / Washington D.C. (10 de agosto de 2023) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las presencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) en América Latina expresan preocupación por la persistencia de la impunidad en las violaciones cometidas contra las personas defensoras en relación con su labor e instan a los Estados a prevenir, investigar, sancionar y reparar estas violaciones con el fin de garantizar el pleno y libre ejercicio del derecho a defender derechos humanos.

Las personas defensoras cumplen un rol fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos y en la construcción de sociedades más justas, equitativas y respetuosas de la dignidad. Su labor es esencial tanto para visibilizar las violaciones como para abogar por medidas administrativas y legislativas que salvaguarden los derechos y promover el acceso a la justicia. Sin embargo, ellas se enfrentan con frecuencia a amenazas, intimidación, hostigamiento, discursos estigmatizantes, difamación, actos de violencia, y asesinatos como consecuencia de su labor de defensa.

La CIDH y ONU Derechos Humanos reconocen los esfuerzos que algunos Estados de la región han realizado para avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones a través de la creación de fiscalías especializadas y protocolos para la investigación de casos de homicidios, amenazas y ataques en contra de personas defensoras, en conformidad con los estándares internacionales en la materia.

La CIDH recibió información de al menos 126 asesinatos de personas defensoras en el 2022, mientras que en el primer cuatrimestre del año en curso ya son 33 asesinatos. Es de especial preocupación, que en algunos países de la región la impunidad en los casos de asesinatos de personas defensoras sea superior al 90%.

La impunidad perpetúa la violencia y la represión, propiciando un clima de temor, desprotección e indefensión en las víctimas, sus familiares y comunidades al quedar en una situación de absoluta vulnerabilidad y riesgo frente a ataques y violencia. Adicionalmente, cuando los responsables de violaciones de derechos humanos no son investigados, enjuiciados y sancionados se generan efectos adversos para el ejercicio de la defensa de los derechos.

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Tras asesinatos en Cerocahui, CIDH otorga medidas cautelares a jesuitas

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a once miembros de la comunidad jesuita ante la situación de riesgo de «daño irreparable, grave y urgente» en la que se encuentran desde los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, perpetrados el 20 de junio de 2022 en la comunidad rarámuri de Cerocahui, Chihuahua.

La CIDH consideró que aún no se ha implementado un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las personas en riesgo y estimó que la impunidad imperante aumenta el peligro que enfrentan los religiosos, por lo que el pasado 22 de enero resolvió otorgar las medidas cautelares a los once jesuitas.

Con la resolución, la CIDH solicita al Estado mexicano adoptar medidas para proteger la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, así como realizar un informe de las acciones para investigar los homicidios de Cerocahui y con ello prevenir su repetición, «entendiendo que si no hay consecuencias legales por esos eventos se asentaría un mensaje de permisividad frente a la violencia en la región».

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Muerte no exonera a Echeverría de masacres y desapariciones: Comité 68

Ciudad de México. La muerte del ex presidente Luis Echeverría Álvarez “no lo exonera de ninguna responsabilidad” de la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 y la masacre del halconazo, el 10 de junio de 1971, ni de las desapariciones forzadas y asesinatos en la llamada guerra sucia. “La historia lo juzgará y lo tendrá como el peor represor de México”, aseveró Víctor Guerra, abogado del Comité 68 Pro Libertades Democráticas y quien fuera brigadista en el movimiento estudiantil de ese año.

En entrevista, aseguró que el ex presidente falleció “en calidad de imputado en dos delitos de gravedad, sobre todo el de genocidio que es de lesa humanidad y que en ningún momento prescribe”, por la matanza del 68, y de homicidio simple por los estudiantes que perdieron la vida en 1971.

Además, el caso del halconazo “aún está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que en México las instancias de justicia se cerraron al decretar que eso no había sido genocidio sino homicidio simple y que por tanto ya había prescrito el delito y no se le podía enjuiciar”, sostuvo.

Echeverría Álvarez “muere en un estado de impunidad avalado por las instancias de gobierno y de procuración de justicia”, manifestó Guerra.

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Condena CIDH exposición pública de menor embarazada en marcha antiaborto

Foto: Fernanda Lattuada / ZonaDocs

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó «la exposición pública de una adolescente de 15 años» durante la manifestación antiaborto del pasado 3 de octubre en la Ciudad de México, donde un ginecólogo practicó un ultrasonido a la menor embarazada.

El organismo criticó que la menor, de 38 semanas de gestación, fuera sometida al ultrasonido en medio de la movilización y que el procedimiento fuera «grabado y difundido digitalmente».

A través de su cuenta de Twitter, la CIDH recordó al Estado Mexicano que es su responsabilidad la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, «incluyendo la identidad e intimidad, con perspectiva de género; considerando que la exposición pública el procedimiento de salud no atiende el interés superior de la adolescente».

El pasado 3 de octubre, la joven embarazada fue exhibida frente a alrededor de 5 mil personas cuando el médico le practicó el ultrasonido, como parte de la movilización que partió del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia para rechazar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.

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Denuncian al Estado mexicano ante la CIDH por estigmatización contra periodistas

Imagen: Cencos

 

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Colectivos de periodistas y organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacionales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los discursos estigmatizantes que el gobierno federal emite contra la prensa en México.

En la audiencia temática “Estigmatización y ataques contra la prensa, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones”, 20 organizaciones nacionales e internacionales exigieron al Estado mexicano reconocer el trabajo periodístico y de defensa de derechos humanos, además de cesar las narrativas estigmatizantes y fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras.

La organización Artículo 19 señaló que la estigmatización de parte de altos funcionarios genera un contexto de “permisividad para agredir a la prensa y a las personas defensoras”, por lo que ha aumentado la violencia y el deterioro de entornos seguros para el ejercicio de libertad de expresión y defensa de derechos humanos en México. Además, las autoridades no se posicionaron sobre la impunidad que prevalece en los crímenes contra periodistas, de acuerdo con las organizaciones denunciantes.

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CIDH ordena medidas cautelares a favor de familias indígenas de 12 comunidades de Aldama

La CIDH ordenó al gobierno de México implementar medidas cautelares a favor de familias de 12 comunidades de Aldama que viven bajo el fuego de grupos civiles armados que operan en San Martha, Chenalhó.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al gobierno de México implementar medidas cautelares a favor de las familias indígenas de 12 comunidades de Aldama que viven bajo el fuego de grupos civiles armados que operan en San Martha, Chenalhó.

Este martes la CIDH dio a conocer la Resolución 35/2021 dictada el pasado viernes 23 en el seno de ese organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se exige al gobierno de México poner fin al continuo acoso y ataques que viven poblaciones civiles indígenas tzotziles de Aldama.

Las medidas cautelares son a favor de las familias que viven en 12 comunidades: Coco’, Tabac, Xuxch’en, San Pedro Cotzilnam, Chayomte, Juxtón, Tselejpotobtic, Yetón, Chivit, Sepelton, Yoctontik y Cabecera Aldama.

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México debe evitar control migratorio por militares: CIDH

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Las autoridades mexicanas deben permitir el ingreso a los migrantes para garantizar su acceso a procedimientos de asilo, apatridia, protección complementaria o regularización migratoria y para evitar que elementos militares realicen funciones de control migratorio, aseveró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En los pasados diciembre y enero la CIDH realizó una visita de trabajo virtual a México para analizar la movilidad humana en el país, particularmente su situación transfronteriza. A partir de la visita, el organismo exhortó al gobierno mexicano a asegurar que personal civil especializado se encargue de la asistencia y atención directa a las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección.

Se debe asegurar el debido proceso y resolución a las solicitudes humanitarias de las personas migrantes, señaló la CIDH. Agregó la necesidad de permitir acceso al territorio a todos y todas las niñas y adolescentes.

La ruta migratoria se volvió más peligrosa y colocó a las personas en situación de movilidad humana a partir de las políticas migratorias que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, emprendió y que el gobierno mexicano asimiló, aseveró el organismo interamericano.

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Piden que actúe CIDH en caso de activista detenida

Sergio Ocampo Arista/La Jornada

Foto: Cencos

Chilpancingo. El abogado defensor de la activista guerrerense Kenia Inés Hernández Montalbán, José Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dijo hoy que solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la detenida.

La Comisión “ya se pronunció en términos de generar el expediente de medidas cautelares, que ya existe, por lo que tiene que garantizarse su integridad, y su estado psicoemocional”, agregó.

Agregó que en en la aprehensión de la integrante del colectivo Zapata Vive, se coludieron los gobiernos del Estado de México, de Guerrero, y la Fiscalía General de la República (FGR).

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Incumple Estado mexicano sentencia de la CoIDH por caso Inés y Valentina

Aline Espinosa Gutierrez/Desinformémonos

Foto: Anayeli García Martínez/Desinformémonos

A 11 años de la tortura sexual cometida en contra de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de militares, persiste la falta de justicia, ya que el Estado mexicano no hace efectivas las sentencias contra sus agresores, no termina de completar las medidas reparatorias, ni garantiza una vida libre de violencia a niñas y mujeres de Guerrero.

Inés y Valentina son dos mujeres indígenas tlapanecas, que sufrieron violencia sexual y tortura por parte de militares en febrero de 2002, en distintas localidades de Guerrero. Ambas mujeres agotaron los recursos legales internos con el Estado mexicano, pero al no obtener justicia, acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Años más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre sus casos que nunca fue acatado por el Estado, por lo que pasó a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), organismo que el 1 de octubre de 2010, dictó dos sentencias contra el Estado por su responsabilidad en la violación sexual de ambas indígenas y reparaciones de daños para cada caso, mismas que no se han cumplido en su totalidad.

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