Comunicado 13 años sentencia Radilla

Imagen: Cencos

 

 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

  • La CMDPDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que declare el estado de desacato por el incumplimiento del Estado mexicano de las medidas de reparación relativas al caso Rosendo Radilla Pacheco y que adopte medidas provisionales. 
  • La CMDPDH presentó un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva ante el Juzgado del 9° de Distrito en Guanajuato, mismo que ya fue admitido a trámite.
  • La CMDPDH interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Congreso de la Unión y la Coordinación de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adoptó la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el emblemático caso Rosendo Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos. La sentencia, entre otras cosas, declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla y ordenó medidas de reparación del daño.

A pesar del carácter vinculante de la sentencia de la Corte IDH y su indiscutible relevancia en el plano jurídico, el Estado ha optado por incumplir las medidas de reparación relativas al caso concreto. A prácticamente cincuenta años de los hechos, no se han tomado acciones serias para llevar a los responsables ante la justicia, garantizar una ruta integral de salud para la familia, ni para dar con la suerte o paradero del señor Radilla Pacheco.

La falta de compromiso y debida diligencia por parte del Estado mexicano ha permitido que se consuman violaciones irreparables a la garantía del derecho a la reparación. Desde la CMDPDH, como representación legal de la familia Radilla Martínez, vemos con profunda preocupación que el Estado mexicano esté buscando dar carpetazo al caso Radilla, sin nunca haber tomado acciones serias para cumplir con la sentencia de la Corte IDH. 

En este contexto, familiares del Sr. Rosendo Radilla y la CMDPDH, como representación legal de la familia Radilla Martínez, hemos emprendido una serie de acciones para que las autoridades cumplan con sus obligaciones, tanto en el plano nacional como el internacional.

Acciones frente a la Corte Interamericana

En el marco de la supervisión de cumplimiento de la sentencia ante la Corte IDH, el Estado mexicano solicitó que la sentencia se tuviera por totalmente cumplida, a pesar de que no han tomado acciones efectivas para garantizar los derechos a la verdad y la justicia, así como otras formas de reparación. Frente a la intención del Estado de dar carpetazo al caso, y ante el evidente incumplimiento de la sentencia, la CMDPDH solicitó a la Corte IDH que declare al Estado mexicano en desacato (incumplimiento generalizado) de la sentencia del tribunal interamericano y que, en consecuencia, remita la situación del incumplimiento ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. 

Asimismo, pedimos a la Corte IDH que adopte medidas de supervisión reforzadas, para que el Estado mexicano rinda informes en una periodicidad más corta. Por otro lado, y derivado del hecho de que recientemente murió el más alto perpetrador de la época sin haber enfrentado la justicia, pedimos a la Corte IDH que adopte medidas provisionales para evitar que se consume otro daño irreparable a los derechos de las víctimas.

Finalmente, en el plano internacional, también pedimos a la Corte IDH que convoque a una audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia para que, de primera mano, pueda escuchar los testimonios de las víctimas. Consideramos que este espacio es necesario para que el Estado dé una explicación sobre su incumplimiento generalizado.

Acciones en el plano nacional

Consideramos que distintas autoridades nacionales han fallado enormemente, desde su respectiva esfera de competencias, en propiciar el cumplimiento de la sentencia. En ese sentido, las omisiones del Estado mexicano han provocado nuevas violaciones a los derechos humanos de la familia Radilla, por lo que decidimos presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de todas las autoridades involucradas en el cumplimiento de la sentencia.

En particular, señalamos la falta de debida diligencia con la que ha actuado la Dirección de Resoluciones de la Coordinación de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República; y, el Congreso de la Unión.

Buscamos que la CNDH emita una Recomendación, en donde pida al Congreso de la Unión crear una Ley General de Cooperación con Organismos Internacionales de Derechos Humanos, que permita que el impulso del cumplimiento de decisiones internacionales deje de depender de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, buscamos que se reconozcan las violaciones a derechos humanos que se han cometido contra la familia Radilla durante la etapa de implementación de la sentencia.

Conclusiones y peticiones

Estamos firmemente convencidas de que nuestra actual situación de impunidad y militarización de la vida pública no puede explicarse sin la permisión y tolerancia que históricamente ha tenido el Estado para permitir que los crímenes cometidos por militares nunca sean debidamente investigados.

Frente al estado actual del caso, sumado al desgaste derivado del paso del tiempo y la impunidad, solicitamos a la Corte IDH que convoque a una audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia, y que adopte medidas efectivas y deliberadas para garantizar que el Estado mexicano cumpla, inmediatamente, con las obligaciones derivadas de la sentencia del caso.

De igual manera, solicitamos a la Fiscalía General de la República que asuma su labor constitucional con diligencia, que lleve a los responsables ante la justicia y que reanude las labores de búsqueda.

 

Contacto para prensa:

Eva Avilés

comunicacion1@desarrollocmdpdh

 

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“Muertas en vida ya estamos”: la pandemia agrava la precariedad de madres de desaparecidos

Zedryk Raziel/Animal Político

Las mujeres, que iniciaron su protesta el 11 de mayo frente a una institución cerrada por la emergencia sanitaria, reclaman que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no les ha hecho entrega del apoyo de alimentación y vivienda desde el año pasado.

Foto: Zedryk Raziel/Animal Político

Como esa puerta ya no se abre, las mujeres pudieron colgar en todo lo ancho de la entrada de la Secretaría de Gobernación las fotos de sus familiares desaparecidos y los mensajes de que los devuelvan con vida, como se los llevaron. Enfrente, en una calle solitaria, sin tránsito, sin gente, armaron casas de campaña e instalaron un plantón que duró 12 días, en medio del silencio, sin más testigos de su protesta que los policías que resguardaban el edificio.

“¿Qué más da morirse en casa que venirse a morir aquí con la contingencia? Nos da lo mismo. De parto no nos vamos a morir, porque ya estamos viejas. Lo peor que nos pudo pasar, ya nos pasó. Muertas en vida ya estamos”, dice Margarita López Pérez, que lidera a un grupo de unas 20 madres de personas desaparecidas y que viajaron de Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Guanajuato y Michoacán.

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8 años de San Fernando: autoridades compensan a un sobreviviente y a 47 familiares de migrantes asesinados

Redacción/Animal Político

A ocho años de la matanza de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, un hecho calificado como una grave violación a los derechos humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) inició el proceso de compensación para uno de los sobrevivientes y 47 familiares de las víctimas.

Imagen tomada de animalpolitico.com

El gobierno mexicano indemnizará a las 48 personas de nacionalidad ecuatoriana, quienes son los primeros en recibir estas compensaciones. Sin embargo, el caso involucró también a migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Brasil.

Este miércoles 22 de agosto, el canciller ecuatoriano José Valencia se reunió con el comisionado Jaime Rochín, para que se haga entrega de las compensaciones, las cuales “fueron determinadas de acuerdo con los estándares internacionales en la materia y que por motivos de seguridad y protección a las víctimas, dichos montos no deben hacerse públicos”, expuso la propia comisión.

Para lograr que se otorgaran las indemnizaciones, el gobierno de Ecuador dijo que realizó gestiones con instituciones mexicanas como la CEAV, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Tamaulipas; el trámite se resolvió a favor de las víctimas en julio de 2018.

En julio de 2017, la CNDH señaló que la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, debe ser calificada como una grave violación a los derechos humanos.

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Familiares de los 43 urgen a la SCJN y al CJF defender su autonomía y dar luz verde a Comisión de la Verdad

Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos emplazaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a defender su autonomía e independencia frente al gobierno de Enrique Peña Nieto en su pretensión de revertir la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Décimo Noveno Circuito, que ordena la creación de la “Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia”.

Foto: Viridiana Ramírez/Cencos

En vísperas de que se cumplan 47 meses de la desaparición de los estudiantes, padres, madres y alumnos de la Normal Rural “Isidro Burgos” acudieron al CJF para exigir una audiencia, luego de no obtener respuesta a la solicitud que entregaron el pasado 25 de julio.

En el contexto de la jornada “Ni perdón ni olvido”, los familiares realizaron una protesta frente a las oficinas del CJF, aprovechando la presencia del presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, quien de manera extraordinaria conversó con ellos por aproximadamente 30 minutos.

Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los 43, recordó que en julio pasado entregaron al CJF un documento en el que fijaban su posición frente a la embestida del gobierno de Peña Nieto para revertir la sentencia garantista diseñada por el magistrado Mauricio Fernández de la Mora.

De acuerdo con un reportaje publicado en la edición de Proceso que circula esta semana (con el título: El gobierno en pleno se ampara contra una Comisión de la Verdad), contra esa resolución histórica se han interpuesto alrededor de cien recursos judiciales presentados por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF).

También participaron las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Salud, Hacienda y Gobernación, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Cámara de Diputados.

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La CEAV emite lineamientos para reparar el daño de las víctimas de trata

Redacción / Proceso

Emma G., rescatada de las redes de tratantes, se abraza con su madre a la entrada de su hogar. / Foto: Tercero Díaz

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) emitió los lineamientos para la reparación de daño de las víctimas del delito de trata de personas, donde se establecen los criterios para que organismo diseñe y otorgue las medidas en esa materia con un enfoque diferenciado, especial y transformador, previsto por la Ley General de Víctimas.

En un comunicado precisó que con esos lineamientos establece el funcionamiento y contenido del Plan de Reparación Integral, que deberá considerar la existencia del hecho victimizante, el daño causado y derechos violentados, así como la identificación de necesidades de las víctimas, las medidas de reparación integral, plazos y modalidades de cumplimiento de las medidas.

De igual manera, establecen las bases para determinar las medidas de reparación integral del daño, señalando que ésta debe ser plena, efectiva y proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación del proyecto de vida.

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Guardería ABC: A la impunidad de 9 años se suma robo del IMSS con medicinas para niños lesionados

Por Redacción/Sin embargo

A nueve años del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños que quedaron lesionados otros 70, la impunidad en el caso es la única respuesta a los reclamos de justicia de las madres y padres de los menores.
Los 19 sentenciados en 2016 están libres bajo un juicio de amparo y los funcionarios de primer nivel que estuvieron detrás de la tragedia ni siquiera fueron juzgados.
Además de la impunidad que envuelve al caso, los padres de los niños acusan que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presuntamente incurrió en corrupción a través del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE), en donde se han estado registrando medicamentos con sobreprecio y firmas falsas que justifican la entrega de beneficios para los niños lesionados que nunca les fueron dados.

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).- A nueve años del incendio que acabó con la vida de 49 niños y dejó a más de 70 lesionados en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, no hay un solo sentenciado en prisión y las víctimas no han recibido una reparación integral del daño, denunciaron el abogado de 32 familias y papás de menores fallecidos y heridos.

“Las autoridades quisieron enterrar el asunto, no está hecha la reparación integral del daño, y no me refiero a un pago. Hay complicidad entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas [CEAV], la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH] y la Auditoría Superior de la Federación [ASF]”, dijo el abogado Miguel Nava, que representa a padres de niños víctimas de la tragedia.

Nava afirmó que “hay un concierto de arbitrariedad” entre las instituciones del Estado que llevan a que a nueve años de la tragedia, la muerte y las lesiones de los niños estén impunes.

En agosto de 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez de Sonora órdenes de aprehensión en contra de 22 trabajadoras de la Guardería ABC y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora impuso condenas en 2016 que van desde los 20 hasta los 29 años de prisión a 19 de los 22 implicados. Pero hoy todos los sentenciados están libres y amparados para llevar su proceso en libertad.

Entre los sentenciados están la Jefa del departamento de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 29 años) Nohemí “L” y el Delegado Estatal en Sonora del IMSS, Arturo “L” (28 años).

También el representante legal (28 años) y el secretario del Consejo de Administración de la Guardería ABC (28 años); el director de Protección Civil de la Secretaría del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora (28 años) y el director de Bomberos de Hermosillo (28 años).

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Conferencia de prensa: Madres y padres víctimas denuncian irregularidades en la CEAV y en la CNDH



Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

· Madres y padres de víctimas denuncian que no son escuchados por las autoridades, quienes los revictimizan. Mientras que los responsables de los agravios continúan ilegal e injustificadamente sin castigo, los familiares de las víctimas son objeto de maltrato, desprecio e indiferencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

· Ante estos hechos, hacen una denuncia pública para dar a conocer lo que realmente sucede cuando las personas entregan su confianza a la CEAV y a la CNDH como última esperanza de justicia y verdad.

· La falta de vigencia del Estado de derecho en México es conocida nacional e internacionalmente.

Participan:
· Integrantes de la Organización Por TI SEA A.C. Salud Educación Alimentación

Convocan:
· Por TI SEA A.C. Salud Educación Alimentación

La cita:
·La cita: Martes 7 de noviembre de 2017, a las 11:00 horas.
·En el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra de la fuente a La Cibeles.


Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

Comunicado de prensa: CEAV revictimiza a familia en situación de desplazamiento forzado interno

Ciudad de México a 30 de octubre de 2017.- El pasado 16 de octubre, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) fue notificada sobre la negativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por reconocer la calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos a más de 60 personas que forman parte de la Familia Ponce Ríos, quienes desde el año 2013 se vieron forzadas a desplazarse de su lugar de origen hacia otras entidades del país como consecuencia de la violencia generalizada imperante en el estado de Chihuahua y las violaciones a derechos humanos que sufrieron por autoridades de dicha entidad federativa.

La familia Ponce Ríos, originaria del municipio de Saucillo, Chihuahua, contaba con un total de 94 miembros dedicados principalmente a los negocios de ganadería y agricultura. A partir del año 2010, los miembros de la familia fueron víctimas de secuestros, homicidios y persecuciones, por lo que el 70% de la familia fue forzada a abandonar su lugar de residencia, sumándose a las más de 310 mil personas desplazadas a causa de la violencia en México.

Ante ello, la CMDPDH, como representante de las víctimas, solicitó a la CEAV desde 2014 que se les reconociera su calidad de víctimas del desplazamiento interno forzado como una violación a derechos humanos, ya que ello implica que se les brinde una atención diferenciada y especializada. Sin embargo, después de más de dos años la resolución emitida el pasado 16 de octubre argumenta que la negativa se debe a la “falta de elementos” para determinar que la Familia Ponce Ríos haya sido víctima de violaciones a los derechos humanos, cuando la propia CEAV conoce de la investigación en materia de derechos humanos que está abierta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que su personal ha constatado que se trata de víctimas del desplazamiento interno forzado.

La resolución de la CEAV, contraria a la Constitución y a la Ley General de Víctimas, representa una nueva afrenta a las víctimas de desplazamiento forzado interno, a la par que constituye una revictimización del Gobierno Federal contra la Familia Ponce Ríos.

La CMDPDH repudia la respuesta tardía de la CEAV y demanda a su Presidente que actué en cumplimiento con el marco legal aplicable, y registre a la Familia Ponce Ríos como víctimas del desplazamiento interno forzado. Es momento que la institución encargada de velar por los derechos de las víctimas del país, reconozca el desplazamiento como un hecho victimizante autónomo y preste medidas de atención diferenciadas y especializadas a quienes atraviesan por condiciones específicas de vulnerabilidad, como lo son las personas internamente desplazadas por la fuerza.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

CNDH exige al Gobierno evitar otro Paso Exprés, y oír a quienes alertan de otras zonas en riesgo

Foto: Sin Embargo

Por Redacción/Sin Embargo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó, través de un comunicado, a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Gobierno del estado de Morelos la implementación de medidas para prevenir que ocurran nuevamente casos como el del Paso Express, donde dos personas perdieron la vida el pasado miércoles.

La CNDH solicitó medidas cautelares para prevenir hechos de difícil o imposible reparación, así como resguardar la seguridad e integridad física de las personas que han señalado la existencia de otros lugares de riesgo en el Paso Express de la carretera México-Acapulco.

Entre las diligencias realizadas por la CNDH para saber si hubo violaciones a los derechos humanos, se entrevistó a tres familiares de los fallecidos, siete testigos quienes proporcionaron 18 fotografías y una queja, y a 14 vecinos del Paso Express.

Además, el personal de Comisión realizó 13 peritajes, dos de los cuales fueron de ubicación, dos más de descripción sobre las características del hundimiento, uno con base en la descripción de material de construcción, cinco del recorrido de los alrededores y tres más fueron realizados con un dron para sobrevolar la zona y conseguir imágenes áreas.

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Consternada, CIDH ante fallas para proteger a la activista Miriam Rodríguez

Por Redacción/ Desinformémonos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su “consternación” ante la omisión de las autoridades para otorgar las medidas de protección que solicitó la activista Miriam Rodríguez, asesinada en Tamaulipas, y condenó el crimen de la dirigente del colectivo Desaparecidos de Tamaulipas.

“La CIDH condena este crimen y expresa su consternación por los hechos ocurridos en las semanas anteriores a este crimen”, expresó el organismo.

Recordó que Miriam Rodríguez inició como activista luego del secuestro y asesinato de su hija en 2012, por lo cual pidió medidas de protección a instituciones de Tamaulipas ante la fuga de uno de los presuntos responsables del feminicidio a finales de marzo. Desde entonces, Rodríguez contó con vigilancia de tres patrulleros diarios.

Sin embargo, Rodríguez denunció que los agentes de seguridad encargados de su protección no atendían sus llamadas de emergencia y no recibía respuesta por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, agregó la CIDH.

“El hecho de que tantas instancias estatales hayan tenido conocimiento de la situación especial de riesgo que corría Miriam Rodríguez, y que aun así haya sido asesinada en su domicilio, nos causa profunda preocupación”, indicó la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para México.

“Este asesinato no puede ni debe quedar en la impunidad”, agregó.

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