El martes próximo se instalará la comisión especial para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, compromiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó como primer acto de gobierno.
Con dicho mecanismo extraordinario dará inicio formal en este sexenio la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes contra los estudiantes, perpetrados entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que dejaron seis personas asesinadas, 43 normalistas desaparecidos de manera forzada y varios lesionados.
La comisión de la verdad es la respuesta del gobierno de López Obrador a la incansable exigencia de los padres de los jóvenes, pues 51 meses despúes de los hechos se desconoce su paradero, siguen sin ser señalados todos los responsables y las investigaciones ministeriales permanecen estancadas. La decisión del mandatario federal ha renovado la esperanza de los familiares de los normalistas de conocer lo que realmente sucedió con sus hijos.
En entrevista tras un acto en la Secretaría de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de esa dependencia, Alejandro Encinas Rodríguez, quien coordinará la comisión, dijo que se analizarán todas las hipótesis posibles, sobre todo las líneas de investigación que quedaron pendientes y lo que se dejó de hacer durante la administración de Enrique Peña Nieto.
La Procuraduría General de la República (PGR) liberó la versión final de la investigación que realizó en torno a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa), ocurrida en Iguala en septiembre de 2014. Se pueden consultar 429 nuevos tomos de la indagatoria.
En total, el Ministerio Público Federal colocó en su página web 631 tomos en los que se presentan, de manera testada, peritajes, diligencias, declaraciones ministeriales y estudios realizados tanto por los servicios periciales de la institución, como de la Policía Federal, así como los llevados a cabos por los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), a lo largo de casi cuatro años.
Sin difundirlo de manera pública, la administración de Alberto Elías Beltrán, como encargado de despacho de la PGR, subió a Internet un total de 429 tomos de la indagatoria. En ellos se encuentran datos de los estudios realizados por expertos internacionales que cuestionan la denominada verdad histórica, y también cómo pese a la utilización de tecnología, no se logró ubicar puntos donde se hubieran realizado inhumaciones clandestinas que permitieran ubicar restos de los normalistas, entre los que se mencionan cañadas, ríos o cuevas en Cocula, Huitzuco, Iguala, Tiaquinzolco, el río San Juan o Lomas del Coyote.
Exactamente a 4 años de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, AMLO y víctimas se reunieron para hablar sobre el caso. Foto: Paola Ramos / Cencos
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo aceptará las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH) sobre el caso Iguala, sino que el próximo lunes anunciará el mecanismo para el esclarecimiento de estos hechos, afirmó el futuro subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas.
En días pasados, el presidente electo se comprometió a conformar la Comisión Investigadora de la Verdad sobre Ayotzinapa, así como a emitir un decreto presidencial por el que se ordenaría a las instancias gubernamentales contribuir en las nuevas investigaciones.
Durante la presentación del informe México ante el comité de la ONU contra las desapariciones forzadas, Encinas aseguró que el anuncio se realizará junto con los padres de los normalistas desaparecidos.
Asimismo, Encinas señaló que la nueva administración atenderá todas las recomendaciones que se han recibido sobre el caso incluyendo las de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; y las emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Exactamente a 4 años de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, AMLO y víctimas se reunieron para hablar sobre el caso. Foto: Paola Ramos / Cencos
Con los votos de Morena, Partido del Trabajo, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano e incluso el Verde Ecologista, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que como presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador pueda cumplir su compromiso de campaña de constituir una comisión especial que investigue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se trata de un cambio al artículo 21 de dicha ley, para que el Ejecutivo pueda constituir comisiones investigadoras presidenciales.
Estas comisiones se constituyen como grupos de trabajo especiales para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, revisión, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones, definió la cámara en la minuta, que se turnó al Senado para su revisión.
PRI, PAN y PRD anticiparon sus votos en contra, con el argumento de que se concentrará aún más el poder presidencial.
Esa postura derivó en la aplicación de la mayoría por parte de Morena, con sus aliados electorales de PT y Encuentro Social, así como los votos de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde, que sumaron 328 votos en favor.
Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2018 DGCS/NI: 43/2018
NOTA INFORMATIVA
Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
CASO: Por unanimidad, Tribunal Colegiado de Tamaulipas resuelve que no existe imposibilidad jurídica para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)
ASUNTO: El Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito informa que al resolver los incidentes de inejecución 4/2018 a 7/2018, por unanimidad de votos determinó dejar sin efectos la resolución del Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas en la que se señaló que existía imposibilidad jurídica para la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).
Los magistrados subrayan que sí existe sustento constitucional, convencional y legal para su creación. Además de que no se puede invocar el derecho interno para no cumplir compromisos internacionales, conforme a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Convención de Viena; y que se debe atender el caso bajo la óptica que establece el artículo 17 constitucional, en el sentido de que se debe privilegiar la solución de los conflictos, sobre los formalismos procedimentales.
En la resolución se dejó en claro que el Tribunal Colegiado atendió en todo momento la litis que fijó el propio Ministerio Público de la Federación al momento de interponer el recurso de revisión, y como en el caso se revocó la determinación del Tercer Tribunal Unitario, la Ley de Amparo obliga al Tribunal Colegiado a reasumir jurisdicción y atender la litis del juicio de amparo de primera instancia; por lo que también se tuvieron que analizar los conceptos de violación de los quejosos detenidos que no atendió el Tribunal Unitario.
Al analizar el artículo 21 constitucional conforme a diversos métodos de interpretación, se concluyó que no existe exclusividad del Ministerio Público para investigar. Incluso en el caso existen investigaciones formales reconocidas por la propia Procuraduría General de la República, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
En relación a la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la comisión de investigación del caso Ayotzinapa, se destacó que en ninguna parte de la ejecutoria de amparo se dijo que investigarían delitos, sino que investigarán hechos, en específico, los relacionados con lo acontecido el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero; y que una vez que la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), emprenda su misión, podrá llegar a un punto en el que, al analizar o explorar determinada línea de investigación, la CNDH estime que procede formular una recomendación a determinada autoridad, y podrá hacerlo en el marco de sus atribuciones legales. En tanto que el Fiscal, podrá considerar que existen elementos para ejercer acción penal en contra de alguna persona y, desde luego, podrá hacerlo.
Padres de los 43 normalistas realizaron un “antigrito” de independencia este 15 de septiembre / Facebook: Antonio Ríos
En el llamado antigrito, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos advirtieron que defenderán hasta las últimas consecuencias la sentencia del primer tribunal colegiado de Reynosa, Tamaulipas, la cual ordena crear una comisión que investigue el paradero de los jóvenes.
La postura de los familiares es porque dicho fallo resulta ser la garantía de que se constituirá un mecanismo extraordinario que indague el paradero de los estudiantes, esclarezca lo sucedido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala y se sancione a los responsables, explicaron en un pronunciamiento.
A unos días de que se cumplan cuatro años de la desaparición de los 43 jóvenes, los paterfamilias realizaron el pasado día 15 un acto cultural en el Hemiciclo a Juárez, cuyo punto culminante fue cuando dieron lo que denominaron el antigrito, en el cual no sólo lanzaron vivas a los héroes de la guerra de Independencia, sino también a líderes y organizaciones guerrilleras, como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Acompañados por organizaciones sociales y jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, los padres de familia dijeron que seguirán con la exigencia al gobierno de presentar con vida a los 43 normalistas.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos emplazaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a defender su autonomía e independencia frente al gobierno de Enrique Peña Nieto en su pretensión de revertir la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Décimo Noveno Circuito, que ordena la creación de la “Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia”.
Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
En vísperas de que se cumplan 47 meses de la desaparición de los estudiantes, padres, madres y alumnos de la Normal Rural “Isidro Burgos” acudieron al CJF para exigir una audiencia, luego de no obtener respuesta a la solicitud que entregaron el pasado 25 de julio.
En el contexto de la jornada “Ni perdón ni olvido”, los familiares realizaron una protesta frente a las oficinas del CJF, aprovechando la presencia del presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, quien de manera extraordinaria conversó con ellos por aproximadamente 30 minutos.
Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los 43, recordó que en julio pasado entregaron al CJF un documento en el que fijaban su posición frente a la embestida del gobierno de Peña Nieto para revertir la sentencia garantista diseñada por el magistrado Mauricio Fernández de la Mora.
De acuerdo con un reportaje publicado en la edición de Proceso que circula esta semana (con el título: El gobierno en pleno se ampara contra una Comisión de la Verdad), contra esa resolución histórica se han interpuesto alrededor de cien recursos judiciales presentados por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF).
También participaron las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Salud, Hacienda y Gobernación, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Cámara de Diputados.
Organizaciones sociales denunciaron que “toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora” que ordenaba la creación de dicha instancia.
Foto: Cencos/Marcela Méndez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá establecer en definitiva la viabilidad o no de crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad del Caso Ayotzinapa, consideraron organizaciones que han dado seguimiento y apoyo jurídico a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos.
Esto luego de que el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial con sede en Reynosa, Tamaulipas, a cargo del magistrado Sabino Pérez García, publicó un acuerdo mediante el cual considera “fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República (PGR)”, respecto a la creación de esa instancia.
Como se recordará, el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito judicial había ordenado la creación de una comisión como mecanismo extraordinario para investigar el paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, denunciaron la “acción inédita” del gobierno de Enrique Peña Nietoal interponer más de 100 recursos y escritos jurídicos para combatir la resolución que ordena dar origen a la Comisión de Investigación.
La SCJN señaló que el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, es quien puede determinar si existe una imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo de la creación de una Comisión para la Verdad.
Foto: Cencos/Marcela Méndez
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, determinó que la institución carece de competencia para conocer las quejas interpuestas por la Procuraduría General de la República (PGR), contra la creación de una Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, misma que fue ordenada por un tribunal de Tamaulipas.
Cuatro acuerdos emitidos por la SCJN señalan que la PGR y el presidente de la República, quienes buscaron que la Corte se pronunciara sobre el tema, deberán manifestar ante el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, las razones por las que consideran que existe una imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo.
El ministro Aguilar también señaló que, dada la incompetencia de la SCJN sobre la sentencia del tribunal de Tamaulipas, no existe suspensión al procedimiento que dicta la creación de una Comisión para la Verdad.
De acuerdo con el ministro, una vez abierto el incidente de inejecución de sentencia en el Tercer Tribunal Unitario, con sede en Tamaulipas, este deberá notificar a la SCJN para que, en su caso y en su momento, se valore la posibilidad de solicitar que el asunto sea atraído por el Alto Tribunal.
Los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas solicitaron protección de la justicia federal a los quejosos además de los dictámenes elaborados por peritos independientes.
Foto: Cencos
Un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.
Los magistrados ordenaron también reponer el procedimiento y pidieron al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.
De esta forma, el tribunal señala que por las “graves violaciones a los derechos humanos” a los coacusados, como: tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales debe crearse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).
Dicha comisión, estableció el tribunal, “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación”, aunque serán los familiares de las víctimas y la CNDH los que decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Además podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
