La CNDH señaló a la Semar por la desaparición de 27 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018. Las familias siguen sin tener pistas y no hay ni una sola persona acusada formalmente.
Foto: Twitter @SEMAR_mx
Jessica Molina no ha cambiado su relato ni un milímetro desde la noche del 27 de marzo de 2018. Desde entonces viene asegurando que elementos de la Marina irrumpieron en su domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y se llevaron a su esposo, Daniel Trejo, y a un amigo de este, Gabriel Gaspar Vázquez. Los golpearon, los interrogaron y los capturaron, asegura la mujer. “Nadie me lo contó. Yo estaba ahí”, dice. No volvió a saber nada de su marido a pesar de remover cielo y tierra para encontrarle.
Ahora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le da la razón y vincula a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) en la desaparición de 27 personas, entre las que se encuentran Trejo y Vázquez. En su recomendación 36VG/2020, fechada a 13 de julio, la institución denuncia que los marinos negaron tener información sobre los desaparecidos y advierte sobre irregularidades en la investigación. Todo lo que Molina lleva diciendo desde aquella noche.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) conminó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto Nacional de Migración (INM) a tomar medidas para “repatriar a los extranjeros varados en territorio mexicano”, ante la sobrepoblación en las estancias migratorias y el riesgo latente del contagio de Covid-19.
En un comunicado, el organismo manifestó su preocupación por el “aumento de personas en contexto de migración alojadas en estaciones migratorias y estancias provisionales” del INM que no han podido salir de México ante el cierre de fronteras por la contingencia sanitaria mundial.
En ese sentido, llamó a la Cancillería y al INM a “gestionar los acuerdos internacionales que se requieran, a fin de implementar mecanismos que faciliten la digna y sana repatriación de extranjeros varados en territorio mexicano”.
La CEAV enfrenta amparos y quejas en CNDH por violaciones a derechos humanos. Pocos recursos y abandono afectan su operación a seis años de su puesta en marcha.
Imagen tomada de Cimacnoticias
Un total de 476 denuncias por maltratos, abusos y acoso sexual; 52 quejas y dos recomendaciones por violaciones a Derechos Humanos, y casi 250 amparos en contra por omisiones y negligencias. Ello sumado a la falta de abogados para las víctimas (los que hay tienen 100 casos simultáneos cada uno), recortes presupuestales y hasta posible desvío de recursos.
El balance corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), institución que a seis años de su puesta en marcha opera al borde del colapso, con la responsabilidad casi exclusiva de apoyar y reparar el daño causado a las víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos.
Las activistas cerraron Periférico sur para exigir una reunión con la Fiscal capitalina, Ernestina Godoy y exigir justicia para las víctimas de transfeminicidios.
Un grupo de activistas transgénero se manifestaron este lunes frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para exigir justicia para las mujeres trans que han sido asesinadas en la Ciudad de México.
Kenya Cuevas, directora de la asociación Casa de las Muñecas Tiresias, denunció que han pasado 7 meses desde que la CNDH emitió una recomendación por el asesinato de Paola Buenrostro asesinada en 2016.
Por ello cerraron ambos sentidos de Periférico Sur y demandaron una reunión con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum o con la fiscal general de la ciudad, Ernestina Godoy.
“Estamos cansadas de que nos violenten, cansadas de que no nos den oportunidad para salir adelante, porque nosotras también mantenemos a nuestras familias, a nosotras también nos esperan nuestros familiares y a nadie le importa”, dijo Kenya durante la protesta.
En el recurso de impugnación interpuesto este lunes, Cuevas señala la falta de cumplimiento de la Recomendación 02/2019 por parte de la hoy Fiscalía General de Justicia de la capital.
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Candidatos a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronuncian e inconforman con respecto al proceso de selección; darán información sobre cómo se realizaron las diferentes etapas de la selección y hablarán sobre situación actual, en la que existen varios amparos que han sido rechazados y quejas presentadas.
El Dr. Carlos Pérez informará sobre el fondo jurídico de la queja y las expectativas que existen.
Participan:
Carlos Pérez Vázquez, Candidato a la presidencia de la CNDH
Michael Chamberlain, Candidato a la presidencia de la CNDH
Alberto Athié Gallo, Ex consejero de la CNDH
Convocan: Candidatos a la Presidencia de la CNDH
La cita: Lunes 9 de Diciembre de 2019 a las 9:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
“Existe la población callejera, sí existe. No somos la sombra de México, sí existimos”, Susana González, de 38 años, perteneció a la población callejera y compartió su experiencia durante la presentación del diagnóstico.
El diagnóstico, elaborado en colaboración por El Caracol A.C. y la CNDH, arrojó que el principal agente agresor son servidores públicos, por lo que resulta imprescindible sensibilizar y capacitar a policías, agentes del ministerio público y demás servidores públicos; también identificó como una necesidad primordial proporcionar a las mujeres los registros civiles adecuados, principalmente actas de nacimiento, ya que al no contar con documentos de identidad se les niega el acceso a servicios y al ejercicio de sus derechos.
El derecho a la vida, a la integridad legal, a la salud, a la educación, al trabajo, al acceso a la justicia y a vivir una vida libre de violencia son los más violados, según el documento. En lo que respecta a la salud, el diagnóstico detalla que cuando las mujeres acuden al servicio médico son discriminadas. “Han narrado las mujeres que los médicos ni siquiera quieren auscultarlas […] asisten por dolores que son internos y ni siquiera los médicos se acercan […] si nos ponemos a entenderlo desde algunos otros referentes simbólicos, podríamos entender como si la pobreza se contagiara”, comentó durante la presentación Myrna Salazar, coordinadora de la investigación.
En relación con el derecho a la educación, se identificó que el mayor grado de estudios que tienen las mujeres en situación de calle es primaria, lo que lleva a que tengan los trabajos más precarios, trabajos de subsistencia. Sin embargo, la preocupación por el acceso a la educación de estas mujeres no queda ahí, ya que también habría que hablar sobre la poca o nula educación sexual y reproductiva que se les brinda, pues esto ha llevado a que no estén informadas sobre enfermedades de transmisión sexual y la forma en que pueden evitar contagiarse, y sobre la planificación familiar.
En la presentación del diagnóstico también estuvieron Eréndida Cruzvillegas, cuarta visitadora general de la CNDH; María Ampudia y Olga Noriega, consejeras de la CNDH; y Susana González, quien formó parte de la población callejera y agradeció la elaboración de esta investigación. “No somos un número, somos humanos, humanas, niños y niñas”, reiteró, y compartió su punto de vista sobre las problemáticas, obstáculos y violencia que viven las mujeres que forman parte de la población callejera.
Habló sobre la necesidad de reconocer que las mujeres en situación de calle tienen hijos e hijas que deberían tener el mismo acceso a la educación que el resto de la población, sin discriminación alguna. Compartió cómo al enterarse de que iba a tener una hija su madre le dijo que no era capaz de cuidarla por la forma en la que vivía y por el problema de adicción que tenía y que por ello era mejor que ella la cuidara, pero cuando se recuperó y reclamó a su hija y la respuesta que tuvo fue que podía vivir con ella. “Se me negó ese derecho, se me negó ser madre”, compartió.
Durante la presentación se hizo énfasis en que para que haya un cambio en la vida de las mujeres integrantes de la población callejera es necesario abordar las diferentes problemáticas de manera interseccional y con perspectiva de género, diseñar procesos estandarizados de atención, implementar brigadas en los espacios de socialización y pernocta, y contar con un registro, tanto cuantitativo como cualitativo, para brindar atención especial.
Las conclusiones del diagnóstico se presentan como una serie de observaciones y recomendaciones divididas entre los derechos más violentados de las mujeres; algunas se presentan a continuación:
Derecho a la vida: establecer un mecanismo para coordinar los distintos niveles de atención y garantizar el acceso a los servicios para evitar muertes que fácilmente se pueden prevenir. Establecer programas de vivienda, consensuada e incluyente, a través de los cuales la población callejera, y especialmente las mujeres, puedan mejorar su calidad de vida junto con la de sus hijas e hijos. Promover entre servidores públicos un acercamiento sensibilizado a las adicciones para que no sean vistas como un delito, sino que sean comprendidas como el resultado de una serie de problemáticas económicas, sociales, familiares y culturales.
Derecho a una vida libre de violencia: contar con un registro confiable de feminicidios para su análisis y combate. Informar y sensibilizar a las mujeres sobre sus derechos para que puedan ejercerlos y exigir su respeto. Tipificar en el país la discriminación como un delito desde la perspectiva de género. Capacitar a servidores públicos en materia de violencia de género y garantizar el adecuado funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y su difusión entre la población.
Derecho a la identidad legal: establecer un procedimiento uniforme para el acceso a la identidad legal. Establecer a nivel nacional un periodo único de registro oportuno para desarrollar acciones de combate del subregistro de nacimientos.
Derecho a la salud: visibilizar la ausencia de datos sobre los programas de salud que llegan a las mujeres pertenecientes a la población callejera y que son utilizados por ellas, y evaluar si tienen el impacto deseado. Capacitar al personal que atiende en los espacios de salud en temas de buen trato, derechos humanos y perspectiva de género para mejorar la atención a las mujeres que acudan a ellos. Impulsar acciones para incrementar y mejorar la atención de la salud mental.
Derecho a la educación: brindar talleres sobre educación sexual y planificación familiar para promover decisiones libres e informadas e informar sobre prácticas sexuales seguras, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual e interrupción legal del embarazo.
Derecho al trabajo: crear talleres para la población callejera sobre la eliminación de los roles de género, los derechos laborales de las mujeres para que conozcan la forma de obtener los requisitos necesarios en la búsqueda de un empleo formal. Construir políticas públicas en contra del acoso psicológico y sexual dentro de empresas, instituciones y el espacio público, tomando en cuenta que la mayoría de las mujeres tiene empleos informales en este espacio; de igual forma, es necesario capacitar y sensibilizar a policías y servidores públicos para evitar violaciones a los derechos que atenta a la integridad de las mujeres que realizan este tipo de empleos. Brindar capacitaciones y cursos financieros para que la población callejera sepa administrar y gestionar el dinero que obtienen.
Derecho al acceso a la justicia: desarrollar un mecanismo de atención especial a la población callejera dentro del sistema judicial para que conozcan sus derechos. Sensibilizar a servidores públicos del sistema de justicia para desestigmatizar y descriminalizar a las personas en situación de calle. Trabajar en contra de la revictimización de las mujeres por parte de servidores públicos.
Aun cuando durante la investigación se encontró un amplio marco jurídico internacional que protege y garantiza el ejercicio de los derechos humanos de la población callejera, entre las que se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los resultados de dicha investigación apuntaron a que “no había programas sociales ni servicios públicos específicos que atendieran a las mujeres que pertenecían a la población callejera”, según Myrna Salazar.
En la presentación se hizo hincapié en que el Instituto de Estadística, Geografía y Estadística (Inegi) no cuenta con información detallada acerca de la población callejera en México, únicamente se estima, de acuerdo con el Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017-2018, realizado en la Ciudad de México, que existen alrededor de 6,754 personas viviendo en esta situación, de las cuales 87.27% son hombres y 12.73% son mujeres.
Las personas que forman parte de la población callejera podrían ser definidas como aquellas que no tienen una vivienda fija y no cuentan con un apoyo familiar, de hecho, en la mayoría de los casos el haber vivido en un ambiente de violencia intrafamiliar fue lo que las llevó a refugiarse de esa situación en la calle y luego a vivir en ella.
El proceso para designar a nuevo titular de CNDH debe ser “particularmente escrupuloso, objetivo, transparente y certero”, señaló ONU Derechos Humanos.
Imagen tomada de la página oficial de la CNDH
Ante los reclamos de la oposición sobre un fraude en el proceso de selección de Rosario Piedra como titular de CNDH, y el hecho de que militara en el partido Morena, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló en un comunicado que la Comisión necesita estar dotada de “plena independencia y legitimidad”.
“Esto supone, entre otros requisitos, que el proceso de designación de su titular sea particularmente escrupuloso, objetivo, transparente y certero, de forma tal que se evite cualquier tipo de cuestionamiento que afecte la legitimidad de la persona a quien se designa, de la institución cuya cabeza se nombra y de quien hace la elección respectiva”, indicó la Oficina, en un comunicado.
Ciudad de México, 20 de noviembre de 2019. En medio de una crisis de derechos humanos, la designación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) constituía no sólo un asunto del más alto interés público, sino también una oportunidad para cambiar el paradigma de las designaciones de personas titulares de los órganos constitucionales autónomos de nuestro país.
El proceso de designación de la CNDH incumplió con su principal razón de ser: brindar de legitimidad de origen a la figura del Ombudsperson para que pueda cumplir con su mandato adecuadamente, por lo que su margen de acción, autonomía e independencia se ponen en riesgo.
El proceso arrancó con una convocatoria en la que se incorporaron estándares participativos y de transparencia que darían certeza y legitimidad a la designación. Las y los senadores aprobaron una serie de criterios de idoneidad y probidad, con carácter vinculante, para definir las tres mejores candidaturas a presidir la Comisión, con lo que se comprometían a basar en evidencia todas sus decisiones.
Pese a los estándares incorporados en la convocatoria, se incumplió el proceso y como resultado tenemos una actuación muy cuestionada del Senado de la República, una Ombudsperson sin legitimidad de origen, y descalificaciones por parte de la clase política sobre la actuación de organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos que seguimos este proceso.
En este marco, consideramos que el Senado de la República le quedó a deber a la sociedad mayor profesionalismo y compromiso para asumirse como un contrapeso real del poder ejecutivo, además de fortalecer el Estado de Derecho, ya que:
1. No hubo un escrutinio profundo de los perfiles, a pesar de algunos cuestionamientos a los mismos en torno a su falta de idoneidad e independencia que presentaban algunas postulaciones. 2. No se motivó debidamente la decisión en la elección de la terna, como lo indica la Ley. 3. La valoración de los perfiles terminó siendo discrecional y no se tomaron en cuenta los indicadores para evaluar la idoneidad de las personas candidatas. Inclusive, dichos indicadores no fueron públicos durante todo el proceso. 4. La votación de la terna, realizada en tres ocasiones, violó lo dispuesto en la Ley de la CNDH. 5. Las rondas de votaciones en el pleno del Senado, su cómputo y la decisión final no brindaron la certeza jurídica y legitimidad necesarias que el proceso de designación ameritaba.
Por lo anterior, el Senado perdió la oportunidad, una vez más, de dar certeza y credibilidad a los procesos de designación con lo que se crea un mal precedente para la consecución de un verdadero Estado Democrático de Derecho en nuestro país. Con esta designación se ha debilitado gravemente la legitimidad de la CNDH y la protección de los derechos humanos en México.
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
Cuatro candidatos a la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informan sobre un amparo que presentaron en contra del procedimiento de elección de la titular del organismo.
El amparo está enfocado en revertir el procedimiento, ya que éste no se ciñó a lo establecido en la ley.
Piden al Senado de México la reposición del proceso y que la persona elegida no tome posesión del cargo.
Participan: diversos candidatos a la titularidad de la CNDH
Convocan: Michael Chamberlin, Carlos Pérez, Rosy Laura Castellanos y Alejandro Vázquez.
La cita: Viernes 15 de noviembre a las 11:00, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa, a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse conFrancisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
En un informe especial, la CNDH señaló que las personas LGBTI son víctimas de discriminación y rechazo en México, principalmente los gays y lesbianas.
Imagen tomada del Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trasvestis, Transgénero, Transexuales e Intersexuales (LGBTI) en México, de la CNDH
La discriminación, violencia, los “crímenes de odio” de los cuales son víctimas las personas LGBTI son flagelos que dañan a la sociedad y afectan el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la integridad personal, a la igualdad jurídica y a la vida, afirmó el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez.
El funcionario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trasvestis, Transgénero, Transexuales e Intersexuales (LGBTI) en México.
De acuerdo con el informe, esas personas suelen enfrentar los efectos de toda una vida de discriminación, rechazo y burlas, lo cual las coloca en un riesgo mayor de sufrir enfermedades físicas y mentales, además de otras condiciones como aislamiento social, depresión y ansiedad, pobreza, enfermedades crónicas, e incluso, mortalidad prematura
