La CNDH urge a gobiernos atender 127 quejas registradas por sismos

Foto: Alejandro Saldívar

Por Redacción/Proceso

Hasta este domingo 8 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó 127 quejas por los recientes sismos en el país, por lo que ya solicitó información al respecto a distintas autoridades federales, estatales y municipales.

De este total, 119 ya están debidamente calificadas y 8 aún pendientes, detalló el organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez.

De las quejas calificadas, 39 están relacionadas con las actividades de búsqueda y rescate en los inmuebles derrumbados y colapsados; 34, con solicitudes de revisión de inmuebles con posibles daños estructurales; 21, de trabajadores que refieren daños en las instalaciones de sus centros laborales y carecen de dictamen, y 13, relacionadas con prestación de servicios públicos.

La CNDH agregó que 5 quejas son contra la presidenta del DIF estatal de Morelos, Elena Cepeda -esposa del gobernador Graco Ramírez-, relacionadas con el destino de los vehículos que transportan víveres y porque dicha ayuda se coloca en bolsas de la mencionada institución.

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En la frontera sur aumentan cada más los operativos de control y verificación migratoria: CNDH

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que el incremento de operativos de control y verificación migratoria en la frontera sur de México ha provocado que las personas migrantes busquen rutas alternas para ser invisibilizados y evitar su detención.

Sin embargo, dichas acciones los han convertido en víctimas de secuestro y extorsión, en tanto que la mayoría de las fiscalías especializadas para la atención de delitos contra las personas migrantes no han cumplido su cometido.

Así lo dio a conocer en Ginebra, Suiza, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, durante la presentación del Informe Ejecutivo de la CNDH al Comité de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de Naciones Unidas.

González destacó la especial relevancia que guardan los flujos migratorios de niñas, niños y adolescentes en contextos de migración no acompañados en tránsito por México, que en el último decenio aumentó en 700% respecto de los 2 mil 869 que fueron retornados a su país de origen en 2010.

Muchos de esos menores de edad –aseguró– se ven obligados a huir teniendo la necesidad de solicitar protección internacional; sin embargo, la autoridad mexicana les ha otorgado esa protección en un porcentaje mínimo, 0.2 y 0.3 % en 2015 y 2016, respectivamente.

De acuerdo con un comunicado difundido por la CNDH, el ombudsman explicó que si bien en materia de derechos de la niñez se tiene un marco jurídico robusto y garantista, urge armonizar el contenido de las leyes locales de Migración, de Refugio y las que regulan el desarrollo integral de la familia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer los derechos que contienen, así como la interacción entre los órganos creados y las autoridades de los tres niveles de gobierno involucradas.

González Pérez destacó que a más de tres años de la creación jurídica de las procuradurías de protección de la niñez, el gobierno mexicano no las ha dotado con estructuras, personal y financiamiento necesario, por lo que no han cumplido con su obligación de representarlos jurídicamente.

“La autoridad migratoria sigue llevando a cabo la detención de niñas, niños y adolescentes, lo que va en contra del estándar mínimo de protección nacional e internacional de sus derechos, quedando expuestos a las condiciones no idóneas de los centros migratorios y, lo que es peor, a no ser canalizados a los albergues públicos o privados”, subrayó.

Respecto de los compromisos del Estado mexicano con el Comité de la ONU para investigar casos de corrupción de servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) contra personas migrantes, y sobre la mejora de las condiciones de detención en estaciones migratorias, dio a conocer que la CNDH continúa recibiendo quejas por extorsión contra esos servidores públicos.

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Desplazamiento forzado: la deuda de México con un fenómeno que ha dejado miles de víctimas

Por Redacción/Animal Político

En el Foro Internacional sobre Desplazamiento Forzado Interno, académicos y activistas criticaron al gobierno por no reconocer que este problema ha dejado miles de víctimas en México.

Defensores de los derechos humanos y académicos hicieron un llamado al Gobierno de México para que reconozca oficialmente el desplazamiento forzado como un problema que afecta a miles de personas en el país, ante la nula respuesta de las autoridades a este fenómeno que se ha agravado en el marco de la “guerra” contra el narco.

“No hay una repuesta oficial (al problema)”, reconoció Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entrevistado por Animal Político en el marco del Foro Internacional sobre Desplazamiento Forzado Interno organizado por la ONU, la CNDH y el Senado de la República y que se celebra en la CDMX.
De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), “los desplazados internos están entre las personas más vulnerables del mundo… En determinadas circunstancias, pueden ser obligados a huir por las mismas razones de los refugiados (conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos), con la diferencia que los desplazados internos permanecen bajo la protección de su gobierno, aun en los casos en que el mismo gobierno se convierte en una de las causas de su huida”.

Corzo Sosa aseguró que tanto la administración de Felipe Calderón como la de Enrique Peña Nieto no han reconocido este problema, esto a pesar de la existencia de múltiples casos y testimonios documentados que dan cuenta del fenómeno que de acuerdo con el último informe de la CNDH, publicado en mayo de 2016, ha dejado a por lo menos 35 mil 433 víctimas de desplazamiento forzado en el país.

“El mapeo que tenemos es una muestra. Nosotros no tenemos la capacidad, ni la infraestructura para decir ya analizamos toda la situación del país, pero sacamos una muestra muy significativa”, dijo el Visitador sobre las cifras del informe.

¿Cuál es el argumento del Gobierno cuando la CNDH le pregunta el por qué no hay un reconocimiento oficial sobre el problema de desplazamiento forzado en México?, se le preguntó.

“Nada”.

“No ha habido hasta el momento una respuesta oficial a nuestro informe. Se lo mandamos a diversas autoridades y lo que esperamos es que por lo menos exista una respuesta al informe, ya ni siquiera al problema”, respondió Corzo Sosa.

El Quinto Visitador reconoció que en el informe de la CNDH se detectó que la violencia es el principal motivo que ha causado el desplazamiento forzado en México, donde los grupos del crimen son los causantes de la misma.

“Hemos visto como familias de Sinaloa se han tenido que desplazar de 3 comunidades, nosotros hemos emitido medidas cautelares al respecto, pero hemos visto este problema en Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca”.

El Visitador dijo que este estudio va en el sentido de evidenciar el problema, de pedir que se reconozca el fenómeno, pero además que se implementen políticas públicas, se repare la violación de los derechos humanos en todos los casos y se brinde asistencia humanitaria a las víctimas…“pero no hay una respuesta oficial”.

Más de 311 mil desplazados

Laura Rubio Díaz Leal, profesora de Estudios Internacional del ITAM, entrevistada por Animal Político tras su participación en el Foro, aseguró que la falta de reconocimiento oficial del desplazamiento forzado en México ha vulnerado el derecho de las poco más de 311 mil víctimas de este fenómeno, cuantificadas en diferentes estudios hechos organizaciones sociales e instituciones educativas, así como testimonios de víctimas.

“El problema no se ha querido reconocer porque hay un dejo de estrategia fallida en materia de seguridad, hay elementos muy claros para señalar que la estrategia contra el narcotráfico ha sido la causante del incremento de violencia, pero por otro lado es una realidad que incomoda y que conlleva una responsabilidad del estado para atender el fenómeno”.

De los costos sociales y económicos que ha dejado esta falta de reconocimiento oficial, dijo que entre los principales se encuentran que las víctimas no cuenten con protección, que no tengan asistencia humanitaria del estado y que no cuenten con oportunidades para empezar en otros lados sus vidas en condiciones de dignidad.

“Además, ninguna autoridad se ha sentado a cuantificar lo que le cuesta al estado el hecho que las familias desplazadas dejen de producir. Es un tema muy amplio de afectación económica más allá de las que pierden las familias”.

¿Por qué las autoridades no reconocen el problema? Se le preguntó.

“No dan explicaciones, han negado el problema desde 2011. Se llegó a pensar que una vez que finalizara el gobierno de Felipe Calderón la postura cambiaría, pero no ha sido así. Simplemente no se habla del tema”.

80% de los desplazados son por violencia

Para Brenda Pérez Vázquez, directora de Desplazamiento Interno Forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), existe un porcentaje muy alto de desplazados relacionados con la violencia criminal.

“Estamos hablando de un 80% de los casos”, dijo la investigadora y defensora de la CMDPDH, basada en un estudio realizado por su organización y que documentó 29 episodios de desplazamientos forzados en México durante 2016.

Estos 29 episodios documentados, en un principio por la prensa y luego corroborados por la organización, dejaron 23 mil desplazados, 10 mil de ellos en Michoacán, estado que en el presente sexenio ha vivido de manera recurrente diferentes episodios de violencia entre grupos del crimen, fuerzas federales y autodefensas, además de bloqueos de carreteras y quema de autobuses.

“De estos episodios, 20 impactaron a 21 mil personas por situaciones de violencia vinculada al crimen. Son 10 estados del país que concentraron estos desplazamientos principalmente Veracruz, Chihuahua, Guerrero y Michoacán”.

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A siete años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, 15 consignados pero ni un solo condenado

Por Redacción/Animal Político

La Unidad de Investigación para Personas Migrantes de la PGR indicó a familiares de las víctimas la cifra de consignados, aunque no ha podido corroborarse esa información en el expediente, porque las autoridades no han dado acceso, señaló la organización Fundación para la Justicia.

Han transcurrido siete años desde que se cometió la masacre de 72 migrantes en un rancho ubicado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, y hasta el momento la Procuraduría General de la República (PGR) tiene 15 personas consignadas, pero ni una sola condenada.

Esa fue la información que la Unidad de Investigación para Personas Migrantes de la PGR, a cargo de Leonor Figueroa, dio a conocer a las familias de las víctimas, quienes estuvieron en México la semana pasada para recordar que en todo este tiempo las autoridades mexicanas poco han hecho para aclarar el caso, y administrar justicia a los deudos.
Se trata de una cifra que no se ha podido corroborar con el expediente, pues hasta el momento no han tenido acceso íntegro a ese documento, explicó Ana Sandra Salinas, integrante del área jurídica de la Fundación para la Justicia, una de las organizaciones de las sociedad civil que ha acompañado el caso de la masacre en San Fernando.

Y puntualizó que “desde que la Unidad de Investigación para Persona Migrantes tiene el caso no ha hecho nada por darle seguimiento a las consignaciones y condenas”.

Además de la falta de información, el trato que recibieron los familiares de las víctimas por parte de funcionarios de la PGR fue “muy poco respetuoso”, acusó: primero los quisieron atender en un cubículo pequeño en lugar de una sala amplia, luego el personal auxiliar del ministerio público, presente en la reunión, respondió de manera poco sensible a las peticiones.

Ana Sandra cuenta que se pidió que las autoridades mexicanas viajaran a los países de origen de los migrantes para reunirse con las familias de los asesinados para explicarles los procedimientos de identificación y el trabajo realizado en materia penal.

“Un licenciado que estaba en la sala, auxiliar de la Ministerio Público a cargo del caso, dijo que las familias tenían que comprender que no tenían tiempo ni personal, y mientas las familias externaban sus dudas vimos algunos ademanes no gratos hacia ellos”, dijo Ana Sandra.

La activista también informó que acaban de ganar un amparo para tener acceso a la documentación, pero que en la reunión, que se llevó a cabo el pasado miércoles en las instalaciones del PGR, les informaron que la copia que les entregarán estará testada.

Desde marzo del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los familiares de los migrantes asesinados deben ser considerados víctimas directas de la masacre, a pesar de ello, aún no han recibido justicia por parte de las autoridades mexicanas.

Por ello, agrega Ana Sandra: “hay demasiada falta de sensibilidad en las autoridades. Si para todos los mexicanos es difícil que podamos acceder a la justicia, pues para las familias de los migrantes es todavía más difícil. Son personas humildes, algunas de ellas son de comunidades indígenas”.

En 2009, un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ubicó a Tamaulipas como la tercera entidad con el mayor número de secuestros de migrantes, una actividad que de acuerdo con la institución dejó en ese año un aproximado de 50 millones de dólares a las redes del crimen organizado.

El informe también señaló que en los casos investigados en ese año hubo participación de autoridades mexicanas en los secuestros, lo que “revela que existen lazos de complicidad entre la delincuencia y algunos agentes del Estado”.

Cuestionada al respecto, Ana Sandra dijo que en la reunión con la PGR sólo les mostraron la lista de nombres, pero no tienen certeza si policías municipales de San Fernando, o algún otro funcionario, están entre los imputados.

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Opacidad y cuerpos sin identificar: los pendientes a 7 años de la masacre en San Fernando

Por Redacción/Animal Político

Familiares de las víctimas de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, acusan que no les han dado acceso a los expedientes y que no se ha cumplido con la reparación del daño.

A siete años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, familiares de las víctimas y líderes de organizaciones civiles acusaron que aún no se ha identificado a todos los cuerpos, no se les ha dado acceso a los expedientes y que las autoridades ni siquiera han cumplido en su totalidad con la reparación del daño.

“En 2010 empezamos con esta pesadilla”, dice Glenda, quien perdió a su padre y a tres de sus hermanos en la masacre de San Fernando.
La definición que hace Glenda de la masacre encuentra eco en las palabras de Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, una de las organizaciones que han acompañado a las víctimas, quien acusa: “Seguimos sin que se haya cumplido con la reparación del daño y las familias siguen con la incertidumbre sobre si los restos que les entregaron son de sus familiares”.

Hasta el momento, hay 10 cuerpos que permanecen sin identificar en el Servicio Médico Forense, luego de que, según Delgadillo, fue hasta tres años después de la masacre que comenzó a sistematizarse la investigación e identificación de los restos, gracias al trabajo de la Comisión Forense, conformada por peritos de la PGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Ese equipo de peritos recuperó restos que habían sido enterrados en fosas comunes en San Fernando y Ciudad Victoria, también en Tamaulipas, y en el panteón de Dolores de la Ciudad de México. Antes de eso la entrega de restos era irregular, sin información para aclarar las dudas a las familias, dijo la activista.

La lucha jurídica tras la masacre

Siete años después de los hechos en San Fernando, la lucha jurídica por conocer la verdad ha implicado siete amparos y la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A pesar de ello ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ni la Procuraduría General de la República (PGR) han hecho públicos los expedientes de sus investigaciones, ni tampoco se ha investigado a profundidad la responsabilidad del estado en la masacre.

En mayo pasado, la SCJN obligó a la CNDH a reclasificar el caso de los 72 migrantes para calificarlo como “violación grave a los derechos humanos”, lo que permite abrir la información, aunque hasta el momento la CNDH no ha entregado las copias del expediente.
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72 migrantes asesinados, y 7 años después las familias no pueden tener expedientes en sus manos

Por Redacción/Sin embargo

El 24 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó a la CNDH a cumplir con sus facultades, por lo que en junio calificó la masacre de San Fernando como violación grave a derechos humanos para efectos de transparencia. No obstante, el organismo sigue sin entregar a las víctimas las copias del expediente de queja sobre su indagación.

“Exigimos que la entrega de información de la masacre de los 72 migrantes -58 hombres y 14 mujeres primero secuestrados- se haga en términos que garanticen efectivamente el derecho a la información y no en las condiciones de opacidad del expediente de Cadereyta [masacre en Nuevo León en 2012 cuyo expediente está tachado]”, exigieron las organizaciones Artículo 19 y Fundación para la Justicia.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- A siete años de la masacre a 72 migrantes de Centroamérica y Sudamérica hallados en el rancho “El Huizachal” en San Fernando, Tamaulipas, los familiares siguen sin tener acceso a las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acusaron las organizaciones Artículo 19 y Fundación para la Justicia.

Como resultado, sigue sin saberse quiénes son los responsables, si alguna línea apunta a la participación u omisión de agentes estatales, hay 10 restos sin identificar y las familias viven con la incertidumbre sobre si los restos que les entregaron son sus familiares que se dirigían a Estados Unidos, ya que no se ha esclarecido el proceso de identificación.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) decidirán si habrá acceso a las investigaciones de la masacre de San Fernando en 2010, la de 2011 y la de Cadereyta, Nuevo León, en 2012.

“Exigimos que la entrega de información de la masacre de los 72 migrantes -58 hombres y 14 mujeres primero secuestrados- se haga en términos que garanticen efectivamente el derecho a la información y no en las condiciones de opacidad del expediente de Cadereyta [masacre en Nuevo León en 2012 cuyo expediente está tachado]”, dijeron las organizaciones.

El 24 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó a la CNDH a cumplir con sus facultades, por lo que en junio calificó la masacre de San Fernando como violación grave a derechos humanos para efectos de transparencia.

No obstante, el organismo sigue sin entregar a las víctimas las copias del expediente de queja sobre su indagación.

Por otro lado, los familiares han tenido que emprender litigios para acceder a la investigación penal de la PGR. La información hasta ahora entregada es escasa, expusieron las organizaciones.

Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, dijo que la masacre de los 72 migrantes no fue un punto final porque “seguimos contando un sin número de secuestros y asesinatos a migrantes”.

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35 mil 433 mexicanos han sufrido desplazamiento forzado: CNDH; la mayoría es por la violencia

Por Redacción/Sin embargo

En México hay 35 mil 433 víctimas de desplazamiento forzado. La CNDH ha emitido cuatro medidas cautelares por desplazamiento forzado de 600 a 800 personas en San juan Juquila Mixes, en la reserva sur de Oaxaca; en Chilapa, Guerrero, donde se desplazaron 500 familias; en el Desengaño, Campeche con casi 400 desplazados guatemaltecos; y 300 familias en las comunidades del municipio la Concordia, Sinaloa.

“Hay zonas de violencia que obligan a familias completas a desplazarse, dejando sus patrimonios y toda su vida. Hemos recorrido partes del país con colonias completas abandonadas”, dijo Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emplazó al Gobierno federal a crear un registro de víctimas por desplazamiento forzado interno, durante el Foro Nacional sobre Desplazamiento Forzado en México. Las autoridades federales estuvieron ausentes del evento.

“Yo espero que el próximo mes [enviar el anteproyecto de Ley]. Nosotros estamos listos. No debe haber temor a la palabra forzada“, dijo Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH.
El Ombudsman adelantó que presentará un anteproyecto en las próximas semanas de Ley que contará con la participación de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Desplazados y la Relatoría de la Comisión Interamericana para Migraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dada la ausencia de los representantes federales en este foro, adelantó que enviaría una carta a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto para que se concrete la visita de la Relatoría de Naciones Unidas para este tema a México.

Sólo este año la CNDH ha emitido cuatro medidas cautelares por desplazamiento forzado de 600 a 800 personas en San juan Juquila Mixes, en la reserva sur de Oaxaca; en Chilapa, Guerrero, donde se desplazaron 500 familias; en el Desengaño, Campeche con casi 400 desplazados guatemaltecos; y 300 familias en las comunidades del municipio la Concordia, Sinaloa.
En México hay 35 mil 433 víctimas de desplazamiento forzado, constató el más reciente informe de la CNDH sobre este tema publicado el año pasado.

Después de un análisis sobre este problema la Comisión expuso que no existen esfuerzos articulados de los tres niveles de Gobierno para garantizar los derechos de las víctimas.

“Hay zonas de violencia que obligan a familias completas a desplazarse, dejando sus patrimonios y toda su vida. Hemos recorrido partes del país con colonias completas abandonadas”, dijo la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado Angélica de la Peña.
Del total de las víctimas, son 31 mil 798 las que tuvieron que moverse de donde habitan por motivo de la delincuencia.

Estas personas no se van por su propia voluntad, aclararon representantes de diversas instituciones nacionales internacionales durante la presentación del informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno, producto de mil cuestionarios aplicados en 65 municipios de las 32 entidades, entre el 10 de marzo y el 28 de abril del 2014. Un metodología con un grado de confianza del 95 por ciento.
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Justicia federal ordena a la PGR investigar de forma exhaustiva caso Tlatlaya

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La justicia federal emplazó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que deje de ser omisa en las investigaciones sobre la ejecución sumaria de civiles perpetrada hace tres años por efectivos del Ejército en Tlatlaya, Estado de México.

El juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió ese recurso legal a Clara Gómez, madre de una menor víctima de la masacre, quien ha exigido una investigación completa sobre lo ocurrido, incluida la alteración de la escena por parte de militares, la dilación de la procuraduría estatal y la actuación y órdenes de los mandos del Ejército.

El fallo fijó un plazo de 30 días para que la PGR presente ante el juzgado un calendario de actuaciones y cumplimiento que ayuden a esclarecer los hechos ocurridos la madrugada del 30 de junio de 2014 y que el Ejército presentó inicialmente como un enfrentamiento con miembros de la delincuencia organizada.

Ante las omisiones de la PGR, que permitieron la liberación de los únicos tres implicados en el caso, la madre de la menor, de 14 años, el juzgado le pidió a la PGR haga una investigación exhaustiva de los hechos en los que murieron 22 personas, ocho de las cuales fueron ejecutadas después del enfrentamiento, de acuerdo con las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La menor estaba en el lugar de los hechos, recordó el martes el diario El País al informar sobre el fallo.

La resolución, conocida por Apro, dice que la PGR deberá informar al juez si tiene alguna indagatoria pendiente y que, de ser el caso, señale de forma pormenorizada las diligencias que considere necesarias para tener nuevos elementos que esclarezcan lo ocurrido.

En ese informe detallado, dice el juez en su resolución, la PGR tendrá que puntualizar el objeto de cada una de las diligencias, lo que pretende obtener o el motivo para que se realicen.

Cumplidas esas actuaciones, la PGR “deberá determinar el sentido que corresponda a la indagatoria”; es decir, si hay más implicados en la ejecución.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) argumentó en su momento que se trató de un enfrentamiento que ocurrió cuando una patrulla militar pasaba por el lugar.

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Violencia contra mujeres: en promedio hay 35 denuncias diarias por violación, alerta la CNDH

Por Redacción/Animal político

La Comisión indicó que en el periodo enero-junio fueron presentadas 6,444 denuncias ante el Ministerio Público, por casos de violación sexual en el país.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre las 6,444 denuncias presentadas en el periodo enero-junio ante el Ministerio Público, por casos de violación sexual en el país. En promedio, en el primer semestre, fueron presentadas 35 denuncias diarias, por ese tipo de delito, a nivel nacional

“La CNDH exhorta a toda la sociedad, de manera especial a las autoridades y servidores públicos, a cumplir con su deber de respeto y garantía de los derechos de las niñas y mujeres del país, con base en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el artículo 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o ‘Convención de Belém do Pará’”, apuntó la CNDH.
La Comisión indicó que, en el periodo de 2007 a 2014, fueron reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 17,274 muertes de mujeres en el país, con presunción de homicidio.

Esos datos “motivan la preocupación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el creciente aumento de violencia hacia ese sector poblacional”.

En específico, la CNDH señaló los casos de Colima y Durango, donde se implementó la alerta de violencia de género.

“En Colima la correspondiente declaratoria de alerta (de género) fue decretada por la Secretaría de Gobernación para dicha entidad, ante el creciente aumento de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH), al pasar de una tasa de 1.9 por cada 100,000 mujeres en 2007 a 4.7 en 2014 (17 fallecimientos), colocándose por arriba de la media nacional que para este último año fue de 3″, detalló la Comisión.
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CNDH insta a proteger garantías de afromexicanas

Por Redacción/ La jornada

Ciudad de México. Las mujeres afrodescendientes aún son víctimas de discriminación múltiple, estigmatización y desigualdad en México, denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Por lo que llamó tanto a las autoridades como a la sociedad a garantizar y proteger sus derechos, así como promover oportunidades para su participación en la política y en la toma de decisiones en todos los ámbitos.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, que se conmemora este 25 de julio, el organismo nacional emitió una posición en la que aseveró que la preocupación por reivindicar los derechos de las mujeres afromexicanas se enmarca también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Entre dichas metas están poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en el mundo; eliminar todas las formas de violencia en su contra, incluidas la trata de personas, la explotación sexual y otros tipos de explotación, así como aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el llamado empoderamiento de ellas en todos los niveles.

La CNDH recordó que además de lo anterior, las Naciones Unidas proclamaron el periodo de 2015-2024 como el Decenio Internacional para los Afrodescendientes.

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