Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- El uso excesivo de la fuerza que ejercieron elementos de la Policía Federal contra dos civiles en Durango causó que una de las víctimas quedara parapléjica, informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH).
El organismo emitió este día una recomendación a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a cargo de Renato Sales Heredia, por hechos ocurridos el 3 de febrero de 2013 en Ciudad de Lerdo, Durango.
De acuerdo con la denuncia, ese día, aproximadamente a las 17:30 horas, ocho policías federales que circulaban sobre la calle Francisco Villa, de la Colonia Credicasas, marcaron el alto a un vehículo que circulaba a exceso de velocidad.
El conductor, quien iba acompañado de las víctimas, una de ellas de 15 años de edad, hizo caso omiso. La persona que iba en la parte trasera del carro disparó con un arma de fuego contra los elementos policiales, quienes repelieron la agresión, provocando que el automovilista perdiera el control y se impactara contra un muro de contención.
La CNDH acreditó que los uniformados no agotaron los medios lesivos para detener a los tripulantes del vehículo y efectuaron disparos, que causaron lesiones en dos de ellos.
El conductor huyó y los federales solicitaron una ambulancia para llevar a los heridos al hospital. Una de las víctimas recibió impactos de bala que no pusieron en peligro su vida; sin embargo, la otra, resultó con lesiones que le provocaron pérdida de movilidad de ambas piernas.
Soldados del Ejército Mexicano entraron ilegalmente en un domicilio particular en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la noche del 27 de enero de 2016, torturaron a tres jóvenes que se encontraban en la casa, los detuvieron de forma ilícita y asesinaron a dos de ellos, concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La CNDH divulgó este martes la recomendación 54/2017, donde relata a partir de peritajes, declaraciones ministeriales y testimonios cómo fue que soldados que buscaban un vehículo supuestamente ligado a la delincuencia organizada, terminaron asesinando a dos jóvenes de 19 y 20 años de edad, cuyos cuerpos arrojaron en un predio.
Aproximadamente a las 21:30 horas del 27 de enero de 2016, el padre de uno de los jóvenes asesinados fue informado por vecinos que había militares en la casa de su hijo, por lo que se dirigió al lugar. Soldados le impidieron el paso y durante unas dos horas esperó afuera de la casa mientras escuchaba cómo su hijo pedía que ya no lo golpearan.
El joven que también fue torturado por militares pero que sobrevivió relató a un visitador adjunto de la CNDH que aproximadamente a las 21:00 horas fue a visitar a dos amigos (los jóvenes asesinados) y mientras estaban en la casa escucharon golpes en la puerta, se dieron cuenta que eran militares.
Los soldados entraron y lo sometieron: “en ese lugar lo comienzan a golpear a tablazos en las nalgas, le bajan los pantalones a las rodillas y le dan más de 100 tablazos al tiempo que le aplican toques eléctricos en todo su cuerpo colocándole agua, sal, cloro, fabuloso en los ojos y todo el cuerpo, se desmayó varias veces, lo pateaban por todas partes, le pegaron con una tabla con clavos en la planta de los pies, esos golpes le provocaron [que] perdiera el conocimiento, gritaba para que lo dejaran en paz, toda esa situación duró alrededor de 2 horas”.
Los militares también sometieron a los otros dos jóvenes, quienes se habían refugiado en la planta alta de la casa, y los golpearon en la misma forma. Les preguntaron por drogas y armas pero los muchachos decían que no sabían nada. Los elementos castrenses no encontraron algún objeto ilícito en la vivienda y se llevaron a los jóvenes en vehículos militares.
El padre de una de las víctimas observó cómo se los llevaban en la parte trasera de una camioneta y aseguraban un vehículo particular, propiedad de uno de los jóvenes.
Acudió a agencias del ministerio público local y federal, sin obtener información de los detenidos, fue al auditorio municipal donde se reunían los militares y éstos le dijeron que solamente habían asegurado un vehículo con reporte de robo, por lo que presentó una denuncia ante el ministerio público de Tepatitlán de Morelos.
El sobreviviente relató a la CNDH que los soldados los llevaron a un lugar desconocido, “al parecer una brecha”, donde los siguieron golpeando e interrogándolos sobre dónde tenían la droga y las armas y para qué cártel trabajaban.
“Al paso de unas horas, no sabe cuántas, lo levantan y un elemento del Ejército Mexicano le hace la famosa ‘llave china’ y le quiere torcer el cuello, pero como … es muy corpulento y gordo el soldado no pudo quebrarle el cuello haciendo varios intentos”, escribió el visitador de la CNDH que entrevistó al sobreviviente.
El joven dijo haber visto cómo militares sí les torcieron el cuello a sus dos amigos, luego se desmayó por varias horas y cuando despertó se acercó a sus compañeros, dándose cuenta de que estaban muertos.
La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaron sobre la Ley de Seguridad Interior, señalando que, en los términos en que pretende aprobarse, contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, y no aportaría soluciones reales al problema de seguridad del país.
De cara a la discusión de la Ley en el Senado, después de que fuera aprobada en la Cámara de Diputados por la mayoría priista e incluso con votos de panistas, el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, envió una carta a la Cámara Alta, donde pide no aprobar la minuta.
“La ONU-DH expresa su profunda preocupación por el contenido de la referida Minuta. En diversos espacios públicos, incluido el Senado de la República, la ONU-DH ha declarado la inconveniencia de emitir una ley como la que se propone”, indicó Jarab en la misiva.
“Entre otras consideraciones, generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”, agregó.
En otro punto de su misiva, enlistó 14 observaciones a la ley, con puntos como su “ambigüedad de conceptos”, las “afectaciones a la protesta social”, y la “indebida regulación” del uso de la fuerza.
“Los escenarios que permiten habilitar las acciones previstas en la ley son demasiado generales y poco precisos, de modo tal que se podrían activar los mecanismos previstos en la ley en una cantidad indeterminada de supuestos”, observó.
El gobierno mexicano y el PRI han rechazado que la ley pretenda militarizar al país o vulnerar los derechos humanos, sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales han señalado los peligros de su aprobación.
Se prevé que este martes el dictamen sea discutido en el Senado.
En un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) insistió este lunes sobre “los potenciales riesgos del dictamen”, múltiples y de diversa gravedad.
“La emisión de una ley de seguridad interior en los términos que se plantean contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles”, apuntó la CNDH. Ver nota completa
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió sobre los “potenciales riesgos” de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para regular la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, de cara a su discusión en el Congreso.
La emisión de una ley de seguridad interior, en los términos que se plantea, señaló la Comisión en un comunicado, “contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 Constitucional”.
En otro punto de su mensaje, la CNDH acusó que las fuerzas armadas han tenido que ejercer tareas de seguridad pública, por “la omisión, la indiferencia y la falta de resultados contundentes en la capacitación y desarrollo de las policías”.
En el ámbito del reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos, continuó, los potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión son múltiples y de diversa gravedad:
“Tan sólo por mencionar algunos, se podrían referir desde las imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior; una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica”, indicó.
Otro de los puntos de riesgo, según la Comisión, es “la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito”.
La propuesta de ley, agregó la CNDH, “no establece en forma expresa la forma como se conciliará la prevención, investigación y persecución de delitos con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar como materia o riesgos a la Seguridad Interior, siendo en consecuencia previsible que su aplicación trasgreda, desde el origen, garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución, lo cual propiciará que los responsables de una conducta ilícita tengan una puerta abierta para eludir la acción de la justicia por la indebida actuación de las autoridades, una vez que sus acciones fueran puestas a consideración de un tribunal de derecho.
El homicidio de mujeres en México pasó de mil 519 casos registrados en 1990 a 2 mil 813 en 2016, lo que representa un aumento de casi el 100 por ciento, y la razón es la falta de respuesta oportuna de las autoridades para atender la violencia contra las mujeres, denunció la Comisión Nacional Derechos Humanos (CNDH).
Durante 2017, las denuncias por acoso y hostigamiento sexual se han incrementado. Un caso es el del escritor Felipe Montes, maestro del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITSEM), el cual, presuntamente acosaba a sus alumnas.
Tras este suceso, y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, alumnas, activistas, académicas y víctimas se reunieron en Monterrey para hablar sobre el acoso que alumnas viven dentro de sus universidades, y del cual, muchas veces no se habla.
Monterrey, N.L., 24 de noviembre (SinEmbargo).- En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Frente de Feministas de Nuevo León celebró un conversatorio entre alumnas, activistas, académicas y víctimas, para exigir un alto al acoso sexual en las universidades del país.
Luego de que aparecieran en los medios de comunicación las denuncias contra el escritor Felipe Montes, maestro del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITSEM), despedido hace unos días, las feministas expresaron su indignación por el tratamiento mediático y social que han recibido las víctimas que se atrevieron a alzar la voz sobre un problema que se ha silenciado, ignorado e incrementado en algunos centros educativos de enseñanza superior.
“Apoyamos a las víctimas que se han quejado o denunciado y consideramos que las conductas de acoso sexual atentan contra los derechos humanos y la integridad física y psicológica de las que sufren este delito, por lo que debe sancionarse de acuerdo a las leyes que nos rigen”, señalaron en un comunicado.
El homicidio de mujeres en México pasó de mil 519 casos registrados en 1990 a 2 mil 813 en 2016, lo que representa un aumento de casi el 100 por ciento, y la razón es la falta de respuesta oportuna de las autoridades para atender la violencia contra las mujeres, denunció el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, según un comunicado de la Institución.
Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo/AP) — La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que el aumento de 8.32 pesos al salario mínimo en México es preocupante porque todavía es muy bajo como para cubrir las necesidades básicas de un trabajador soltero o una familia.
El gobierno aumentó esta semana el salario mínimo en 8 pesos, de 80 a 88.4 pesos.
El aumento equivalente a unos 45 centavos de dólar y representa más o menos el valor de un pasaje de ida de autobús en la Ciudad de México.
La CNDH dijo que el salario mínimo ahora queda corto al mes tras cubrir los gastos de la canasta básica, el techo y ropa de un trabajador. Exhortó a las autoridades, como a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), a considerar hablar de derechos comprometidos como son la salud, la educación, la cultura, la vivienda digna cuando se trata de establecer la cifra del salario.
Aagregó que ha insistido en diferentes ocasiones que la suficiencia del salario mínimo debe garantizar el derecho de la población a tener acceso a la canasta básica y más cuando las cifras de pobreza en México han incrementado y una de sus causas es que los ingresos de los trabajadores no alcanza para cubrir las necesidades básicas.
La Comisión recuerda que el Artículo 123 de la Constitución contempla el derecho a un trabajo digno y socialmente útil, así como la Ley Federal del Trabajo que considera que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, por ello, refiere que el salario mínimo debe garantizar que “uno solo y sus familias, vivan dignamente, con pleno goce y disfrute de los derechos humanos”.
Foto: Facebook Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Por Redacción/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones a los derechos fundamentales de 559 niñas, niños y adolescentes en casas y comedores del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en el estado de Oaxaca.
En un comunicado, la Comisión señaló que dichas violaciones consisten en violencia física y psicológica, instalaciones deterioradas, falta de atención médica y alimentación de mala calidad, y son atribuibles a personal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Servicios de Salud de Oaxaca y DIF-Oaxaca.
Por lo anterior, la CNDH emitió una la Recomendación 52/2017 dirigida al gobernador Alejandro Ismael Murat Hinojosa, y a la titular de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado.
De acuerdo con la información, tras concluir su investigación, el organismo nacional determinó “violaciones a los derechos al desarrollo integral de la niñez, a la integridad y seguridad personal, a una vida libre de violencia, a un nivel de vida adecuado para el desarrollo físico, mental y social de las niñas, niños y adolescentes, al disfrute del más alto nivel de salud, así como inobservancia del principio del interés superior de la niñez”.
La CNDH mencionó que documentó hechos de violencia física y psicológica como forma de castigo en agravio de los infantes, imputables a personal del IEEPO, así como omisiones a las obligaciones de adoptar medidas de protección en favor de las víctimas y la ausencia de protocolos de atención y prevención de la violencia escolar.
Además, confirmó que 9 de las 41 casas visitadas no cumplen con las condiciones de habitabilidad adecuada para albergar personas, ya que presentan deterioros, humedades, filtraciones y daños estructurales que ponen en riesgo la integridad y seguridad de los menores de edad que ahí pernoctan; de las valoraciones médicas practicadas a los ocupantes de 10 casas y 2 comedores, se observaron diversas afectaciones a la salud y datos clínicos de desnutrición infantil.
La CNDH recordó que recibió la queja de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Oaxaca por el deterioro de la infraestructura y falta de recursos en las Casas del Niño Indígena.
“Este Organismo Nacional inició el expediente CNDH/2/2012/8451/Q, en el que se requirieron informes a las autoridades, se realizaron diversas diligencias y trabajos de campo y se recabaron testimonios. Se visitaron 10 de los 21 Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena en el Estado de Oaxaca (CCDI), 41 Casas y 6 Comedores del Niño Indígena, donde se observaron las instalaciones, equipamiento y seguridad con que cuentan”, dijo.
Agregó que se entrevistó al personal encargado de esas instalaciones, se obtuvieron mil 059 encuestas, se realizaron 14 entrevistas grupales a 393 niñas, niños y adolescentes, en relación con el trato que reciben y sobre las condiciones de vida en las casas, así como valoraciones médicas y psicológicas, obteniendo 5 mil 225 fotografías de esas visitas.
Por todo ello, la CNDH solicitó a la CDI otorgar prioridad y gestionar el presupuesto ante las autoridades hacendarias para lograr la rehabilitación, el mantenimiento y el mejoramiento de esas casas y comedores; generar estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos y acciones de coordinación con las instituciones y autoridades involucradas en la atención a las niñas, niños y adolescentes, para el efectivo cumplimiento del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en la entidad; revisar las reglas de Operación de ese Programa, para incluirle supervisión integral, acompañamiento, monitoreo y evaluación del funcionamiento de esas instalaciones.
“Lo que pasó a un comunicador puede ocurrirle a los demás, buscando silenciar así la libertad de expresión”, fue el reclamo del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien lamentó que 90% de las agresiones a periodistas quedan impunes.
El Ombudsman nacional señaló que de 176 averiguaciones previas relacionadas con homicidios, desapariciones y atentados contra medios de comunicación, solo en el 10% se registra una sentencia condenatoria y el resto se mantiene en la impunidad, o que deriva en un naufragio social y en la desesperanza de la sociedad que está cansada de la inseguridad en la vida cotidiana.
González Pérez lamentó que las autoridades federales y estatales no han cumplido con la obligación de prevenir, investigar y castigar los crímenes contra comunicadores y aseguró que la falta de una adecuada procuración de justicia para identificar a los responsables y sancionarlos abona para que crezca la impunidad, esto se traduce en un mayor hostigamiento hacia medios y periodistas.
Otro de los problemas que se han derivado de la impunidad ante las agresiones a comunicadores es que estos se han autocensurado y algunos han tenido que abandonar sus hogares para trasladarse a otras ciudades donde no corran peligro, así como el exilio forzado, lo que genera una vulnerabilidad a los derechos de tener una sociedad abierta, plural y democrática.
Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al IMSS tras aplicar quimioterapia a un menor de dos años de edad sin confirmar el diagnostico para tal tratamiento que lo llevó a la muerte.
Los resultados de la investigación realizada por la CNDH arrojaron elementos que evidenciaban las violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y a la vida en agravio del niño por parte del personal médico del Hospital General del IMSS en Coatzacoalcos.
La recomendación incluye la reparación de los daños además de apoyo psicológico gratuito para los padres del menor que deberá ser proporcionado por personal profesional especializado, y agrega que es necesario que la institución tome “las medidas necesarias para verificar que en el Hospital General 36 del IMSS en Coatzacoalcos, Veracruz, cuente con personal suficiente, y la atención médica que se brinde sea oportuna, de calidad, y éticamente responsable”.
Además, se deberá pagar una suma de dinero por concepto de compensación que deberá tomar en cuenta los daños morales provocados por las aflicciones y sufrimientos a los padres del menor; el monto podrá establecerse en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Los hechos comenzaron el 25 de febrero de 2012 cuando el niño de dos años y 5 meses de edad ingresó al servicio de urgencias del Hospital General de Zona 36 (Hospital General) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Coatzacoalcos, Veracruz, debido a que su madre lo llevó hasta ese lugar tras notar que presentaba fiebre, dolores musculares y articulares y gripa.
El menor permaneció cerca de 20 horas en esa área sin que se le realizarán los estudios correspondientes; el 27 de febrero del 2015 se le practicaron estudios de laboratorio, un ultrasonido hepático y de vías biliares. Además, se solicitó consulta en el servicio de hematología para descartar la presencia de dengue o alguna enfermedad de la sangre; dicha especialidad diagnosticó Leucemia Linfoblástica Aguda L2 tras un procedimiento denominado “aspiración de médula ósea”, por lo que se inició un tratamiento de quimioterapia.
Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– En los penales del Estado de México prevalece el autogobierno, lo que propicia actos de tortura y tráfico de sustancias prohibidas, advirtió hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y emitió una recomendación dirigida al Gobernador Alfredo del Mazo Maza para acabar con estas prácticas.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) del organismo constató que persisten situaciones apremiantes, que son motivo de riesgo en materia de tortura o maltrato para los internos, en los Centros Preventivos y de Readaptación Social (CERESOS) ubicados en Almoloya de Juárez, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, Otumba, Texcoco, Tlalnepantla de Baz y Valle de Bravo.
Por ello, emitió la Recomendación M-6/2017, dirigida al Gobernador del Estado de México, a quien le solicitó atender aspectos relacionados con instalaciones inapropiadas, sobrepoblación y hacinamiento, autogobierno, deficiencias en instalaciones para mujeres, alimentación inadecuada, falta de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y deficiente clasificación y normatividad en dichos centros dependientes de la Secretaría de Seguridad de esa entidad.
Este mismo día, organizaciones civiles que atienden las violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario, dijeron que la tortura se ha vuelto un problema generalizado en las cárceles hacinadas de México.
Se estima que entre enero y agosto fallecieron 185 personas en custodia, es decir, una persona cada 24 horas.
“Lo han dicho varios relatores de Naciones Unidas que han entrado a prisión, entre ellos Juan Méndez en su informe del 2014. Además, en el contexto penitenciario puede tratarse de malos tratos o tratos crueles muchas situaciones”, dijo María Sirvent Bravo Ahuja, directora de la organización Documenta.
Entre enero y agosto se registraron mil 22 incidentes violentos en las cárceles del país. Destacan los recientes casos de tortura para extorsión dentro de los penales de Xochicaca y Chiconautla en el Estado de México, así como las riñas en Topo Chico y Cadereyta en Nuevo León.
En los primeros ocho meses del año hubo 515 riñas, 213 agresiones a terceros y siete homicidios en custodia del Estado.
