La CNDH denunció que a las 67 personas migrantes que se encontraban en la estación migratoria no se les garantizó una estancia digna y de respeto.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que hay elementos que permiten evidenciar violaciones graves a los derechos humanos, al trato digno, a la vida y a la integridad y seguridad personal en agravio de las 40 personas migrantes fallecidas y de las 27 lesionadas en el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
El organismo emitió una recomendación a tres dependencias del gobierno federal: Gobernación (Segob), Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto Nacional de Migración (INM); y solicitó la reparación integral del daño a las 67 víctimas y a sus familiares.
La comisión denunció que a las personas migrantes que se encontraban en la estación migratoria no se les garantizó una estancia digna y de respeto, ya que las personas servidoras públicas del INM “omitieron proporcionar condiciones adecuadas para permitirles hacer frente a sus requerimientos básicos durante el tiempo que duraría su estadía”.
El periodista fue asesinado mientras circulaba en su automóvil, minutos después de concluir su programa informativo en Telediario.
Foto: Facebook Arturo Alba
El periodista Arturo Alba Medina, de 49 años, conductor de Telediario en Multimedios Televisión fue asesinado a balazos la noche de este jueves en calles de Ciudad Juárez, a unos minutos de concluir su programa informativo.
Su cuerpo quedó en el interior de un vehículo Dodge color rojo, con placas de Texas, reportó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM). En el lugar de los hechos se localizaron once casquillos percutidos.
Eran las 21:52 horas cuando la corporación recibió el reporte de un muerto por proyectil de arma de fuego en la colonia Hidalgo, en el cruce de las calles Uruguay y Tepeyac, se informó.
Policías municipales de Ciduad Juárez detuvieron a 28 mujeres, cuatro menores de edad, que se manifestaban contra la violencia policial.
Foto: Rocío Gallegos/La Verdad
En medio de una marcha feminista en contra el abuso policiaco, policías municipales de Ciudad Juárez realizaron una redada y detuvieron a 28 mujeres, cuatro de ellas menores de edad, presuntamente por daños a terceros. También se informó que durante las acciones ocho hombres fueron arrestados.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres) expresaron su “preocupación” por la actuación de la policía municipal y el uso excesivo de la fuerza contra las detenidas.
“Exhortamos a las autoridades municipales de Ciudad Juárez para que se esclarezcan los hechos y, en su caso, se castigue a las y los responsables y, al mismo tiempo, que se imparta capacitación con perspectiva de género al personal policiaco y se implemente un protocolo de actuación policial para este tipo de casos”, refirieron en su mensaje.
La ola de feminicidios que ha azotado históricamente a esta ciudad deja dolor, heridas sin cicatrizar y una impunidad que se extiende a todo el país y siembra desesperanza.
Uno de los muchos murales que recuerdan a las mujeres y niñas asesinadas en Ciudad Juárez. Foto: José Ignacio Martínez Rodríguez/El País
Dice Elia Escobedo que ya se ha cansado de luchar. Que 20 años son muchos. Que, a sus setenta y tantos, lo que quiere es descansar en su casita, con su familia, sin que los fantasmas del pasado vayan a visitarla. Que su memoria, las fotos enmarcadas por algunas dependencias de su vivienda en Juárez, ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos, y el mural con la cara de su hija que adorna la puerta exterior de su parcela son suficientes para no olvidar la llamada que recibió aquel 22 de septiembre del 2002, hace ahora algo más de 18 años. “A mi Ericka la encontraron muerta, tirada en San Lorenzo, ahorcada, drogada y violada. El lugar donde la hallaron estaba lleno de basura y yerbas altas, grandes… Allí cerquita la tiraron. La levantaron el 21 por la noche y al día siguiente, sobre las cuatro, fueron a decírmelo para que la identificara”, recuerda.
Ciudad Juárez. A las puertas de las Oficinas administrativas del gobierno del estado en esta metrópoli fronteriza, un grupo de activistas en contra de la Guardia Nacional se manifestaron a la llegada y salida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con una gran manta expresaron: “no a la Guardia Nacional. No a la militarización”.
Desde antes de la llegada de López Obrador al lugar donde presentaría los detalles del Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte se encontraban apostados en sus alrededores.
“Lo que podemos decir es que a los militares no los consideramos aptos para estas labores. Lo que se podría proponer es la profesionalización de la policía”, dijo Alejandro González, del Movimiento Juárez contra la militarización, quien subrayó que de crearse la Guardia Nacional “se haría permanente la presencia del ejército en tareas de seguridad”.
Agregó que recomendaciones de organismos internacionales e incluso las Organizaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos están en contra de la militarización.
A la salida de López Obrador, los activistas desplegaron momentáneamente la manta al paso de la camioneta donde salía López Obrador, sin que se generaran mayores incidentes.
El 7 de agosto de 2018, durante el primer Foro escucha por la pacificación del país –convocado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo– José Luis Castillo, padre de Esmeralda, una joven desaparecida en Ciudad Juárez, brincó a la tarima en la que se encontraban López Obrador y Javier Corral, gobernador del estado.
Decidió hacerlo porque él y otros familiares de víctimas de desaparición y feminicidio estaban enojados por las declaraciones de Corral, que afirmaban que su gobierno atendía estos casos.
Subió porque lleva nueve años buscando a su hija, en un camino de criminalización y hostigamiento por parte de las autoridades –de acuerdo con el abogado David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, José Luis estuvo detenido durante nueve meses por un delito que no cometió, y amenazado vía telefónica desde, según arrojan investigaciones de la PGR, el conmutador del gobierno estatal–, y porque a pesar de buscar audiencias con Corral en varias ocasiones, este encuentro no se ha dado.
“Pensé: estoy aquí, enfrente del presidente de la república, a lo mejor ahora sí me da la cita. Brinqué hacia el pódium… y le dije: ‘señor, hemos estado buscando una cita desde el primer día de su gobierno’. El señor Andrés Manuel dijo (a Corral): ‘atiéndelos’” y él accedió, narra José Luis.
Ese día, Javier Corral estampó su firma en una hoja, y se comprometió a atenderlos. La audiencia, hasta el 13 de agosto, no se ha dado.
A José Luis le siguieron otros familiares de víctimas –muchas de las cuales se encontraban sentadas en el piso del auditorio– y subieron al escenario. Abajo se escuchaban reclamos: “Ya no queremos niñas muertas”, “enséñele a gobernar”, “enséñeles a trabajar, como cuando usted fue gobernador”. Una de las voces era de Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, joven asesinada en febrero de 2001.
El 8 de agosto, Corral declaró ante medios de comunicación que el gobierno de Chihuahua ha respaldado las exigencias de las víctimas, “que haya algunas motivaciones personales o políticas es otra cosa”, dijo.
Aseguró, además, que dos de las personas que tuvieron esas expresiones –refiriéndose a José Luis y a Norma– han sido de las más atendidas por la fiscalía. “Hasta los hemos acompañado en búsquedas personales. De hecho, un caso, que ya está resuelto, es el de Norma Andrade, está resuelto el asesino serial con prueba científica, pero encontramos la oposición de ella, dice que no es”, dijo.
El lunes 13 de agosto, José Luis Castillo y Norma Andrade, acompañados de los abogados Karla Micheel Salas y David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. convocaron a una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) para posicionarse ante las declaraciones de Javier Corral.
De izquierda a derecha: Karla Micheel Salas, Norma Andrade, José Luis Castillo, David Peña | Foto: Cencos
Rastreos ciudadanos, no búsquedas personales
En primer lugar, expresaron su preocupación por la afirmación de Corral de que la fiscalía ha acompañado a José Luis en lo que llamó “búsquedas personales”, pues según los abogados y el mismo José Luis, las autoridades han acompañado “rastreos ciudadanos”, cuyo objeto es la búsqueda de restos óseos no sólo de Estrella, sino de otras personas que han sido víctimas de desaparición. Y lo han hecho por por la presión ante medios de comunicación.
Estos rastreos, explicó Karla Micheel Salas, comenzaron a hacerse en septiembre de 2016, casi al finalizar el mandato de César Duarte, precisamente ante la resistencia de las autoridades de la fiscalía a realizar búsquedas más a fondo en Arroyo del Navajo, en Ciudad Juárez.
Dichos rastreos, seis hasta la fecha, son financiados por la organización, colectivos de víctimas y activistas, y han logrado la recuperación de 61 restos óseos, todos de mujeres y niñas. Ahora exigen que los hallazgos –incluidos ropa y otros objetos– sean analizados para lograr la identificación de personas que se encuentran desaparecidas.
Sobre que José Luis y Norma sean dos de las personas más atendidas por la fiscalía, David Peña asegura que preocupa la declaración ya que, en primer lugar, es obligación de las autoridades atenderlas y, en segundo, asisten ahí con frecuencia porque son personas defensoras que acompañan otros casos de víctimas.
Preocupa también, aseguró, que Javier Corral sólo se haya referido a los casos de José Luis y Norma, cuando fueron varias las víctimas que protestaron el 7 de agosto.
Rastreos ciudadanos en Ciudad Juárez, Chihuahua | Cortesía: Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia social
El caso de Lilia Alejandra no se ha solucionado
Corral aseguró que el caso de la desaparición y asesinato de la joven Lilia Alejandra concluyó ya que “está resuelto el asesino serial con prueba científica”. Norma y los abogados que la acompañan aseguran que el gobernador está faltando a la verdad. En primer lugar, porque no existe sentencia en este caso y, en segundo, porque la decisión de ordenar la aprehensión de un presunto culpable no está basada en pruebas científicas, como lo asegura Javier Corral.
David Peña explicó que al inicio de la investigación, en 2001, se encontró una muestra de ADN en la víctima, una muestra de sangre en una cobija localizada en el lugar de los hechos y una muestra genética en las uñas de la víctima (de esta última se tiene un perfil parcial y es, posiblemente, de un tercer agresor). Esto apunta a que cuando menos tres sujetos participaron o pudieron participar en el asesinato de Alejandra.
Desde ese momento y hasta 2008 se agotaron varias líneas de investigación, entonces se volvió a hacer un análisis de las muestras de ADN encontradas: las cotejaron con otros casos similares a los de Lilia Alejandra y se logró determinar que tres víctimas más, entre 1995 y 2005 presentaban el mismo ADN del mismo agresor. En el mismo año se localizó un caso más en el que el modus operandi era similar al de los otros cuatro casos. Se trataba entonces de cinco, donde el mismo agresor o grupo de agresores había actuado, en un periodo de diez años, violando, torturando y asesinando a mujeres en Ciudad Juárez.
Para 2008 los dos primeros perfiles estaban completos y el segundo, incompleto. Dos años más tarde, los abogados pidieron que se cruzaran los perfiles identificados con la base de datos que se tenía en ese momento, que era de personal de la fiscalía –este banco de datos se armó, porque estaban asesinando y desapareciendo a agentes ministeriales–, y el primer perfil –a partir de semen– arrojó la coincidencia con un agente ministerial de la procuraduría de Chihuahua: Enrique Castañeda Ogaz. No significa que él sea el agresor, pero sí que el sujeto involucrado tiene el mismo perfil genético paterno.
A partir de este hallazgo los abogados y la fiscalía fijaron buscar a hombres que en 2001 pudieron haber participado en los crímenes y además estar vinculados con este perfil genético. Hasta 2017 se fue descartando a hombres ligados a este linaje paterno, con 16 pruebas hasta el momento, lo que significa 16 parientes del agresor.
Explica Peña que varios de los hombres vinculados a esta familia están en Estados Unidos o no han sido localizados, por lo que la lógica apunta a seguir buscándolos y analizando sus perfiles genéticos, sin embargo, en febrero de 2018 la fiscalía de Chihuahua decidió atraer la investigación –que hasta entonces estaba en Ciudad Juárez.
En un hecho arbitrario, apunta Peña, el fiscal general de Chihuahua, César Peniche Espejel, asignó como investigador del caso a su secretario particular, no a algún agente de la fiscalía; éste, a su vez, solicitó la opinión de una perito para que dijera si el primer ADN encontrado y analizado en 2001 corresponde o puede corresponder a la familia Castañeda Ogaz.
“Sin dictamen ni análisis genético, la perito dice ‘no corresponde a la familia Castañeda Ogaz’, a pesar de tener los 17 dictámenes periciales que relacionan a la misma familia. A partir de esa opinión, el secretario particular cierra la línea de investigación –17 años de investigación científica, pericial– e iniciar otra”, explica Peña.
De acuerdo con el abogado, la fiscalía “inventa una historia… y encuentra a otro hombre que no tiene nada que ver, que no tiene perfil genético y dicen ‘él es el responsable’”; luego, el 21 de abril consigna la investigación contra una nueva persona: Manuel Navarro y pide orden de aprehensión precisamente 14 días antes de que el caso tuviera audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aunque esta nueva persona fuera culpable, dicen los abogados y la misma Norma, el caso no está resuelto, ya que no existe ninguna sentencia; faltarían dos agresores, y esta nueva línea no está basada en una prueba científica, sino en la opinión de una perito que echa abajo una investigación de 17 años.
Los familiares de las víctimas participaron en las mesas de trabajo
Después del evento en el que surgió la protesta, se realizaron mesas de trabajo en las que participaron José Luis, Norma y decenas de familiares de víctimas de desaparición, feminicidio y otros delitos, con la intención de brindar propuestas que contribuyan a la pacificación del país.
Lo hicieron incluso después de que el evento en el auditorio, al que fueron invitados, se les negara el acceso, aún cuando tenían invitación y gafete, y cuando llegaron a tiempo. José Luis y Norma declaran que cuando al fin lograron entrar los querían acomodar en un lugar poco visible, en el rincón, pero que el evento era dirigido a ellos y decidieron sentarse adelante, en el piso.
José Luis finalmente manda un mensaje al gobernador Corral: “que se sensibilice, que sea más humano hacia las víctimas de feminicidio, que nos ayude a encontrar a nuestras niñas para que no se siga repitiendo”, y el mismo mensaje envía a AMLO: “que nos ayude para que no se siga repitiendo en cada estado y ciudad de la república”.
CIUDAD JUÁREZ, Chih. (apro).- En el primer foro de consulta sobre paz y reconciliación, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador pidió a los juarenses que perdonen. Al escucharlo, las víctimas que estaban en primera fila –mamás de desaparecidos y masacrados, personas torturadas y desplazados– lanzaron gritos de “¡No! Sin justicia no hay perdón” y “ni perdón ni olvido”.
Javier Corral y Andrés Manuel López Obrador | Foto: Twitter @Javier_Corral
El futuro presidente dijo que respeta a quienes piensan así, pero en esta ciudad que ha sido llamada el “epicentro del dolor” insistió en que “olvido no, perdón sí”.
“La violencia no se acaba con violencia, ni el mal con el mal. La violencia no se resuelve con mano dura, cárceles o masacres. No creo en el ojo por ojo y diente por diente (…) si queremos aplicar la ley del Talión, nos vamos a quedar tueros o chimuelos, no creo en eso”, reviró.
El tabasqueño estuvo acompañado de quienes serán los encargados de los planes para bajar la violencia: Alfonso Durazo, el futuro secretario de Seguridad Pública, a quien se refirió como el responsable de los foros para la paz, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien estará en las comisiones, al igual que quienes serán subsecretarios (como el de Derechos Humanos, Alejandro Encinas), o encargados de la Unidad de Reconciliación, como Alejandro Gertz Manero.
Las medidas anunciadas por el futuro gobierno para explorar las vías para la paz son las despenalizaciones de la droga, las amnistías a prisioneros de delitos no graves relacionados con drogas y las comisiones de la verdad, entre otras.
Aunque desde la Casa Blanca estadunidense hubo ya un pronunciamiento de que no apoyarán la legalización de las drogas en México, desde la frontera norte López Obrador dijo que no importa si ello no gusta “a un gobierno extranjero”.
Zacatecas, Zac. Este martes arribó a esta entidad la Caravana de la Realidad del Norte que partió de Ciudad Juárez el pasado 19 de mayo y que recorrerá otras ciudades del país para arribar a la Ciudad de México el día 26 de este mes, para protestar y exigir justicia a los tres niveles del gobierno por las personas desaparecidas y los feminicidios ocurridos en todo el territorio nacional, durante los primeros 18 años del nuevo siglo, “incluidos los 43 estudiantes de Ayotzinapa”.
Margarito luchó hasta el último momento para tratar de salvar la vida de su compañera de vida, su esposa. Tomó un triciclo, subió al convaleciente cuerpo de Macaria y pedaleó fuerte para poder acercarse a un hospital que la atendiera. Sin embargo, el esfuerzo fue en vano; su esposa falleció en el trayecto ante la mirada de automovilistas que no ofrecieron ayuda al hombre.
Ciudad de México, 17 de abril (Infobae/SinEmbrago).- Una bicicleta de triciclo –o carga– fue el único medio de transporte con el que contó Margarito para trasladar a su esposa enferma a un hospital. Sin embargo, no pudo llegar antes de que ella falleciera en el trayecto.
Los hechos ocurrieron en la delegación Tláhuac de la Ciudad de México. El matrimonio estaba comiendo en su casa cuando Macaria, esposa de Margarito, comenzó a sentir un dolor muy fuerte en el pecho.
Él no pudo encontrar ayuda para trasladarla y no tuvo otra opción que colocar una tabla en su “triciclo” para recostarla y él mismo llevarla al hospital.
Pero el esfuerzo de sus piernas no fue suficiente y a los pocos minutos, en la calle Felipe Ángeles de la colonia Zapotitlán, en Tláhuac, Margarito detuvo su marcha al darse cuenta de que su mujer ya no se movía.
Gente que estaba en el lugar llamó a los servicios de emergencia porque Margarito aún tenía la esperanzas de que Macaria estuviera viva, pero al llegar los paramédicos, confirmaron su fallecimiento por muerte natural.
Distintos medios reportaron que Margarito tuvo que regresar a su casa con el cadáver de su esposa, lo que conmocionó a los mexicanos por la frustración que pudo sentir Margarito y la indiferencia de las personas que no lo ayudaron.
Pareciera que la Ciudad de México, vista en postales, no padece de pobreza. Pero no es así. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 27.6 por ciento de los capitalinos vive en situación de pobreza, lo que representa un total de 2 millones 434 mil personas.
La población social con al menos una carencia social es de 4 millones 983 mil personas, el 56.5 por ciento, mientras que un millón 732 mil capitalinos carecen de los servicios de salud.
En el último informe del Coneval, con corte en el año 2016, los 10 municipios que tienen el mayor número de pobres son Ecatepec, Puebla, Iztapalapa, León, Tijuana, Chimalhuacán, Acapulco, Toluca, Ciudad Juárez y Nezahualcóyotl, de acuerdo com cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En la Ciudad de México, la delegación Iztapalapa tiene al 62.5 por ciento de su población con al menos una carencia, la principal es la de acceso a la seguridad social, le sigue el acceso a la salud y la carencia por acceso a la alimentación.
Mariana y su familia fueron amenazadas por el líder de un grupo criminal en Ciudad Juárez, por lo que decidió huir de la violencia, y desplazarse hacia EU.
El 6 de febrero de 2016, Mariana fue secuestrada por su expareja, Jesús Rodríguez, líder de la banda criminal Los Mexicles, brazo armado del Cártel de Sinaloa.
Rodríguez, quien purgaba una condena de 250 años por secuestro en el Cereso estatal número 3, retuvo y golpeó a Mariana dentro del reclusorio. La joven logró salir cuando su madre denunció el caso ante los medios de comunicación.
Durante meses, Mariana y su familia habían sido amenazadas por el líder de los Mexicles. Después del secuestro, Mariana evidenció la corrupción existente dentro del penal, pues varios reos gozaban de privilegios; sin embargo, ni la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía de Género en Chihuahua lograron garantizar la seguridad de Mariana y su familia. Fue entonces cuando decidieron huir del país.
Mariana cuenta que cuando llegó al cruce internacional con Estados Unidos, le brindaron todo lo necesario para ella y su bebé, sin embargo, a los días siguientes la mantuvieron detenida durante ocho meses en el campamento del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE, por sus siglas en inglés) de El Paso, Texas.
Cuando la dejaron salir, le colocaron un brazalete electrónico para vigilar sus movimientos; se mantuvo con el dispositivo durante 15 meses, hasta que el abogado Carlos Spector, de la asociación Mexicanos en Exilio, llevó su caso a la corte de inmigración y lograron que el dispositivo de vigilancia fuera removido.
Desde que Mariana ingresó a Estados Unidos, Mexicanos en Exilio atrajo su caso logrando que ella y su madre entraran dentro del programa de la Convención Contra la Tortura, que les permite vivir en Estados Unidos, tener acceso a seguro social y un permiso de trabajo. No obstante, estos beneficios no son permanentes.
Vivir en el exilio no ha sido sencillo para Mariana. “Yo me siento muy rara porque no pertenezco aquí, pero tampoco puedo estar en mi país”, relató.
