Por Redacción/Somos el medio
Por la presentación, la justicia y la verdad de las personas desaparecidas
-Una lucha incansable contra el oprobio en busca de las hijas e hijos desaparecidos
-Movimiento de familiares en busca de personas desaparecidas: el nuevo derrotero contra la corrupción y la impunidad
Chilpancingo, Guerrero, 6 de agosto 2017.
En este arduo caminar por la defensa y promoción de los derechos humanos, nunca vislumbramos que la violencia e impunidad de las autoridades se antepondrían de manera atroz ante los derechos humanos universalmente reconocidos. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en su informe de país que México vive “una grave crisis de derechos humanos y violencia, que lo ha llevado a niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada de las víctimas y familiares”[1].
Dicho informe -refutado por el Gobierno Federal- afirmó también que la “estrategia militarizada” iniciada por Felipe Calderón para combatir el narcotráfico, se intensificó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto seria un obstáculo mayúsculo para avanzar en la lucha tenaz de los familiares de desaparecidos para alcanzar la verdad y lograr justicia.
Ante este panorama sombrío, han sido las familias de las personas desaparecidas, torturadas y/o ejecutadas extrajudicialmente, quienes a costa de su dolor dejaron sus casas para alzar la voz; para ir en busca de sus familiares; exigir justicia y verdad ante las instancias nacionales e internacionales para contener esta vorágine delincuencial consentida por las autoridades.
Las voces de las víctimas han sido desoídas por las autoridades que se han obstinado por ocultar la verdad, sin embargo la fuerza incontenible de las familias han desmontado esta estructura delincuencial para desenmascarar los argumentos falaces de la verdad histórica.
Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), existen alrededor de 32 mil personas no localizadas (de acuerdo a las averiguaciones previas del fuero común y del fuero federal) sin embargo, las cifras no son 100% confiables, pues no existe una metodología clara que pueda arrojar un diagnóstico de la magnitud del problema que enfrenta nuestro país en este sentido.
Son las madres, esposas, padres, hijas e hijos quienes con una foto sobre su pecho llevada como un emblema, buscan el paradero de sus familiar. Son ellas y ellos los que acuden a los servicios médicos forenses, a los Ministerios Públicos. Se han armado de gran valor para subir a los cerros y buscar fosas clandestinas. En medio de los riesgos que corren por la delincuencia protegida por las autoridades, las familias escarban en los cerros para desentrañar la verdad. Son los familiares que en medio del dolor y el miedo levantan su voz como un grito de esperanza.
A ese clamor se unieron las 43 familias de los normalistas desaparecidos desde el 26 y 27 de septiembre de 2014. Las violaciones graves a sus derechos humanos derrumbaron el escenario que el Gobierno Federal intentaba maquillo con la versión falaz de la verdad histórica. Aquella noche trágica de iguala ha develado colusión de las autoridades de los tres niveles de gobierno con el Ejército y la delincuencia organizada para proteger intereses económicos y políticos distantes de la ciudadanía.
Ayotzinapa nos cimbró en la Montaña, y retumbó también por todos los rincones del mundo. Si bien esto no ha bastado para que la verdad y la justicia lleguen a las familias, su lucha y dolor han sido un micrófono abierto para visibilizar las violaciones graves a los derechos humanos contra una población inerme en en bastos territorios ensangrentados de nuestro país.
En la tierra arisca imanada por la violencia, donde han sembrado las familias de las personas desaparecidas, obliga al Estado a investigar los delitos de desaparición forzada, pues sin duda las agresiones contra los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos es hoy en día ejemplo de las peores atrocidades confabuladas por el Estado. Son también ejemplo de cómo las familias hacen uso de todos los recursos jurídicos nacionales e internacionales hasta conocer lo que realmente ocurrió contra los normalistas.
A esta digna lucha se han unido organizaciones y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, quienes desde el ámbito de su competencia observan las acciones y omisiones de las autoridades mexicanas. El trabajo impecable que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) marca las líneas centrales de investigación que el gobierno mexicano debe atender para dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. El mecanismo especial de seguimiento representa el camino más seguro para avanzar en este arduo caminar donde las madres y padres de familia han exigido que se investigue al ejercito, que se detengan a los policías municipales de Huitzuco, que se profundice en el trasiego de droga hacia Estados Unidos y se avance en las investigaciones de la telefonía celular.
La lucha que han enfrentado con mucho valor y profundo amor los familiares de personas desaparecidas, está marcando un nuevo rumbo en nuestro país. Con sus testimonios y denuncias han evidenciado una política de seguridad fallida. Han demostrado cómo se teje esa colusión entre los cuerpos de seguridad del estado con las organizaciones del crimen organizado.
Ellas y ellos han asumido con gran determinación, pelear contra un poder que aterroriza. Han salido a las calles para enarbolar su causa ante la indolencia e incapacidad de las autoridades responsables de investigar la desaparición de sus familiares. Lo más cruento es la falta de un registro de víctimas de desaparición forzada; la inexistencia de una instancia avocada a la búsqueda y el fomento a la impunidad ante la imposibilidad para investigar a los altos mandos.
Su fuerza en medio del dolor y la indignación son una luz que nos guían en este sendero marcado por la violencia. Por este motivo, como Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, estamos organizando un foro denominado “Contra el dolor y el miedo: Un grito de esperanza”, que realizaremos los días 8 y 9 de agosto en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.
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