Ciudad de México | Desinformémonos. La crisis de derechos humanos y en particular la violencia de género, se profundizó con la emergencia sanitaria por Covid-19 en el estado de Guerrero. Los ayuntamientos cerraron sus puertas, los Ministerios Públicos también, y nadie atendió a las víctimas, denunció Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La violencia se incrementó y las mujeres no tenían con quién acudir a pedir auxilio. La pandemia provocó el confinamiento de las instituciones y dejó que los grupos criminales actuaran de manera impune, “fue un escenario adverso para las víctimas y una señal de mayor impunidad para los perpetradores”, explicó Barrera en entrevista telefónica con Desinformémonos, y añadió que la violencia no sólo se vivió al interior de los hogares, pues los grupos delincuenciales entraron en mayor disputa de los territorios y de rutas.
Algunas comunidades se defendieron ante la violencia, como el caso de Chilapa, en la montaña baja de Guerrero, donde hace algunas semanas diversos medios de comunicación publicaron imágenes de niños armados. Barrera señaló que esto se da en respuesta a la ausencia de las instituciones y la presencia del crimen organizado en contubernio con cuerpos de seguridad, además de la inacción de la Guardia Nacional (GN).
En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el colectivo Siempre Vivos de Chilapa desplegó mantas con los rostros de personas desaparecidas en ese municipio de Guerrero en mayo de 2014, cuando el grupo de Los Ardillos pretendía detener a un líder del grupo antagónico Los Rojos, manifestó José Díaz Navarro, coordinador de la agrupación.
Por medio de un documento, solicitó la intervención del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para resolver esos casos.
En el escrito se indica: “Solicitamos su más atenta y urgente intervención para detener y castigar las graves violaciones de derechos humanos que se han perpetrado en Chilapa.
“Dichos actos se encuentran sustentados y fundamentados en los hechos que obran en la averi-guación previa número PGR/SEIDO/UEIDMS/306/2015 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la cual se derivan 30 órdenes de aprehensión.”
Indígenas nahuas de la comunidad de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, en la Montaña baja de Guerrero, viven en la zozobra desde hace más de dos años, a raíz de que un comando procedente del poblado de Tlaltempanapa –presuntamente controlado por el grupo criminal Los ardillos– mató a seis personas.
Los habitantes huyeron. Seis días después algunos regresaron luego de que el gobierno estatal aplicó medidas cautelares. Sin embargo, la mayoría se marchó a Sonora y Sinaloa para emplearse de jornaleros agrícolas y no ha vuelto.
Zitlala está a unos 200 kilómetros de Chilpancingo. Hay una ruta más corta que pasa por Chilapa, pero desde hace dos años no se utiliza debido a la violencia.
En esta zona Los ardillos y Los rojos se disputan el cultivo y trasiego de droga. Quetzalcoatlán de las Palmas es un punto estratégico, por ser la vía para llegar a Morelos y Puebla.
Salomón Lara Tlatempa, cuyo abuelo fue miliciano zapatista, recuerda que la agresión fue cometida el 6 de enero de 2016; el poblado tenía cerca de 300 habitantes, pero hoy quedan como 62. La mayoría hablan náhuatl; pocos hablan español, las señoras puro náhuatl.
Los habitantes que siguen en la comunidad aún padecen violencia. El 24 de marzo pasado 10 mujeres y dos hombres pasaron por Tlaltempanapa hacia Zitlala. Los varones iban a pedir información sobre la convocatoria del programa Procampo; seis señoras llevaban a sus hijos a vacunar y cuatro a vender palma y cintas de palma. Una de ellas era la esposa del comisario municipal, pero hombres armados la bajaron (de un vehículo), la interrogaron y no la dejaban pasar.
Don Salomón, como le dicen sus vecinos, mencionó que obtienen alimentos de los policías estatales que se encuentran en el poblado para hacer cumplir las medidas cautelares. Ellos nos compran la despensa. Los pistoleros ya nos dijeron que si no corremos a los policías entonces vendrán a sacarnos a balazos.
Manifestó que el alcalde de Zitlala les propuso dejar su pueblo. Dicen que nos van a comprar un terreno, pero la mayoría decimos que no nos vamos. Hace un año el alcalde sólo nos trajo despensas. Nos prometieron que arreglarían las tuberías, pero no cumplieron. Traemos el agua desde unos cinco kilómetros.
Guerrero/Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo/El Sur).– Durante los 10 días que permaneció privada de su libertad de manera ilegal en Chilapa, la niña Diana Paulina fue ultrajada sexualmente, torturada y finalmente estrangulada por sus verdugos, revelaron los dictámenes de la necropsia del Servicio Médico Forense (Semefo).
Hace dos meses, la menor brutalmente asesinada había experimentado otra tragedia: la muerte de su padre, el señor Paulino Rendón, un conocido sembrador de jitomates y repartidor de agua en pipa en Chilapa que falleció en agosto por una afección corporal.
Ahora, la señora Esther Alcaraz y Alma Rendón, madre y hermana de Diana Paulina, se encuentran devastadas tras despedir el cuerpo de la niña asesinada durante una misa realizada la tarde de ayer en el templo del barrio de La Villa.
Diana Paulina fue despedida con oraciones, lágrimas, un homenaje de su equipo de básquetbol y mariachi.
“Juntas atacamos, Villa, Villa, Villa”, corearon sus amigos después de tirar al aro en honor de Diana.
Con una lluvia previa el emotivo cortejo que fue acompañado de un mariachi, globos rosas, niños vestidos de ángeles y muchas lágrimas, recorrió las principales calles para llegar al panteón municipal en el otro lado de la ciudad.
La familia de la víctima dijo que su decisión es dejar el caso por la paz: “No queremos saber quién fue, no esperamos nada del gobierno”.
En tanto, el responsable de la operación militar en Chilapa y sus alrededores para dar seguridad y permitir la apertura de las escuelas, el comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Valle, informó que no se ha determinado si “es un hecho delincuencial organizado o es un hecho con gente conocida”.
Mientras que el representante del colectivo de familias de personas desaparecidas Siempre Vivos, José Díaz Navarro, exigió al Gobierno federal poner un alto a los homicidios en este municipio.
“Como familiares de víctimas exigimos al gobierno que ya ponga un hasta aquí, quisiéramos que esta muerte de Dianita fuera la última muerte que tuviéramos aquí en Chilapa, obviamente no hubiéramos querido tener un evento como este pero ya basta”.
El coordinador de Siempre Vivos, vecino de Diana, dijo que era entendible que la familia no quisiera abundar sobre el caso.
“El miedo paraliza, lo viví en carne propia, entiendo el miedo no nada más de la familia sino de todas que hemos sido afectadas por este tipo de eventos tan dolorosos”, expuso.
Consideró que la operación implementada en la ciudad y sus alrededores para la reanudación de labores era aparente porque “la psicosis y el miedo es latente”.
La mañana del domingo 12, la estudiante de secundaria de 13 años que radicaba en el barrio de La Villa y era conocida por ser una esmerada deportista, escribió un mensaje en su cuenta personal de Facebook: “¿Alguien que me pueda poner suero?”
Ese mismo día, Diana Paulina simplemente desapareció en condiciones que hasta el momento se desconocen y sus familiares reportaron el hecho a las autoridades ministeriales, que se limitaron a emitir una Alerta Amber.
En México hay 35 mil 433 víctimas de desplazamiento forzado. La CNDH ha emitido cuatro medidas cautelares por desplazamiento forzado de 600 a 800 personas en San juan Juquila Mixes, en la reserva sur de Oaxaca; en Chilapa, Guerrero, donde se desplazaron 500 familias; en el Desengaño, Campeche con casi 400 desplazados guatemaltecos; y 300 familias en las comunidades del municipio la Concordia, Sinaloa.
“Hay zonas de violencia que obligan a familias completas a desplazarse, dejando sus patrimonios y toda su vida. Hemos recorrido partes del país con colonias completas abandonadas”, dijo Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH.
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emplazó al Gobierno federal a crear un registro de víctimas por desplazamiento forzado interno, durante el Foro Nacional sobre Desplazamiento Forzado en México. Las autoridades federales estuvieron ausentes del evento.
“Yo espero que el próximo mes [enviar el anteproyecto de Ley]. Nosotros estamos listos. No debe haber temor a la palabra forzada“, dijo Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH.
El Ombudsman adelantó que presentará un anteproyecto en las próximas semanas de Ley que contará con la participación de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Desplazados y la Relatoría de la Comisión Interamericana para Migraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dada la ausencia de los representantes federales en este foro, adelantó que enviaría una carta a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto para que se concrete la visita de la Relatoría de Naciones Unidas para este tema a México.
Sólo este año la CNDH ha emitido cuatro medidas cautelares por desplazamiento forzado de 600 a 800 personas en San juan Juquila Mixes, en la reserva sur de Oaxaca; en Chilapa, Guerrero, donde se desplazaron 500 familias; en el Desengaño, Campeche con casi 400 desplazados guatemaltecos; y 300 familias en las comunidades del municipio la Concordia, Sinaloa.
En México hay 35 mil 433 víctimas de desplazamiento forzado, constató el más reciente informe de la CNDH sobre este tema publicado el año pasado.
Después de un análisis sobre este problema la Comisión expuso que no existen esfuerzos articulados de los tres niveles de Gobierno para garantizar los derechos de las víctimas.
“Hay zonas de violencia que obligan a familias completas a desplazarse, dejando sus patrimonios y toda su vida. Hemos recorrido partes del país con colonias completas abandonadas”, dijo la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado Angélica de la Peña.
Del total de las víctimas, son 31 mil 798 las que tuvieron que moverse de donde habitan por motivo de la delincuencia.
Estas personas no se van por su propia voluntad, aclararon representantes de diversas instituciones nacionales internacionales durante la presentación del informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno, producto de mil cuestionarios aplicados en 65 municipios de las 32 entidades, entre el 10 de marzo y el 28 de abril del 2014. Un metodología con un grado de confianza del 95 por ciento. Ver nota completa
Varias organizaciones de derechos humanos manifestaron su solidaridad y respaldo con el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”, cuyos integrantes se han visto afectados por el “clima de violencia” en la región de Chilapa, Guerrero.
El Centro, que atiende a los familiares y víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias y desplazamiento forzosos, quedó vulnerable y sin protección por la “inacción e indolencia de las autoridades que no han brindado las condiciones necesarias para que ejerzan su derecho a defender derechos humanos”, acusaron las organizaciones.
Explicaron que como defensores de derechos humanos, la labor de los integrantes del Centro Morelos aporta sus esfuerzos para lograr un fortalecimiento del estado de derecho y el aumento de la gobernabilidad, así como el fin de la impunidad de los delitos de alto impacto social.
Por otra parte, señalaron que su trabajo como denunciantes, coadyuvantes, gestores y representantes legales de víctimas y familiares en la zona es una “confrontación diaria” con las autoridades estatales y nacionales, “así como ante el actuar impune de perpetradores que sumado a la vulneración de su labor los expone como un blanco propicio para cualquier tipo de agresión directa”. Ver nota completa
