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Expediente Lozoya: así fueron los presuntos pagos de Odebrecht a campañas de Duarte y Torre Cantú

Odebrecht habría inyectado más de 850 mil dólares a campañas en Veracruz y Tamaulipas en una operación denominada “Batman y Robin”, según Fiscalía.

Arturo Ángel/ Animal Político 

De acuerdo con investigaciones y declaraciones que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su poder, la constructora brasileña Odebrecht presuntamente inyectó en 2010 al menos 850 mil dólares a las campañas de dos candidatos priistas a gobernador: Javier Duarte y Rodolfo Torre Cantú, situación  que a la postre le permitió obtener contratos en Veracruz y Tamaulipas.

Las versiones sobre estos pagos ya habían trascendido en los últimos años, pero cobran relevancia ahora debido a que la FGR las retomó a través de las declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, y las incluyó en los documentos que mandó a un juez federal para solicitar la orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Aunque la Fiscalía no ha acusado formalmente a Duarte por este caso (Torre Cantú fue asesinado poco antes de la votación), el Ministerio Público decidió incluir dichos señalamientos para fortalecer la hipótesis de su caso en contra de Lozoya, ya que supuestamente habría sido este quien propuso a la empresa dichas “inversiones”.

¿Pero cómo es que se dio esta propuesta, y cómo es que se efectuaron dichos pagos? ¿Quién los autorizó y quiénes fueron los intermediarios? A continuación se detalla la información contenida en el expediente enviado al juez, al que Animal Político tuvo acceso:

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Tres policías del Edomex participaron en el desvío millonario de César Duarte: MCCI

Redacción/Animal Político

César Duarte / Foto: Wikipedia

Investigación de Mexicanos contra la Corrupción revela cómo a través de cuatro empresas fantasma creadas por un policía mexiquense, el gobierno de Duarte transfirió 246 mdp en 2016 para el pago de cursos de capacitación a papás y maestros de kínder y primaria.

Tres policías del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), detenidos en octubre de 2016 por intento de asalto, fueron los artífices del desvío de 246 millones de pesos orquestado en Chihuahua durante la administración el exgobernador priista César Duarte, dinero que presuntamente fue utilizado para las campañas electorales del PRI en 5 estados.

Una investigación de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que fue a través de cuatro compañías, creadas y operadas por el policía José Juan Saliano González, que el gobierno de Chihuahua transfirió en abril de 2016 los 246 millones de pesos.

Las dos primeras empresas (Despacho de Profesionistas Futura, Servicios y Asesorías SISAS) fueron creadas el 13 de agosto de 2015 y cinco días después, las otras dos (SAMEX y SINNAX SA de CV).

“En actas y documentos consultados por MCCI consta que el operador y presunto prestanombres de esa red es el policía José Juan Saliano González, junto con vecinos y parientes que residen en la delegación Azcapotzalco y en los municipios de Tultepec y Nezahualcóyotl, en el Estado de México”, detalla la investigación.

Según la investigación, el 24 de febrero de 2016, a seis meses de haber creado las empresas, el Comité de Adquisiciones de Chihuahua firmó cuatro contratos por 246 millones de pesos, para que estas empresas impartieran cursos de capacitación a papás y maestros, los cuales nunca se dieron.

Los depósitos millonarios se concretaron el 7 de abril de 2016, y posteriormente “el dinero se dispersó en decenas de operaciones, principalmente a favor de otras 7 empresas y tres personas físicas ligadas al policía Saliano González”, entre éstas: Ernesto Fernández Mora y Maximiliano Benítez Montoya, quienes eran compañeros de Saliano González en el CUSAEM.

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El gobierno federal usa los recursos del ramo 23 para premiar y castigar a estados: México Evalúa

Por Redacción/Animal Político

Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad, dice la organización.

La discrecionalidad con la que el gobierno federal maneja los recursos del ramo 23 ha permitido que esa bolsa de dinero público se use para premiar, castigar o cooptar a las administraciones estatales, concluyó la organización México Evalúa tras analizar el presupuesto federal de los últimos dos sexenios.

El ejemplo más reciente del uso político de esa bolsa presupuestal fue Chihuahua, entidad que en el sexenio del priista César Duarte recibió un promedio anual 1,650 millones de pesos, con la llegada del panista Javier Corral a la gubernatura la cifra cayó a 70 millones de pesos.

Situaciones similares se vivieron en el Estado de México, Nuevo León o Veracruz, los datos duros muestran que con la llegada del PRI al gobierno federal empezaron a fluir más recursos a esas entidades gobernadas por priistas a través de programas de subsidios federales que están dentro del ramo 23: Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales y Contingencias Económicas.

“Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad, esta secretaría decide a quién otorgarle recursos, por qué, cuánto y cuándo. La entrega de recursos se efectúa por medio de convenios que la misma secretaría define, los cuáles en su mayoría no se publican”, dice el reporte Arquitectura del Ramo 23 que presentó este martes la organización México Evalúa.

Además en la revisión del gasto en esos programas la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó entre 2013 y 2016 “una cantidad considerable de irregularidades”, pues no comprobó el uso de 5 mil 943 millones pesos, y el probable daño al erario se estimó en 7 mil 931 millones de pesos.

“Uno de los casos más graves se observó en Veracruz; en 2015 la ASF señaló un presunto daño al erario de más de 3 mil millones pesos vinculado al programa Contingencias Económicas, principalmente por el retiro injustificado de recursos de la cuenta específica del programa”.

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Ya presentó PGR tres solicitudes de extradición contra César Duarte y prepara ocho más

Por Redacción/Aristegui Noticias

Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la Procuraduría, dijo que está trabajando de la mano con la Fiscalía General de Chihuahua y se le informan de cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo.

El encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, informó que el pasado jueves fueron presentadas tres solicitudes formales con fines de extradición en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

“El día de ayer ya se presentaron las tres solicitudes formales de extradición en contra de la persona y estamos trabajando para darle continuidad y llegar a presentar las once solicitudes que nos han presentado.”, indicó en entrevista para la emisión matutina de Enfoque Noticias.

Abundó que se están haciendo los trámites correspondientes con las autoridades extranjeras a efecto de que inicien los procedimientos de extradición.

Esta petición, señaló el funcionario federal, es hacia “un país específico”; sin embargo, por cuestiones de los principios del debido proceso y presunción de inocencia, no se puede dar el nombre de la nación a la que fueron giradas estas tres solicitudes de extradición.

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Dejó ir a Borge, Duarte 1, Duarte 2, Yarrington, Eugenio… y ahora se va: Cervantes renuncia a PGR

Por Redacción/Sin embargo

El polémico Procurador asumió el cargo el 26 de octubre del años pasado, sustituyendo a Arely Gómez González. Su aspiración más reciente era ser el Fiscal General de la República y quedarse 9 años más en el cargo, pero la sociedad civil se lo impidió.

En medio de la violencia y de la falta de justicia, Cervantes dejó ir al menos a cinco ex gobernadores de su partido: Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge escaparon de la justicia en México durante el mandato de Cervantes como Procurador.

Borge fue detenido en Panamá; Duarte de Ochoa, en Guatemala; César Duarte sigue prófugo mientras que Tomás Yárrington cayó en Italia. Eugenio Hernández fue arrestado por las autoridades de Tamaulipas.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Raúl Cervantes Andrade presentó este día su renuncia como Procurador General de la República, informó la dependencia en su cuenta de Twitter.

Raúl Cervantes se reunió este día con la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado de la República, donde presentó su renuncia.

El polémico Procurador asumió el cargo el 26 de octubre del año pasado, sustituyendo a Arely Gómez González.

Controvertido desde su nombramiento por ser un hombre cercano al Presidente Enrique Peña Nieto, durante un año al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), Cervantes Andrade percibió dos millones 461 mil 464 pesos de salario bruto.

Al presentar su renuncia ante el Senado de la República, quien hasta hoy fue el pilar del Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que la investidura de Procurador “fue un máximo honor”.

“El Constituyente no se equivocó al crear una fiscalía autónoma”, expresó Cervantes, cuya presencia en la procuración de justicia fue cuestionado por partidos políticos opositores al PRI -su partido-, organizaciones no gubernamentales y activistas. Temían que el ex Procurador se convirtiera en Fiscal durante nueve años más si el Congreso aprobaba un pase automático. Y el temor era porque una vez fuera Enrique Peña Nieto de la casa oficial de Los Pinos, lo exonerara de cualquier juicio.
Así, lo bautizaron como el “Fiscal carnal”. “No se trata de personas, se trata de instituciones”, expresó. Y recalcó que no tiene ningún interés diferente a servir “a su país”.

“Hace un año, gracias al nombramiento del Presidente de la República y ratificación del Senado, me convertí en el 43º titular de PGR”, escribió Cervantes en su cuenta de Twitter.
“Las instituciones deben dar 3 grandes resultados: 1. Ser más eficientes en la procuración de justicia; 2. Un compromiso indeclinable en combate a delitos electorales y corrupción; 3. Implementar un nuevo servicio profesional de carrera”, refirió Cervantes.

“Sólo así se podrá brindar en nuestro país justicia a una sociedad agraviada por denuncias que en muchos casos no avanzan”, dijo.

Cervantes presumió que en los 12 meses que estuvo al frente de la PGR “no sólo hemos elaborado el nuevo diseño institucional para mejorar nuestra procuración de justicia, también hemos armado varias investigaciones y vinculado a proceso a funcionarios que se sentían intocables”.

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César Duarte negó información para reporte sobre desaparición forzada: CNDH

Por Redacción/ Proceso

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reveló que para la elaboración del “Informe especial sobre desaparición forzada y fosas clandestinas”, el exgobernador César Duarte Jáquez y el exfiscal general Jorge Enrique González Nicolás, se negaron a brindar información al respecto.

Durante su visita a esta ciudad, el ombudsman se dijo confiado de que la actual administración dé una respuesta favorable, ya que por otros métodos fue como pudieron conocer que del 1 de enero de 2007 a septiembre de 2016, en la entidad se localizaron 86 fosas clandestinas con al menos 187 restos humanos.

González Pérez recriminó que hubo poca colaboración para elaborar el reporte, con información de todo el país, sobre la lamentable problemática de personas desaparecidas y fosas clandestinas.

A partir de la información recolectada, subrayó, Chihuahua ocupa el quinto sitio en el número de fosas clandestinas en el país. En el primer lugar se ubica Guerrero, con 195 fosas hasta el año pasado, mientras que Veracruz reportó 191.

Al respecto, el gobernador Javier Corral Jurado manifestó a representantes de medios locales que la administración duartista ocultó y maquilló cifras de homicidios, y ahora están apareciendo fosas clandestinas con decenas de cuerpos, lo que apunta a que los asesinatos se ocultaban con el entierro de personas.

En 2015, precisó, se extraviaron 50 carpetas de investigación de homicidios en Ciudad Juárez, por lo que la Fiscalía General del estado (FGE) revisa a profundidad las estadísticas registradas entre 2010 y 2016, en el sexenio de César Duarte, ya que así lo acordó el grupo de coordinación en materia de seguridad pública.

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La PGR debe ir por los Duarte y Rubén Moreira mientras no haya un Fiscal AntIcorrupción: IMCO

Por Redacción/ Sin Embargo

El Senado decidió posponer la designación del Fiscal Anticorrupción para después del periodo vacacional de Semana Santa, por lo que el Sistema Nacional Anticorrupción está “incompleto”, dijo la presidenta del Comité Coordinador del sistema, Jacqueline Peschard. A la par, siete entidades no cuentan con el requisito de una reforma constitucional satisfactoria o una ley para implementar su Sistema Local Anticorrupción. Entre ellas, justamente Veracruz, Chihuahua y Coahuila, cuyos ex gobernadores han sido señalados de desvío de recursos públicos.

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– Veracruz, Chihuahua y Coahuila, estados inmersos en escándalos de corrupción, son precisamente los que menos han cumplido con los requisitos para implementar su Sistema Local Anticorrupción (SLA). Mientras se completa el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es el Procurador Raúl Cervantes quien debe atender estos casos para que no se repitan en las actuales administraciones estatales, dijo Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Los ex Gobernadores de Veracruz y Chihuahua, Javier Duarte de Ochoa y César Duarte Jáquez, son buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para su eventual detención. El veracruzano es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El chihuahuense, de malversación de fondos públicos.

Rubén Moreira, por su parte, fue denunciado por el delito de desvío de recursos públicos para usos electorales y para empresas fantasma ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el Partido Acción Nacional (PAN). La bancada del blanquiazul en el Congreso de Coahuila exigió al Gobernador que se separe de su cargo por 30 días mientras se investiga “el faltante” de 32 mil millones de pesos en la administración estatal.

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