Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones defensoras del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) una disculpa pública por las agresiones directas que emitió en su conferencia de prensa el pasado 28 de agosto, cuando las acusó de recibir fondos extranjeros «para oponerse a la construcción del Tren Maya» y las llamó «benefactores y opositores».
«Ante el libre ejercicio del derecho al acceso a la justicia, el gobierno federal ha iniciado una campaña de deslegitimación del trabajo de las organizaciones civiles, a través de agresiones a organizaciones defensoras e indígenas, y, de manera reciente, a través de una campaña mediática que pretende hacer ver la cooperación internacional como ilegal», denunciaron en un comunicado el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, las organizaciones Diálogo y Movimiento e Indignación, así como la Fundación para el Debido Proceso Legal.
Las organizaciones lamentaron que el gobierno federal criminalice el trabajo de defensores indígenas y de las organizaciones de la sociedad civil y recordaron que quienes se han opuesto a los megaproyectos han sido objeto de múltiples agresiones e intimidaciones, las cuales incluso han llevado a su encarcelamiento y hasta su ejecución.
Ciudad de México | Desinformémonos. La información de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la refinería Dos Bocas en Tabasco no es suficiente para la evaluación, la cual además está fragmentada porque no cuenta con los datos sobre las obras adicionales al proyecto, lo que impide que sea aprobada, señalaron en análisis distintos el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace.
Además, señalaron que las condiciones del suelo arcilloso hacen inadecuado el sitio para el proyecto y que la refinería representa la contradicción a los compromisos nacionales e internacionales suscritos por México en materia de combate al cambio climático.
En su análisis, el Cemda acusó que se violaron los derechos a la información y a la participación ciudadana al ser bajada del sitio oficial la MIA en dos ocasiones, además de que se presentaron versiones distintas y actualmente no está permitido el acceso a los documentos, como el Estudio de Riesgo Ambiental.
Ciudad de México. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha tenido algunas reuniones con la próxima titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco Ortiz Mena, y le ha planteado diversos temas a los cuales considera debe dárseles “impulso” en la próxima administración federal, informó Gustavo Alanis, director de la organización.
Alanis dijo a La Jornada que han abordado con la próxima secretaria la necesidad de actualizar el marco jurídico de diversos instrumentos de política ambiental, tales como las “evaluaciones de impacto ambiental a las cuales hay que hacerle algunos cambios y adecuaciones, porque es un instrumento muy importante para que los proyectos vayan o no adelante en función de su viabilidad ambiental”.
Para muchos este instrumento ha quedado “rezagado, porque es de 1988, queremos que se mantenga el instrumento, pero creemos que hay que mejorarlo, fortalecerlo, y lo mismo con el reglamento en materia de impacto ambiental”.
También la CEMDA ha expuesto a González Blanco Ortiz Mena, la problemática que experimentan los defensores ambientales., los cuales “en México, cada vez están más amenazados”, sobre todo si se oponen a megaproyectos que impliquen muchos intereses.
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 30 de marzo de 2017.
La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hace más evidente la serie de dificultades que giran en torno de los megaproyectos en el país: el despojo de tierras, los inminentes daños ambientales y las irregularidades en los procesos y permisos.
G05091449.JPG MÉXICO, D.F. Transportation/Transportes-Aeropuerto.- El pasado miércoles, se anunció la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se realizará sobre cuatro mil 430 hectáreas federales que se ubican en la zona contigua a la actual terminal aérea. Foto: Especial
A pesar de ser conflictos que nos afectan a todos, pareciera que las únicas personas interesadas en la defensa del medio ambiente y el territorio son los activistas o las comunidades campesinas e indígenas; quienes, además, en este país son asesinados y criminalizados.
El diverso grupo, dedicado a proteger, promover y defender el derecho humano a un ambiente sano se encuentra en una situación cada vez mas riesgosa y vulnerable. El informe anual del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) de 2016 señala que de junio del 2010 a julio de 2016 hubo 303 ataques registrados a defensores del medio ambiente, que incluyen hostigamientos, detenciones arbitrarias, amenazas y asesinatos.
Este problema socio-ambiental se ha intensificado a consecuencia de la creciente demanda de recursos naturales y las cada vez más comunes concesiones irregulares otorgadas por el gobierno a grandes empresas. La concesión de agua a la cervecera de Constellation Brands en detrimento de la ciudad de Mexicali; el despojo de comunidades en Atenco por la construcción del aeropuerto; el desalojo de comunidades huicholas en Nayarit por la construcción de presas; el megaproyecto hotelero y habitacional desproporcionado en Todos Santos, Baja California; y la gran cantidad de empresas dedicadas a la explotación de recursos mineros a lo largo de todo el país son la punta de un iceberg de violencia e intereses económicos que afectan gravemente al entorno natural, al tejido social y abonan a la injusticia y desigualdad.
No es de extrañar que los mismos individuos que facilitan la concesión de territorio y recursos a inversiones extranjeras, sean los que amedrentan a los grupos que manifiestan su desacuerdo. Según el informe del CEMDA, casi la mitad de las agresiones a defensores de derechos humanos relacionados con medio ambiente son cometidas por parte del estado; entonces tenemos procesos y gobiernos que despojan las tierras y violentan a quien reclama, quedando impune, además, el 98% de las veces según Michael Frost, relator especial de la situación de los Defensores de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ante este lamentable panorama, las comunidades, con el auxilio de los activistas ambientales, insisten en la defensa de aquello que les ha sido arrebatado. Sin embargo, la sociedad permanece indiferente, sin tomar conciencia del crecimiento inminente de esta devastación.
Nos hemos acostumbrado a actuar de manera egoísta y no darle importancia a situaciones que no nos afectan directamente, no obstante, tenemos que entender que la destrucción del país es una ola que va a ahogarnos a todos en algún punto; y tal vez entonces sí sea demasiado tarde.
Organizaciones ambientalistas alertaron este miércoles que la senadora de la Comisión de Medio Ambiente, Ninfa Salinas, “intenta dar un albazo para aprobar en el Senado la minuta de la ley general de Desarrollo Forestal Sustentable, esto, mientras se celebraba un foro de discusión sobre las implicaciones de la minuta de la ley forestal en el mismo Senado”.
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental informaron que con ello el Partido Verde está ignorando las peticiones de más de 30 mil personas y cientos de organizaciones de productores forestales, representantes de pueblos indígenas, técnicos y académicos, que han exigido un proceso de consulta y revisión profunda de los contenidos de la minuta de la ley forestal.
Las organizaciones detallaron que el proyecto de la ley forestal que se encuentra en el Senado para su análisis “presenta graves retrocesos en materia de derechos, no atiende los problemas de ilegalidad en el sector ni la sobrerregulación que tiene estancada la producción y, pone en riesgo la conservación de los bosques. Además, carece de contrapesos y candados para prevenir la corrupción y fortalecer la transparencia”.
