La movilidad social debe constituirse como eje rector de la política pública: CEEY

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En las últimas tres décadas se estabilizó la macroeconomía en México y algunas instituciones democráticas se fortalecieron, sin embargo, la desigualdad, la pobreza y en particular la baja movilidad social intergeneracional permanecen aún como grandes pendientes dentro de la agenda pública.

Así lo destacó el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), luego de señalar que los gobernantes no han tomado en cuenta lo suficiente esa movilidad social, e incorporarla como eje rector de las políticas públicas –abundó– generaría un país más justo, eficiente y armonioso.

“Más justo porque un mexicano con talento y ganas de tener una mejor vida no debería estancarse sólo por nacer en un hogar en condición de pobreza. Más eficiente porque cuando el progreso de una persona está limitado por barreras exógenas, surge la frustración y se desperdicia capital humano. Esto afecta la eficiencia económica y, por ende, limita el crecimiento. Más armonioso porque cuando el acceso a las oportunidades se limita a ciertos grupos sociales, se deteriora la cohesión social”, detalló en un comunicado.

De acuerdo con el CEEY, concentrarse en combatir la pobreza y la desigualdad, sin tomar en cuenta la movilidad social, supone un grave error.

En ese sentido, apuntó, es indispensable que cualquier política de combate a la pobreza que se pretenda implantar, reconozca que una de las causas de que la pobreza se perpetúe en México es la baja movilidad social.

La baja movilidad social intergeneracional (persistencia en los extremos de la estructura social de México), recalcó, revela una profunda desigualdad en las oportunidades de acceso a los medios que permiten superar las condiciones socioeconómicas de origen. Actualmente los estudios sobre la movilidad social intergeneracional revelan que siete de cada 10 mexicanos que nacen pobres, se quedan pobres toda su vida, precisó.

Lo anterior quiere decir que la posición social se transmite de padres a hijos con una frecuencia importante entre quienes se encuentran tanto en la base como en la parte más alta de la pirámide socioeconómica.

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Discrecionalidad de la SHCP en el ejercicio del gasto, de las causas más importantes de la corrupción: ONG

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La discrecionalidad en el ejercicio del gasto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es una de las causas más importantes de la corrupción en el sector público, aseguraron organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, (CEEY) y Ciudadanos Contra la Corrupción.

La SHCP, con las facultades que tiene para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales y modificar los presupuestos aprobados y asignados mediante el Ramo 23 (Previsiones Salariales y Económicas) y a través de las adecuaciones presupuestales, subrayaron, está colocada “en una posición de poder y privilegio desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del gobierno en turno”.

Muestra de ello, apuntaron, es el conflicto entre el gobierno de Chihuahua y esa dependencia en torno al pago de tres convenios por 780 millones de pesos, que ha puesto en el debate nacional el tema de la corrupción en el sector público.

Ese caso, consideraron, es una oportunidad para exigir “un cambio profundo en los mecanismos de asignación y control sobre el gasto público”, particularmente los que rigen al Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

 “Tenemos un sistema con reglas laxas y poco claras, en donde los pesos y contrapesos que deberían existir en un sistema democrático quedan anulados. Los usos y costumbres de la Secretaría de Hacienda son una herencia vigente de nuestro pasado centralista, donde el Ejecutivo federal tenía facultades legales y extralegales para doblegar a los poderes regionales”, resaltaron en un comunicado.

El gasto en medios, aguinaldos y viáticos devorará presupuesto de 2018, alertan investigadores

Por Redacción/Sin embargo

Las organizaciones civiles México Evalúa, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Borde Político, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, IMCO, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y Gestión Social y Cooperación presentarán al Congreso de la Unión una propuesta sobre ingreso, gasto y deuda pública para elevar la calidad del Paquete Económico 2018.

En septiembre pasado, la Secretaría de Hacienda entregó un plan que prevé un gasto de 5 billones 236 mil 375 millones 600 mil pesos, lo que implica un recorte de 28 mil 300 millones de pesos con respecto a lo presentado en 2017.

Ciudad de México 23 de octubre (SinEmbargo).– Investigadores de organizaciones civiles han vislumbrado que el gasto público en 2018 -que incluye comunicación social, viáticos y aguinaldos al gobierno federal- será mayor al propuesto, y el rubro “perdedor” será la inversión pública para infraestructura, clave en generación de empleos y desarrollo.

Para 2018, año electoral, la Secretaría de Hacienda propuso al Congreso un gasto público de 5,236,375.6 millones de pesos, el 22 por ciento del PIB.

Mariana Campos, de México Evalúa, resaltó que esta cifra es similar al gasto de 2014, por lo que ve difícil que se cumpla y se cuestiona a dónde irá ese dinero público.

Del gasto programable, solo el 11.9 por ciento está previsto para inversión pública, el nivel más bajo desde 2002.

Campos destacó que este rubro para infraestructura se gasta a través de fideicomisos, lo que dificulta darle seguimiento.

Ante ello urgió a mecanismos de transparencia en estos, ya que no hay alguna instancia que siga su ejecución ni publica sus estados financieros.

A nivel local, Marco Zamarripa, del Consejo Civil de Instituciones Laguna, expuso que de 2012 a 2016, la recaudación en Coahuila subió 797 millones de pesos, pero la inversión pública cayó 637 millones de pesos y ahora son la segunda entidad con mayor deuda per cápita.

Asimismo, Mariana Campos de México Evalúa señaló que los rubros de Presidencia, Secretaría de Hacienda, servicios en traslados y viáticos, comunicación social, y aguinaldo y gratificación al gobierno federal deben ser más vigilados porque en ellos se gasta más de lo aprobado a pesar de la serie de recortes anunciados ante la caída de los ingresos petroleros.

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