Comunicado: Misión Internacional documenta violaciones a Derechos Humanos en México

Imagen: Twitter @RedTDT

 

Peace and Human Rights Mexico-European Union

Misión Internacional documenta violaciones a Derechos Humanos en México y llama a acciones coordinadas

Ciudad de México, 1 de diciembre de 2023

Del 24 al 30 de noviembre, integrantes de la “Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-Unión Europea”, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, realizaron junto con representantes políticas, integrantes de instituciones públicas, academia, periodistas y activistas de la sociedad civil europea, una Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en México, en la cual participaron  una red de personas defensoras de derechos humanos y periodistas mexicanas. Sus esfuerzos se enfocaron en visitar la zona centro y sureste del país.

Al reconocer los desafíos globales sobre la protección y la urgencia de colaboración y solidaridad internacional entre pueblos para detener las violaciones a derechos humanos, la Misión se trasladó a la Ciudad de México y a los estados de Morelos, Tlaxcala, Puebla y Chiapas. El propósito fue aprender, documentar, compartir y respaldar los esfuerzos en pos de la dignidad, la paz y los derechos humanos de defensores, organizaciones y comunidades.

Durante la misión se documentaron y denunciaron las violaciones a los derechos humanos que enfrentan mujeres defensoras, comunidades indígenas, víctimas de desaparición forzada y desplazamiento, personas en situación de movilidad y periodistas. Además, se abordaron las consecuencias de la militarización del país y las violaciones vinculadas con la implementación de megaproyectos.

Dentro de los principales hallazgos de la Misión se encuentran:

Criminalización de personas defensoras de derechos humanos. La Misión pudo constatar que la criminalización persiste para las y los defensores de derechos humanos. Kenia Hernández, defensora indígena, sufre sus impactos devastadores tras tres años en reclusión en un penal de máxima seguridad, en condiciones inhumanas. Durante la misión fue negado el acceso para visitarla, añadiendo otra violación a sus derechos y aumentando su vulnerabilidad. En Chiapas se observó la situación de los activistas Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Domínguez quienes también están detenidos de manera injusta. 

Militarización de los territorios y obstáculos para la autonomía. En Morelos y Chiapas se constataron los impactos negativos de empresas mineras y megaproyectos. Se observaron casos como el del Pueblo Creyente de Chicomuselo y el del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT) en donde existen procesos de militarización vinculados a la imposición industrial.

Los efectos negativos de la militarización también se observaron en el sureste, en los trayectos de la ruta migratoria en Tapachula: la población en movilidad humana afronta una vulnerabilidad constante y las personas defensoras que les acompañan viven riesgos y agresiones propiciadas e implementadas por las Fuerzas Armadas. El ingreso a la Estación Migratoria Siglo XXI fue negado, lo que representó un obstáculo para la observación.

La Misión a su vez, conoció la valiente labor de Pascuala López, defensora de derechos humanos en riesgo, quien busca verdad y justicia tras el asesinato de su hijo y  a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las autoridades no han brindado la protección adecuada. 

Por lo anterior, las organizaciones que integran la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en México realizan un urgente llamado a las instancias gubernamentales a:

  • Adoptar acciones coordinadas a nivel estatal y federal para garantizar el Derecho a Defender Derechos Humanos, fortaleciendo una labor conforme a derecho de instituciones clave como fiscalías, Mecanismos de Protección y Comisiones de Derechos Humanos.
  • Garantizar el debido proceso y el Derecho a Defender Derechos Humanos de las personas defensoras que han sido privadas de su libertad, evitando cualquier forma de trato cruel e inhumano, propiciando su justa liberación y reparación.
  • Implementar lo establecido en estándares internacionales en materia de derechos humanos, fortaleciendo el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y diseñando una política pública integral para garantizar este derecho fundamental.
  • Cesar el hostigamiento judicial contra la defensora indígena Kenia Inés Hernández Montalván, y solicita su liberación inmediata y su traslado a otro centro penitenciario en la Ciudad de México o el Estado de México. Se pide garantizar su seguridad mientras se realiza el traslado al CEFERESO 16. Además, se solicita una reunión entre la Lic. Rosa Icela Rodríguez, el equipo legal de la defensora, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y CAPUFE para buscar un acuerdo reparatorio.

Con el respaldo de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, Red de Defensoras de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo de Política Migratoria, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el Espacio OSC, la Red por los Derechos de la Infancia; la Red EULat, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), PBI México, Sipaz, SweFOR, ACAT Francia y Taula per Mèxic, integrantes de la “Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México – Unión Europea. https://human-rights-mx-eu.org/ +52 4444340797

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Piden que actúe CIDH en caso de activista detenida

Sergio Ocampo Arista/La Jornada

Foto: Cencos

Chilpancingo. El abogado defensor de la activista guerrerense Kenia Inés Hernández Montalbán, José Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dijo hoy que solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la detenida.

La Comisión “ya se pronunció en términos de generar el expediente de medidas cautelares, que ya existe, por lo que tiene que garantizarse su integridad, y su estado psicoemocional”, agregó.

Agregó que en en la aprehensión de la integrante del colectivo Zapata Vive, se coludieron los gobiernos del Estado de México, de Guerrero, y la Fiscalía General de la República (FGR).

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Lanzan defensa comunitaria contra Santa Lucía

Texto: Lydiette Carrión, Fotos: Archivo / Ximena Natera y Duilio Rodríguez /Pie de Página

Los pueblos originarios en los municipios de Tecámac, Zumpango y Nextlalpan están contra el proyecto Santa Lucía. Pero se desmarcan de las acciones legales que encabezan grupos de empresarios, quienes lo hacen bajo la lógica empresarial. Desde las comunidades, advierten, les mueve el derecho humano al agua.

Foto: Pie de Página

Los pueblos originarios afectados por la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía preparan una defensa legal de carácter internacional en contra del proyecto. Reclaman la defensa al agua y el derecho de los pueblos originarios de ser escuchados. Advierten que la cuenca hídrica del Valle de México no soporta un megaproyecto más.

La estrategia legal está  bajo la guía legal del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

José Antonio Lara Duque, director del Centro Zeferino Ladrillero, explica en entrevista:

“Ya interpusimos la primera batería de amparos. El proceso de construcción de amparos comunitarios [a diferencia de otros recursos impulsados desde la ciudadanía o de particulares] lleva mucho más tiempo, porque se tiene que consultar. Por eso se han interpuesto apenas los primeros amparos. Pero de una batería mucho mayor que habrá según se toman las decisiones”.

“Lo que nosotros planteamos desde las comunidades es el tema de protección del derecho al agua y de los pueblos originarios. Esos son dos pies sobre los que se levanta la resistencia de los pueblos”.

Añade: “abiertamente y claramente hay una diferencia [de nosotros] con los  colectivos que han impulsado amparos desde la lógica empresarial”, que buscan, explica, regresar el proyecto a Texcoco. “Nosotros, apoyamos y celebramos en su momento que se cancelara el proyecto en Texcoco”. 

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Boletín de prensa: Habrá una defensa legal internacional para los pueblos indígenas, ante proyecto de Santa Lucia: Zeferino Ladrillero

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

  • El proyecto violenta los derechos humanos de los pueblos originarios
  • Trasgrede el derecho humano al agua
  • Violenta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

El proyecto de ampliar el aeropuerto militar de Santa Lucia “está condenado al fracaso” ya que se violentan los derechos humanos de los pueblos originarios que se ubican en la zona, así lo afirmó el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.

Su presidente, José Antonio Lara Duque, expresó que la obra que impulsa Andrés Manuel López Obrador trasgrede “los derechos de los pueblos indígenas y el derecho humano al agua”, por lo que adelantó: se dispondrá de una defensa legal de carácter internacional, por ejemplo, de la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

“Es evidente que los habitantes de los pueblos originarios de alrededor de la base aérea militar de Santa Lucía no permitirán que sus derechos sean vulnerados, por ello, nosotros hemos recibido la instrucción de los representantes de los pueblos para generar una defensa nacional e internacional de sus derechos”, afirmó.

Sobre la exposición pública de la Manifestación de Impacto Ambiental que dio a conocer la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el abogado Lara Duque advirtió que dicho documento debe ser revisado.

“A la óptica de científicos y especialistas internacionales independientes de las pretensiones gubernamentales, de las presiones y directrices que se puedan generar desde el ámbito del Poder” a fin de generar certeza al verdadero impacto ambiental que pueda causar una obra de esta magnitud.

Al respecto, Lizbeth Laguna, vocero del Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua, dijo que los pueblos originarios no están de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental ya que no se está respetando su derecho humano a ser consultado sobre su territorio.

“No nos están tomando en cuenta y, como sujetos de derechos colectivos consideramos que debemos ser consultados tal y como lo manda el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde las comunidades afectadas, con los megaproyectos, deben ser tomadas en cuenta en una consulta”, dijo.

Por su parte, Ricardo Ovando, también vocero del Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua, expresó que la Semarnat “no debió autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental del Aeropuerto Felipe Ángeles porque no existe la medida de mitigación que pueda restaurar el caudal ecológico subterráneo del acuífero Cuautitlán – Pachuca.

“Lo que nos puede llevar a un posible colapso hídrico en nuestra ya deteriorada cuenca de México. Yo prefiero Agua, no aeropuerto en Santa Lucía”, expresó.

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Contacto de prensa:  comunicaymedios@gmail.com 

Redes sociales: 

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Libres, los tres defensores del agua de Tlanixco que aún estaban en la cárcel

Redacción/Proceso

Foto: YouTube ONUDHMexico

TOLUCA, Edomex. (apro).- El Segundo Tribunal de Alzada en Material Penal de Toluca decretó la libertad de los tres defensores del agua de Tlanixco que permanecían encarcelados por el presunto homicidio de un empresario florícola de Villa Guerrero ocurrido en 2003.

El Poder Judicial del Estado de México consideró fundado el recurso de revisión extraordinaria entablado por la defensa de los indígenas nahuas sentenciados en 2007 a más de 50 años de prisión y declaró su inocencia; como consecuencia, ordenó su inmediata libertad.

Pedro Sánchez Berriozábal se encontraba acusado de los delitos de homicidio calificado y privación de libertad; Rómulo Arias Mireles imputado por el delito de homicidio calificado y privación de libertad, y Teófilo Pérez González señalado por el delito de homicidio calificado.

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Orquesta PRI despojo de tierras para autopista del NAICM; continúa violencia

Paola Ramos / Cencos
FPDT Atenco, NAICM, NAIM, Plataforma contra el aeropuerto
Foto: Marcela Méndez / Cencos
Pese al anuncio de la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, los procesos de despojo y compra ilegal de tierras para obras complementarias continúan, denunciaron pobladores en conferencia de prensa.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través del uso de grupos de choque, militantes y poder político ha jugado un papel primordial en el despojo de alrededor de 300 hectáreas de tierras ejidales para la construcción de la autopista Peñón-Ecatepec, obra complementaria al NAICM. 
Pobladores denunciaron que el uso de esta superficie fue ilegalmente cambiado del régimen ejidal a parcelas de uso privativo a través de una asamblea en 2014, que registró irregularidades como la falsificación de firmas de autoridades ejidales y de asambleas, agresiones por parte de grupos de choque y corrupción. 
Entre los principales operadores de este proceso se encuentra Andrés Ruiz Mendez, actual presidente municipal de Atenco por el PRI, y quien entonces fungió como representante del comisariado ejidal.
“En el Estado de México, la estructura de poder del PRI aún se va a hacer valer en la región. Es decir: el PRI no va a perder de forma sencilla la intención de utilizar esas autopistas complementarias al aeropuerto para poder desarrollar proyectos inmobiliarios y proyectos comerciales”, sostuvo en entrevista Armando Bernal, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. 
“Literalmente lo que están pensando es: ante la derrota del aeropuerto, los proyectos secundarios sí hay que echarlos a andar. Principalmente autopistas, extracción y desarrollo inmobiliario”.

Adela Romero, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT Atenco) señaló que desde el pasado trienio, encabezado por el priista Andrés Ruiz aumentó la presencia de agrupaciones políticas para forzar la compra y venta ilegal de terrenos. 
“En Atenco hay algunos que se han prestado a cambio de una cantidad de dinero, o inclusive nosotros supimos que hasta por plazas (puestos públicos) se prestaron para grupos de choque, a buscar personas para venta (de tierras) e intimidando para que vendieran”, señaló la pobladora. 
“Toda la gente del pueblo sabe de esa situación: es el PRI y sus principales aliados, grupos de choque”
Recientemente, el Tribunal Agrario del Distrito 23 de Texcoco falló a favor del ahora presidente municipal Andrés Ruiz en respaldo al cambio del uso de tierras ejidales a uso privado, por lo que el FPDT Atenco llamó al poder judicial a anular la asamblea por haber sido ilegal.
De acuerdo con Trinidad Ramírez, miembro del Frente, la superficie de hectáreas despojadas podría ascender hasta más de 4 mil si la venta ilegal continúa. 

El CDHZL exige frenar represión contra habitantes de Texcoco que se oponen al NAIM

Redacción / Revista Proceso

Miembros de diversos pueblos del Estado de México y Ciudad de México se manifestaron para exigir la cancelación del NAICM. Foto: Emiliano Pensamiento / Cencos

El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno cesar los actos de intimidación y represión contra habitantes de la zona donde se pretende construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco, Estado de México.

Asimismo, advirtió que acudirán al Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y a la oficina de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos –que depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA)– “para que intervengan en este delicado tema”.

En un comunicado, José Antonio Lara Duque, presidente del CDHZL reveló que el juez de distrito Jorge Antonio Salcedo Garduño, especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, pretende detener a algunos de los pobladores de Tezoyuca, por el único hecho de defender la tierra y el agua de la región.

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Interponen recurso de apelación a sentencia contra seis nahuas detenidos “con acusaciones falsas y dolosas”

Por Redacción/Desinformémonos

Foto: CDHZL

Ciudad de México | Desinformémonos. Un recurso de apelación a la sentencia emitida contra seis indígenas nahuas detenidos desde hace 15 años “con acusaciones falsas y dolosas” fue interpuesto por el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL), cuyo presidente, José Antonio Lara Duque, solicitó particularmente que los tres poderes del Estado garanticen la protección de los acusados, luego de que se descartó que estuvieran presentes en los hechos en los que una persona murió.

“El gobierno del Estado de México, a través de sus tres Poderes (Legislativo, Ejecutivo y sobre todo Judicial) tienen el reto de emitir una revisión a la sentencia con un alto estándar internacional. Es una oportunidad para que haya apego a derecho, ya que con relación a la protección de personas indígenas el gobierno mexicano tiene una deuda histórica con este sector de la población”, indicó Lara Duque.

El recurso de apelación busca la protección de los seis nahuas de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco, quienes desempeñaban acciones de defensa del agua y el territorio por las cuales, junto con otros defensores de la comunidad, fueron víctimas de represión por parte de las autoridades estatales.

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#SentenciaRacista: Caso Tlanixco

Por Redacción/Centro de Derechos humanos Zeferino Ladrillero

¿SABÍAS QUE…?

Seis indígenas de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco llevan en prisión de 12 hasta 15 años, inculpados  injustamente por el asesinato de un empresario extranjero el cual nunca cometieron. Debido a que hemos documentado numerosas inconsistencias, carencia de credibilidad e imparcialidad de los denunciantes, así como señalamientos contradictorios, decidimos emprender una campaña denominada #SentenciaRacista.

Un ejemplo de ello es que, según lo que indican las declaraciones que rindieron los denunciantes durante los primeros cuatro años de investigación, se ubica a “una señora morena y chaparrita” como una de las personas responsables de la muerte del empresario antes mencionado. Es de este modo que se acusa penalmente a Dominga González Martínez. Estos tres calificativos, por generales, ambiguos y simples que parezcan, fueron suficientes para inculpar de un delito grave a una mujer adulta mayor que participaba activamente con su comunidad en la defensa de su derecho al uso del agua de un río que nace en Tlanixco.  En esta acusación, participó la Secretaría de Gobernación del Estado de México proporcionando los datos personales de Dominga González Martínez a los denunciantes, información obtenida de las minutas generadas de una mesa de diálogo que tuvieron tiempo atrás dicha instancia y un grupo de representantes comunitarios indígenas de dicho lugar. Con base a estas evidencias y muchas otras que se describirán más adelante, consideramos que su encarcelamiento es una grave violación a sus derechos humanos y una forma imperdonable de discriminación contra un grupo social vulnerable, como lo son los indígenas que defienden su territorio.

HISTORIA DE SAN PEDRO TLANIXCO

De acuerdo con la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, en la entidad se reconoce la existencia de los siguientes pueblos indígenas: Mazahua, Otomí, Nahua, Matlatzinca y Tlahuica [1]. Así como también en el año 2015 el Consejo Estatal Para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas  del Estado de México (CEDIPIEM), reconoció a San Pedro Tlanixco como pueblo indígena [2].

El pueblo indígena de San Pedro Tlanixco se ubica en el municipio de Tenango del Valle, Estado de México. Es una Comunidad indígena nahua, regida por usos y costumbres. El significado del nombre del municipio deriva de la palabra náhuatl Teotenango, que significa “En la muralla donde están los dioses”. Dicha comunidad lucha por su derecho humano al agua para su uso personal y doméstico, ante la avaricia de empresas privadas y del Estado mexicano, que han emprendido una desigual disputa por el vital líquido.

Hoy día, hay seis personas sentenciadas por el delito de homicidio calificado y privación de la libertad, siendo sentenciados en primer lugar: Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles, el día 13 de junio del año 2006, a cincuenta años de prisión. Y en segundo momento fueron sentenciados: Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martínez, a cincuenta años de prisión, el 27 de noviembre del 2017.

Recalcamos que en ambos momentos al dictar sentencia fueron impuestas penas máximas a pesar de que de la propia acusación es imposible determinar el grado de participación de cada uno de los sentenciados, pero se trata de dar un castigo ejemplar para intimidar al pueblo indígena.  Además, durante todo el proceso, no se respetaron sus derechos tomando en cuenta su calidad como personas indígenas, por lo cual no fueron juzgados en función de su contexto local social en donde los usos y costumbres son de gran importancia.

Al no existir evidencia que permita determinar el grado de participación de la y los hoy sentenciados, es imposible crear un nexo causal que relacione su conducta con el resultado material.

¿QUIÉNES SON LA Y LOS  SENTENCIADOS?

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Denuncian nuevo ingreso de maquinaria pesada en tierras comunales de Lerma

Integrantes del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” | Foto: Benjamin Flores

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segunda ocasión en menos de una semana, maquinaria pesada ingresó a tierras comunales de la localidad de Salazar, en el municipio de Lerma, Estado de México, en agravio de sus legítimos propietarios, denunció el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, que además reprobó el aval de las autoridades mexiquenses en la acción.

El coordinador de la asociación civil, José Antonio Lara Duque, señaló que el ingreso de la maquinaria, ordenado por un particular, se enmarca dentro de una estrategia de invasión de tierras con el apoyo y el servicio de las policías municipales, sin dar validez a los documentos agrarios que se otorgaron a la comunidad de Salazar como propietaria de los predios.

En un comunicado, el activista recordó que el pasado jueves 14 un vecino de la comunidad indígena se percató de que en las zonas de cultivo se encontraban aproximadamente 10 personas ajenas, a bordo de camionetas con vidrios polarizados y matrículas del estado de Guerrero, quienes ejecutaban trabajos de topografía y medían las parcelas.

Uno de los trabajadores –identificado como Francisco Javier Gómez– argumentó que el dueño de los terrenos les había dado la autorización, pero los pobladores de Salazar señalaron que se trata de tierras comunales, por lo que ordenaron la salida de aquellos.

Minutos después los presuntos invasores regresaron resguardados por elementos de la policía municipal.
De acuerdo con Lara Duque, la comunidad posee documentos de carácter agrario donde se les reconoce la posesión de tierras, pero temen que las sigan invadiendo.

Desde hace más de 30 años los comuneros y pobladores de Salazar han defendido su territorio ante los intentos de despojo por parte de desarrolladores.

Al respecto, Lara Duque denunció que el 30 de septiembre de 2016 se verificó un ataque armado por parte de particulares en contra de los pobladores y comuneros, quienes reconocieron a los agresores ante la policía.

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