ONG critican Guardia Nacional de AMLO: En 12 años, la militarización no redujo la violencia, dicen

Redacción/Animal Político

Académicos y activistas reconocen que el nuevo plan de seguridad de López Obrador busca ubicar y atacar las causas de la violencia, pero critican que la Guardia Nacional tenga un carácter eminentemente militar y no civil.

Foto: Facebook lopezobrador.org.mx

Luego de que el 15 de noviembre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad, que incluye la creación de una nueva fuerza de corte y formación militar, la Guardia Nacional, este jueves un grupo de organizaciones civiles criticó este plan por considerarlo una “continuación” de la estrategia de seguridad de los dos últimos sexenios, en los que las Fuerzas Armadas militares asumieron buena parte del combate a la delincuencia.

En una mesa de discusión celebrada en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, de la Universidad Iberoamericana, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (CentroPro), Causa en Común, y especialistas en seguridad como Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad de la Ibero, recordaron que el uso de las fuerzas armadas en labores policiacas no redujo los niveles de violencia en México.

Al contrario, según datos oficiales, el último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto será el más violento del que haya registro oficial en México: 28 mil 500 víctimas, casi la misma cantidad de homicidios que se registró en todo 2017, que hasta ahora había sido el año más violento, por delante incluso de 2011 y 2012, los años con más asesinatos del sexenio de Felipe Calderón.

“La estrategia de militarización del país no ha servido para reducir la violencia”, subrayó Mario Patrón, director del Centro Pro, quien añadió que, a la fecha, no hay datos empíricos que respalden una propuesta de seguridad basada en el uso de fuerzas castrenses.

Y, precisamente, ese es uno de los puntos que el Centro Pro critica del nuevo Plan Nacional de Seguridad.

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En Ginebra, México maquilla las cifras de desaparecidos

Redacción/Proceso

La desaparición hace cuatro años de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, “da cuenta del adn del gobierno de Peña Nieto, compuesto por corrupción, impunidad y macrocriminalidad”, sentencia Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. A su vez, la activista Grace Fernández critica al gobierno saliente por no atender los reclamos por las desapariciones que se han multiplicado durante su gestión. “Las autoridades no procesan esos 35 mil cuerpos –dice– porque tendrían que explicar la causa de su muerte. Y no quieren hacerlo porque es encontrarse a ellos mismos. A fin de cuentas, la corrupción mata”.

Marchan madres de desaparecidos y asesinados en Sinaloa. Foto: Juan Carlos Cruz/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El gobierno de Enrique Peña Nieto, que fenece esta semana, quedará marcado por la impunidad, corrupción, violencia, pero sobre todo por el presunto involucramiento de autoridades de los tres niveles con los grupos criminales en la violación derechos humanos.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), Mario Patrón Sánchez, y Grace Fernández Morán, del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, coinciden en este dictamen, basados en los datos duros: 122 mil muertos, 37 mil desaparecidos y una tasa de impunidad de 98%.

Por separado, ambos defensores consideran que el fracaso de Peña Nieto –quien heredó de Felipe Calderón 103 mil muertos y 26 mil 121 desaparecidos– se explica en parte por mantener una estrategia militarizada para combatir la violencia y por la escandalosa corrupción.

El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años en Iguala, Guerrero, “da cuenta del adn del gobierno de Peña Nieto, compuesto por corrupción, impunidad y macrocriminalidad”, sostiene Patrón Sánchez, cuya organización representa a los padres y madres de las víctimas.

Es revelador, dice, que “la que debió haber sido la investigación más profesional, más cuidada y más transparente, y más a cielo abierto, terminó siendo tachada de ilegalidad”.

Trae a cuenta la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, emitida en junio pasado, la cual ordenó la creación de la Comisión para la Verdad y Justicia (Caso Iguala) “justo porque el gobierno de Peña Nieto no ha sido independiente ni autónomo ni imparcial”.

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