Ciudad de México | Desinformémonos. La información de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la refinería Dos Bocas en Tabasco no es suficiente para la evaluación, la cual además está fragmentada porque no cuenta con los datos sobre las obras adicionales al proyecto, lo que impide que sea aprobada, señalaron en análisis distintos el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace.
Además, señalaron que las condiciones del suelo arcilloso hacen inadecuado el sitio para el proyecto y que la refinería representa la contradicción a los compromisos nacionales e internacionales suscritos por México en materia de combate al cambio climático.
En su análisis, el Cemda acusó que se violaron los derechos a la información y a la participación ciudadana al ser bajada del sitio oficial la MIA en dos ocasiones, además de que se presentaron versiones distintas y actualmente no está permitido el acceso a los documentos, como el Estudio de Riesgo Ambiental.
Ciudad de México. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha tenido algunas reuniones con la próxima titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco Ortiz Mena, y le ha planteado diversos temas a los cuales considera debe dárseles “impulso” en la próxima administración federal, informó Gustavo Alanis, director de la organización.
Alanis dijo a La Jornada que han abordado con la próxima secretaria la necesidad de actualizar el marco jurídico de diversos instrumentos de política ambiental, tales como las “evaluaciones de impacto ambiental a las cuales hay que hacerle algunos cambios y adecuaciones, porque es un instrumento muy importante para que los proyectos vayan o no adelante en función de su viabilidad ambiental”.
Para muchos este instrumento ha quedado “rezagado, porque es de 1988, queremos que se mantenga el instrumento, pero creemos que hay que mejorarlo, fortalecerlo, y lo mismo con el reglamento en materia de impacto ambiental”.
También la CEMDA ha expuesto a González Blanco Ortiz Mena, la problemática que experimentan los defensores ambientales., los cuales “en México, cada vez están más amenazados”, sobre todo si se oponen a megaproyectos que impliquen muchos intereses.
Comunidades reclamaron a la SCJN su derecho a participar en toma de decisiones de temas medioambientales y megaproyectos. Foto: Twitter PODER
Organizaciones de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente entregaron hoy un Amicus Curiae a los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el que exponen elementos jurídicos sobre el derecho a la participación pública en asuntos ambientales, para apoyar el amparo interpuesto por los habitantes de Bacánuchi, Sonora para participar y decidir sobre la ampliación de una presa de jales de Grupo México.
El pasado 6 de agosto se cumplieron cuatro años del mayor desastre ecológico en la historia minera del país, cuando 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina de Grupo México, terminaron en los ríos Bacánuchi y Sonora, y afectaron seriamente a más de 22 mil personas e indirectamente a más de 250 mil.
Comunidades afectadas por megaproyectos, encabezadas por los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) y por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco) se reunieron hoy fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reclamar a los ministros su derecho a participar en temas medioambientales.
El acto público se dio en el marco del próximo fallo de la SCJN al amparo interpuesto por los habitantes de Bacánuchi, Sonora, referente al derecho que tienen las comunidades aledañas a los ríos Bacánuchi y Sonora de participar y por tanto decidir sobre la ampliación de una presa de jales de la minera Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., construida por Grupo México.
La manifestación contó con la presencia de diversas organizaciones de la sociedad civil y pueblos en defensa de la tierra y el territorio. Foto: Twitter ProDESC
Las comunidades están expectantes, ya que se prevé que la Suprema Corte emita el fallo el próximo miércoles 22 de agosto. El fallo será trascendental, no sólo para los habitantes de Sonora, sino para todos aquellos que enfrentan las consecuencias negativas de los megaproyectos en México, como es el caso de las comunidades aledañas al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“El Máximo Tribunal se encuentra en un momento histórico acerca de un fallo que versa sobre el derecho a la participación pública medioambiental. Se trata de un asunto de gran trascendencia para la sociedad, por lo que presentamos a la Suprema Corte consideraciones legales sobre dicho derecho que es de sumo interés para la sociedad. La participación ciudadana en las políticas publicas es un derecho humano, vital para mantener sociedades democráticas con gobiernos abiertos a recibir opiniones aun cuando sean discordantes con su visión”, señaló María Colín, campañista legal de Greenpeace México, organización que apoya la iniciativa, junto con CEMDA, CIEDH, Litiga OLE, Oxfam México, ProDESC y Serapaz.
Para Benjamin Cokelet, codirector ejecutivo de PODER, la Suprema Corte tiene una oportunidad histórica para “poder estar al día con las decisiones internacionales que favorecen la participación amplia y anticipada de las comunidades en temas medioambientales”.
El Amicus Curiae, como el presentado este lunes ante la SCJN, es un recurso que busca exponer opiniones y/o informaciones que podrían ser trascendentes en la resolución del juzgador.
De las 88 agresiones contra defensores del medio ambiente registradas en México de 2016 a 2017, 29 terminaron en homicidio. Tan sólo el año pasado, 15 ambientalistas fueron privados de la vida. Las actividades más frecuentemente relacionadas con las agresiones resultaron ser la minería, los proyectos de infraestructura, los hidroeléctricos, los de obras públicas, los inmobiliarios, los de energía renovable, de siembra transgénica y de tala clandestina.
Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- Entre julio de 2016 y diciembre de 2017, 88 personas defensoras del medio ambiente fueron blanco de ataques en México, y en 29 de esos casos se llegó hasta el asesinato, informó este día el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Al dar a conocer el “Informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2017”, Cemda alertó del aumento en el número de homicidios y violencia en contra de los activistas.
De los 88 casos, las agresiones más recurrentes fueron las físicas que ascendieron al 18 por ciento, después la criminalización con 16 por ciento y el homicidio en un 15 por ciento.
Cemda identificó que el principal perpetrador de dicha violencia es el Estado mexicano en sus tres niveles, ya que el 36 por ciento de las agresiones provino de entes gubernamentales. De ese total, 57 por ciento lo abarcaron autoridades estatales, 26 por ciento municipales y 17 por ciento federales.
Durante la presentación del análisis realizado por cuarto año consecutivo, esta vez en las inmediaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Gustavo Alanís Ortega, presidente y fundador del Cemda, apuntaló que sólo durante 2017, 15 ambientalistas fueron privados de la vida en la nación gobernada por el Presidente Enrique Peña Nieto.
“Nuestro país sigue siendo muy peligroso y muy riesgoso [para los defensores ambientalistas]”, afirmó Alanís Ortega.
Desde 2010 hasta 2017, señaló Alejandra Leyva, abogada en el Cemda, han sido registrados 391 casos de ataques contra los activistas ambientalistas, entre ellos se incluyen criminalización, hostigamiento, amenazas, y en varios casos, homicidio.
La especialista en temas legales de medio ambiente, alertó que el Estado de México, gobernado por Alfredo del Mazo Maza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), continúa con las cifras más elevadas en los ataques contra las personas defensoras de la naturaleza, los territorios y los recursos naturales, donde se registraron 10 casos. Le siguieron Oaxaca y Puebla con 8 casos, y Chiapas y Sonora con 6.
El pasado 22 de mayo, la comunidad de Alpoyeca, resolvió hacer un llamado enérgico al gobernador del estado, Graco Ramírez, para que en un plazo de veinte días naturales, a partir de esta fecha, se retire el basurero llamado “Planta Valorizadora”, ubicado en la Unidad deportiva Mariano Matamoros, dentro del territorio originario de la comunidad.
No es la primera vez que en la comunidad de Alpuyeca se opone a un proyecto de muerte. En el 2006, también la comunidad dio una fuerte lucha contra el basurero a cielo abierto de Milpillas, que por más de 30 años operó en su comunidad recibiendo los desperdicios de 10 municipios del Estado, provocando una de las crisis sanitarias más graves que se ha vivido en el municipio.
La comunidad hace responsable al gobernador Graco Ramírez de cualquier daño a la integridad física de los miembros de la Asamblea Comunitaria del Pueblo de Alpuyeca.
Además se dará a conocer las próximas acciones que realizará la Comunidad de Alpuyeca para frenar el megaproyecto del basurero.
Participan:
·Integrantes de la Asamblea Comunitaria del Pueblo de Alpoyeca
Convocan:
·Asamblea Comunitaria del Pueblo de Alpoyeca
La cita:
·Viernes 2 de Junio de 2017 a las 11:00 horas.
·En el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra de la fuente a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
·Organizaciones integrantes del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), hacen un llamado al titular José Eduardo Calzada Rovirosa, titular de SAGARPA, y del Consejo, para que conjuntamente con organizaciones que representan al pequeño productor definan una política pública en forma equilibrada e incluso dar prioridad al pequeño productor y no únicamente atención a los grandes exportadores del país.
·Organizaciones integrantes del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), hacen un llamado al titular José Eduardo Calzada Rovirosa, titular de SAGARPA, y del Consejo, para que conjuntamente con organizaciones que representan al pequeño productor definan una política pública en forma equilibrada e incluso dar prioridad al pequeño productor y no únicamente atención a los grandes exportadores del país.
·También es importante mencionar que el Presidente del Consejo se presente a las sesiones ordinarias del CMDRS, para que se entere de los problemas que se plantean ante los miembros del mismo y se atiendan directamente, ya que hasta el momento no ha asiste a las sesiones.
·Además el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), debe tener un espacio de participación en las mesas de consulta sobre la renegociación de TLCAN que hasta el momento no han sido tomados en cuenta.
Participan:
·Organizaciones Integrantes del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS)
Convocan:
· Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS)
La cita:
·Miércoles 31 de Mayo de 2017 a las 12:30 horas.
·En el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra de la fuente a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
·El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR), hacer un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para atraer el amparo presentado por más de mil personas en Juchitán, Oaxaca, en contra del proyecto eólico, Eólicas del Sur.
·Además se hablará de la situación de riesgo que se ha generado con el incremento de las amenazas, agresiones y asesinatos de los defensores comunitarios y quejosos en la región del Istmo.
Participan:
·Bettina Cruz, Representante común de los quejosos y líder comunitaria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
·Ricardo Lagunes, Abogado de la comunidad.
·Margarita Campuzano, Directora de comunicaciones del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Convocan:
·Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR),
La cita:
·Miércoles 31 de Mayo de 2017 a las 11:00 horas.
·En el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra de la fuente a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
