Un diagnóstico interno revela que la CEAV requiere para el año que viene más de 2 mil 500 millones, pero se aprobaron menos de mil. No hay dinero suficiente para contratar a casi 150 funcionarios y garantizar pagos a 3 mil víctimas.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) operará en 2022 con un déficit presupuestal de más de 1 mil 600 millones de pesos. Se trata de recursos que se habían solicitado, entre otras cosas, para garantizar los pagos por reparaciones del daño a casi 3 mil víctimas y contratar a casi 150 funcionarios. Sin embargo, dichos recursos no fueron aprobados.
En una sesión privada realizada el pasado 12 de agosto la Junta de Gobierno de la CEAV, encabezada por el subsecretario de Derecho Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, había aprobado el anteproyecto de presupuesto de 2 mil 575 millones de pesos para el ejercicio 2022. Dicha propuesta fue enviada para su consideración a la Secretaría de Hacienda.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dijo no tener información sobre los cadáveres pese a que el gobierno estatal les dio dichos datos
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó y emplazó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que remita un informe sobre la cifra exacta de cadáveres encontrados en tráileres en Jalisco en septiembre de 2018 y las irregularidades en su manejo.
Durante la sesión del pleno del INAI y por unanimidad se aprobó dar un plazo de 10 días hábiles a esa comisión para que realice una nueva búsqueda de la información solicitada por un ciudadano, misma que deberá ser remitida al instituto.
La comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra, expuso que se solicitó a la CEAV que diera cuenta de la visita realizada al estado de Jalisco el 21 de septiembre de 2018, con motivo del hallazgo de un tráiler con 273 cadáveres y, en específico, por la información que le fue entregada por esa entidad federativa.
Nuevo Laredo, Tamps., Ante la impunidad que cubre a los crímenes cometidos por miembros de la Secretaría de Marina (Semar) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha solicitado una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las desapariciones perpetradas por marinos en esta ciudad.
La solicitud de audiencia, a celebrarse del 3 al 7 de diciembre próximo, a la que ha tenido acceso La Jornada, señala que el propósito es brindar información actualizada a la CIDH en relación con las graves violaciones de derechos humanos que representan las 51 desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre febrero y mayo del presente año en esta ciudad.
“Hay falta de acceso a la verdad, justicia y reparación”, dice el texto firmado por Karla I. Quintana Osuna, directora general de Asesoría Jurídica Federal de la CEAV”
“Esta solicitud a la CIDH representa una evidencia de que la autoridad mexicana no está haciendo su trabajo para esclarecer los hechos, para proteger a las víctimas, sus familias, los testigos y defensores, ni para llevar a los responsables a la justicia”, indica en entrevista Raymundo Ramos Vásquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Amenazas y difamación
En el apartado de contexto, la solicitud explica que la desaparición y la desaparición forzada es un problema estructural en México y agrega que son ya más de 37 mil 435 personas desaparecidas en el país, según la más reciente información proporcionada por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
“Estos apuntes no aportan un dato verdaderamente certero en relación con el contexto actual del país, debido que existe un alto índice de impunidad que genera que la mayoría de las personas víctimas o los familiares de las personas desaparecidas no denuncien”.
A ocho años de la matanza de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, un hecho calificado como una grave violación a los derechos humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) inició el proceso de compensación para uno de los sobrevivientes y 47 familiares de las víctimas.
Imagen tomada de animalpolitico.com
El gobierno mexicano indemnizará a las 48 personas de nacionalidad ecuatoriana, quienes son los primeros en recibir estas compensaciones. Sin embargo, el caso involucró también a migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Brasil.
Este miércoles 22 de agosto, el canciller ecuatoriano José Valencia se reunió con el comisionado Jaime Rochín, para que se haga entrega de las compensaciones, las cuales “fueron determinadas de acuerdo con los estándares internacionales en la materia y que por motivos de seguridad y protección a las víctimas, dichos montos no deben hacerse públicos”, expuso la propia comisión.
Para lograr que se otorgaran las indemnizaciones, el gobierno de Ecuador dijo que realizó gestiones con instituciones mexicanas como la CEAV, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Tamaulipas; el trámite se resolvió a favor de las víctimas en julio de 2018.
En julio de 2017, la CNDH señaló que la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, debe ser calificada como una grave violación a los derechos humanos.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos emplazaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a defender su autonomía e independencia frente al gobierno de Enrique Peña Nieto en su pretensión de revertir la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Décimo Noveno Circuito, que ordena la creación de la “Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia”.
Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
En vísperas de que se cumplan 47 meses de la desaparición de los estudiantes, padres, madres y alumnos de la Normal Rural “Isidro Burgos” acudieron al CJF para exigir una audiencia, luego de no obtener respuesta a la solicitud que entregaron el pasado 25 de julio.
En el contexto de la jornada “Ni perdón ni olvido”, los familiares realizaron una protesta frente a las oficinas del CJF, aprovechando la presencia del presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, quien de manera extraordinaria conversó con ellos por aproximadamente 30 minutos.
Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los 43, recordó que en julio pasado entregaron al CJF un documento en el que fijaban su posición frente a la embestida del gobierno de Peña Nieto para revertir la sentencia garantista diseñada por el magistrado Mauricio Fernández de la Mora.
De acuerdo con un reportaje publicado en la edición de Proceso que circula esta semana (con el título: El gobierno en pleno se ampara contra una Comisión de la Verdad), contra esa resolución histórica se han interpuesto alrededor de cien recursos judiciales presentados por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF).
También participaron las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Salud, Hacienda y Gobernación, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Cámara de Diputados.
En noviembre de 2017, víctimas de violación de DDHH acusaron a CEAV de no atender sus denuncias Foto: Cencos
Los hermanos Guichard Gutiérrez, activos integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) (organización guerrillera y clandestina) que operaba en Tabasco, Chiapas y Guerrero, fueron ejecutados y desaparecidos durante la llamada guerra sucia por el Ejército. Sus cuerpos nunca fueron hallados mientras los reclamos de sus pocos familiares vivos no se escucharon.
En 2001, en el informe general sobre desapariciones forzadas en los años de la guerra sucia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se reconoce a uno de estos cinco hermanos, Juan Amado –uno de los altos dirigentes de las FLN– como víctima de violaciones a sus garantías fundamentales.
En 1974, militares emboscaron, asesinaron y desaparecieron a cuatro de los cinco hermanos Guichard Gutiérrez (Juan, Geno Delín, Clemente y Nau) y sólo regresó Aldo, a quien en la década de los 80 se le dio una amnistía.
Desde 2007, Éric –hijo de Geno Delín– inició trámites ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se le reconociera como víctima por la ejecución de su padre y tíos.
Tras un largo peregrinar, hace unos meses en la CEAV se le dio la condición de víctima, y le dijeron que en 90 días se resolvería su situación para que pudiera acceder a los apoyos y reparación integral del daño. Sin embargo, el 8 de agosto pasado se cumplió ese límite y no se le ha resuelto nada.
Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- El 21 de junio del 2017, Patricia Bugarín Gutiérrez, Coordinadora Nacional Antisecuestros, presidía el foro “El Secuestro en México” en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ahí sostuvo que en ocho entidades del país siete de cada 15 casos de secuestros son en realidad “autosecuestros”.
Entonces, la indignación se hizo imposible de soportar para la madre y la hermana de David Ramírez, quienes exigen el respaldo de la autoridad desde el 2012.
— No es el momento, ni el evento para mi hermano, pero mi é va estar en todos los eventos hasta que ustedes hagan la contestación de nuestros escritos — dijo Deborah Ramírez, hermana de David.
— Sé que el caso de David y Miguel Ángel tiene tiempo, respetamos ese dolor, les pido que respetemos el espacio de los demás — recuerda la mujer que contestó la funcionaria.
En los primeros nueve meses de este año, las fiscalías estatales suman 866 carpetas de investigación por secuestro; un aumento del 8 por ciento con relación a las 797 carpetas del 2015; y uno del 11 por ciento, a las de 783 del 2014.
María y Deborah exponen que las barreras para liberar un secuestrado en México no las ponen sólo los criminales, sino las más altas autoridades.
Su deambular por un mundo de oficinas gubernamentales y de gente con corbata inició después del 5 de enero del 2012, cuando David, de 19 años, junto a su mejor amigo Miguel Ángel, de 20, decidió viajar a Ixtapa Zihuatanejo a celebrar el cumpleaños de éste último.
Miguel escribió en su perfil de Facebook que habían llegando a Altamirano. Después los hechos se volvieron estrepitosos.
“El amigo se comunica con nosotros a las 10 y media de la mañana. Y me contesta [después de varios intentos] llorando David hasta las cuatro y media pidiendo ayuda. Me contesta una persona rara, les pregunto si eran policías y me dicen que no. Que es secuestro”, recuerda la hermana de David.
El año del plagio de Miguel -último año del Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa- fue el segundo con más secuestros en la última década. Con mil 421 casos cerraría el sexenio del panista que propuso en el 2008 una iniciativa de cárcel perpetua para los plagiarios.
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
· Madres y padres de víctimas denuncian que no son escuchados por las autoridades, quienes los revictimizan. Mientras que los responsables de los agravios continúan ilegal e injustificadamente sin castigo, los familiares de las víctimas son objeto de maltrato, desprecio e indiferencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
· Ante estos hechos, hacen una denuncia pública para dar a conocer lo que realmente sucede cuando las personas entregan su confianza a la CEAV y a la CNDH como última esperanza de justicia y verdad.
· La falta de vigencia del Estado de derecho en México es conocida nacional e internacionalmente.
Participan: · Integrantes de la Organización Por TI SEA A.C. Salud Educación Alimentación
Convocan: · Por TI SEA A.C. Salud Educación Alimentación
La cita:
·La cita: Martes 7 de noviembre de 2017, a las 11:00 horas.
·En el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra de la fuente a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
