Por Redacción/Animal Político
A poco más de seis meses del sismo de magnitud 7.1 diversas organizaciones argumentan que la entrega de créditos hipotecarios a damnificados no es la solución para que éstos recuperen su patrimonio; además de que muchos de sus derechos han sido violados.
Los 3 mil millones de pesos destinados, por el Gobierno de la CDMX para la reconstrucción de la capital tras el sismo de magnitud 7.1 del pasado 19 de septiembre, no garantizan el bienestar ni favorecen las condiciones de los miles de damnificados, aseguran organizaciones.
El estudio Ecos del Sismo, realizado por Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), evidencia irregularidades durante la etapa de reconstrucción, que demuestran la poca efectividad de las acciones tomadas por los tres niveles de gobierno para la reparación de los inmuebles dañados.
Hasta noviembre de 2017 el Gobierno de la ciudad reportó un total de 16 mil 452 inmuebles revisados, los cuales dividió en cuatro categorías: inmuebles con daños menores; inmuebles con riesgo incierto (daños en fachadas o bardas expuestas o cercanas a otros inmuebles); inmuebles con daños estructurales (que serán demolidos si es necesario); e inmuebles recuperados, (aquellos que han sido intervenidos para ser habitables. De éstos, hasta el 31 de enero pasado 14 mil 264, había sido oficialmente evaluados.
La investigación resalta que la entrega de créditos para aquellas personas que perdieron sus hogares, no garantiza la recuperación de su patrimonio, sino más bien se demuestra que “la reconstrucción de la ciudad estará determinada por la capacidad de pago que tengan las y los ciudadanos para reconstruir sus viviendas”.
Esto, consideran, coloca en una situación incierta a las víctimas pues pone a prueba “su capacidad financiera para asumir una deuda”, a pesar de que lo han perdido todo, cuando más bien se debería garantizar “su derecho a la vivienda y a una ciudad amparada en la misma ley”.
La mayor parte de los 3 mil millones de pesos destinados a la reconstrucción (presupuesto reportado en noviembre de 2017) serían invertidos en créditos hipotecarios, mientras que la parte restante (poco más de 200 millones de pesos) se utilizaron para la demolición y retiro de escombros, gratuidad del servicio Metro, gratuidad del servicio Metrobús, atención a daños menores, gratuidad del servicio en sistema M1, gratuidad del servicio en STE, contratación de ingenieros constructivistas y apoyo para rentas y mejoramiento en vivienda.
También se cuestiona la funcionalidad de la plataforma de reconstrucción creada por el Gobierno de la CDMX, pues no muestra la información suficiente ni detallada sobre las estrategias planeadas.
En dicha plataforma se aclara que “los inmuebles clasificados con riesgo incierto y los inmuebles recuperados son y serán intervenidos por el sector empresarial”. En este proceso participarán solo cuatro inmobiliarias: Grupo Ideal Construcción, S.A. de C.V., Gigante Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V., Inmobiliaria COPRI, S.A.P.I de C.V. y Concentradora Fibra Danhos, S.A. de C.V.
Esto, según las ONG, permite considerar que la reconstrucción no está enfocada en reparar a la ciudadanía; sino que busca favorecer desarrollos inmobiliarios y garantizar grandes ganancias para el mercado inmobiliario de vivienda y el mercado financiero.
Resaltan que de las inmobiliarias involucradas, Gigante Grupo Inmobiliario es subsidiaria de Grupo Gigante, que tiene como uno de sus principales inversionistas al grupo financiero Inbursa, un “grupo denunciado por estar involucrado en actos de corrupción y violencia asociada a represión social”, explican. Mientras que el Grupo Ideal Construcción, es parte de Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, empresa que ofrece servicios de infraestructura cuyo dueño es Carlos Slim. Finalmente, Concentradora Fibra Danhos tiene entre sus beneficiarios al Grupo Financiero Banamex.
Estas relaciones “sugieren que la reconstrucción de la ciudad será un rentable negocio para la élite económica del país”, argumentan.
