El crimen ocurrió la tarde del 31 de julio del 2015, cuando tres sujetos entraron al departamento 401 del edificio ubicado en el número 1909 de la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Por primera vez en siete años, los familiares y amigos de las víctimas del caso Narvarte acudieron a protestar al Zócalo, donde demandaron la exigencia del caso y exigieron justicia por la muerte del fotoperiodista Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, y la activista Nadia Vera, ambos de Veracruz, así como de la trabajadora doméstica Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz y la modelo Mile Virginia Martín.
Como parte de las actividades de conmemoración por el asesinato ocurrido en 2015, se convocó a una a velada con el título “Luces de la memoria”, que se realizó en el Zócalo capitalino y donde se colocaron flores y veladoras en las vayas frente al Palacio Nacional.
Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica y representante jurídico de la familia de Rubén Espinosa, así como familiares de las víctimas reconocen que, aunque ha habido disposición al diálogo de la FGJ local y una reunión con la fiscal Ernestina Godoy, no ha habido ningún avance sobre los nuevos hallazgos que ellos mismos detectaron y le entregaron al Ministerio Público.
En julio de 2017, el gobierno capitalino encabezado por Miguel Ángel Mancera aceptó en su totalidad la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad (CDHDF) emitió por las graves irregularidades ocurridas en la investigación del multifeminicidio de cuatro mujeres y el homicidio de un periodista en un departamento de la colonia Narvarte en 2015. Pero hasta ahora, dicha recomendación no se ha cumplido.
Así lo señala un reporte oficial de la CDHDF sobre el seguimiento de esta recomendación, el cual muestra un avance promedio de apenas 31 por ciento en el cumplimiento global de la misma, sin que uno solo de los 16 puntos dirigidos a la Procuraduría de la ciudad –dependiente del gobierno capitalino- se haya cubierto al cien por ciento. Incluso, hay algunos donde el estatus de avance es del cero por ciento.
Los abogados de las víctimas confirmaron que al día de hoy ninguna de los puntos recomendatorios se ha cumplido. Entre esos puntos está elaborar un plan de investigación que permita agotar distintas líneas abiertas y esclarecer la verdad de lo ocurrido, así como reconocer públicamente la responsabilidad en las anomalías de la investigación y pedir perdón a las víctimas.
Periodistas de Veracruz recordaron al fotógrafo Rubén Espinosa Becerril y a la activista Nadia Vera Pérez, a tres años de su homicidio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, junto con Mile Virgina Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y Alejandra Negrete.
Norma Trujillo Báez, del Colectivo Voz Alterna, señaló que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no ha explorado el papel que tuvo Arturo Bermúdez Zurita, quien fue secretario de Seguridad Pública en la administración priísta de Javier Duarte de Ochoa, en el múltiple asesinato.
En la plaza Lerdo de la capital del estado, donde pusieron veladoras y fotografías de otros 20 periodistas asesinados en Veracruz en los pasados 14 años, Trujillo Báez clamó justicia para Rubén Espinosa y el cese de las agresiones contra los activistas.
Hallan inconsistencias en reconstrucción de hechos en Caso Narvarte. Defensores acusan al gobierno capitalino de incumplir recomendaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), entre ellas, el diseño de un plan de investigación.
Familiares y abogados del Caso Narvarte denunciaron en conferencia de prensa en Cencos, una reconstrucción de los hechos irregular por parte de la Procuraduría de Justicia capitalina. / Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
Víctimas y defensores del Caso Narvarte acusaron inconsistencias en la reconstrucción de hechos realizada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) en torno al caso, y por la que ya se ha procesado a tres personas, entre ellas, una sentenciada.
El 31 de julio de 2015, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiróz Alfaro, Nadia Vera Pérez, Alejandra Negrete y Rubén Espinosa Becerril fueron ejecutados en un departamento del condominio 1909 de Luz Saviñón, en la Colonia Narvarte.
La falta de una construcción transparente de los hechos, así como la negativa sistemática de la PGJCDMX de agregar nuevas líneas de investigación a petición de las familiares y abogados no ha permitido esclarecer lo sucedido hace tres años, expusieron.
Karla Micheel Salas, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, expuso su sospecha de la manipulación de los hechos por parte de la autoridad, pues la narrativa utilizada por la PGJCDMX, basada en el testimonio de tres personas: “Esbeidy N.”, “Antonio C.” y el ex policía Abraham Torres, no coincide con los videos revisados y pruebas en materia criminalística.
“De acuerdo con la versión que construyó la Procuraduría (…) hay tres testimonios que van reconstruyendo las primeras horas una vez encontrados los cuerpos de las cinco víctimas (pero) de acuerdo con los videos y lo que consta en la averiguación previa, no corresponde la secuencia, ni los horarios que describieron estas tres personas con lo ocurrió ese día. Las horas, esta crónica de que Rubén había salido horas antes y luego había regresado al departamento… eso no se ve en los videos”, dijo Salas.
“Aquí nos surge un primer cuestionamiento: ¿de dónde se construyó esa historia?, ¿por qué la Procuraduría manipuló de esa forma a las personas que testificaron y con base en qué elementos decidió que narraran de esa forma los hechos?”.
Detalló además que en una ampliación del dictamen criminalístico se halló una huella en el departamento en que se perpetró el multihomicidio que no correspondería a ninguno de los hasta ahora procesados, lo que podría suponer la participación de una cuarta persona en la comisión de los crímenes.
Pese a estas inconsistencias, la Procuraduría se ha negado a incluir tres nuevas líneas de investigación en el expediente a petición de los abogados, mismas que podrían determinar si existió contaminación de la escena del crimen, el móvil y los autores intelectuales. Además, ha incumplido la recomendación 4/2017 de la CDHDF, que incluye 17 puntos, entre los que se encuentran la creación de un plan de investigación, investigación a servidores públicos, un acto de disculpa pública y un plan integral de reparación.
“Tenemos un temor fundado de que la mala actuación de la Procuraduría conduzca a la impunidad. Hoy en día, a tres años de ocurrido este crimen, no tenemos una versión clara de qué es lo que ocurrió ese día en el condominio 1909 de la calle Luz Saviñón, no sabemos exactamente el número de perpetradores, no sabemos qué fueron a buscar a ese lugar, no sabemos por qué razón se cometió este crímen, no sabemos si hay autores intelectuales y no tenemos más que una persona sancionada por esos hechos”, dijo Héctor Pérez, miembro de la Clínica de interés público contra la trata de personas del ITAM.
Los ponentes denunciaron la falta de voluntad de la instancia para esclarecer el caso, además de negarse a aceptar que existieron violaciones a derechos humanos y ofrecer una reparación a los afectados.
Leopoldo Maldonado, de Artículo 19; David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social; Indira Alfaro, madre Yesenia Quiroz, y Patricia Espinosa, hermana de Rubén Espinosa, sostuvieron que insistirán en continuar la investigación pese a la negativa de autoridades capitalinas.
“Seguimos litigando y seguiremos haciéndolo para que se analicen todas las llamadas que fueron recibidas por los agresores y, seguramente arrojarán elementos que claramente están contradiciendo esta historia que hoy sí podemos afirmar, construyó la Procuraduría de la Ciudad de México y sin determinar hasta el momento con qué objetivo o finalidad”, dijo Karla Micheel Salas.
Finalmente, realizaron un llamado a Claudia Sheinbaum, próxima Jefa de Gobierno, para atender el caso durante su administración.
John David Peña y Karla Micheel Salas recibieron el malware “Pegasus” a través de mensajes en septiembre y octubre de 2015, justo después de asumir el conocido como “caso Narvarte” y de cuestionar la actuación de las autoridades en el mismo, de acuerdo con un informe de la Universidad de Toronto, Canadá.
Scott-Railton, uno de los artífices del estudio, dice que los casos evidencian “un patrón” porque los objetivos del espionaje han sido “abogados e investigadores cuyo trabajo contradice las tesis oficiales”.
Ciudad de México, 2 de agosto (AP).- Dos reconocidos abogados de casos de alto impacto relacionados con graves violaciones a los derechos humanos —como un impactante homicidio múltiple ocurrido en 2015 en la Ciudad de México, aún sin esclarecer y en el que mataron a un periodista y una activista huidos de Veracruz— son los nuevos objetivos confirmados en México del sistema de espionaje de alta tecnología “Pegasus”, según indica una investigación del grupo Citizen Lab presentada el miércoles.
Este grupo de la Universidad de Toronto, Canadá, afirmó que David Peña y Karla Micheel Salas recibieron el malware a través de mensajes en septiembre y octubre de 2015, justo después de asumir el conocido como “caso Narvarte” y de cuestionar la actuación de las autoridades en el mismo.
En concreto, ambos abogados representan a tres de las cuatro mujeres torturadas y asesinadas junto con el fotógrafo Rubén Espinosa en la colonia Narvarte de la capital mexicana el 31 de julio de ese año. Una de las víctimas era la activista Nadia Vera, que al igual que Espinosa huyó meses antes de Veracruz por amenazas del funcionarios de ese estado, entonces gobernado por Javier Duarte, un político del oficialista Partido Revolucionario Institucional —el del Presidente Enrique Peña Nieto— hoy encarcelado por delitos de corrupción.
“Pegasus” espía a través de los celulares y se vende exclusivamente a gobiernos, supuestamente para vigilar a criminales y terroristas. Citizen Lab ya había confirmado su empleo contra otros 19 objetivos: periodistas que habían denunciado casos de corrupción que llegaban hasta el Presidente, activistas que proponían gravar las bebidas azucaradas, políticos de oposición, o incluso expertos extranjeros que indagaban con estatus diplomático en la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 a manos de autoridades vinculadas con el crimen organizado.
Según John Scott-Railton, uno de los artífices del informe de la universidad canadiense, los casos evidencian “un patrón” porque los objetivos del espionaje han sido “abogados e investigadores cuyo trabajo contradice las tesis oficiales”.
“Cada vez que encontramos nuevos casos pensamos, ‘esto debe ser lo más conflictivo’ pero cada vez nos sorprendemos, en México ya hay 21 [personas afectadas] y en Panamá docenas más”, añadió.
El sistema “Pegasus” de la empresa israelí NSO Group funcionaba mediante el envío de mensajes de texto con un vínculo. Al abrirlo, el software convertía el celular en un dispositivo de espionaje y permitía activar el micrófono y la cámara a distancia, además de acceder a todo el contenido almacenado en el aparato.
David Peña recibió un texto que le informaba de un supuesto caso de extorsión que afectaba a un grupo de abogados con el que trabajaba y tiempo después un segundo mensaje pero, según dijo a The Associated Press, no abrió ninguno de ellos.
Salas, sin embargo sí lo hizo cuando leyó en su celular: “Karla en la madrugada falleció mi padre estamos devastados, te envío datos del velatorio, espero puedas venir”.
Por este motivo, la abogada se mostró muy preocupada ante la posibilidad de que quien quisiera espiarla haya podido tener acceso a “información sensible” que le confiaron víctimas y que podría poner a gente en peligro, máxime porque muchas de esas personas “ya han estado en situación de riesgo por denunciar o exigir justicia”.
“Considero que quienes podrían estar interesados en espiarnos solo podrían ser agentes estatales”, añadió en conversación con AP.
Los abogados, ambos miembros de un mismo colectivo y que llevaban también temas de feminicidios o trata de personas, acababan de presentar en octubre de 2015 en la asamblea de Ciudad de México un informe con 10 crímenes emblemáticos ocurridos en la capital y que habían quedado impunes, como el de Narvarte o el secuestro y ejecución de 12 jóvenes que desaparecieron del Bar Heaven en 2013 y cuyos cuerpos fueron localizados meses después en una fosa clandestina. Ver nota completa
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) cumplirá las recomendaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sobre la investigación del caso Narvarte, informó la dependencia en un comunicado.
La PGJ se comprometió a revisar los protocolos de investigación, fortalecer la capacitación del personal ministerial y policial y a agotar las líneas de investigación que resulten necesarias.
El pasado 21 de junio la CDHDF acreditó múltiples omisiones en la investigación realizada por la PGJ sobre los asesinatos de Olivia Alejandra Negrete Avilés, Nadia Dominique Vera Pérez, Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro y Rubén Espinosa.
La PGJ falló al preservar adecuadamente el lugar de los hechos y al evitar que se contaminara la escena del crimen, no dejó constancia de todos los actos realizados y elaboró de manera incompleta procesos como la preservación de indicios y recolección de datos.
A casi dos años del multihomicidio de la colonia Narvarte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) determinó que la investigación de la ejecución del fotoperiodista colaborador de Proceso, Rubén Espinosa; la activista Nadia Vera, además de otras tres mujeres, no fue “adecuada” ni “exhaustiva” y que las autoridades de procuración de justicia violaron derechos humanos fundamentales.
Durante la presentación de la Recomendación 4/2017, la presidenta del organismo, Perla Gómez, señaló a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalinos como responsables de la falta de actuación conforme a protocolos nacionales e internacionales en la investigación del crimen ocurrido el viernes 31 de julio del 2015.
Se trata de uno de los crímenes en la capital del país, cuya investigación ha sido severamente cuestionada -incluso a nivel internacional- y que ha marcado la gestión del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera.
Participan:
·Familiares de las Víctimas e Integrantes de las Organizaciones Convocantes
Convocan:
·Familias de Nadia Vera, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz y Rubén Espinosa
·Artículo 19
·Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social
·Clínica de Interés Público del ITAM.
La cita:
·Jueves 22 de Junio de 2017, a las 12:30 horas.
·En el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra de la fuente a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
