La Cámara de Diputados aprobó que se castigue con hasta 6 años de cárcel la violencia digital y que tratándose de violencia mediática, plataformas deberán eliminar contenido relacionado con investigaciones en curso.
La Cámara de Diputados aprobó con 446 votos a favor y 1 en contra el dictamen por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres y a una Vida Libre de Violencia, así como al Código Penal Federal, para sancionar la violencia digital.
La reforma aprobada pasó al Ejecutivo federal para los efectos legales que corresponden.
La llamada ‘Ley Olimpia’ establece como violencia digital “toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías… por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba o comercialicen imágenes, audios o videos de contenido sexual de una persona sin su consentimiento y que le cause daño”.
También fueron incluidos aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.
Las comisiones de Justicia y Salud de la Cámara de Diputados pidieron más tiempo para analizar proyecto para la regulación de la mariguana.
Foto: Cencos
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados anunció que se acordó que se aplace la discusión de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis hasta febrero de 2021, luego de que las comisiones de Justicia y de Salud pidieran más tiempo para analizar el proyecto.
La Cámara de Diputados solicitará en las próximas horas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una prórroga para legislar sobre el uso lúdico de la mariguana hasta el próximo periodo de sesiones, reportó Milenio.
La Corte ordenó al Congreso de la Unión aprobar la regulación del uso de la mariguana durante el actual periodo de sesiones, que concluye el 14 de octubre, sin embargo los diputados frenaron el proyecto avalado por el Senado en noviembre, al considerar necesaria su revisión a fondo.
El Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que articula a 16 organizaciones nacionales e internacionales, que trabajan por el fortalecimiento de las condiciones generales para ejercer el derecho a defender y a la libertad de expresión, vemos de manera positiva algunos de los anuncios y medidas adoptadas por el Ejecutivo y Legislativo.
El pasado 25 de noviembre, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, presentó el diagnóstico “Agravios contra personas periodistas y quienes ejercen la libertad de expresión” en donde también se incluye una ruta para revertir la situación de violencia contra la prensa.
Algunas de las acciones a destacar tienen que ver con transitar hacia un Sistema Nacional de Protección Integral con mayor articulación con las entidades federativas, impulsar el cumplimiento de las obligaciones de las fiscalías locales y federal, el fomento a la coordinación entre las entidades federativas, estatales y municipales para la implementación de medidas, entre otras.
Por otro lado, desde el Poder Legislativo, se ha avanzado en la iniciativa de Ley y reforma , respecto al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, aprobadas por el Senado de la República y la Cámara de Diputados el pasado 6 de noviembre, así como el dictamen que deroga la Ley de Imprenta de fecha 29 de noviembre y por último, la reciente reforma a la actual Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada el día de ayer 3 de diciembre por la Cámara de Diputados .
En el caso de la mencionada reforma a Ley de protección se destaca lo siguiente:
Se propone el cambio de naturaleza jurídica del Mecanismo, posibilitando fortalecer su estructura.
Se amplía el objetivo de la Ley pues además de buscar proteger la vida, libertad, integridad y seguridad de personas defensoras y periodistas, también se deberán “establecer acciones y procedimientos entre los tres niveles de gobierno para crear ambientes seguros para la defensa de los derechos humanos, el ejercicio del derecho a informar, el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, en los entornos físico y digital;”
Se propone el fortalecimiento de la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) a través de la creación de nuevas Unidades Auxiliares, mismas que fueron recomendadas en el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
Se establece mayores atribuciones al Consejo Consultivo, tales como de solicitar a la junta de Gobierno invitar a determinadas instituciones, así como fortalece su estructura a través de la creación de una Secretaría Técnica
Incorpora el enfoque diferencial e intercultural, así como la perspectiva de género y de diversidad de género como elementos transversales en la implementación de las acciones derivadas de la Ley;
Se establece con mayor precisión la obligación de fomentar acciones entre los tres órdenes de gobierno para la implementación de los planes de protección así como para impulsar medidas de prevención con el objetivo de establecer entornos seguros para ejercer el derecho a defender derechos humanos y libertad de expresión;
Se establece la generación de planes de protección individuales, colectivos y comunitarios, y la generación de medidas de protección frente a agresiones en el entorno digital y;
Se incorporan medidas sociales y mecanismos de atención a víctimas desplazadas.
Aunque observamos avances legislativos en la ruta propuesta por el Subsecretario Alejandro Encinas, vemos con preocupación que existe falta de claridad en los tiempos para el cumplimiento de la ruta, así como de garantías presupuestales y recursos etiquetados que aseguren el efectivo cumplimiento de las medidas anunciadas y adoptadas por ambos Poderes.
A su vez, tampoco queda clara la participación de personas defensoras, organizaciones de derechos humanos y periodistas en la ruta propuesta, consideramos que el diálogo es un factor esencial para lograr los objetivos marcados por el Subsecretario y generar entornos seguros para la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico.
Además nos preocupa profundamente que las acciones del Mecanismo de Protección se siguen concentrando en la implementación de medidas físicas de protección, las cuales siguen sin incorporar la perspectiva de género y el enfoque intercultural y tampoco buscan acciones que promuevan la prevención; construir estrategias interinstitucionales para erradicar la impunidad o en generar acciones que atiendan de manera integral la reparación del daño ante violaciones a derechos humanos.
Debido a la presión de las organizaciones de la sociedad civil y ante la insistencia de discutir el dictamen, la Cámara de Diputados informó que se realizará un Parlamento Abierto el próximo 9 de noviembre.
Imagen tomada de @DocumentaAC
La Cámara de Diputados canceló este jueves la discusión de la comisión de salud sobre el nuevo predictamen sobre salud mental y adicciones, ahora, el proyecto se discutirá el próximo lunes 9 de noviembre.
Debido a la presión de las organizaciones de la sociedad civil y ante la insistencia de discutir el dictamen, la Cámara de Diputados informó que se realizará un Parlamento Abierto sobre el tema de salud mental, y así conocer más opiniones.
Este parlamento se realizará de manera virtual el lunes 9 de noviembre.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre los seis fideicomisos y los 103 fondos que la Cámara de Diputados aprobó hoy eliminar se encuentran el Fondo Financiero Rural que presentaba un saldo, hasta el segundo trimestre de este año, de 12 mil 563 millones 526 mil 670 pesos.
Otros que destacan por su monto es el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, que tiene 7 mil 463 millones 745 mil 70 pesos, y el Fondo de Desastres Naturales, con una bolsa de 6 mil 861 millones 155 mil 316 pesos.
A su vez, en los 65 fondos del Conacyt cuya extinción se aprobó en San Lázaro hay un saldo de 24 mil 956 millones 674 mil 277 pesos.
La aprobación en el Pleno de San Lázaro se dio con 242 votos a favor, 178 en contra y siete abstenciones.
Sesión ordinaria del 6 de octubre de 2020, Cámara de Diputados. Foto: Twitter @Mx_Diputados
La Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general el proyecto que propone la desaparición de 109 fondos y fideicomisos que atienden diferentes temas relacionados con salud, deporte, ciencia, cultura, medio ambiente y tecnología, entre otros. Lo siguiente es la discusión en particular, luego de que se presentaran casi 400 reservas. Hasta las 20:00 horas esto continuaba.
La aprobación en lo general en el Pleno de San Lázaro se dio con 242 votos a favor, 178 en contra y siete abstenciones. Votaron a favor legisladores de Morena, PES y el Partido Verde. En contra legisladores panistas, del PRI, PT, PRD y Movimiento Ciudadano.
Antes de que se discutieran las 398 reservas, el Partido del Trabajo, en un comunicado, señaló que “no comparte el dictamen que pretende desaparecer 109 fideicomisos y que se discutirá el día de hoy en la Cámara de Diputados”. Señaló que 36 fideicomisos pueden permanecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación, “entre los que se encuentran el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el Fondo de Desastres Naturales, Fondo de la Financiera Rural, Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores Migratorios Mexicanos, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, entre otros”.
Los diputados aprobaron el aumento en las penas por feminicidio y abuso sexual contra menores, al considerar que las sanciones actuales no inhiben su comisión.
Foto tomada de Facebook: Feminicidios Dales Voz
La Cámara de Diputados aprobó este martes el incremento en las penas por los delitos de feminicidio, abuso sexual contra menores de 15 años y entorpecimiento de la procuración de justicia.
Con 415 votos a favor y 1 en contra, los diputados aprobaron el dictamen para reformar los artículos 25, 261 y 325 del Código Penal Federal.
El nuevo texto contempla una pena de hasta 65 años de prisión para el delito de feminicidio, que en el actual Código Penal Federal tiene un castigo de 60 años.
Las multas por feminicidio pasaron de un máximo de mil días de salario mínimo a mil 500.
Organizaciones de la sociedad civil que han participado en las audiencias públicas realizadas en la Cámara de Diputados para analizar la creación de la Guardia Nacional (GN), consideran una simulación el reciente anuncio del gobierno sobre un supuesto mando civil para esa nueva corporación de seguridad pública.
José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) dijo en entrevista con La Jornada que el anuncio del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, sobre la modificación del diseño original de la Guardia Nacional para que tenga un mando civil es una simulación.
En realidad no están concediendo absolutamente nada. Siguen siendo policías y marinos militares, siguen siendo entrenados por las fuerzas armadas y estando alojados en el Ejército y en la Marina. El mando operativo no va a estar nunca en manos de los civiles, porque los militares han dicho que no se van a someter a un mando civil, sostuvo.
Y añadió: Se trata de una simulación porque lo que están haciendo es hacer creer a la opinión pública que están escuchando y siendo sensibles a las críticas de los expertos, de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas y están supuestamente concediendo el mando civil, pero sabemos que no es así.
Esta semana la Cámara de Diputados realizó una serie de audiencias públicas para discutir un dictamen aprobado por los diputados que propone la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de elementos de seguridad que sería entrenado y operado por el Ejército, aunque plantea algunos elementos para ser coordinada por entes civiles.
Esta Guardia Nacional fue propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir la criminalidad en el país pero durante estas audiencias defensores de derechos humanos, investigadores, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e incluso el mismo representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtieron que esa no es una buena estrategia, pues perpetúa la militarización de nuestro país y nos hace vulnerables a más casos de violaciones a derechos humanos como desapariciones, torturas, impunidad en investigaciones, a manos de marinos y soldados.
Resumimos aquí algunas de las razones por las que, según sus análisis, la Guardia Nacional propuesta en el dictamen que será discutido por legisladores podría resultar, en realidad, contraproducente en la búsqueda de paz en nuestro país:
Podría acentuar violaciones a derechos humanos
Según lo expuesto por Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, si bien es cierto que este tipo de violaciones no son cometidas sólo por fuerzas militares, sí se ha comprobado mediante estudios académicos que cuando estas intervienen en tareas de seguridad aumentan los muertos y desaparecidos frente a la cantidad de detenidos y procesados. Esto, porque no están adiestradas para tareas de seguridad pública (como patrullar, proteger y controlar civiles, prevención del delito) y mucho menos de investigación.
Tendría mando militar los primeros 5 años
Según el dictamen hasta ahora aprobado por diputados, la Guardia Nacional tendrá una dirección a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) durante sus primeros cinco años de implementación y luego estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Esto, según Jan Jarab, miembro de la ONU, “trastoca la línea inmediata de autoridad civil” y es contraria a disposiciones internacionales como es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que señala que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar reservados a cuerpos policiales civiles y las Fuerzas Armadas deben usarse solo de forma excepcional y temporal para estas tareas.
Da facultades a la jurisdicción militar para juzgamientos e investigación de delitos
El mismo Jarab señaló que con la Guardia Nacional, los militares podrán investigar delitos sin que esto esté debidamente controlado por la autoridad civil: “Los estándares internacionales restringen la competencia de la jurisdicción militar no solo al juzgamiento, sino también a la investigación de los delitos.” El investigador Julio Ríos Figueroa agregó que además el dictamen no establece con claridad su papel secundario en las tareas de investigación.
No se establecen mecanismos de rendición de cuentas
Según el doctor en ciencia política Julio Ríos Figueroa, la iniciativa de creación de la Guardia Nacional mantiene un extrema autonomía y falta de rendición de cuentas que ha caracterizado históricamente a las Fuerzas Armadas. Esto hace necesario que, si se recurrirá a ellas para tareas de seguridad pública la enconmienda debe ser estrictamente controlada por autoridades y grupos civiles, lo cual, como hemos explicado, no está contemplado, al menos por los primeros cinco años de su implementación.
La propuesta de dictamen es innecesariamente complicada
Alejandro Hope, director de Menos Crimen, Menos Castigo y doctor en ciencia política sostiene que el gobierno y legisladores optaron por una ruta innecesariamente complicada para tan sólo resolver la necesidad de contar con apoyo militar en el corto plazo. Para el académico el arreglo propuesto es complejísimo en el punto de vista administrativo:
“Implica homologar rangos, sueldos, prestaciones y regímenes de seguridad social de instituciones militares y civiles, que como saben, tienen naturalezas muy distintas. Implica cohesionar fuerzas con culturas organizacionales muy distintas. Implica transferir 38 mil elementos de la Policía Federal y 10 mil elementos de la Policía Naval a la Sedena. Y luego, en cinco años, regresar a todo ese personal, más 35 mil elementos de la Policía Militar, más los reclutas que se sumen en el camino, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, expuso.
Desde que comenzó el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, la violencia en el país se ha disparado, por lo que esta no parece la forma idónea de lograr seguridad. Estas preocupaciones se agudizan por la pretensión de consagrar el modelo en la Constitución.
