Un año después #MexicaliResiste en lucha por el agua contra su propio gobierno

Por Uriel Reyes (@upolch)

Desde la toma de protesta de Donald Trump, el mensaje casi hostil hacia México ha quedado más que claro; los intereses del pueblo estadounidense son prioridad, y no nos piensan conceder nada. En este contexto es aún más difícil entender las acciones del gobierno de Baja California, encabezado por Kiko Vega, que ayer atacó y detuvo ilegalmente a ciudadanos que luchan por el agua. El gobernador ya ha dejado clara su postura: el agua pertenece a la cervecera estadounidense Constellation Brands.

En enero de 2017 las manifestaciones en Baja California contra el gasolinazo y la Ley del Agua –que buscaba privatizar el servicio en el estado– trascendieron a nivel nacional. Fue un movimiento civil sin precedentes en aquella entidad norteña que logró la derogación de la ley. Una victoria para la sociedad civil y un revés para el gobernador Kiko Vega, que no se quedaría con los brazos cruzados.

Foto: Facebook Mexicali Resiste

Mexicali Resiste se formó a partir de esa lucha de forma espontánea, con personas que ya venían trabajando en organizaciones y movimientos, pero tomando como base ciudadanos sin experiencia en ese tipo de luchas. El siguiente objetivo era claro: defender el agua de su propio gobierno, que planea entregarla a una empresa extranjera.

Ayer por la tarde el gobernador daba un “emotivo” discurso en el marco del aniversario número 66 de Baja California.

“La gente siempre ha sacado por delante el carácter y esa férrea voluntad, herencia de nuestros ilustres pioneros, que nos ha permitido construir día a día el gran estado que somos hoy, la Baja California que es la tierra de nuestros padres y la casa de nuestros hijos”.

Al mismo tiempo, un cuerpo antimotines atacaba a golpes y pedradas a ciudadanos que intentaban detener la construcción del acueducto que requiere la cervecera, y que pone en riesgo el suministro de agua para ciudades y zonas rurales de la entidad.

 ¿Qué se puede decir cuando un estado mexicano utiliza sus recursos al servicio de una empresa estadounidense? ¿Qué podemos decir cuando además de quitarle el agua a sus ciudadanos para regalársela a una de las cerveceras más poderosas del mundo, paga con recursos públicos la infraestructura necesaria para hacerlo? ¿Qué podemos decir cuando, además de todo, utiliza a elementos de la policía del estado para reprimir a quien se opone?

 A esas autoridades estatales hay que hacerles notar que no sólo los medios de comunicación locales –controlados muchos de ellos a través de publicidad oficial– están haciendo eco de lo que ocurre, y que hay miradas en todo el país tomando nota de sus acciones a pesar de provenir de un gobernador gris y de bajo perfil.

Si les interesa, y espero que sí, no duden en seguir lo que ocurre en aquella esquina del país a través de las redes sociales de Mexicali Resiste.

Este texto se publicó originalmente en The Mexican Times.

Primer fin de semana violento del año: al menos 27 ejecutados en Guerrero, BCS, Colima y Zacatecas

Por Redacción/Sin embargo

La noche del sábado siete personas murieron en el Baja California Sur en la localidad turística de San José del Cabo; además, el domingo en Guerrero, once personas murieron en dos enfrentamientos en los que estuvieron involucrados agentes estatales, un grupo armado y policías comunitarios.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El primer fin de semana del 2018 dejó 27 muertos tan sólo entre sábado y domingo en diversos hechos ocurridos en los estados de Guerrero, Baja California Sur, Colima y Zacatecas.

Este domingo en Guerrero, uno de los estados más violentos, once personas murieron en dos enfrentamientos en los que estuvieron involucrados agentes estatales, un grupo armado y policías comunitarios. Según Roberto Álvarez, portavoz de seguridad de la entidad, en el primer incidente, sujetos armados emboscaron aproximadamente a las 3 de la mañana a policías comunitarios en la localidad de La Concepción, lo que dejó un saldo de ocho muertos; dos de ellos pertenecían a la policía comunitaria de esta zona cercana al puerto turístico de Acapulco.

Posteriormente, se desató un segundo tiroteo cuando la policía estatal llegó para desarmar a los agentes locales. Álvarez dijo desconocer como perdieron la vida esas personas y la prensa local las identificó como policías comunitarios.

Xavier Olea Peláez, Fiscal General de Guerrero, señaló que 30 miembros de la policía comunitaria fueron detenidos por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, posesión ilegal de armas y drogas, informó AP.

Uno de los arrestados responde al nombre de Marco Antonio Suástegui, identificado como fundador y promotor de un movimiento social que se opone a un proyecto hidroeléctrico en la región.

AP informó que el fotoperiodista Bernandino Hernández refirió que mientras realizaba su trabajo y cubría los hechos, la policía estatal lo golpeo, pateo y arrastró además de obligarlo a entregar las tarjetas de memoria de su cámara. Hernández dijo que otros periodistas también fueron agredidos.

Hernández explicó que en las tarjetas de memoria tenía fotografías en lasque captó el momento en el que agentes hacían uso de la fuerza contra los pobladores que intentaban impedir el arresto de los policías comunitarios. “Algunas personas eran arrastradas de los cabellos para llevárselas a la fuerza”, dijo para AP.

En 2014, 43 estudiantes normalistas desaparecieron en Guerreo después de que la policía los detuviera en la ciudad de Iguala y presuntamente los entregara a un cártel del narcotráfico.

Además, la noche del sábado siete personas murieron en el Baja California Sur en la localidad turística de San José del Cabo.

De acuerdo con información de la Fiscalía, elementos de la Marina respondieron al reporte de la colonia Costa Dorada, San José del Cabo, en el que se señaló la presencia de hombres fuertemente armados y con uniformes tácticos que abrieron fuego a bordo de dos vehículos con matrículas de California, Estados Unidos.

Las autoridades iniciaron una persecución que terminó en un choque. Los vehículos eran ocupados por siete sujetos que fallecieron debido a los disparos de la marina en dos tiroteos por separado, se señaló en un comunicado.

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Atención médica inadecuada mató al bebé de una mujer indígena en Baja California: CNDH

Por Redacción/ Animal Político

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por el caso de la muerte de un recién nacido en Baja California, y la inacción de las autoridades para aclarar lo ocurrido.

El fallecimiento derivó de la atención médica inadecuada a una mujer de origen mixteco, aseguró la CNDH en un comunicado este domingo.
Al presentar dolores de parto, ella acudió a la Unidad de Medicina Familiar Número 3 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en San Quintín, Baja California.

En ese hospital fue valorada y los médicos ordenaron su traslado a otro hospital en el municipio de Ensenada; sin embargo, durante su traslado en ambulancia, presentó sangrado y expulsión de heces fecales, que provocaron en el recién nacido una infección.

La CNDH acreditó que el personal de enfermería que acompañó a la agraviada en la ambulancia incurrió en violencia obstétrica, ya que no le realizó aseo adecuado, lo que provocó que el bebé desarrollara “Sepsis Neonatal Temprana”, que derivó en su fallecimiento.

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Asesinan a otro periodista en México

Por Redacción/Desinformémonos

La Paz, Baja California | Desinformémonos. Javier Lucero, ex camarógrafo del desaparecido canal 10 de televisión, fue asesinado en el estacionamiento de un centro comercial de esta ciudad. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que camarógrafo fue atacado a balazos y en la refriega resultaron lesionados otras dos personas.
La PGJE señaló que el asesinato ocurrió la noche del sábado en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en el boulevard Agustín Olachea y el libramiento Daniel Roldán (Plaza Paseo).

Fuentes policiacas confirmaron que se trata de Javier Lucero, ex camarógrafo del canal 10 de televisión, donde también laboró el periodista Maximino Rodríguez Palacios, asesinado en abril pasado en el estacionamiento del centro comercial City Club de esta capital.

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“Mi hijo les estorbaba”: madre del defensor preso por oponerse a Mira, ligada a cuñado de Salinas

Por Redacción/Sin embargo

El activista John Moreno, quien se encuentra bajo el mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, dedicaba su trabajo a la defensa de comunidades ubicadas en la delegación municipal de Todos Santos, en Baja California Sur, donde Mira –compañía ligada a Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– construye un complejo inmobiliario.

En entrevista para SinEmbargo, Helena Rutowski, madre de John aseguró, que “los tres niveles de Gobierno: federal, estatal y municipal han estado colaborando en una forma muy ilegal con el desarrollador desde un inicio” y afirmó que su hijo “le estorba” al Gobierno para que puedan continuar con el lucro de los recursos naturales en el estado.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- El activista y abogado John Joseph Moreno Rutowski continúa encarcelado desde hace más de dos meses, sin pruebas de que haya cometido delito alguno y sin que la resolución de un amparo que podría otorgarle la libertad se haya publicado.

John Moreno, quien se encuentra bajo el mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), dedicaba su trabajo a la defensa de comunidades ubicadas en la delegación municipal de Todos Santos, en Baja California Sur, donde Mira –compañía ligada a Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– construye un complejo inmobiliario.
Para precisar, el activista fungía como abogado de un grupo de pescadores de aquella comunidad del Pacífico mexicano que se opone al proyecto minero “Los Cardones” y a la edificación de “Tres Santos”, una villa de lujo de 435 hectáreas, que acusan, está dañando un sistema de humedales y manglares cercano.

Desde el pasado 19 de mayo, John Moreno fue detenido y acusado del delito de despojo, pero su abogado ha destacado que el proceso presenta diversas irregularidades y carece de pruebas que acrediten su culpabilidad, por lo que en apego al Nuevo Sistema de Justicia Penal esto debería significar su liberación, no obstante, Moreno continúa preso en el Cereso de La Paz en Baja California Sur, al igual que su cliente, Joella Faith Corado, una ciudadana mexicana-estadounidense vinculada al caso.

En entrevista para SinEmbargo, Helena Rutowski, madre de John aseguró que “los tres niveles de Gobierno: federal, estatal y municipal han estado colaborando en una forma muy ilegal con el desarrollador desde un inicio” y afirmó que su hijo “le estorba” al Gobierno para que puedan continuar con el lucro de los recursos naturales en el estado.

“La colusión entre el Gobierno del estado, el Gobierno municipal y las desarrolladoras ha sido flagrante”, indicó.
Por lo anterior, la madre de John exigió la inmediata liberación de John y manifestó que aunque la situación ha sido difícil de afrontar para toda la familia, continuarán luchando hasta hacerlo posible.

“John entiende cómo está la situación, entiende las falsificaciones y la injusticia y sabe que todos estamos luchando para conseguir su libertad, pero está cansado. Estas cosas cansan mucho, estar en ese ambiente y sobretodo el no estar con su familia, principalmente con su esposa y sus niños chiquititos [de 3, 8 y 12 años de edad]. Todos están muy impactados por esto”, lamentó.

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Se enfrentó a empresa para defender la playa Punta Lobos y ahora está en la cárcel

Foto: BajaSurTV

Por Redacción/Mongabay

La captura de John Moreno aumentó el encono social contra un proyecto inmobiliario de origen estadounidense que está desplazando playas, manglares y dunas, y que va rodeando poco a poco a un tranquilo pueblo de pescadores del Pacífico mexicano.

Cada madrugada los pescadores de Punta Lobos salen en sus lanchas a altamar para perseguir algún barco camaronero y darles pan, galletas y refresco a los tripulantes a cambio de cabezas de camarón para utilizarlas como carnada.

Lo hacen por necesidad, en el fondo aseguran que preferirían no depender de ello. Los barcos suelen llegar a las playas de Todos Santos, en Baja California Sur, desde el vecino estado de Sinaloa y practican la pesca de arrastre, lo que implica que se llevan toneladas de camarón y también de crías de pez lenguado, la especie que los pescadores artesanales trabajan y protegen.

Las cabezas de camarón son para los pescadores y los lenguados pequeños vuelven muertos al mar. Por eso, durante décadas, los integrantes de la Cooperativa Punta Lobos han visto cómo se tiran por la borda toneladas de peces muertos y lo han comentado con enojo en sus ratos de descanso por las tardes, cuando termina la jornada.

Pero este es hoy el menor de sus problemas: el gobierno mexicano aprobó en 2013 la construcción de un hotel en la playa Punta Lobos y el abogado que los defendía, John Moreno Rutowski, ha sido encarcelado en plena contienda legal contra la empresa que desarrolla el proyecto.

En el 2004, muy lejos de ahí, en Colorado, Estados Unidos, el Grupo Black Creek gestó una multimillonaria sociedad de negocios inmobiliarios a la que denominó Limited Partnership Interests in Black Creek México Residential Fund, LP para hacer inversiones “principalmente en México”, como lo dejaron en claro en la Security and Exchange Comission, la institución que vigila que se cumplan las leyes en los mercados de valores de ese país.

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