Redacción/Animal Político
La Corte resolvió a favor del amparo interpuesto por los integrantes de la comunidad de Bacánuchi por no haber sido consultados sobre la construcción de una presa. Sin embargo, los alcances de la sentencia no son claros.
La sentencia final de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) sobre el amparo que presentó la comunidad de Bacánuchi, en Sonora, por la construcción de una presa de la minera Grupo México es ambigua, pues no queda claro su alcance, aunque ordena que se informe sobre los impactos de la obra y también da oportunidad a los pobladores para que den a conocer sus preocupaciones y sugerencias.
La comunidad se amparó porque no fue consultada acerca de la construcción de una presa de jales, donde se almacenarán desechos sólidos y líquidos, de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, en la misma zona donde hace cuatros años se derramaron 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado.
Luis Miguel Cano, el abogado de la organización PODER que lleva el caso en representación de los pobladores, señaló, en entrevista con Animal Político, que aunque la sentencia es un precedente importante respecto a reconocer la participación de las comunidades no indígenas en temas medioambientales, no queda claro el alcance de la consulta ni si quedará sin efecto la autorización ya emitida para el proyecto.
Semarnat autorizó, sin informar a las comunidades, la construcción de una presa de Grupo México de 65 hectáreas que reuniría 80 mil veces más desechos tóxicos que los derramados hace cuatro años.
El 5 de septiembre pasado, cuatro de cinco ministros de la Segunda Sala de la SCJN se pronunciaron a favor de conceder el recurso legal a los pobladores, pero quedó pendiente conocer los términos de la sentencia final. Son justos estos los que se emitieron este miércoles.
