Chilpancingo, Gro. Vestidos de “Reyes magos”, niñas y niños pidieron como regalo que regresen con vida sus papás, desaparecidos en diversos puntos del estado de Guerrero.
Las niñas y niños se disfrazaron de “Reyes Magos” y portaron pancartas con leyendas que decían “¿dónde están nuestros papás?, y otra “queridos Reyes Magos les pido que traigan a mi papito”.
Resaltaron las mantas de niñas y niños indíg|enas provenientes de comunidades se Chilapa, con pancartas escritas en idioma nahua.
Convocados por diversos colectivos de desaparecidos en la entidad, en los que además participaron los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, y alumnos de ese plantel, realizaron una marcha hasta llegar al zócalo, y de ahí al Congreso del Estado.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en 2014, instalarán un plantón afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), acción con la que arrancarán su tercera jornada de lucha que durará 10 días en esta capital.
A 38 meses de que fueron vistos por última vez los estudiantes de la escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”, se espera que al menos 100 personas, entre normalistas y familiares, pasen su primera noche afuera de la Cancillería mexicana.
En entrevista telefónica con Apro, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explicó que las movilizaciones que se llevarán de manera coordinada en Guerrero y el plantón que instalarán hasta el 26 de noviembre, tienen como objetivo que se agilicen las cuatro líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que incluyen detenciones de policías y militares para el próximo año.
Estos cuatro puntos se refieren a la exigencia de una investigación y detención de policías municipales de Huitzuco; avanzar en las pesquisas sobre el trasiego de droga de Iguala a Chicago; indagar la probable participación de elementos del Ejército en los hechos del 26 de septiembre de 2014; así como en la sábana de los celulares de los desaparecidos.
Rosales refirió que las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) tienen que terminar y concretarse en detenciones específicas de personas que ya están señaladas, “que ya están ubicadas”.
Particularmente, mencionó las de elementos de la Policía Federal, la Policía Municipal de Huitzuco y del Ejército. Subrayó: “No puede pasar 2018 sin ni una detención”.
A casi tres años del desalojo violento de miles de ciudadanos que se manifestaban en el Zócalo, el 20 de noviembre de 2014, las investigaciones en contra de los cuerpos de policía responsables están empantanadas: por un lado, las denuncias penales y administrativas presentadas por las víctimas han sido bloqueadas por las autoridades federales y de la Ciudad de México; y por otro, la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos continúa abierta y sin fecha de conclusión.
Durante el operativo del 20 de noviembre de 2014, agentes de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México arremetieron en contra de los manifestantes pacíficos que exigían la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como en contra de peatones y clientes de restaurantes de la zona que no tenían ninguna relación con la protesta.
En una acción coordinada, las policías federal y capitalina dispersaron a golpes a los manifestantes, atacaron negocios que dieron refugio a aquellos que intentaban guarecerse, e incluso apagaron la iluminación pública de la Plaza de la Constitución y de los corredores peatonales del Centro Histórico, para dificultar a las personas una evacuación rápida y, por el contrario, facilitar su acorralamiento.
El operativo concluyó con la aprehensión de 11 personas, quienes fueron golpeadas y luego acusadas de delitos tales como asociación delictuosa, intento de homicidio y motín, por los cuales fueron enviadas a penales de alta seguridad en distintos puntos del país.
Estos 11 manifestantes fueron liberados diez días después, al comprobarse que no existían pruebas de que cometieran algún delito.
El laberinto de la impunidad
“La denuncia penal por los abusos cometidos contra esas 11 personas la metimos un año después, el 20 de noviembre de 2015, y hasta la fecha, dos años después de la denuncia y tres años después del operativo, no hay una admisión completa de la denuncia, ni han iniciado las investigaciones realmente”, explicó el abogado Alberto Muñoz, integrante de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC, agrupación civil que brinda asistencia legal a seis de esas víctimas.
“Aunque metimos la denuncia, la PGR no hizo nada, así que tres meses después, en febrero de 2016, promovimos un amparo, ante la omisión de la Procuraduría, y lo ganamos, así que la PGR se vio obligada a aperturar una carpeta de investigación”, detalló.
Sin embargo, “esta carpeta no incluía a todas las autoridades involucradas, sólo contemplaba a las autoridades federales, y no al resto de las dependencias del gobierno de la Ciudad de México que participaron de forma coordinada en el operativo”, lo que implicó nuevos alegatos en contra de la PGR.
Las autoridades federales salieron del escollo dando vista a la Procuraduría de la Ciudad de México, y el enredo comenzó de nuevo.
“Nosotros estamos denunciando el delito de tortura, porque los detenidos fueron sometidos a tratos que así son tipificados –explicó el abogado–. Pero la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México se negó a admitir la denuncia, señalando que sólo era un caso de abuso de autoridad.”
Efectivamente, detalló Muñoz, “nosotros consideramos que hubo abuso de autoridad, pero también conductas tipificadas penalmente como tortura y, hasta la fecha, seguimos en espera de que el Gobierno de la Ciudad de México defina si va a admitir esta denuncia o no.”
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó este martes su exigencia de “verdad, justicia y reparación” en el caso Ayotzinapa, “para que no haya olvido ni impunidad”.
De igual manera, advirtió que mantiene abierta su investigación para determinar violaciones a derechos humanos, y demandó a la autoridad que en su indagatoria considere todos los aspectos sustentados en elementos objetivos y científicos, y no la dé por concluida hasta esclarecer el destino de los normalistas desaparecidos.
A tres años de ocurridos los hechos relacionados con la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, apuntó, las víctimas y sus familiares aún no encuentran las respuestas que buscan.
En ese sentido, refrendó su compromiso con las víctimas y familiares de los normalistas, así como con los del colectivo Avispones de Chilpancingo y las víctimas de eventos paralelos, “para que estos hechos sean atendidos a cabalidad desde cuatro ejes fundamentales: derecho a la verdad, derecho a la justicia, reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares, y las garantías de no repetición”.
En un comunicado, la CNDH recordó que con el fin de preservar y garantizar los derechos humanos de las víctimas que pudieran ser vulnerados de manera irreparable, y para que las autoridades e instancias correspondientes pudieran realizar acciones de manera oportuna, antes de que se volvieran de muy difícil o imposible materialización, en su oportunidad emitió tres reportes.
Detalló que el 23 de julio de 2015 presentó el “Estado de la investigación del caso Iguala”, en el que formuló 32 observaciones y propuestas a diversas autoridades, 26 de ellas a la Procuraduría General de la República (PGR), tres a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dos a la Fiscalía General del estado de Guerrero y una al ayuntamiento municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero.
El 14 de abril de 2016, agregó, hizo público el “Reporte de la CNDH en torno a indicios de la participación de la Policía Municipal de Huitzuco y de dos agentes de la Policía Federal en los hechos de la desaparición de normalistas en el Puente del Chipote de Iguala”, en el que dirigió 17 observaciones y propuestas a la PGR.
Posteriormente, el 11 de julio de ese mismo año, difundió el “Reporte de la CNDH en torno a los hechos y circunstancias en las que Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa, fue privado de la vida”, en el que planteó cuatro observaciones a la PGR, una a la Fiscalía General del estado de Guerrero y tres a la CEAV.
Puntualizó que los tres reportes contienen un total de 57 observaciones y propuestas a la PGR, CEAV, Fiscalía General del estado y el municipio de Iguala, Guerrero, pero hasta el momento, recalcó, únicamente nueve pueden considerarse totalmente atendidas, 36 en vías de atención y 12 con el estatus de no atendidas.
*** Familiares cuestionan uso político de PGR; a Tomás Zerón se le premia sostener la “verdad histórica” y a Santiago Nieto se le despide por Odebrecht.
*** A tres años, la CIDH señala que no hay avances en la investigación y asegura que no abandonará a las familias ni el caso.
CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE OCTUBRE DE 2017. Las mentiras de funcionarios sobre el caso Ayotzinapa y las trabas en la investigación “nos están matando poco a poco”, denunció Blanca Nava, madre del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava, durante la tercera audiencia de oficio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento (MES) para el caso Iguala, realizada en Montevideo, Uruguay.
Cumplidos los tres años de los hechos, las familias y sus representantes señalaron que continúa la obstaculización a la asistencia técnica internacional con acciones como el espionaje y el ocultamiento de información y evidencia al Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), así como las declaraciones de funcionarios reivindicando la “verdad histórica”, carente de sustento científico.
Los familiares cuestionaron el uso político y la falta de independencia de la Procuraduría General de la República (PGR), pues mientras a funcionarios como el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, se les premia, a otros como el ex visitador general de la Procuraduría, César Alejandro Chávez, se les obliga a renunciar por encabezar investigaciones independientes; o el más reciente caso es el del ex titular de la Fepade, Santiago Nieto a quien despidieron por investigar Odebrecht.
Las familias recordaron que el ex titular de la AIC, tras la visita del MES en agosto de 2017, contradijo a la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño al reivindicar la teoría de caso construida durante su periodo.
Al respecto, el comisionado James Cavallaro cuestionó al Estado mexicano sobre la investigación contra el funcionario, señalado por cometer graves irregularidades, pero no obtuvo respuesta. Los representantes de las familias informaron que la PGR ha litigado para evitar que los funcionarios sean sancionados. La comisionada Margarette May Macaulay consideró que el Estado debe ser “duro” con las personas que empeoran la relación entre las familias y el Gobierno federal.
“A tres años no existe justificación para que [en el gobierno] no sepan en realidad el paradero de nuestros hijos”, consideró Emiliano Navarrete, padre del desaparecido José Ángel Navarrete y quien denunció que las y los funcionarios del Estado mexicano “andan buscando la respuesta en el aire”. Blanca Nava advirtió que “vergüenza les debería dar” por no encontrar ni una pista de los estudiantes en los 37 meses transcurridos.
Las y los comisionados también se interesaron por el estado de las investigaciones sobre la tortura a presuntos responsables y urgieron a avanzar en los mapas de fosas clandestinas y el uso de tecnología Lidar, entre otros. La representación de las familias advirtió que los avances no han sido integrales y no se han agotado las líneas de investigación.
Finalmente, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva aseguró a las familias que “la CIDH no va a abandonarlos, es un desvelo de toda la comisión. Es inconcebible que a estas alturas no sepamos la responsabilidad de los intervinientes de la fuerza pública”.
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) denunciaron esta mañana que desde hace meses los miembros de su base ubicada en Fortín (Tixtla, Guerrero) han sido objeto de amenazas y represión por parte del gobierno y de grupos de sicarios.
En conferencia de prensa, informaron que el pasado 8 de agosto uno de sus compañeros, identificado como Tomás N., fue levantado de la base y dos días más tarde su cuerpo fue encontrado sin vida, con señales de tortura, en las escalinatas de Fiscalía General de Guerrero. Añadieron que la investigación sobre este suceso está en curso y que ellos mismos iniciaron una investigación para dar con los responsables materiales.
En la conferencia de prensa la CRAC-PC dijo que uno de sus integrantes ha recibido amenazas de muerte por parte de grupos dedicados al narcotráfico.
Además de denunciar la represión de la que son objeto, los integrantes de la CRAC-PC exigieron nuevamente la libertad de los policías comunitarios que se encuentran presos (Samuel Ramírez, Arturo Campos y Gonzalo Molina) y de todos los presos políticos. También exigieron al gobierno que cese la criminalización contra el sistema de justicia comunitario.
Sobre el estado de salud de Gonzalo Molina, policía comunitario que se encuentra preso desde noviembre de 2013, aseguraron que después de una huelga de hambre de 21 días su salud deterioró y que hasta el día de ayer autoridades del penal de Chilpancingo, Guerrero le habían negado el permiso para salir a revisión médica, además de que no permiten la entrada de medicamentos.
También estuvo en la rueda de prensa Samuel Peñate, de la Coordinadora Ayotzinapa, quien aseguró que a unos días de que se cumplan tres años de la desaparición de los 43 estudiantes, el gobierno no les ha dado respuesta. Dijo que los normalistas rurales son víctimas de represión, espionaje y otras prácticas del Estado para terminar con su organización estudiantil. Lo mismo pasa, aseguró, con la CRAC-PC, cuyos integrantes viven una “campaña de terror”, a pesar de que la policía comunitaria brinda protección a la población y promueve la participación colectiva del pueblo.
Finalmente, Eduardo Gregorio, coordinador de la Casa de Justicia de Citlaltepec, pidió al gobierno en sus diferentes niveles que reconozca, tome en cuenta y respete a la policía comunitaria, ya que es un sistema que no opera únicamente en Guerrero.
En la presentación del 164 periodo extraordinario de sesiones del organismo, que se celebra del 4 al 8 de septiembre en la Ciudad de México, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren, indicó que además de los estudiantes, se debe “identificar, investigar y dar sanciones ejemplares” a todos aquellos que sean responsables de la “desaparición o los crímenes”.
México, 4 de septiembre (EFE).- La CIDH indicó hoy que ve “pasos importantes” en las investigaciones en torno a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, por lo que espera que pronto se encuentre a los jóvenes, vivos o muertos, y se detenga a los culpables.
“Se reconocen avances importantes en la tarea de investigación, pero la gran tarea, lo que da sentido finalmente al mecanismo (de seguimiento al caso), es que muy pronto tengamos noticias del paradero de los estudiantes. De ellos, o de sus cuerpos”, dijo el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren.
En la presentación del 164 periodo extraordinario de sesiones del organismo, que se celebra del 4 al 8 de septiembre en la Ciudad de México, Eguiguren indicó que, además de los estudiantes, se debe “identificar, investigar y dar sanciones ejemplares” a todos aquellos que sean responsables de la “desaparición o los crímenes”.
“Es el resultado que esperamos se concrete muy pronto, y creo que se vienen dando pasos importantes para ello”, apuntó el presidente de este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Cuestionado por Efe sobre estos “avances”, Eguiguren dijo no poder dar más información, pero en estos días participará en una reunión con el Ejecutivo donde conocerá todos los detalles.
Chilpancingo, Gro. Padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos encabezan una marcha de protesta en contra del informe del presidente Enrique Peña Nieto, la presentación con vida los 43 jóvenes, y en contra de la reforma educativa.
A la marcha se han sumado contingentes del magisterio pertenecientes a la Coordinadora General de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y organizaciones sociales.
En la tercera visita a México del Mecanismo de Seguimiento del asunto Ayotzinapa, de la CIDH, la delegación urgió al gobierno mexicano a aprobar la Ley General contra la Desaparición Forzada y a no descartar la línea de investigación del quinto autobús, que vincula el tráfico de drogas con la desaparición de los normalistas.
A menos de un mes de cumplirse 3 años de la desaparición de los 43 estudiantes, su situación y paradero continúan siendo desconocidos, de acuerdo con el Mecanismo de seguimiento del asunto Ayotzinapa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó una visita a México entre el pasado 28 y 30 de agosto.
Durante su tercera visita, realizada para supervisar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respecto del avance de la investigación, la delegación de la CIDH visitó la Escuela Rural “Raúl Isidro Burgos”, donde escucharon las denuncias de los padres de familia, quienes acusan falta de avances concretos en el caso.
La CIDH informó en un comunicado que la Procuraduría General de la República informó a la delegación que asignaron un equipo de más de 90 personas de forma exclusiva para esta investigación, por lo que “confía en que esta potencialidad se traduzca en resultados que acerquen a la verdad sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014”.
Según la Comisión, los trabajos que la PGR ha realizado en relación con la información telefónica de los estudiantes de Ayotzinapa dan “certeza de que los teléfonos y chips de los normalistas fueron utilizados tiempo después de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014”, lo que corrobora que hay pruebas suficientes para descartar que los aparatos de comunicación hayan sido quemados en el basurero de Cocula.
Además, valoró positivamente la continuidad en el empleo de la tecnología LIDAR para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, y llamó al gobierno de México a crear una base de datos de fosas en Guerrero que pueda ser replicada en todos los estados del país.
La CIDH señaló que la línea de investigación sobre la posible conexión de los hechos con el traslado de estupefacientes o dinero a Estados Unidos sigue siendo de suma importancia y debe profundizarse.
Ciudad de México I Desinformémonos I Con un mitin y cierre simbólico de las instalaciones, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, cercaron la Procuraduría General de la República para exigir respuesta al emplazamiento que hicieron al gobierno federal y específicamente al Procurador, a tener respuestas sobre las cuatro líneas de investigación prioritarias en este mes de agosto”.
El 31 de mayo, después de un plantón de 26 días frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), los padres y madres de los normalistas desaparecidos, acompañados por estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y de sus abogados, se reunieron, después de muchos meses, con el Procurador Raúl Cervantes, con la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, con el Fiscal para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera, con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián y con el subsecretario de D.H. de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas.
En aquella reunión, la PGR les dio a conocer un cronograma en el que trazó plazos para cumplir con la investigación y dar resultados sobre los 4 puntos que los padres y madres de Ayotzinapa consideran prioritarios: la participación de elementos del 27 batallón del Ejército mexicano, la participación de la policía de Huitzuco, la información de la telefonía celular y el trasiego de drogas entre Iguala y Chicago como posible móvil por el cual desaparecieron a los jóvenes.
La PGR en su cronograma disgregó las 4 líneas de investigación en 9. Fue entonces cuando se comprometió a tener las primeras respuestas a partir del mes de julio y el mes de octubre para concluirlas.
Es el momento, que ningún ofrecimiento se ha cumplido.
En un comunicado, los padres, madres y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos, cuando casi se cumplen tres años de la desaparición, señalan: “las 4 líneas de investigación no avanzan, la PGR de forma deliberada encamina el caso hacia la impunidad”.
“No nos desalienta la displicencia y la inacción de este gobierno. Como una piedra en el zapato seguiremos seguiremos exigiendo verdad y justicia” añaden los padres antes de iniciar el mitin en la PGR en compañía de los normalistas de Ayotzinapa.
